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Sentencia AP-403-17 — Registro 11284

Resumen

Sentencia recurrida declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto por Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República; el Tribunal de Alzada designada confirmó resolución apelada dictada por juzgado natural designado que declaró con lugar incidente de nulidad interpuesto por la defensa del imputado; además declaró nulas las actuaciones a partir del requerimiento fiscal en causa contra imputado y otros ex regidores por suponerlos responsables de delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude, falsificación y uso de documentos públicos todos en perjuicio de la Administración Pública; la resolución apelada parte del hecho que el imputado actualmente se desempeña como Regidor de la Corporación Municipal 2014-2018, y al no habérsele seguido el procedimiento especial de Antejuicio se vulneró el debido proceso, que correspondía declarar su nulidad desde el requerimiento fiscal contra recurrente; el Tribunal de Alzada considera que el antejuicio es un procedimiento especial y según la Ley de Municipalidades se extiende a los alcaldes, vice alcaldes y regidores

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el objeto de la controversia resulta de la resolución dictada por el Tribunal de alzada, mediante la cual aprecia la aplicación del numeral 5 del artículo 166 el Código Procesal Penal; tal como lo expresa el Ad quem, “la nulidad como vía impugnativa, se enfoca en sanear el proceso mal llevado, devolviendo legitimidad provista de seguridad jurídica, volviendo irrelevante tanto si se ha alegado por las partes o ha sido observado por el Juez de garantías como el momento procesal en que lo hayan hecho”. Es así que la ley establece un procedimiento especial, en el caso que nos ocupa, conocido como antejuicio, al tratarse de un ex Alcalde, actual Regidor, a quien se le ha iniciado un proceso de investigación penal; procedimiento especial que se constituye como una garantía procesal, que tutela la función dentro de la administración pública, a favor de quienes ejercen un cargo como Alcalde, Vice Alcalde, o Regidor Municipal, entre otros, tal y como sucede en el caso de autos que el procesado es el actual Regidor de una alcaldía Municipal..."..."el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; lo cual no ocurre en el caso sub judice, apreciando esta Sala, que el Ad quem, ha respetado las disposiciones constitucionales inherente al principio de legalidad, por ende el debido proceso, respondiendo a una tutela judicial efectiva. En consecuencia los motivos invocados por la impetrante no son de recibo, por lo que debe desestimarse la garantía constitucional de Amparo intentada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre del dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Natural designada por la Corte Suprema de Justicia, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELSA CALDERON GODOY, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, y por la Abogada ASBELL ORELLANA FERRARI, contra la resolución de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Natural designado por la Corte Suprema de Justicia, en la causa instruida contra los señores DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI y ex regidores, PEDRO RIGOBERTO FERNANDEZ, ANGEL MARIA GARCIA GALVEZ, SEBASTIAN PACHECO, HECTOR DANILO OLIVARES, JOSE HERIBERTO DIAZ, SAIDA JEANETH VELASQUEZ, HERNAN DE JESUS FLORES, ISMAEL BUSTAMANTE MORENO, EVA RUTH BANEGAS, JOSE ARMANDO LOGAN, Y EX EMPLEADOS MUNICIPALES MARCO ANTONIO MADRID, GLENDA IRINA MEJIA MEJIA, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, todos en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, las Abogadas VERONICA MARTINEZ Y, PAOLA HENRIQUEZ, actuando en su condición de FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal, contra los señores DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI y ex regidores, PEDRO RIGOBERTO FERNANDEZ, ANGEL MARIA GARCIA GALVEZ, SEBASTIAN PACHECO, HECTOR DANILO OLIVARES, JOSE HERIBERTO DIAZ, SAIDA JEANETH VELASQUEZ, HERNAN DE JESUS FLORES, ISMAEL BUSTAMANTE MORENO, EVA RUTH BANEGAS, JOSE ARMANDO LOGAN, Y EX EMPLEADOS MUNICIPALES MARCO ANTONIO MADRID, GLENDA IRINA MEJIA MEJIA, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE , FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, todos en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 04 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, DECRETÓ: En relación al incidente de nulidad, propuesto por el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, en su condición de Apoderado Defensor del imputado DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI, el Juzgado resolvió: Declara Con Lugar ese incidente y en consecuencia se declaran nulos las actuaciones a partir del requerimiento fiscal que ahora nos ocupa, básicamente en el sustento de los numerales 3, 5, y 7 del artículo 166 del Código Procesal Penal, solo en relación al imputado DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI… (Folio 31 al 37 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Natural Designada por la Corte Suprema de Justicia, FALLA: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ELSA CALDERON GODOY, en su condición de Fiscal del Ministerio y por la Abogada ASBELL ORELLANA FERRARI, en su condición de Agente Titular de la Procuraduría General de la República; 2) Confirmar la resolución de fecha nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado designado, mediante la cual declaró CON LUGAR el incidente de NULIDAD planteado por el Abogado JUAN JOSE ESCOBAR GUZMAN, en su condición de apoderado defensor del imputado DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI; en la causa iniciada por el Ministerio Público en su contra y contra las otras personas por suponerles responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, FRAUDE, FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA… (Folio 8 al 11 de la Pieza de Corte de Apelaciones Designada).-4) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 12 de la pieza de amparo).-5) Que en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictadas por la CORTE DE APELACIONES NATURAL DESIGNADA POR LA CORTE SUPRMEA DE JUSTICIA, en fecha catorce (14)de febrero del año dos mil diecisiete (2017), que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en la que se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto dictado en fecha nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, por el JUZGADO DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR LA CORTE SUPRMEA DE JUSTICIA, con relación a la causa instruida contra el señor: DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI Y OTROS por suponerlos responsables del delito de: ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, Y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo, expone que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el señor DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI y otras personas, por suponerlas responsables de los delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONRIOS PÚBLICOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FRAUDE, FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Manifiesta que el 30 de mayo del año dos mil dieciséis (2016) el Ministerio Público compareció ante la secretaría del Juzgado de Letras de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, promoviendo excepción de competencia por Declinatoria, la cual fue declarada con lugar en dicho Juzgado, remitiendo las diligencias a la Corte Suprema de Justicia para que designe Juez Natural y el proceso sea conocido de acuerdo al procedimiento especial. Seguidamente el señor ZACCARO MORLACHI, presentó ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia un escrito de nulidad de actuaciones, celebrada una audiencia Ad-Hoc a efecto de resolver la nulidad planteada por la defensa del acusado, esta fue declarada con lugar, por el Juez natural designado, resolución con la que no está conforme el Ministerio Público, por lo que la impugnó y fue resuelta por la Corte de Apelaciones Natural Designada, la que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Letras natural Designado en fecha 09 de diciembre del año 2016.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente considera que se ha quebrantado el artículo 90 del debido proceso y 321 de las facultades de los servidores del Estado, exponiendo que el antejuicio: “Es un procedimiento especial que debe tramitarse previamente para poder exigir la responsabilidad criminal a los jueces y magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”…, es así que constituye una garantía de ordene procesal para permitir el ejercicio independiente de la jurisdicción de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 al 422 del código Procesal Penal. Dice el recurrente que el artículo 28 numeral 2 de la ley de Municipalidades, que dice: “Los miembros de las Corporaciones municipales… gozarán de las prerrogativas siguientes:1)… 2) No ser responsables por sus propuestas dentro de la Ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones en las sesiones de la corporación Municipal, en estos casos si se le imputara un delito se aplicará el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los jueces, Señala que del contenido de la norma se aprecia que las prerrogativas que gozaran los miembros de las corporaciones Municipales, se refieren a dos situaciones en particular: 1.- Propuesta dentro de la Ley, la cual consiste en una postura, posición, proposición conclusión en relación a una ley; que se defiende (o se rechaza) y mantiene con argumentos válidos. Ante una propuesta de ley, el hablante intenta defenderla o rechazarla con argumentos válidos, 2.- Ni por sus opiniones, señala que de acuerdo al diccionario de Cabanellas Opinión es un parecer, un concepto, juicio, dictamen acerca de una cosa, apreciación meramente subjetiva. La recurrente es del parecer que las causales referidas no aplican al caso en estudio, es decir que las circunstancias señaladas no aplican para todas las actuaciones de los referidos funcionarios, sino exclusivamente en los casos ya señalados, en tal sentido expone: “El Ad quem erróneamente le ha dado otro sentido a la ley y no la que resulta de sus propios términos.CONSIDERANDO (6): Que el recurrente se pronuncia en cuanto a la aplicación, por parte del Ad quem del artículo 18 del código Procesal Penal referido a los pasajes oscuros o contradictorios de la ley penal, los que serán interpretados de modo que más favorezca al imputado, que en éste caso implicaría un examen de procedibilidad previo mediante el antejuicio, interpretación que resulta errónea, ya que la ley señala de manera taxativa los únicos dos supuestos en que procede el procedimiento especial de antejuicio, aplicable a los alcaldes y el caso subjudice el imputado no se encuentra en esa condición legal necesaria. Razón por la que estima el impetrante que se ha vulnerado el debido Proceso, el cual envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías tendiente a asegurar la vigencia y eficacia del proceso…. Considera además la vulneración del principio de legalidad ya que el fallo dictado en consonancia con lo dispuesto en la Constitución de la República, en relación a las facultades de los servidores del Estado…. Dicho principio de legalidad establece que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones con estricto apego a derecho. Refiere el recurrente que los hechos por los que se acusa al señor DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI no se encuentra dentro de una propuesta u opinión generada por éste en el ejercicio de su cargo como Alcalde de la ciudad de Tela Atlántida, tal como lo señala la norma especial, en consecuencia al no aplicar el procedimiento especial de antejuicio, el proceso debe tramitarse con el Más absoluto apego a las normas contenidas en los ordenamientos procesales, señalando que en este caso debe continuarse con la acusación directa promovida por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones impugnada en el párrafo de la Fundamentación Jurídica deja establecido: “La resolución apelada parte del hecho de que el señor DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO MORLACCHI, si bien se le atribuyen hechos considerados por los entes acusadores del Estado, como delito y acontecidos en el transcurso de su gestión como Alcalde Municipal de Tela, Atlántida, en el periodo 2010-2014; actualmente se desempeña como Regidor de la Misma Corporación Municipal, para el período 2014- 2018, razón por la cual, al no habérsele seguido el procedimiento especial de Antejuicio, se vulneró de tal forma el debido proceso, que correspondía declarar su nulidad desde el requerimiento fiscal presentado en su contra; teniendo un exclusivo alcance, en lo que respecta a su persona, por su condición actual de Regidor Municipal”. Señala el Tribunal de alzada que, entre los agravios expuestos por el recurrente, los que tiene relación con el fallo impugnado son: a) el momento procesal en que debió alegarse, mismo que considera debió ser en la audiencia inicial. b) El examen de las condiciones de procedibilidad para el antejuicio establecido en el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades, cuya concurrencia no alega. c)La forma en que el artículo 17 del código civil establece que ha de realizarse la interpretación de la ley, de forma tal que no podrá atribuirse otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos dada a relación que no se ha violentado el debido proceso, ya que el beneficio de las prerrogativas para funcionarios ejidales no es genérico, sino excepcional y aplica a casos específicos que el ente acusado ha venido planteando. Agravios coincidentes con los expresados por la Procuraduría General de la República.-CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal de alzada señala que el antejuicio es un procedimiento especial que de acuerdo a la Ley de Municipalidades en su artículo 28 numeral 2 se extiende a los alcaldes, vice Alcaldes y Regidores cuando literalmente expresa como una de las prerrogativas de las que gozan: “2). No ser responsables por sus propuestas dentro de la ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones. En estos casos si se les imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los jueces…” En este procedimiento especial se ha de conocer y resolver la solicitud incoada por el Ministerio Público o la parte agraviada, autorizando o no proceder criminalmente, mediante e requerimiento, acusación o querella como consecuencia de actos cometidos en ocasión del cargo. Además, expone que el antejuicio se constituye como una garantía procesal, que tutela la función dentro de la administración pública, a favor de quienes ejercen un cargo como Alcalde, Vice Alcalde, o Regidor Municipal, para no ser sometido ni perturbado por acusaciones falsas, infundadas o indebidas y es garantía para la ciudadanía en general, de protección de la correcta administración pública en el ámbito municipal, para que estos actúen únicamente bajo sujeción a lo establecido en la Constitución y las leyes, libre de presiones indebidas, que solo persigan distraerle, separarle del conocimiento del caso, desprestigiarlo o destituirlo del cargo. El antejuicio no protege a la persona, sino a la función que ejerce.-CONSIDERANDO (9): Que la Corte de Apelaciones impugnada, expone que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Municipalidades antes mencionado, “si bien es cierto el procedimiento especial está vinculado a dos hechos concretos: a) las propuestas que realicen dentro de la ley; b) las opiniones vertidas en relación con sus funciones, resulta un contrasentido de la norma que previamente declare su no responsabilidad en estos hechos; por lo que teniendo este canon, incidencia en el ámbito penal y entendiendo el sentido proteccionista de la función como alto funcionario de una corporación municipal, ya que en principio no deberían ser molestados de su actividad dentro de la administración pública, en respeto al principio de especialidad de la norma y a tenor de lo que dispone el artículo 18 del Código Procesal Penal, ha de interpretarse del modo que más favorezca a la persona imputada, que en este caso implica un examen de procedibilidad previo mediante el antejuicio. En cuanto al incidente de nulidad propuesto señala que… “El caso sub examine, se enmarca dentro de los casos taxativamente contemplados en la normativa procesal penal, específicamente en el numeral 5 del artículo 166 del (código Procesal penal), ya que al haber omitido la necesidad de seguir un procedimiento especial de antejuicio, al tratarse de un ex Alcalde, actual Regidor, a quien se le ha iniciado un proceso de investigación penal, quedando sin resguardo la actividad ejidal que realiza y que cuenta con un halo de protección legal; señalando el Tribunal de alzada, que se ha infringido con ello una norma esencial del procedimiento establecida en el código procesal penal, que impide que el acto logre la protección de la función, que es lo que la norma persigue, al contemplar el antejuicio. En ese orden de ideas el momento procesal se ciñe a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 167 ya que si el juez pudo señalar audiencia para de manera oficiosa proceder al decreto de nulidad, en cualquier momento, con mayor razón, la parte que se considera afectada con la situación jurídica ha de estar en posibilidad de ponerlo en conocimiento del Juez de Garantías, en la primera oportunidad que tenga para ser oído, sea esta oportunidad, la audiencia de declaración de imputado o una audiencia denominada “adhoc”, o posteriormente a la audiencia inicial. Esto en virtud de que tal como lo ha expresado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: “…Los procesos deben tramitarse con el más absoluto apego a las normas contenidas en los ordenamientos procesales correspondientes, porque de olvidarse de tales preceptos se estaría llevando el Poder Judicial a la anarquía…”; y, es así, que la nulidad como vía impugnativa, se enfoca en sanear el proceso mal llevado, devolviendo legitimidad provista de seguridad jurídica, volviendo irrelevante tanto si se ha alegado por las partes o ha sido observado por el Juez de garantías como el momento procesal en que lo hayan hecho. En consecuencia, el Tribunal de alzada declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.-CONSIDERANDO (10): Que por pasajes oscuros de la ley debe entenderse aquella norma que debido a su mala redacción produce confusión al juzgador al momento de su aplicación al caso concreto, como normas contradictorias, se entiende aquellas normas cuya regulación contradice de alguna forma lo dispuesto en otra disposición del mismo ordenamiento jurídico, Puede decirse que existe una contradicción entre dos disposiciones jurídicas cuando la aplicación simultánea de ambas disposiciones a un mismo supuesto fáctico produciría consecuencias jurídicas directamente contrapuestas, o dicho de otro modo, cuando ambas disposiciones no pueden ser válidas al mismo tiempo. La contradicción es, pues, aquella situación que se produce cuando hay disposiciones jurídicas que, perteneciendo al mismo ordenamiento y teniendo el mismo ámbito de validez, son entre sí incompatibles por imponer conductas opuestas, de modo que su presencia simultánea en el ordenamiento generaría una situación de antinomia.[1] -CONSIDERANDO (11): Que el objeto de la controversia resulta de la resolución dictada por el Tribunal de alzada, mediante la cual aprecia la aplicación del numeral 5 del artículo 166 el Código Procesal Penal; tal como lo expresa el Ad quem, “la nulidad como vía impugnativa, se enfoca en sanear el proceso mal llevado, devolviendo legitimidad provista de seguridad jurídica, volviendo irrelevante tanto si se ha alegado por las partes o ha sido observado por el Juez de garantías como el momento procesal en que lo hayan hecho”. Es así que la ley establece un procedimiento especial, en el caso que nos ocupa, conocido como antejuicio, al tratarse de un ex Alcalde, actual Regidor, a quien se le ha iniciado un proceso de investigación penal; procedimiento especial que se constituye como una garantía procesal, que tutela la función dentro de la administración pública, a favor de quienes ejercen un cargo como Alcalde, Vice Alcalde, o Regidor Municipal, entre otros, tal y como sucede en el caso de autos que el procesado es el actual Regidor de una alcaldía Municipal.-CONSIDERANDO (12): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; lo cual no ocurre en el caso sub judice, apreciando esta Sala, que el Ad quem, ha respetado las disposiciones constitucionales inherente al principio de legalidad, por ende el debido proceso, respondiendo a una tutela judicial efectiva. En consecuencia los motivos invocados por la impetrante o son de recibo, por lo que debe desestimarse la garantía constitucional de Amparo intentada.-CONSIDERANDO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia.- Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ.- RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0403-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Enciclopedia del Derecho, Historia y las Ciencias Sociales Online. https://leyderecho.org/normas-contradictorias/