Sentencia AP-35-17 — Registro 12491
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones en la que declaro ha lugar un recurso de reposición interpuesto contra la resolución dictada en el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, con relación a la causa instruida en los delito de almacenamiento de armas y municiones comerciales, sin permiso de la autoridad competente, en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras.- Estima el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendidos en los artículos 90,92, 95 y 99 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… VIGESIMO CUARTO: Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. El Ad quem omitió el análisis exhaustivo de los antecedentes, que le hubiere permitido pronunciarse si se siguió el debido proceso en cuanto a la competencia del órgano jurisdiccional que debió conocer de la convalidación del allanamiento realizado en una vivienda de la Aldea El Hacha, jurisdicción de Bonito Oriental, que está bajo la jurisdicción y la competencia del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón (las negritas son nuestras).En ese orden de ideas es claro que la competencia de los órganos jurisdiccionales no está al arbitrio de los Juzgadores o las partes, como consecuencia resulta la nulidad de tales actuaciones con la sanción de ineficacia o falta de valor legal; y es que la jurisdicción y competencia no son cuestiones que decida el Juez a su libre albedrío, sino que deviene obligado a respetar, cumplir las exigencias, formalidades, solemnidades de la ley y ceñirse a tales disposiciones legales, lo contrario sería contravenir la misma ley, abriendo el espacio de actuaciones arbitrarias de órganos jurisdiccionales, conociendo hechos y/o delitos que no son de su jurisdicción, en ese orden de ideas, no sería necesario que la ley señale con precisión cual es la jurisdicción y competencia de cada órgano jurisdiccional. En el caso de estudio la omisión del respeto, observación y cumplimiento de las normas de competencia han permitido que se quebrante el Debido Proceso. Por todo ello este Honorable Pleno de la Corte Suprema de JUSTICIA aprecia que la resolución del A quo es conforme a Derecho por lo que debe mantenerse tal resolución en cuanto a: A) La nulidad de ampliación de requerimiento fiscal, presentado contra JOSE ANTONIO ZELAYA GARCIA, quien se le supone responsable de los delitos de ALMACENAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES PROHIBIDAS, contra DOUGLAS JOEL GOFF, NERY GEOVANNY GUTIERREZ ALCANTARA Y JOSE LUIS ALFONSO NATAREN NATAREN, por suponerlos responsables de los delitos ALMACENAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES COMERCIALES SIN PERMISO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE; y contra DOUGLAS JOEL GOFF por suponerlo responsable del delito ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES PROHIBIDAS armas acciones en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, B) La nulidad de la Convalidación del allanamiento realizado en la aldea “El Hacha” Municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, coordenadas 15°37’36.83”N y 85°32’26.61”O, de una casa de habitación con grandes extensiones de tierra, con un portón de acceso construido de tubo de metal galvanizado sin pintar, por haber sido convalidado por un Juez de Letras incompetente (las negritas son nuestras). Por lo que procede otorgar la acción de amparo interpuesta. VIGÉSIMO QUINTO: Que los suscritos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ajustando sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico consideran que procede conforme a Derecho OTORGAR el Recurso amparo interpuesto, contra la resolución recurrida en virtud de quebrantar derechos fundamentales – humanos de los acusados.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
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