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Sentencia AP-331-18 — Registro 11491

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación, confirmó auto de formal procesamiento en causa contra recurrentes por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública; en apelación se concluye que se ha acreditado de manera plena la comisión del delito imputado y el indicio racional de participación de los ahora recurrentes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Dentro del amplio margen del régimen de las responsabilidades de los servidores públicos donde se tipifican con precisión los distintos ámbitos de su responsabilidad, la responsabilidad administrativa es la estrictamente relacionada con el servidor público, con el cumplimiento de sus funciones y competencias; y, surge precisamente del incumplimiento de las obligaciones propias de ese servicio público legalmente establecidas. Ese incumplimiento es el que da ocasión al fincamiento de la responsabilidad, y en su caso la consecuente aplicación de las sanciones administrativas. Es así la responsabilidad administrativa la referida directamente a la propia actividad del servidor público, por actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y la eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, sin importar que la acción afecte o no a un tercero, caso en el cual podrían surgir además la responsabilidad civil e incluso la penal. Por lo que es importante resaltar la independencia que existe entre los distintos tipos de responsabilidad, y que cada una puede surgir sin necesidad de que se den los otros, aunque por lo general siempre se da la responsabilidad administrativa, sin embargo, para que esta surja, no es necesario que se den también las de tipo civil o penal.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, tal es así que en su sentencia concluye que se ha acreditado de manera plena la comisión del delito de Fraude y Violación de los Deberes de los Funcionarios, así mismo el indicio racional de participación por parte de los imputados..."..."dentro del amplio margen del régimen de las responsabilidades de los servidores públicos donde se tipifican con precisión los distintos ámbitos de su responsabilidad, la responsabilidad administrativa es la estrictamente relacionada con el servidor público, con el cumplimiento de sus funciones y competencias; y, surge precisamente del incumplimiento de las obligaciones propias de ese servicio público legalmente establecidas. Ese incumplimiento es el que da ocasión al fincamiento de la responsabilidad, y en su caso la consecuente aplicación de las sanciones administrativas. Es así la responsabilidad administrativa la referida directamente a la propia actividad del servidor público, por actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y la eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, sin importar que la acción afecte o no a un tercero, caso en el cual podrían surgir además la responsabilidad civil e incluso la penal. Por lo que es importante resaltar la independencia que existe entre los distintos tipos de responsabilidad, y que cada una puede surgir sin necesidad de que se den los otros, aunque por lo general siempre se da la responsabilidad administrativa, sin embargo, para que esta surja, no es necesario que se den también las de tipo civil o penal..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores han tenido acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión particular, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por los recurrentes no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por suponerlos responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos: 1º Por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, a favor del señor LISANDRO RENE PONCE ROSALES (Reg. No. 331-2018); y 2º Por el Abogado GILBERTO VELEZ VENTURA, a favor del señor HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ (Reg. No. 341-2018) ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por suponerlos responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. Estiman los recurrentes, que se han violentado los Artículos 60, 64, 70, 82, 86, 90 y 96 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres (03) de junio de dos mil quince (2015), la Abogada CLAUDIA CAROLINA REYES PONCE y el Abogado HECTOR MORALES, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS y JOSE RAMÓN BERTETTY OSORIO ambos en su condición de Miembros de la Dirección Superior del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL; contra los señores HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, RENE ISRAEL MEDINA ROMERO, DONALD RENIERY VELASQUEZ OVIEDO, LISANDRO RENE PONCE ROSALES y EDGARDO QUIROZ MEJIA en su condición de miembros del Comité de Evaluación, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y por ende del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL y contra los señores SHUCRI LUIS KAFIE LARACH y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, como miembros de la empresa privada vinculada a DIMESA por suponerlos responsables del delito de ESTAFA, en perjuicio del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.- 2) Que en fecha dos de octubre de dos mil quince, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán celebró Audiencia Inicial, la cual resolvió: “I.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores RENE ISMAEL MEDINA ROMERO, DONALD RENIERY VELASQUEZ OVIEDO y LIZANDRO RENE PONCE ROSALES por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA e INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.); II.-En cuanto a la medida cautelar se ratifican las impuestas durante la audiencia de Declaración de Imputado, siendo éstas las contempladas en el Código Procesal Penal en su artículo 173 numerales 5, 6, 7 y 10;…” (Folios 1735 al 1773 del Tomo IV de los antecedentes).- 3) Que en fecha seis de enero de dos mil dieciséis el citado Juzgado de Letras, realizó Audiencia Inicial, en la cual resolvió: “I.- Dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA e INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.); II.-En cuanto a la medida cautelar se ratifican las impuestas durante la audiencia de Declaración de Imputado, en virtud de haberse presentado un estudio Socio Económico el cual había quedado pendiente desde la audiencia de declaración de imputado con el cual la defensa (sic)a demostrado que su representado no posee más bienes que los que ya ha establecido por lo que no podría ofertar más según su capacidad económica y tal como lo manifiesta el artículo 194, que establece que las causaciones serán rendidas según la capacidad económica del imputado, siendo estas medidas impuestas las contempladas en el Código Procesal Penal en su artículo 173 numerales 5, 6, 7 y 10;…” (Folios 2306 al 2333 del Tomo V de los antecedentes)- 4) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, GILBERTO VELEZ VENTURA y DARWIN OMAR REYES ROQUE, en su condición de defensores privados de los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES, RENE ISRAEL MEDINA ROMERO, HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ Y DONAL RENIERY VELASQUEZ, respectivamente, y por el Ministerio Público la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, en la cual resolvió: (sic) “1) Declarando NO HA LUGAR y 2) CONFIRMAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y la PGR por las medidas cautelares impuestas por A-quo. 2) Por UNANIMIDAD de votos, RESUELVE: 1) Declarando NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por las respectivas Defensas de los imputados, Hugo Alberto Mejía López, René Israel Medina Romero, Donald Reniery Velásquez y Lisandro René Ponce Rosales 2) CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto al Auto de Formal Procesamiento dictado en audiencia inicial. …” (3255 al 3273 del Tomo VII de de los antecedentes)- 5) Que el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del señor LISANDRO RENE PONCE ROSALES por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado GILBERTO VELEZ VENTURA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por estimar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 60, 64, 70, 82, 86, 90 y 96 de la Constitución de la República. (Folios 61 al 69 del recurso de amparo)- 6) Que habiendo concedido vista a los recurrentes para que formalizaran sus recursos, en fechas veinte de junio y veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizados los recursos interpuestos por los Abogados GILBERTO VELEZ VENTURA, y RICARDO ARTURO INTERIANO, respectivamente, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado con el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en virtud de ser parte en el proceso de mérito. (Folios 60 y 123 del presente recurso)- 7) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho (2018), esta Sala dispuso que, al apreciarse en los autos, que las acciones de amparo registradas bajo los números 331-2018 y 341-2018, se dirigen contra el mismo acto, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, y que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, se resolvió acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente en su oportunidad. (Folio 125 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida interpuestos por los Abogados RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON y GILBERTO VELEZ VENTURA a favor de los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ respectivamente; se dirigen contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por suponerlos responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del señor LISANDRO RENE PONCE ROSALES por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el Artículo 90 de la Constitución de la República, ya que no existe siquiera la mínima actividad probatoria para aportar material indiciario para considerar que su representado ha incurrido en el delito de fraude; por lo que no está apegado a derecho que se haya confirmado el auto de Formal procesamiento por el referido delito.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que, así también en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado GILBERTO VELEZ VENTURA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por estimar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 60, 64, 70, 82, 86, 90 y 96 de la Constitución de la República; ya que el presupuesto de formalidad legal fue ignorado por el Ministerio Público, por el Juzgador A-Quo y por el Ad-Quem, al pretender juzgar, ignorando la preeminencia de lo establecido en la Ley del Tribunal Superior de Cuentas; y, la formalidad procesal al no reconocer la aplicación de la Ley precitada previamente a la acción penal, al caso concreto; limitándolos ejercer las acciones procesales de acuerdo y en forma que establece la Ley.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que habiendo concedido vista a los recurrentes para que formalizaran sus recursos, en fechas veinte de junio y veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizados los recursos interpuestos por los Abogados GILBERTO VELEZ VENTURA, y RICARDO ARTURO INTERIANO, respectivamente, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado con el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en virtud de ser parte en el proceso de mérito.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, tal es así que en su sentencia concluye que se ha acreditado de manera plena la comisión del delito de Fraude y Violación de los Deberes de los Funcionarios, así mismo el indicio racional de participación por parte de los imputados.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dentro del amplio margen del régimen de las responsabilidades de los servidores públicos donde se tipifican con precisión los distintos ámbitos de su responsabilidad, la responsabilidad administrativa es la estrictamente relacionada con el servidor público, con el cumplimiento de sus funciones y competencias; y, surge precisamente del incumplimiento de las obligaciones propias de ese servicio público legalmente establecidas. Ese incumplimiento es el que da ocasión al fincamiento de la responsabilidad, y en su caso la consecuente aplicación de las sanciones administrativas. Es así la responsabilidad administrativa la referida directamente a la propia actividad del servidor público, por actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y la eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, sin importar que la acción afecte o no a un tercero, caso en el cual podrían surgir además la responsabilidad civil e incluso la penal. Por lo que es importante resaltar la independencia que existe entre los distintos tipos de responsabilidad, y que cada una puede surgir sin necesidad de que se den los otros, aunque por lo general siempre se da la responsabilidad administrativa, sin embargo, para que esta surja, no es necesario que se den también las de tipo civil o penal.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores han tenido acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión particular, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por los recurrentes no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por suponerlos responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaídas en los Recursos de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo los números 0331 y 0341-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos: 1º Por el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, a favor del señor LISANDRO RENE PONCE ROSALES (Reg. No. 331-2018); y 2º Por el Abogado GILBERTO VELEZ VENTURA, a favor del señor HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ (Reg. No. 341-2018) ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por suponerlos responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. Estiman los recurrentes, que se han violentado los Artículos 60, 64, 70, 82, 86, 90 y 96 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres (03) de junio de dos mil quince (2015), la Abogada CLAUDIA CAROLINA REYES PONCE y el Abogado HECTOR MORALES, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS y JOSE RAMÓN BERTETTY OSORIO ambos en su condición de Miembros de la Dirección Superior del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL; contra los señores HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, RENE ISRAEL MEDINA ROMERO, DONALD RENIERY VELASQUEZ OVIEDO, LISANDRO RENE PONCE ROSALES y EDGARDO QUIROZ MEJIA en su condición de miembros del Comité de Evaluación, por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y por ende del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL y contra los señores SHUCRI LUIS KAFIE LARACH y JUAN ALBERTO MADRID CASACA, como miembros de la empresa privada vinculada a DIMESA por suponerlos responsables del delito de ESTAFA, en perjuicio del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.- 2) Que en fecha dos de octubre de dos mil quince, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán celebró Audiencia Inicial, la cual resolvió: “I.- Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los señores RENE ISMAEL MEDINA ROMERO, DONALD RENIERY VELASQUEZ OVIEDO y LIZANDRO RENE PONCE ROSALES por suponerlos responsables de los delitos de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA e INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.); II.-En cuanto a la medida cautelar se ratifican las impuestas durante la audiencia de Declaración de Imputado, siendo éstas las contempladas en el Código Procesal Penal en su artículo 173 numerales 5, 6, 7 y 10;…” (Folios 1735 al 1773 del Tomo IV de los antecedentes).- 3) Que en fecha seis de enero de dos mil dieciséis el citado Juzgado de Letras, realizó Audiencia Inicial, en la cual resolvió: “I.- Dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA e INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.); II.-En cuanto a la medida cautelar se ratifican las impuestas durante la audiencia de Declaración de Imputado, en virtud de haberse presentado un estudio Socio Económico el cual había quedado pendiente desde la audiencia de declaración de imputado con el cual la defensa (sic)a demostrado que su representado no posee más bienes que los que ya ha establecido por lo que no podría ofertar más según su capacidad económica y tal como lo manifiesta el artículo 194, que establece que las causaciones serán rendidas según la capacidad económica del imputado, siendo estas medidas impuestas las contempladas en el Código Procesal Penal en su artículo 173 numerales 5, 6, 7 y 10;…” (Folios 2306 al 2333 del Tomo V de los antecedentes)- 4) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON, JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, GILBERTO VELEZ VENTURA y DARWIN OMAR REYES ROQUE, en su condición de defensores privados de los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES, RENE ISRAEL MEDINA ROMERO, HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ Y DONAL RENIERY VELASQUEZ, respectivamente, y por el Ministerio Público la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, en la cual resolvió: (sic) “1) Declarando NO HA LUGAR y 2) CONFIRMAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y la PGR por las medidas cautelares impuestas por A-quo. 2) Por UNANIMIDAD de votos, RESUELVE: 1) Declarando NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por las respectivas Defensas de los imputados, Hugo Alberto Mejía López, René Israel Medina Romero, Donald Reniery Velásquez y Lisandro René Ponce Rosales 2) CONFIRMAR la resolución apelada en cuanto al Auto de Formal Procesamiento dictado en audiencia inicial. …” (3255 al 3273 del Tomo VII de de los antecedentes)- 5) Que el Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del señor LISANDRO RENE PONCE ROSALES por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado GILBERTO VELEZ VENTURA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por estimar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 60, 64, 70, 82, 86, 90 y 96 de la Constitución de la República. (Folios 61 al 69 del recurso de amparo)- 6) Que habiendo concedido vista a los recurrentes para que formalizaran sus recursos, en fechas veinte de junio y veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizados los recursos interpuestos por los Abogados GILBERTO VELEZ VENTURA, y RICARDO ARTURO INTERIANO, respectivamente, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado con el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en virtud de ser parte en el proceso de mérito. (Folios 60 y 123 del presente recurso)- 7) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho (2018), esta Sala dispuso que, al apreciarse en los autos, que las acciones de amparo registradas bajo los números 331-2018 y 341-2018, se dirigen contra el mismo acto, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, y que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, se resolvió acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente en su oportunidad. (Folio 125 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida interpuestos por los Abogados RICARDO ARTURO INTERIANO SABILLON y GILBERTO VELEZ VENTURA a favor de los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ respectivamente; se dirigen contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por suponerlos responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, Abogado RICARDO ARTURO INTERIANO, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del señor LISANDRO RENE PONCE ROSALES por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el Artículo 90 de la Constitución de la República, ya que no existe siquiera la mínima actividad probatoria para aportar material indiciario para considerar que su representado ha incurrido en el delito de fraude; por lo que no está apegado a derecho que se haya confirmado el auto de Formal procesamiento por el referido delito.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que, así también en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado GILBERTO VELEZ VENTURA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por estimar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 60, 64, 70, 82, 86, 90 y 96 de la Constitución de la República; ya que el presupuesto de formalidad legal fue ignorado por el Ministerio Público, por el Juzgador A-Quo y por el Ad-Quem, al pretender juzgar, ignorando la preeminencia de lo establecido en la Ley del Tribunal Superior de Cuentas; y, la formalidad procesal al no reconocer la aplicación de la Ley precitada previamente a la acción penal, al caso concreto; limitándolos ejercer las acciones procesales de acuerdo y en forma que establece la Ley.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que habiendo concedido vista a los recurrentes para que formalizaran sus recursos, en fechas veinte de junio y veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizados los recursos interpuestos por los Abogados GILBERTO VELEZ VENTURA, y RICARDO ARTURO INTERIANO, respectivamente, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado con el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en virtud de ser parte en el proceso de mérito.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, tal es así que en su sentencia concluye que se ha acreditado de manera plena la comisión del delito de Fraude y Violación de los Deberes de los Funcionarios, así mismo el indicio racional de participación por parte de los imputados.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dentro del amplio margen del régimen de las responsabilidades de los servidores públicos donde se tipifican con precisión los distintos ámbitos de su responsabilidad, la responsabilidad administrativa es la estrictamente relacionada con el servidor público, con el cumplimiento de sus funciones y competencias; y, surge precisamente del incumplimiento de las obligaciones propias de ese servicio público legalmente establecidas. Ese incumplimiento es el que da ocasión al fincamiento de la responsabilidad, y en su caso la consecuente aplicación de las sanciones administrativas. Es así la responsabilidad administrativa la referida directamente a la propia actividad del servidor público, por actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y la eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, sin importar que la acción afecte o no a un tercero, caso en el cual podrían surgir además la responsabilidad civil e incluso la penal. Por lo que es importante resaltar la independencia que existe entre los distintos tipos de responsabilidad, y que cada una puede surgir sin necesidad de que se den los otros, aunque por lo general siempre se da la responsabilidad administrativa, sin embargo, para que esta surja, no es necesario que se den también las de tipo civil o penal.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores han tenido acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión particular, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por los recurrentes no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar no ha lugar un recurso de apelación y confirmó el Auto de Formal Procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra los señores LISANDRO RENE PONCE ROSALES y HUGO ALBERTO MEJIA LOPEZ, por suponerlos responsable de los delitos de FRAUDE y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaídas en los Recursos de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo los números 0331 y 0341-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional