Sentencia AP-319-19 — Registro 11901
Resumen
Sobreseimiento Definitivo a favor de encausado, por suponerlo responsable del delito de Desobediencia, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, donde recurrentes sostienen que todo se conserva en el derecho administrativo y no debe entenderse ni pretender suponer que todos esos actos deben ser suspendidos , donde la Sala considera que no puede pronunciarse en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que la misma se encuentra debidamente motivada; asimismo se aprecia que los recurrente se limitaron a realizar valoraciones de la Resolución emitida por el A-quo y en cuanto a la resolución emitida por el Ad-quem que es la que recurren en Amparo, se limitaron a establecer que se valoró erróneamente la medida cautelar dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, aunado a ello situaciones en cuanto a que en Audiencia Inicial se acreditó el reproche penal que fue atribuido al encausado por el delito de Desobediencia. Los recurrentes sostienen que: (Sic) “…todo se conserva en el derecho administrativo y no debe entenderse ni pretender suponer que todos esos actos deben ser suspendidos (como el AD-QUEM valoro erróneamente) en virtud de la medida cautelar, lo cual en derecho no funciona así, en vista que lo que se suspende es la intervención perse y no los actos que ya se realizaron.” CONSIDERANDO 6: Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o Tribunal debe aplicar su criterio en relación a la norma sustantiva a aplicar en un caso concreto, pues ello es una cuestión de instancia que deben resolver los órganos jurisdiccionales luego de evacuado los elementos de prueba aportados por las partes en la audiencia inicial, y conforme a ello decretar un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o un Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. CONSIDERANDO 7: Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, criterio asumido por este Alto Tribunal en diferentes sentencias. Compete a la Sala de lo Constitucional, como se ha manifestado en reiteradas sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa . CONSIDERANDO 8: Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; …” CONSIDERANDO 9: Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de Amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman la misma."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogados HENRY GEOVANNY SALGADO NUÑEZ Y GERMAN EDGARDO ENAMORADO AGUILAR, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, que declaró No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho, que declara Sobreseimiento Definitivo a favor del encausado, en el proceso instruido contra el señor MARCIAL FLORES SOSA por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han quebrantado el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, el Debido proceso y el Derecho a la Defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 166, 198, 202, 294 y 297 del Código Procesal Penal. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado GERMAN EDGARDO ENAMORADO AGUILAR, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MARCIAL FLORES SOSA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2) Que en fecha cuatro de mayo del año dos mil dieciocho se inicia la Audiencia Inicial, culminando en fecha diez de mayo del mismo año, resolviendo el referido Juzgado de Letras Penal: (Sic) “SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de MARCIAL FLORES SOSA, por el delito de DESOBENDIENCIA en perjuicio de la ADMINITRACION PUBLICA, se ordena el cese de las medidas cautelares y la entrega de la carta de libertad definitiva…” (Folios del 471 al 482 de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por el Ministerio Público contra la resolución dictada en Audiencia Inicial y que se deja relacionada en el acápite anterior, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó Resolución en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, mediante la cual RESUELVE: (Sic) “1) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por los Fiscales del Ministerio Público. 2)CONFIRMA la resolución apelada….” (Folios del 614 al 617 de la pieza de antecedentes del A-quo). 4) Los recurrentes Abogados HENRY GEOVANNY SALGADO NUÑEZ y GERMAN EDGARDO ENAMORADO AGUILAR, comparecieron ante este Alto Tribunal, en fecha cuatro de abril del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, es quebranta el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, el Debido proceso y el Derecho a la Defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, relacionados con los artículos 166, 198, 202, 294 y 297 del Código Procesal Penal. (Folios del 1 al 10 de la pieza de autos) 5) Que en fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 43 de la pieza de autos) CONSIDERANDO 1: Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción constitucional impetrada, la Sala de lo Constitucional confirma que en la Acción de Amparo interpuesta se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; …”. Aseveración a la que se concluye, pues del examen de la acción de amparo promovida, los recurrentes sostienen que se quebranta el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y Derecho a la Defensa, en relación a los artículos 166, 198, 202, 294 y 297 del Código Procesal Penal que establecen las finalidades de los medios de prueba y las reglas de la valoración de la misma, aducen que el Juzgador con su decisión de Sobreseimiento Definitivo, basado en argumentos de valoración de prueba que determina que la primera resolución de suspensión del acto impugnado para el proceso administrativo, de manera retroactiva, o sea que dicha medida cautelar según la defensa, anula los actos de la Junta Interventora, hecho que no es correcto en un momento procesal inoportuno, ya que en ese espacio de tiempo solo era factible revisar la formalidad del mismo y en todo caso indicar algún aspecto a enmendar si ese fuera el caso por parte del ente acusador. CONSIDERANDO 2: Que los recurrentes se enfocaron en realizar apreciaciones de la Resolución dictada por el A-quo, indicando que en relación a la vulneración al Debido Proceso que el A-quo efectúa una valoración de elementos de prueba obtenidos en la etapa preparatoria, lo cual no es ajustado a derecho, puesto que es menester normativo para el A-quo analizar únicamente los requisitos de forma del requerimiento Fiscal, resumidos a: identificación del imputado, relación de hechos, delito que se imputa, relación de pruebas, petición procedente, etc. (Artículo 293 de la normativa adjetiva penal vigente), estos aspectos están debidamente cumplimentados, sin embargo, el Juez extendió su análisis más allá de ese momento procesal y valoró argumentos de prueba atribuyéndoles un desvalor en su sustancia, lo cual no procedía, pues ese no era el espacio de tiempo factible establecido en el Código Procesal Penal. CONSIDERANDO 3: Que, en sus alegaciones de mera legalidad sostenidas por los impetrantes, expresan en relación a los hechos del Requerimiento Fiscal, que si las acciones de Suspensión de Acto Impugnado, frena los actos realizados o sea paraliza los actos de la primera Junta Interventora y si éstos pierden eficacia o su operatividad, desde momento de aplicación de medida cautelar; en primera instancia la referida medida no tiene efectos retroactivos, o sea que todo lo actuado que genero actos jurídicos tendrá validez en campo de la administración de la Cooperativa intervenida y conserva y no anula contratos laborales, contratos de servicios, decisiones financieras, informes investigativos y empréstitos etc. todo se conserva en el derecho administrativo y no debe entenderse ni pretender suponer que todos esos actos deben ser suspendidos (como el AD-QUEM valoro erróneamente) en virtud de la medida cautelar, lo cual en derecho no funciona así, en vista que lo que se suspende es la intervención perse y no los actos que ya se realizaron. Concluyen señalando los recurrentes en Amparo, que los extremos fundamentales del reproche penal fueron acreditados (indicio racional de consumación de delito asimismo de la participación del encartado en el mismo), fueron sustentados en el momento procesal pertinente, sin embargo la decisión del A-quo misma que no considera los extremos acreditados y por ello sobresee definitivamente en favor del encausado, se somete vía recurso esa decisión al Ad-quen quien veda con su rechazo al recurso promovido la posibilidad de ejercicio de ley penal y debido proceso . CONSIDERANDO 4: Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que la misma se encuentra debidamente motivada; asimismo se aprecia que los recurrente se limitaron a realizar valoraciones de la Resolución emitida por el A-quo y en cuanto a la resolución emitida por el Ad-quem que es la que recurren en Amparo, se limitaron a establecer que se valoró erróneamente la medida cautelar dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, aunado a ello situaciones en cuanto a que en Audiencia Inicial se acreditó el reproche penal que fue atribuido al encausado por el delito de Desobediencia. Los recurrentes sostienen que: (Sic) “…todo se conserva en el derecho administrativo y no debe entenderse ni pretender suponer que todos esos actos deben ser suspendidos (como el AD-QUEM valoro erróneamente) en virtud de la medida cautelar, lo cual en derecho no funciona así, en vista que lo que se suspende es la intervención perse y no los actos que ya se realizaron.” CONSIDERANDO 6: Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o Tribunal debe aplicar su criterio en relación a la norma sustantiva a aplicar en un caso concreto, pues ello es una cuestión de instancia que deben resolver los órganos jurisdiccionales luego de evacuado los elementos de prueba aportados por las partes en la audiencia inicial, y conforme a ello decretar un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o un Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. CONSIDERANDO 7: Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, criterio asumido por este Alto Tribunal en diferentes sentencias. Compete a la Sala de lo Constitucional, como se ha manifestado en reiteradas sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa[1]. CONSIDERANDO 8: Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; …” CONSIDERANDO 9: Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de Amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman la misma. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 y 319 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 4, 8 y 139 del Código Procesal Penal; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-319-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Sobre el mismo criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, véanse las sentencias con registro de expediente AP 009-2018, AP 0019-2016, AP 127-2014 entre otras.