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Sentencia AP-27-19 — Registro 17469

Resumen

Acción de amparo interpuesta contra resolución que revocó sobreseimiento provisional y ordena auto de formal procesamiento en relación a la causa instruida contra impetrante por el delito de proxenetismo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor OSMAN GEOVANNY MATUTE LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de la joven C. E. L. R. (14 años de edad), motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA a favor del señor OSMAN GEOVANNY MATUTE LÓPEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor OSMAN GEOVANNY MATUTE LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de la joven C. E. L. R. (14 años de edad). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los Artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Osman Geovanny Matute López a quien se le supone responsable del delito de Proxenetismo Agravado en perjuicio de la menor C. E. L. R. (14 años de edad). (Folios 2-4 del expediente del antecedente) 2) En la celebración de la audiencia inicial de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán, decretó: “Un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del imputado OSMAN GEOVANNY MATUTE LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PROXENETISMO AGRAVADO, todo en virtud de que no llegamos a lo que es el indicio racional, lo cual es la prueba científica que tiene que venir a desvirtuar los testimonios que contradicen la declaración de la menor…”. (Folios 23-32 del antecedente) 3) La Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogados Mateo Rodolfo Galo Herrera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el laudo relacionado en el numeral que antecede, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos resolvió: 1) Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal del Ministerio Público; 2) REVOCAR las resolución recurrida; 3) Que el A-quo dicte auto de formal procesamiento al encausado por el delito de PROXENETISMO AGRAVADO. (Folios 74-78 del antecedente) 4) Que la recurrente, Abogada Angie Margarita Villanueva Barahona, compareció ante este Tribunal en fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor Osman Geovanny Matute López, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los Artículos 82,90 y 95 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito y en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó a la recurrente estarse a lo establecido por este Tribunal en el auto de fecha quince de enero de dos mil diecinueve (f-19) recaído en el presente recurso, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA a favor del señor OSMAN GEOVANNY MATUTE LÓPEZ, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor OSMAN GEOVANNY MATUTE LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de la joven C. E. L. R.(14 años de edad). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente, Abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, compareció ante este Tribunal en fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor OSMAN GEOVANNY MATUTE LÓPEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los Artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la República, ya que en la motivación de su fallo judicial, expone reflexiones improcedentes y manifiestamente irrazonables, que desde todo punto de vista jurídico no se encuentran fundadas en Derecho, siendo lesiva al Artículo 90 de la Constitución de la República; y, que era tan evidente su desnaturalización a la motivación judicial, conteniendo contradicciones internas, errores de lógica, al sentido común y a las máximas de la experiencia; y, obviamente una marcada inobservancia de la interpretación de la ley penal, lo que la convierte en una resolución manifiestamente injusta y arbitraria por contradictoria, carente de motivación. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito y en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó a la recurrente estarse a lo establecido por este Tribunal en el auto de fecha quince de enero de dos mil diecinueve recaído en el presente recurso, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar la vista de los antecedentes al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus Derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional mas consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor OSMAN GEOVANNY MATUTE LÓPEZ por suponerlo responsable del delito de PROXENETISMO AGRAVADO en perjuicio de la joven C. E. L. R. (14 años de edad), motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0027-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL