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Sentencia AP-25-19 — Registro 11276

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación, confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerlo responsable del delito de amenazas en perjuicio de ofendido; en apelación se concluyó que existe indicio racional del delito que se le imputa a recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la notificación son actos jurídicos procesales que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes y a otras personas a quienes se refieran o puedan perjudicar una resolución judicial, según lo dispuesto en el Código de Procesal Penal en su artículo 151..."..."El objetivo de practicar tales notificaciones es para que la resolución produzca los efectos que le son propios, garantizando a las partes el derecho a recurrir si considera que aquella resolución le es adversa a sus intereses; Para ello es necesario que las notificaciones se realicen de acuerdo a los presupuestos señalados en la ley. El acto de la falta de notificación, omisión o notificación irregular, produce que las partes no pueden darse por enteradas de tal resolución, ni hacer uso del derecho a recurrir, ni podrán adquirir éstas el carácter de firmes. Uno de los presupuestos que deben concurrir cuando es notificada a las partes una resolución judicial, es el levantamiento de acta o constancia que firma éste, junto con el notificado, dando Fe, refrendando su firma, de haber realizado tal diligencia. Siguiendo este orden de ideas, el acto jurídico procesal de la notificación, es imprescindible para juzgar rectamente porque como paso previo es necesario, dotar de seguridad jurídica y ordenar adecuadamente los actos procesales que conforman el Proceso Debido a que todos tienen derecho, para que no se produzca la indefensión de ninguna de las partes. La fe pública judicial es la potestad del Estado que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los actos procesales (derivados del órgano judicial o producidos por las partes del proceso o quienes tengan interés legítimo), en cuya virtud se establece la presunción de veracidad de aquellas actuaciones autorizadas por el Secretario Judicial, que solo puede ser destruida mediante prueba en contrario..."..."consta en autos que se ha omitido la notificación al abogado Defensor del Recurrente, habiéndose notificado al abogado Acusador Privado RENE ADAN TOME ROSALES, de la resolución de fecha tres de mayo del año dos mil dieciocho, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, (Folio 152 de la primera pieza de autos) en consecuencia la parte acusada, representada por el Abogado Defensor Público JOSÉ REIMUNDO VELÁSQUEZ, quedó en estado de indefensión en el momento en que la autoridad judicial lo da por notificado, sin observar el error en que se incurrió al momento de la misma. La falta de notificación implica vulneración al debido proceso y al derecho de defensa del acusado, puesto que del conocimiento que tenga de la resolución (sin notificar) dependerá el rumbo que se dé al proceso, en cuanto a las actuaciones procesales que les convengan a sus intereses..."..."el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado..."..."De acuerdo al estudio realizado se aprecia que se han quebrantado formalidades, exigencias de la ley, que al dejar de cumplirse le niegan el derecho a la Defensa y a una tutela judicial efectiva al recurrente..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..""la notificación son actos jurídicos procesales que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes y a otras personas a quienes se refieran o puedan perjudicar una resolución judicial, según lo dispuesto en el Código de Procesal Penal en su artículo 151..."..."El objetivo de practicar tales notificaciones es para que la resolución produzca los efectos que le son propios, garantizando a las partes el derecho a recurrir si considera que aquella resolución le es adversa a sus intereses; Para ello es necesario que las notificaciones se realicen de acuerdo a los presupuestos señalados en la ley. El acto de la falta de notificación, omisión o notificación irregular, produce que las partes no pueden darse por enteradas de tal resolución, ni hacer uso del derecho a recurrir, ni podrán adquirir éstas el carácter de firmes. Uno de los presupuestos que deben concurrir cuando es notificada a las partes una resolución judicial, es el levantamiento de acta o constancia que firma éste, junto con el notificado, dando Fe, refrendando su firma, de haber realizado tal diligencia. Siguiendo este orden de ideas, el acto jurídico procesal de la notificación, es imprescindible para juzgar rectamente porque como paso previo es necesario, dotar de seguridad jurídica y ordenar adecuadamente los actos procesales que conforman el Proceso Debido a que todos tienen derecho, para que no se produzca la indefensión de ninguna de las partes. La fe pública judicial es la potestad del Estado que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los actos procesales (derivados del órgano judicial o producidos por las partes del proceso o quienes tengan interés legítimo), en cuya virtud se establece la presunción de veracidad de aquellas actuaciones autorizadas por el Secretario Judicial, que solo puede ser destruida mediante prueba en contrario..."..."consta en autos que se ha omitido la notificación al abogado Defensor del Recurrente, habiéndose notificado al abogado Acusador Privado RENE ADAN TOME ROSALES, de la resolución de fecha tres de mayo del año dos mil dieciocho, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, (Folio 152 de la primera pieza de autos) en consecuencia la parte acusada, representada por el Abogado Defensor Público JOSÉ REIMUNDO VELÁSQUEZ, quedó en estado de indefensión en el momento en que la autoridad judicial lo da por notificado, sin observar el error en que se incurrió al momento de la misma. La falta de notificación implica vulneración al debido proceso y al derecho de defensa del acusado, puesto que del conocimiento que tenga de la resolución (sin notificar) dependerá el rumbo que se dé al proceso, en cuanto a las actuaciones procesales que les convengan a sus intereses..."..."el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado..."..."De acuerdo al estudio realizado se aprecia que se han quebrantado formalidades, exigencias de la ley, que al dejar de cumplirse le niegan el derecho a la Defensa y a una tutela judicial efectiva al recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo dictado por la CORTE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE REIMUNDO VELASQUEZ, a favor del señor JOSE RAMON LAMOTHE, contra la resolución de fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte del Abogado GUSTAVO ENRIQUE BUESO JACQUIER, contra el señor JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, por el delito de AMENAZAS.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JAVIER HUMBERTO GONZALEZ ALVAREZ, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, por suponerlo responsable del delito de AMENAZAS, en contra del señor GUSTAVO ENRIQUE BUESO JACQUIER. (Folios 01 al 03 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1). AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, de generales conocidas por suponerlo responsable del delito de AMENAZAS en perjuicio de GUSTAVO ENRIQUE BUESO JACQUIER. - 2). - Imponerle al referido imputado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, medidas cautelares sustitutivas de la Prisión Preventiva del artículo 173 número 6 del Código Procesal Penal. - Sin que las imposiciones de estas medidas cautelares perjudiquen el Derecho de Defensa.” (Folios 101 al 104 de la pieza del A-Quo). 3) Que en fecha tres (3) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- CONFIRMAR la resolución Apelada.” (Folios 143 al 149 de la Pieza del Ad-Quem) 4) El recurrente Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, compareció ante este Tribunal, en nueve (9) de enero del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor de SI MISMO, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha tres (3) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 64, 80, 82 y 90 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el que reclama el recurrente es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán impugnada a través de la señora MARITZA CASCO en su condición de Receptora del Tribunal de Alzada referido, quien notificó en fecha 16 de mayo del 2018, la sentencia dictada por el aludido Órgano Jurisdiccional en fecha 03 de mayo del año 2018, al abogado RENE ADAN TOME, quien no es el representante legal del recurrente, con relación a la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte del abogado GUSTAVO ENRIQUE BUESO JACQUIER, contra el señor JOSE RAMÓN LAMOTHE ROSALES, por el delito de amenazas en su perjuicio. CONSIDERANDO:(4) Que el recurrente en la formalización de la Acción de Amparo expone que se ha vulnerado el derecho a la Legalidad contenido en el artículo 64 Constitucional, que literalmente dice: “No se aplicarán leyes o disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones derechos y garantías establecidas en esta constitución si los disminuyen, restringen o tergiversan”. La Notificación defectuosa efectuada por la Receptora de la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán en fecha 16 de mayo del 2018, con respecto a la sentencia de 3 de mayo del 2018, no está revestida de legalidad por falta de personalidad del notificado atribuyéndosele una condición que no tiene y omitiendo notificar a quien si tiene y ostenta la representación procesal como defensor del compareciente. Considera que también se ha violentado su Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 Constitucional, manifestando que si bien es cierto la notificación es el acto más simple del proceso, no es menos cierto que este acto es relevante y significativo, por cuanto es el medio que abre el camino para interponer los recursos que el que se considera agraviado por una resolución judicial puede interponer el o los recursos que considere necesarios para salvaguardar sus intereses, en relación a lo que se ventila judicialmente y cuando se notifica de una resolución a una persona distinta de la que debió hacerse por no ostentar la notificación legal al notificado o bien si siendo parte del proceso ostentan una representación distinta y contrapuesta a la que se le atribuye la notificación carece de validez, como el caso concreto que nos ocupa. Además se ha vulnerado el Debido Proceso contenido en el artículo 90 Constitucional, que al referirse a las formalidades se está considerando que todos los actos sin excepción alguna deben efectuarse conforme a lo que establece la ley y la notificación debe hacerse al interesado o bien a quien ostenta la representación legal en el proceso, en este caso debió notificarse a su defensor al Abogado REIMUNDO VELÁSQUEZ de la resolución supra aludida en los numerales que anteceden, señalando que el abogado que fue notificado no es su defensor, sino su acusador privado. CONSIDERANDO (5) Que el Tribunal de Alzada mediante su resolución deja establecidos los hechos que motivaron la presentación de Requerimiento Fiscal contra el señor JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES por suponerlo responsable del delito de Amenazas en perjuicio del señor GUSTAVO ENRIQUE BUESO JACQUIER además de los antecedentes, la expresión de agravios y de la resolución recurrida, apreciando que el Ad quem en el párrafo que corresponde de la motivación, describe los medios de prueba aportados y evacuados por las partes en conflicto, medios de prueba que al ser relacionados por la corte de Apelaciones permitió llegar a la conclusión que existe indicio racional de que el señor Bueso Jacquier fue amenazado, en consecuencia denegó el recurso de apelación dictada por el A quo. CONSIDRANDO: (6) Que la notificación son actos jurídicos procesales que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes y a otras personas a quienes se refieran o puedan perjudicar una resolución judicial, según lo dispuesto en el Código de Procesal Penal en su artículo 151 que literalmente dispone: “La Notificación de las resoluciones. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales se notificarán, de oficio personalmente, a todos los intervinientes a más tardar el día siguiente al de su fecha. De no ser esto posible, las notificaciones se harán por medio de cédulas o de edictos…. Por su parte el artículo 152 del mismo Código, en cuanto al lugar en que deben hacerse las notificaciones establece: “Las notificaciones a los apoderados legales de las partes se harán en el asiento del órgano jurisdiccional o en el lugar que hayan señalado para tal efecto. En éste último caso, la notificación se hará por medio de cédula, que será entregada a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en el indicado lugar. Si nadie se encuentra en el mismo o quien se encuentre se niega a recibir la cédula, ésta se fijará en la puerta del acceso principal del referido lugar. De estas diligencias se dejará constancia en los correspondientes autos, las que serán firmadas por el notificante y por la persona que haya recibido la cédula, en su caso. El objetivo de practicar tales notificaciones es para que la resolución produzca los efectos que le son propios, garantizando a las partes el derecho a recurrir si considera que aquella resolución le es adversa a sus intereses; Para ello es necesario que las notificaciones se realicen de acuerdo a los presupuestos señalados en la ley. El acto de la falta de notificación, omisión o notificación irregular, produce que las partes no pueden darse por enteradas de tal resolución, ni hacer uso del derecho a recurrir, ni podrán adquirir éstas el carácter de firmes. Uno de los presupuestos que deben concurrir cuando es notificada a las partes una resolución judicial, es el levantamiento de acta o constancia que firma éste, junto con el notificado, dando Fe, refrendando su firma, de haber realizado tal diligencia. Siguiendo este orden de ideas, el acto jurídico procesal de la notificación, es imprescindible para juzgar rectamente porque como paso previo es necesario, dotar de seguridad jurídica y ordenar adecuadamente los actos procesales que conforman el Proceso Debido a que todos tienen derecho, para que no se produzca la indefensión de ninguna de las partes. La fe pública judicial es la potestad del Estado que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los actos procesales (derivados del órgano judicial o producidos por las partes del proceso o quienes tengan interés legítimo), en cuya virtud se establece la presunción de veracidad de aquellas actuaciones autorizadas por el Secretario Judicial, que solo puede ser destruida mediante prueba en contrario. CONSIDERANDO: (7) Que consta en autos que se ha omitido la notificación al abogado Defensor del Recurrente, habiéndose notificado al abogado Acusador Privado RENE ADAN TOME ROSALES, de la resolución de fecha tres de mayo del año dos mil dieciocho, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, (Folio 152 de la primera pieza de autos) en consecuencia la parte acusada, representada por el Abogado Defensor Público JOSÉ REIMUNDO VELÁSQUEZ, quedó en estado de indefensión en el momento en que la autoridad judicial lo da por notificado, sin observar el error en que se incurrió al momento de la misma. La falta de notificación implica vulneración al debido proceso y al derecho de defensa del acusado, puesto que del conocimiento que tenga de la resolución (sin notificar) dependerá el rumbo que se dé al proceso, en cuanto a las actuaciones procesales que les convengan a sus intereses. CONSIDERANDO: (8) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo al estudio realizado se aprecia que se han quebrantado formalidades, exigencias de la ley, que al dejar de cumplirse le niegan el derecho a la Defensa y a una tutela judicial efectiva al recurrente. CONSIDERANDO: (9) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE RAMÓN LAMONTHE ROSALES, a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, que notifica la resolución de fecha tres de mayo del dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. -NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0025-2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL