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Sentencia AP-224-19 — Registro 11894

Resumen

Resolución que declaró ha lugar recurso de apelación contra sobreseimiento provisional dictado con relación a la causa instruida contra impetrantes por suponerlos responsables de los delitos de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, Cultivo de Plantas Estupefacientes, Tenencia y Almacenamiento de Arma de Fuego y Posesión de Partes de Plantas Estupefacientes en perjuicio del señor Fernando Javier Fuentes Cantarero, la Seguridad Interior y la Salud de la Población del Estado de Honduras, respectivamente. Argumentando recurrentes en relación a elementos que produjeron vicios de nulidad de la audiencia inicial y sobreseimiento provisional, referente a convalidación de diligencia de allanamiento realizado y orden de detención preventiva

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco (25) de enero dos mil diecinueve (2019), que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus Derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. Tal es así que la Corte de Apelaciones concluye no habían transcurrido más de veinticuatro (24) horas, desde la detención de los encausados, en consonancia con lo establecido en el Artículo 176 de la Norma Procesal vigente, siendo procedente la convalidación solicitada tanto de la orden de detención, como el allanamiento practicado en la vivienda de los encausados. Además, que aprecia vicios en el procedimiento, al haberse celebrado una audiencia inicial sin ajustarse a lo que establece la norma procesal aplicable sobre el desarrollo de dicha audiencia, siendo lo procedente declarar la nulidad de la audiencia inicial, así como las actuaciones que se deriven directamente de la referida audiencia; a efecto que se celebre nuevamente con las formalidades y garantías ya determinadas por el legislador. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de marzo de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DINABEL LOPEZ DURON, a favor de los Señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veinticinco (25) de enero dos mil diecinueve (2019), que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra los Señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, CULTIVO DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES, TENENCIA Y ALMACENAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y POSESIÓN DE PARTES DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES en perjuicio del Señor FERNANDO JAVIER FUENTES CANTARERO, LA SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 84, 90 Y 99 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, el Abogado LENIN DAVID RAMOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, CULTIVO DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES, TENENCIA Y ALMACENAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y POSESIÓN DE PARTES DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES en perjuicio del Señor FERNANDO JAVIER FUENTES CANTARERO, LA SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. (Folios 1–55 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado emitió Auto en la Solicitud planteada por el Agente Fiscal Abogado Lenin David Ramos en la cual Resolvió: “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR, la solicitud planteada por el Fiscal del Ministerio Publico de Convalidar la Orden de Detención Preventiva ordenada preliminarmente por el Fiscal del Ministerio Publico; así como también se declara NO HA LUGAR la solicitud de Convalidación de Allanamiento de Morada, Registro e Inspección practicada a la vivienda de los Señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM; en virtud de considerar este Tribunal que tanto la Detención Preventiva como el Allanamiento de Morada efectuados, no se realizaron conforme a las normas procedimentales del derecho; ya que el ente Fiscal del Ministerio Publico debió solicitar la Convalidación de la Detención Preventiva y Orden de Allanamiento de Morada, al Tribunal dentro del termino de las Veinticuatro horas subsiguientes a la realización de las mismas.- SEGUNDO: Se Declaran Totalmente Nulas las actuaciones preliminares realizadas por el Ministerio Publico, consistentes en la Detención Preventiva y Allanamiento de Morada realizados en fecha Veinte de Junio del año Dos Mil Dieciocho; en virtud de considerar este Tribunal que el termino de flagrancia o investigación del hecho que fuera de manera compleja por el tipo de delito que se trata, ya que se encontraba precluido, debido a que los hechos que dan inicio a la investigación ocurrieron en fecha Diecisiete de Junio del año Dos Mil Dieciocho, a las 3:00 de la madrugada.-” (Folios 75-78 de la pieza del A-Quo) 3) Que continuando con el procedimiento en fecha veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018), en la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado Resolvió: Siendo el momento procesal oportuno en esta Audiencia y como consta en el auto que corre a foliaje judicial del folio setenta y cinco (75) frente a folio setenta y ocho (78) vuelto, este Tribunal procedió a declarar no ha lugar la solicitud presentada por el ente fiscal del Ministerio Público de convalidar las ordenes de prisión preventiva y la convalidación de allanamiento de morada.- En este acto las partes se han podido notificar de la presente resolución y en cuanto a la misma este Tribunal, no habiendo prueba que aportar en la presente audiencia por ahora, en vista de que al estar viciado el Allanamiento de Morada todos los actos serian viciados.- En conclusión, este Tribunal tiene a bien dictar un Sobreseimiento Provisional a favor de los señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS y SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA; También se dicta una Sobreseimiento Provisional a los señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA RAMOS por suponerlos responsables del delito CULTIVO DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES (MARIHUANA); Se dicta un sobreseimiento provisional a favor del señor SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS por el delito de TENENCIA Y ALMACENAMIENTO DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL; y al señor SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM por el delito de POSSION DE PARTES DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES (MARIHUANA) Y ACTOS PREPARATORIOS CONDUCENTES PARA EL TRAFICO ILICITO DE DRGOGAS EN CONCURSO REAL; en virtud que el Tribunal ya se ha pronunciado en auto debidamente motivado.- Por lo cual extiéndase las respectivas cartas de libertad provisional a los imputados por los delitos antes mencionados y se libre atento oficio al centro penal de esta ciudad de Olanchito, Yoro para que sean puestos en inmediata libertad.- Manifestándoles a las partes que tienen el derecho a interponer los recursos de apelación respectivos mediante las formalidades y bajo los términos que ya señala la Ley.” (Folio 83 de la pieza del A-Quo) 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados LENIN DAVID RAMOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, y JEANNINE ISABEL HANDAL KAWAS, en su condición de Defensora Publica de los imputados, en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019), la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LENIN DAVID RAMOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y personado ante ésta instancia el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, también como Fiscal del Ministerio Público y parte Apelante-Apelado, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, el día veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la causa que se sigue contra los señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS Y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM. SEGUNDO: REVOCAR, la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho. TERCERO: Declarar HA LUGAR la solicitud de CONVALIDACION de la medida cautelar de Detención Preventiva, practicada y ordenada por el Ministerio Público y la convalidación del Allanamiento de morada, registro e inspección también autorizado por el Ministerio Público y practicado el veinte de junio de dos mil dieciocho. Teniendo por convalidadas las actuaciones preliminares antes indicadas. CUARTO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JEANNINE ISABEL HANDAL KAWAS, en su condición de Defensora Pública y parte Apelante-Apelada, contra la resolución dictada el día veintiséis de junio de dos mil dieciocho. QUINTO: Declarar NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES de la Audiencia Inicial celebrada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dejando sin valor ni efecto el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de los encausados y demás actuaciones que se deriven de ésta. SEXTO: ORDENAR a la Juez A-quo, el señalamiento de día, fecha y hora para la celebración de nueva Audiencia Inicial, citando a las partes con las formalidades establecidas en la norma procesal penal vigente, la que sustanciara respetando el debido proceso y demás principios que rigen el proceso penal.” (Folios 7–16 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que la Abogada DINABEL LOPEZ DURON, compareció ante este Tribunal en fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM, contra la Resolución de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 84, 90 y 99 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 del Presente Recurso) 6) Que en fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 29 del Presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo interpuesta por la Abogada DINABEL LOPEZ DURON, a favor de los Señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM, se dirige contra la Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco (25) de enero dos mil diecinueve (2019), que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra los Señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM por suponerlos responsables de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, CULTIVO DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES, TENENCIA Y ALMACENAMIENTO DE ARMA DE FUEGO y POSESIÓN DE PARTES DE PLANTAS ESTUPEFACIENTES en perjuicio del Señor FERNANDO JAVIER FUENTES CANTARERO, LA SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente, Abogada DINABEL LOPEZ DURON, compareció ante este Tribunal en fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores SALVADOR ELIAS MARZUCA RAMOS, SAMIR EDUARDO MARZUCA RAMOS y SALVADOR CONSTANTINO MARZUCA HASBUM, contra la Resolución de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 84, 90 y 99 de la Constitución de la República, ya que en el caso que nos ocupa no podemos decir que los imputados estaban in-fraganti, en tal virtud; todo lo que se derive de esas actuaciones están viciadas, por lo cual debió sobreseerse definitivamente la causa. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco (25) de enero dos mil diecinueve (2019), que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), se aprecia en la misma, que el A quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus Derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. Tal es así que la Corte de Apelaciones concluye no habían transcurrido más de veinticuatro (24) horas, desde la detención de los encausados, en consonancia con lo establecido en el Artículo 176 de la Norma Procesal vigente, siendo procedente la convalidación solicitada tanto de la orden de detención, como el allanamiento practicado en la vivienda de los encausados. Además, que aprecia vicios en el procedimiento, al haberse celebrado una audiencia inicial sin ajustarse a lo que establece la norma procesal aplicable sobre el desarrollo de dicha audiencia, siendo lo procedente declarar la nulidad de la audiencia inicial, así como las actuaciones que se deriven directamente de la referida audiencia; a efecto que se celebre nuevamente con las formalidades y garantías ya determinadas por el legislador. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una ultima instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o mas allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha diez de marzo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-224-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL