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Sentencia AP-213-20 — Registro 13514

Resumen

Otorgamiento de acción de amparo en relación a abstención de declaración de ofendida en relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de Privación Injusta de la Libertad de otros y Violencia intrafamiiar en Audiencia de Prueba Anticipada consistente en la declaración de víctima,a criterio de recurrente al abstenerse Ad quem de no aplicar el procedimiento prevenido en el artículo 229 del Código Procesal Penal, frente a la abstención injustificada a declarar por parte de ofendida

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El tribunal de alzada decidió otorgar por unanimidad de votos el amparo de mérito, luego de considerar que hubo violación al debido proceso y derecho de defensa. La Honorable Corte de Apelaciones estimó los extremos siguientes: “CONSIDERANDO…… Que al consultar el antecedente, la compareciente a la audiencia de fecha nueve de diciembre del dos mil diecinueve, con ocasión a la toma de la declaración bajo la modalidad de prueba anticipada, la señora JOYLIN JASIEL LOPEZ CASTRO, una vez que fue juramentada por el Juez y Secretario, es interrogada por el Juez “si con el imputado son pareja, ella responde que es su Ex pareja”; es decir, bajo un concepto legal como el regulado en el artículo 228 del Código Procesal Penal, no es conyugue con el acusado, por lo tanto no le aplica la dispensa contenida en el artículo 228 del Código Procesal Penal, iniciando desde ahí la infracción a la formalidad que señala la normativa penal para los ciudadanos o para quienes la ley no les asigna algún tipo de dispensa o consideración especial por su condición social o física, por lo que el a-quo debió después del proceso que advierte la norma, ordenar motivadamente la declaración de la testigo; advirtiendo esta Corte, además de violentar un procedimiento, incluyente del Debido Proceso, también violenta el derecho-obligación del accionante en su condición de gestor de la investigación y coordinación de la acción penal publica, de defender su tesis ante los tribunales de justicia, quebrantándosele el derecho a la defensa y a grandes riesgos el principio acusatorio, sin duda alguna se descubre una infracción profunda al Debido Proceso al no seguir el juez, el procedimiento señalado por la ley para recepcionar la declaración del testigo que se niega a declarar; por lo que toca a la justicia constitucional el restablecimiento del orden jurídico constitucional, al apreciar violación de derechos fundamentales como los expuestos, deberá restituirse al accionante en el goce de la garantía del debido proceso en la actividad de la prueba anticipada, ordenando el a-quo mediante auto motivado la declaración de la testigo-victima Joylin Jasiel Lopez Castro” CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional emite las siguientes valoraciones en cuanto a su objeto de tutela. La Sala observa que los considerandos de la sentencia guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Que tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por la recurrente, por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala, a través del recurso de amparo, podrá revisar esa actividad jurisdiccional, siendo así las cosas, esta Sala no encuentra un pronunciamiento debidamente motivado por parte del A-quo, que exprese en forma clara y terminante por qué se abstiene de no aplicar el procedimiento prevenido en el artículo 229 del Código Procesal Penal, frente a la abstención injustificada a declarar por parte de la señora López Castro, por lo que se concibe como arbitraria la decisión del referido órgano jurisdiccional. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta, mediante la cual se ha otorgado el amparo interpuesto, por vulneración de los derechos fundamentales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa invocados por la recurrente"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, contra la resolución de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor LUIS RENAN RODRIGUEZ GIRON, por suponerlo responsable del delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD DE OTRO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de JOYLIN JASIEL LOPEZ CASTRO.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82 Y 90 comprendidos en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) la Abogada CLAUDIA MARIA SUAZO QUAN, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentó requerimiento Fiscal contra el señor LUIS RENAN RODRIGUEZ GIRON, por suponerlo responsable del delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD DE OTRO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de JOYLIN JASIEL LOPEZ CASTRO.-(Folio 01 al 02 de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en Audiencia de Prueba Anticipada consistente en la declaración de la víctima YOILIN JASIEL LOPEZ CASTRO, se abstuvo de no aplicar el procedimiento prevenido en el artículo 229 del Código Procesal Penal, frente a la abstención injustificada a declarar por parte de la señora LOPEZ CASTRO.- (Folio 31 de la pieza del Juzgado) 3)Que en fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019),dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua.-(Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado) 4) Que en fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLÓ: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, contra la resolución de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua.- (Folio 12 al 17 de la pieza de Corte de Apelaciones) 5) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación del derecho al debido proceso legal, contenido en el artículo 90. Expresa la recurrente, que existe violación al debido proceso por parte del juzgado denunciado, porque el Juez al no aplicar las normas que establece el Código Procesal Penal, respecto a los testigos que se nieguen a declarar y que se encuentra contenida en el artículo 229 del Código Procesal Penal, incurre en una falencia judicial al apartarse de del procedimiento que establecen los artículos 226 y 229 del cuerpo legal supracitado, y que debió de haber saneado la diligencia realizada de forma imperfecta, por lo que para rectificar dicho error tendría que haber convocado a nueva audiencia de prueba anticipada, solicitud de saneamiento que fue declarada Sin lugar por parte del A-quo, por considerar el Juzgador; que ante la negativa de la ofendida en declarar, ese órgano judicial no puede forzarla hacerlo, pues de realizarlo implicaría ir mas allá de sus funciones. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua, que sirvió de base para su decisión de otorgar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió otorgar por unanimidad de votos el amparo de mérito, luego de considerar que hubo violación al debido proceso y derecho de defensa. La Honorable Corte de Apelaciones estimó los extremos siguientes: “CONSIDERANDO…… Que al consultar el antecedente, la compareciente a la audiencia de fecha nueve de diciembre del dos mil diecinueve, con ocasión a la toma de la declaración bajo la modalidad de prueba anticipada, la señora JOYLIN JASIEL LOPEZ CASTRO, una vez que fue juramentada por el Juez y Secretario, es interrogada por el Juez “si con el imputado son pareja, ella responde que es su Ex pareja”; es decir, bajo un concepto legal como el regulado en el artículo 228 del Código Procesal Penal, no es conyugue con el acusado, por lo tanto no le aplica la dispensa contenida en el artículo 228 del Código Procesal Penal, iniciando desde ahí la infracción a la formalidad que señala la normativa penal para los ciudadanos o para quienes la ley no les asigna algún tipo de dispensa o consideración especial por su condición social o física, por lo que el a-quo debió después del proceso que advierte la norma, ordenar motivadamente la declaración de la testigo; advirtiendo esta Corte, además de violentar un procedimiento, incluyente del Debido Proceso, también violenta el derecho-obligación del accionante en su condición de gestor de la investigación y coordinación de la acción penal publica, de defender su tesis ante los tribunales de justicia, quebrantándosele el derecho a la defensa y a grandes riesgos el principio acusatorio, sin duda alguna se descubre una infracción profunda al Debido Proceso al no seguir el juez, el procedimiento señalado por la ley para recepcionar la declaración del testigo que se niega a declarar; por lo que toca a la justicia constitucional el restablecimiento del orden jurídico constitucional, al apreciar violación de derechos fundamentales como los expuestos, deberá restituirse al accionante en el goce de la garantía del debido proceso en la actividad de la prueba anticipada, ordenando el a-quo mediante auto motivado la declaración de la testigo-victima Joylin Jasiel Lopez Castro” CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional emite las siguientes valoraciones en cuanto a su objeto de tutela. La Sala observa que los considerandos de la sentencia guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Que tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por la recurrente, por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala, a través del recurso de amparo, podrá revisar esa actividad jurisdiccional, siendo así las cosas, esta Sala no encuentra un pronunciamiento debidamente motivado por parte del A-quo, que exprese en forma clara y terminante por qué se abstiene de no aplicar el procedimiento prevenido en el artículo 229 del Código Procesal Penal, frente a la abstención injustificada a declarar por parte de la señora López Castro, por lo que se concibe como arbitraria la decisión del referido órgano jurisdiccional. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta, mediante la cual se ha otorgado el amparo interpuesto, por vulneración de los derechos fundamentales del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa invocados por la recurrente. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, contra la resolución de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor LUIS RENAN RODRIGUEZ GIRON, por suponerlo responsable del delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD DE OTRO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de JOYLIN JASIEL LOPEZ CASTRO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para la debida restitución de los derechos conculcados y demás efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0213=2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”