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Sentencia AP-212-19 — Registro 11023

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y revoca auto de formal procesamiento decretado por juzgado de primera instancia contra imputado por suponerlo responsable de delito de violación especial en perjuicio de menor de edad, se le impuso medida cautelar de prisión preventiva; en apelación se dictó sobreseimiento provisional contra imputado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la decisión del A Quo fue recurrida en apelación por parte de la defensa del imputado ante la Corte de Alzada, la cual dictó resolución en fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, revocando el auto de formal procesamiento en referencia, y dictando un sobreseimiento provisional a favor del imputado..."..."conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada consideró, que el juez no realizó una valoración armónica y conjunta de la prueba, y que de haberlo hecho hubiese resultado que la supuesta ofendida tenia mal comportamiento, que la madre la ha encontrado con el novio en acto inmorales en fechas anteriores, así como su incoherencia con el dictamen y las rupturas antiguas; considera la alzada que el argumento de la recurrente va más allá de armonía y conjunción de la prueba, es un tema de reglas de valoración probatoria, reglas de la sana critica, pues si la declaración de la menor señala que el último acto de violación del que fue víctima por parte del acusado fue a las seis de la tarde del día 12 de octubre del 2018, resulta incoherente con el dato de la denuncia, que aparece fechada para el mismo día a las 17.30pm o sea a las 5:30 de la tarde, en un lugar distinto de la Aldea Tierra Blanca de municipio de la Trinidad Comayagua..."..."esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.-Hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República..."..."es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas..."..."en el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, cuestionando la forma en la que se ha valorado la prueba por parte del Tribunal Ad Quem, y censurando—con escasos argumentos—el valor otorgado por la Alzada a la declaración del ofendido.-Sin duda que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba..."..."es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.-No obstante, como también lo ha sostenido esta Sala, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso..."..."en el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas e insuficientes para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal.-Esta Sala advierte que en el asunto objeto de examen, el Tribunal de Alzada basó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en contra del imputado por el delito de Apropiación Indebida, en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual conduce razonablemente a considerar que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de las subsiguientes etapas que conforman el mismo..."..."esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver.-La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. -En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, unicipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en siete de noviembre de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor LORENZO MACHADO ULLOA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de M. N. V. R..-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada MIRIAM YESSENIA BARAHONA ORDOÑEZ actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor LORENZO MACHADO ULLOA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de M. N. V. R..- 2) Que en fecha en siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la continuación de la audiencia inicial, el Juzgado de Letras DECLARA: PRIMERO: Se decreta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el imputado LORENZO MACHADO ULLOA por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la menor CERTIFICACION N. V.. SEGUNDO: Se le decreta al imputado LORENZO MACHADO ULLOA la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA. TERCERO: Se declara SIN LUGAR lo peticionado por la defensa privada en cuanto a que se le dicte un sobreseimiento provisional a favor de su representando. (Folios del 26 al 38 de la pieza de la primera pieza de antecedentes). -3) Que en fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado la defensa privada contra el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO decretado contra el acusado LORENZO MACHADO ULLOA, por el supuesto delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la joven M. N. V. R..- EN CONSECUENCIA: SE REVOCA el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO decretado Y SE DICTA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL contra el acusado LORENZO MACHADO ULLOA, que el a-quo por ende debe hacer ampliación del INSTRUCTIVO PARA LA RESOLUCION DEFINITIVA DE CASOS DONDE HAYA DECRETADO SOBRESEIMIENTOS PROVISIONALES, dictados por la Corte Suprema de Justicia en interpretación del artículo 295 del Código Penal. (Folios 08 al 104 de la segunda pieza de antecedentes). -4) El recurrente Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de mazo del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha doce de junio del año dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizada la presente acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del despacho conforme lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO: Que la garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que la acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.-CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO: Que a la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA, SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO: Que el acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución emitida en fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, la cual se denuncia ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso en perjuicio del Estado de Honduras. -CONSIDERANDO: Que la resolución impugnada decidió declarar ha lugar un recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor LORENZO MACHADO ULLOA contra el auto de formal procesamiento emitido por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua en fecha siete de noviembre del año dos mil dieciocho, que determino dictar un sobreseimiento provisional a favor del referido imputado por el delito de Violación en perjuicio de M. N. V. R.-CONSIDERANDO: Que la intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto se inicia con la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, ante el ya mencionado Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, en contra del señor LORENZO MACHADO ULLOA, a quien se imputó la comisión del delito de VIOLACION.-CONSIDERANDO: Que en audiencia inicial celebrada ante el juzgado de instancia, se decidió un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado, al estimar el juzgador que según lo manda el artículo 294 del Código Procesal Penal solo se requiere una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver la probable realización del hecho que se imputa sobre su relevancia jurídica penal y la probabilidad de la participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de la medida cautelar, por lo que el juzgador encuentro un mínimo indicio racional de la participación a título de autor del ahora imputado, imponiendo el respectivo auto de formal procesamiento. -Como ya queda dicho, la decisión del A Quo fue recurrida en apelación por parte de la defensa del imputado ante la Corte de Alzada, la cual dictó resolución en fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, revocando el auto de formal procesamiento en referencia, y dictando un sobreseimiento provisional a favor del imputado.-SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.-CONSIDERANDO: Que conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada consideró, que el juez no realizó una valoración armónica y conjunta de la prueba, y que de haberlo hecho hubiese resultado que la supuesta ofendida tenia mal comportamiento, que la madre la ha encontrado con el novio en acto inmorales en fechas anteriores, así como su incoherencia con el dictamen y las rupturas antiguas; considera la alzada que el argumento de la recurrente va más allá de armonía y conjunción de la prueba, es un tema de reglas de valoración probatoria, reglas de la sana critica, pues si la declaración de la menor señala que el último acto de violación del que fue víctima por parte del acusado fue a las seis de la tarde del día 12 de octubre del 2018, resulta incoherente con el dato de la denuncia, que aparece fechada para el mismo día a las 17.30pm o sea a las 5:30 de la tarde, en un lugar distinto de la Aldea Tierra Blanca de municipio de la Trinidad Comayagua.-El Tribunal de Alzada consideró que no queda la duda para esta alzada, que la evaluación física medica practicada a la menor describe como hallazgos “Himen de orificio único con rupturas antiguas, a las I, II, II horas de la manecilla del reloj, área extra genital contusión simple, equimosis en ambos miembros inferiores compatibles por los producidos por cuerpo y objeto romo; lo que denota que por la edad de la menor esta ha mantenido relaciones sexuales, antes de los diez días de la evaluación, sin embargo dicha dictaminación no genera indicios racionales de participación contra el imputado sino meras sospechas contra el mismo, dada la vinculación familiar entre la supuesta víctima y el imputado, y teniendo en cuenta los datos aportados por la prueba de descargo, entre ellas la madre de la menor quien declara sobre la conducta de su hija y la relación que mantiene con su novio quien le nomina en su declaración, estos elementos extraen al acusado del indicio racional de participación en el hecho que se le imputa ,corresponde en el caso de autos, el dictado de un sobreseimiento provisional a favor del acusado.-SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA RECURRENTE.-CONSIDERANDO: Que para el impetrante la Corte de Apelaciones ha hecho una valoración errónea de las pruebas, cuestionando asimismo que la apreciación de las pruebas por parte de la Corte de Apelaciones constituye una transgresión a los parámetros de valoración, ya que la información que extrae del testimonio de la víctima es incorrecta, por lo que el razonamiento jurisdiccional es contradictorio y no deriva de lo que informa la prueba, incurriendo así en un defecto del razonamiento que opera en la decisión judicial.-Al explicar la violación constitucional en la que según el impetrante incurrió la Alzada, señala que la valoración en conjunto de las fuentes de prueba informa adecuadamente de la existencia de participación del señor MACHADO ULLOA en el delito de Violación Especial que se le imputa, además el recurrente numera que al examinar el conjunto probatorio, se pueden encontrar los indicios de participación del procesado, no encontrando supuestos para que se haya decretado el Sobreseimiento Provisional. -RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO: Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.-Hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que también es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, cuestionando la forma en la que se ha valorado la prueba por parte del Tribunal Ad Quem, y censurando—con escasos argumentos—el valor otorgado por la Alzada a la declaración del ofendido.-Sin duda que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba.-CONSIDERANDO: Que como debería saberlo el recurrente, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, que es un sistema que procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico, siendo impropias—y además desatinadas—las aseveraciones del recurrente en cuanto a que la declaración de la víctima deba desecharse por tener éste un “interés” en la causa. -Este tipo de afirmaciones sugieren un desconocimiento del principio que citamos, que conlleva a que la valoración, al serle propia al juzgador, le debe permitir establecer la credibilidad que le merezca uno, dos o más testimonios, resultando de por sí indiferente el número de medios probatorios que logren formar su convicción, siempre que esta valoración se haga dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, acatando las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador.-CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.-No obstante, como también lo ha sostenido esta Sala, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO: Que en el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas e insuficientes para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal.-Esta Sala advierte que en el asunto objeto de examen, el Tribunal de Alzada basó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en contra del imputado por el delito de Apropiación Indebida, en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual conduce razonablemente a considerar que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de las subsiguientes etapas que conforman el mismo.-CONSIDERANDO: Que así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver.-La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. -En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, de la cual se ha hecho mérito y por las razones que se han dejado aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de Octubre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0212-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200