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Sentencia AP-211-20 — Registro 13513

Resumen

la cual deniega la procedencia de seguir la causa por el procedimiento abreviado (procedimiento expedito de delitos en flagrancia), en virtud de que el ente Fiscal es del criterio que el tipo de delitos por el cual presenta requerimiento fiscal reúne los requisitos para seguir ese procedimiento especial.considerando la Sala Constitucional reformar Por Tanto en el sentido de denegatoria debiéndose leer

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que analizada la acción de amparo y sus antecedentes, sí como la resolución venida en consulta, esta Sala aprecia que ciertamente el Ente Acusador solicitó al Juez de Primera instancia se conociera el proceso instruido contra el señor CRUZ EUCEDA RUBI, por la vía del procedimiento expedito, el cual fue denegado, de donde resulta la presente acción de amparo, sin embargo el proceso continuó mediante el procedimiento ordinario, es así que en la audiencia inicial finaliza mediante sobreseimiento definitivo, de lo que resulta que se emprende la acción de Amparo después del acto realizado en el proceso ordinario contra el cual el impetrante no hizo uso de la acción recursiva, adquiriendo certeza el mismo, lo que implica que el acto fue consentido por la agraviada, en ese orden de ideas la resolución dictada por el A quo es firme, de tal manera que se ha consumado de modo irreparable. Todo ello da lugar a las causas de inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 Nos. 3 y 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (9): Que en la resolución conocida en consulta, el Ad quem deja establecido con argumentación clara y suficiente en Derecho, si bien esta Sala, concuerda con el razonamiento utilizado por el Ad quem, en el que apreció las causas de inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 Nos. 3 y 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y sobe ellas se pronunció, no está de acuerdo con el POR TANTO de la resolución impugnada que RESUELVE DENEGAR la acción de amparo, cuando lo que corresponde en derecho, de acuerdo al artículo 46 último párrafo de la citada Ley Sobre Justicia Constitucional es el sobreseimiento de las diligencias de mérito, precisamente por haber apreciado causas de inadmisibilidad de la acción de amparo. En consecuencia esta sala REFORMA la sentencia vista en consulta en cuanto al POR TANTO, que deberá leerse de la siguiente manera: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en nombre del Estado de Honduras y bajo la competencia establecida en el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y atribuida a las Cortes de Apelaciones, haciendo aplicación de los artículos 1, 37 No. 4, 59, 80, 183, 303 reformado, 321, 323 de la Constitución de la república de Honduras, 1, 2, 3, 10 No.2, 41 No. 1, 42, 43, 45, 46 No. 3 y 5; resuelve, último párrafo; RESUELVE SOBRESEER, la acción de amparo de la que se ha hecho mérito."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de octubre del dos mi veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que Denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor CRUZ EUCEDA RUBI, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y OTROS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 80, 82, 90 y 321 comprendido en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua.-(Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLÓ: DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua.- (Folio 14 al 20 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, departamento de Comayagua, en fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, que otorga el recurso presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras de Letras de la misma Sección Judicial, en relación a la Causa instruida contra el señor CRUZ EUCEDA RUBI, por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMECIAL Y OTROS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (3): Que el Ad quem en los antecedentes procesales de su resolución señala que la recurrente interpone la acción de amparo impugnando la resolución dictada por el A quo mediante la cual deniega la procedencia de seguir la causa por el procedimiento abreviado (procedimiento expedito de delitos en flagrancia), en virtud de que el ente Fiscal es del criterio que el tipo de delitos por el cual presenta requerimiento fiscal reúne los requisitos para seguir ese procedimiento especial. Manifiesta que interpuesto el recurso de reposición este fue denegado, señalando el recurrente que se encuentran dentro del término establecido por la ley para interponer la acción de amparo. Para el recurrente la resolución impugnada violenta el principio Derecho Constitucional al Debido Proceso, plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República, señalando que de dicho precepto se coligen las siguientes situaciones: 1) Que el juzgamiento de una persona debe efectuarse con respeto absoluto de las formalidades legalmente establecidas. 2) Que ese juzgamiento al que hacemos referencia deben respetar los derechos que le asiste al procesado, bajo ese entendido podemos señalar que la resolución irrespeta dos formalidades que le están indicadas en la norma procesal penal, la primera contrasta con la formalidad legal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal que previene las excepciones, es decir los casos en que no se puede aplicar el procedimiento expedito. El recurrente señala que el A quo desestima la aplicación del procedimiento en flagrancia, por tratarse de dos delitos, uno de ellos de investigación compleja, sin explicar en qué consiste esa complejidad. Señalando que a su criterio no existe tal complejidad y el Ministerio Público tiene los medios de prueba para hacerlos llegar al Juez en el tiempo que señala la ley. -CONSIDERAND (4): Que el Ad quem en la resolución de mérito en la parte conducente señala: “La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que éste haya tenido conocimiento de la acción u omisión que a su juicio, le perjudique o pueda perjudicarle”, el planteamiento de la acción en el extremo del término que establece la indicada ley, pudiera generar, causas de inadmisión de la acción, como las indicadas en los numerales 3 y 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en el segundo de los casos establece “contra los actos consumados de modo irreparable”, en la acción de estudio, según la consulta de los antecedentes, la acción de amparo fue planteada el 11 de febrero del 2010, contra la decisión del A quo que había ordenado la continuación del proceso mediante la vía ordinaria, posterior a la audiencia inicial, que se llevó a cabo el tres (3) de febrero del 2010, culminando en esa fecha con el sobreseimiento definitivo a favor del encartado.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem deja establecido en su resolución que sin perjuicio de la resolución adoptada por el A quo en la mencionada audiencia, el auto cuestionado o sea el auto que deniega la tramitación por la vía del procedimiento de persecución de delito en flagrancia, resultara un acto consumado al emprender la acción de justicia constitucional, a posteriori del primer acto realizado en el proceso ordinario, sin perjuicio de que el Juez s haya saltado el acto de la declaración de imputado que señala el artículo 292 del Código Procesal Pena, como primer acto del procedimiento ordinario que ya hubiese decretado en el auto cuestionado mediante la presente garantía., que respecto a lo preceptuado en el artículo 46 No. 3 de la ley Sobre Justicia Constitucional, que señala “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo en los casos de proada imposibilidad de interposición de los recursos correspondientes”. Al respecto el Ad quem se pronuncia exponiendo: “que el Ministerio Público acudió a la audiencia inicial convocada por el A quo, siendo omiso en plantear acciones de incidentes de nulidad contra los actos de la etapa preparatoria, como lo advierte el artículo 167.1 del Código Procesal Penal y en todo caso bajo las causas enunciadas en el artículo 166 del mismo código. Por lo expuesto el Ad quem aprecia la existencia de una causa de improcedencia de la acción de amparo planteada.- CONSIDEANDO (6): Que el Ad quem respecto a la falta de motivación de la resolución judicial, invocada por la recurrente, se pronuncia, exponiendo “el Código Procesal penal tiene asignadas acciones de nulidad conforme el artículo 141 lo que pudo haber invocado en la primera 9audienci (audiencia inicial), y que si bien la motivación es una formalidad exigible a los autos y sentencias, al proveer la ley recursos o acciones ordinarias, deberá el accionante evacuar las mismas, para a posteriori, acudir a la justicia constitucional, para la defensa del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal de alzada, concluye: “que respecto a la tramitología dada a la causa, al instruirse su conducto por la vía del procedimiento ordinario, se garantiza de manera plena, sin limitación por razones temporales, los derechos procesales de las partes, por lo que sin perjuicio de lo proveído por el legislador en las normas procesales de adición (art. 440-A) y siguientes del Código Procesal Penal que pudiera abrazar una formalidad para el trámite del caso, lo dispuesto por el A quo no limita derechos humanos de las partes y sobre todo del accionante de la garantía, quien goza de manera plena de los derechos procesales constitucionales que devienen del principio acusatorio, propio para el Ministerio Público. En consecuencia resuelve DENEGAR la acción de amparo de la que se hizo mérito.-CONSIDERANDO (8): Que analizada la acción de amparo y sus antecedentes, sí como la resolución venida en consulta, esta Sala aprecia que ciertamente el Ente Acusador solicitó al Juez de Primera instancia se conociera el proceso instruido contra el señor CRUZ EUCEDA RUBI, por la vía del procedimiento expedito, el cual fue denegado, de donde resulta la presente acción de amparo, sin embargo el proceso continuó mediante el procedimiento ordinario, es así que en la audiencia inicial finaliza mediante sobreseimiento definitivo, de lo que resulta que se emprende la acción de Amparo después del acto realizado en el proceso ordinario contra el cual el impetrante no hizo uso de la acción recursiva, adquiriendo certeza el mismo, lo que implica que el acto fue consentido por la agraviada, en ese orden de ideas la resolución dictada por el A quo es firme, de tal manera que se ha consumado de modo irreparable. Todo ello da lugar a las causas de inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 Nos. 3 y 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (9): Que en la resolución conocida en consulta, el Ad quem deja establecido con argumentación clara y suficiente en Derecho, si bien esta Sala, concuerda con el razonamiento utilizado por el Ad quem, en el que apreció las causas de inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 Nos. 3 y 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y sobe ellas se pronunció, no está de acuerdo con el POR TANTO de la resolución impugnada que RESUELVE DENEGAR la acción de amparo, cuando lo que corresponde en derecho, de acuerdo al artículo 46 último párrafo de la citada Ley Sobre Justicia Constitucional es el sobreseimiento de las diligencias de mérito, precisamente por haber apreciado causas de inadmisibilidad de la acción de amparo. En consecuencia esta sala REFFORMA la sentencia vista en consulta en cuanto al POR TANTO, que deberá leerse de la siguiente manera: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en nombre del Estado de Honduras y bajo la competencia establecida en el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y atribuida a las Cortes de Apelaciones, haciendo aplicación de los artículos 1, 37 No. 4, 59, 80, 183, 303 reformado, 321, 323 de la Constitución de la república de Honduras, 1, 2, 3, 10 No.2, 41 No. 1, 42, 43, 45, 46 No. 3 y 5; resuelve, último párrafo; RESUELVE SOBRESEER, la acción de amparo de la que se ha hecho mérito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 No. 3, 5 y último párrafo, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO EL POR TANTO de la resolución venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, interesada por la abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de representante del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, que deberá leerse de la siguiente manera: RESUELVE SOBRESEER, la acción de amparo de la que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. -NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0211-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de octubre del dos mi veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que Denegó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVÓN RAMIREZ, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor CRUZ EUCEDA RUBI, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL Y OTROS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 80, 82, 90 y 321 comprendido en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua.-(Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLÓ: DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua.- (Folio 14 al 20 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, departamento de Comayagua, en fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, que otorga el recurso presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras de Letras de la misma Sección Judicial, en relación a la Causa instruida contra el señor CRUZ EUCEDA RUBI, por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMECIAL Y OTROS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (3): Que el Ad quem en los antecedentes procesales de su resolución señala que la recurrente interpone la acción de amparo impugnando la resolución dictada por el A quo mediante la cual deniega la procedencia de seguir la causa por el procedimiento abreviado (procedimiento expedito de delitos en flagrancia), en virtud de que el ente Fiscal es del criterio que el tipo de delitos por el cual presenta requerimiento fiscal reúne los requisitos para seguir ese procedimiento especial. Manifiesta que interpuesto el recurso de reposición este fue denegado, señalando el recurrente que se encuentran dentro del término establecido por la ley para interponer la acción de amparo. Para el recurrente la resolución impugnada violenta el principio Derecho Constitucional al Debido Proceso, plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República, señalando que de dicho precepto se coligen las siguientes situaciones: 1) Que el juzgamiento de una persona debe efectuarse con respeto absoluto de las formalidades legalmente establecidas. 2) Que ese juzgamiento al que hacemos referencia deben respetar los derechos que le asiste al procesado, bajo ese entendido podemos señalar que la resolución irrespeta dos formalidades que le están indicadas en la norma procesal penal, la primera contrasta con la formalidad legal establecida en el artículo 440-A del Código Procesal Penal que previene las excepciones, es decir los casos en que no se puede aplicar el procedimiento expedito. El recurrente señala que el A quo desestima la aplicación del procedimiento en flagrancia, por tratarse de dos delitos, uno de ellos de investigación compleja, sin explicar en qué consiste esa complejidad. Señalando que a su criterio no existe tal complejidad y el Ministerio Público tiene los medios de prueba para hacerlos llegar al Juez en el tiempo que señala la ley. -CONSIDERAND (4): Que el Ad quem en la resolución de mérito en la parte conducente señala: “La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que éste haya tenido conocimiento de la acción u omisión que a su juicio, le perjudique o pueda perjudicarle”, el planteamiento de la acción en el extremo del término que establece la indicada ley, pudiera generar, causas de inadmisión de la acción, como las indicadas en los numerales 3 y 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en el segundo de los casos establece “contra los actos consumados de modo irreparable”, en la acción de estudio, según la consulta de los antecedentes, la acción de amparo fue planteada el 11 de febrero del 2010, contra la decisión del A quo que había ordenado la continuación del proceso mediante la vía ordinaria, posterior a la audiencia inicial, que se llevó a cabo el tres (3) de febrero del 2010, culminando en esa fecha con el sobreseimiento definitivo a favor del encartado.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem deja establecido en su resolución que sin perjuicio de la resolución adoptada por el A quo en la mencionada audiencia, el auto cuestionado o sea el auto que deniega la tramitación por la vía del procedimiento de persecución de delito en flagrancia, resultara un acto consumado al emprender la acción de justicia constitucional, a posteriori del primer acto realizado en el proceso ordinario, sin perjuicio de que el Juez s haya saltado el acto de la declaración de imputado que señala el artículo 292 del Código Procesal Pena, como primer acto del procedimiento ordinario que ya hubiese decretado en el auto cuestionado mediante la presente garantía., que respecto a lo preceptuado en el artículo 46 No. 3 de la ley Sobre Justicia Constitucional, que señala “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo en los casos de proada imposibilidad de interposición de los recursos correspondientes”. Al respecto el Ad quem se pronuncia exponiendo: “que el Ministerio Público acudió a la audiencia inicial convocada por el A quo, siendo omiso en plantear acciones de incidentes de nulidad contra los actos de la etapa preparatoria, como lo advierte el artículo 167.1 del Código Procesal Penal y en todo caso bajo las causas enunciadas en el artículo 166 del mismo código. Por lo expuesto el Ad quem aprecia la existencia de una causa de improcedencia de la acción de amparo planteada.- CONSIDEANDO (6): Que el Ad quem respecto a la falta de motivación de la resolución judicial, invocada por la recurrente, se pronuncia, exponiendo “el Código Procesal penal tiene asignadas acciones de nulidad conforme el artículo 141 lo que pudo haber invocado en la primera 9audienci (audiencia inicial), y que si bien la motivación es una formalidad exigible a los autos y sentencias, al proveer la ley recursos o acciones ordinarias, deberá el accionante evacuar las mismas, para a posteriori, acudir a la justicia constitucional, para la defensa del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal de alzada, concluye: “que respecto a la tramitología dada a la causa, al instruirse su conducto por la vía del procedimiento ordinario, se garantiza de manera plena, sin limitación por razones temporales, los derechos procesales de las partes, por lo que sin perjuicio de lo proveído por el legislador en las normas procesales de adición (art. 440-A) y siguientes del Código Procesal Penal que pudiera abrazar una formalidad para el trámite del caso, lo dispuesto por el A quo no limita derechos humanos de las partes y sobre todo del accionante de la garantía, quien goza de manera plena de los derechos procesales constitucionales que devienen del principio acusatorio, propio para el Ministerio Público. En consecuencia resuelve DENEGAR la acción de amparo de la que se hizo mérito.-CONSIDERANDO (8): Que analizada la acción de amparo y sus antecedentes, sí como la resolución venida en consulta, esta Sala aprecia que ciertamente el Ente Acusador solicitó al Juez de Primera instancia se conociera el proceso instruido contra el señor CRUZ EUCEDA RUBI, por la vía del procedimiento expedito, el cual fue denegado, de donde resulta la presente acción de amparo, sin embargo el proceso continuó mediante el procedimiento ordinario, es así que en la audiencia inicial finaliza mediante sobreseimiento definitivo, de lo que resulta que se emprende la acción de Amparo después del acto realizado en el proceso ordinario contra el cual el impetrante no hizo uso de la acción recursiva, adquiriendo certeza el mismo, lo que implica que el acto fue consentido por la agraviada, en ese orden de ideas la resolución dictada por el A quo es firme, de tal manera que se ha consumado de modo irreparable. Todo ello da lugar a las causas de inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 Nos. 3 y 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (9): Que en la resolución conocida en consulta, el Ad quem deja establecido con argumentación clara y suficiente en Derecho, si bien esta Sala, concuerda con el razonamiento utilizado por el Ad quem, en el que apreció las causas de inadmisibilidad contenidas en el artículo 46 Nos. 3 y 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y sobe ellas se pronunció, no está de acuerdo con el POR TANTO de la resolución impugnada que RESUELVE DENEGAR la acción de amparo, cuando lo que corresponde en derecho, de acuerdo al artículo 46 último párrafo de la citada Ley Sobre Justicia Constitucional es el sobreseimiento de las diligencias de mérito, precisamente por haber apreciado causas de inadmisibilidad de la acción de amparo. En consecuencia esta sala REFFORMA la sentencia vista en consulta en cuanto al POR TANTO, que deberá leerse de la siguiente manera: “POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en nombre del Estado de Honduras y bajo la competencia establecida en el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y atribuida a las Cortes de Apelaciones, haciendo aplicación de los artículos 1, 37 No. 4, 59, 80, 183, 303 reformado, 321, 323 de la Constitución de la república de Honduras, 1, 2, 3, 10 No.2, 41 No. 1, 42, 43, 45, 46 No. 3 y 5; resuelve, último párrafo; RESUELVE SOBRESEER, la acción de amparo de la que se ha hecho mérito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 No. 3, 5 y último párrafo, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO EL POR TANTO de la resolución venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, interesada por la abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, en su condición de representante del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, que deberá leerse de la siguiente manera: RESUELVE SOBRESEER, la acción de amparo de la que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. -NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0211-2020.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL