Sentencia AP-150-20 — Registro 13510
Resumen
Otorgamiento de acción de amparo interpuesta contra resolución que inadmite el medio de prueba Dictamen Psicológico Forense, propuesto por recurrente en la Audiencia de Proposición de pruebas, en relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable del delito de Violación Especial,en perjuicio de S.A. A. H.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesta por el MINISTERIO PÚBLICO, contra la Resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba. Sostiene la Alzada en el numeral Tercero, de los Fundamentos de Derecho de la resolución que se revisa, que como lo señala el recurrente en la formalización del Amparo, se ha violentado las garantías constitucionales de Defensa y del Debido Proceso, consignadas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; razón por la cual, no fue procedente que el Tribunal de Sentencia haya inadmitido el medio de prueba en referencia por cuanto considera que es pertinente, útil y proporcional en relación a los hechos que se investigan, aun cuando ha expuesto el órgano jurisdiccional en que consistió la valoración de excesiva e inutilidad de la prueba pericial, no obstante en atención al principio de aportación de pruebas contenido en el artículo 317 del Código Procesal Penal, que permite proponer las pruebas que las partes intenten valerse para acreditar sus afirmaciones, asimismo en igualdad de condiciones las partes pueden proponer la prueba que les interese y según consta en los antecedentes y las pretensiones probatorias del Ministerio Público, la prueba debió ser admitida y por tratarse de un menor supuesto ofendido, por lo que en atención del interés superior del niño, es preciso y de preferencia que el Tribunal disponga de mayor prueba para efectos de valorar los resultados de la misma y la veracidad o falsedad de los hechos denunciados como delito.- CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.- CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues el medio de prueba pericial se inadmite argumentando el Tribunal de Sentencia que se fundamenta en el artículo 101 numerales 5 y 10 del Código Procesal Penal, que hace referencia a las personas imputadas y sus derechos, obviando motivar su resolución en lo establecido en el precepto 317 ut supra relacionado. la ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que no observó el Tribunal de Sentencia al momento de emitir la resolución por la cual inadmite el medio de prueba Dictamen Psicológico Forense, propuesto por el Ministerio Público, aunado a ello el tratarse de un delito de índole sexual, siendo el supuesto ofendido un menor de edad, se requiere como bien lo expresa la Corte, que el Tribunal disponga de la mayor prueba posible, a efecto de valorar la veracidad o falsedad de los hechos acusados.- CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por el recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en ración con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba.- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 317 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinte (2020), que declaró Ha Lugar la acción de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que inadmite el medio de prueba Dictamen Psicológico Forense, propuesto por el Ministerio Público en la Audiencia de Proposición de pruebas, en relación a la causa instruida contra el señor JUAN MARTINEZ MOYA, por suponerlo responsable del delito de VIOLENCIA ESPECIAL, en perjuicio de S. A. A. H..- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos constitucionales consignados en el artículo 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor JUAN MARTINEZ MOYA, por suponerlo responsable del delito de VIOLENCIA ESPECIAL, en perjuicio de S. A.A. H.. (Folios del 01 al 04 de la pieza de antecedentes de Amparo).- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinte (2020) emitió sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando HA LUGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, agente fiscal del Ministerio Público, contra la resolución pronunciada en audiencia de medios de prueba, celebrada en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) dictada por la Sala segunda del Tribunal de Sentencia de esta Ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.- En la causa registrada bajo el numero TSLC-0101-2019-00169 instruida contra el señor JUAN MARINEZ MOYA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de S. A. A. H..- SEGUNDO: Se tienen por vulnerados los derechos fundamentales denunciados por el impetrante.- Y MANDA: Que una vez notificado el presenta fallo se remitan los autos en consulta obligatoria a la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 17 al 19 de la pieza de antecedentes de Amparo)- 3) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta obligatoria, conocido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, contra la resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, que inadmite el Dictamen Psicológico Forense practicado al imputado, medio de prueba pericial propuesto por el Ministerio Público, en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; en relación al proceso penal incoado en contra del señor JUAN MARTINEZ MOYA por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, contra el menor de edad S. A. A. H..- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el medio de prueba denominado Dictamen Pericial Psicológico Forense No. 2019-0101-0202-0150 realizado al imputado por el perito del Ministerio Público Luis Reconco, no fue admitido por considerar el tribunal que con fundamento en el artículo 101 numerales 5 y 10, aunque menciono el Ministerio Público que el encausado dio su consentimiento, no consta que se haya dado después de que se le haya informado de su derecho a negarse, ya que los exámenes psicológicos no están contemplados en la ley como los exámenes físicos, tampoco, sigue manifestando el tribunal fue realizado en presencia del defensor, dejando de observar varios aspectos: a) En primera instancia la pericia fue realizado con control jurisdiccional o sea que fue ordenada por juez competente; b) El encausado firma la autorización para que el perito realice la pericia, sin la cual no se hubieses podido efectuar la misma, y en última instancia; c) El defensor fue informado de la fecha y hora de la realización de la pericia en la audiencia preliminar o sea en estrado, siendo notificado de la misma y en la que no puso objeción alguna, dando tácitamente el visto bueno para la práctica de la pericia psicológica al imputado, si no asistió fue porque no quiso y eso no puede atrasar el proceso penal, máxime cuando el ofendido es un menor, fundamentos que la fiscalía considera que no está apegado a derecho, ya que son útiles, proporcionales y pertinentes y al no admitirlo está violentando el derecho a la vida, a la defensa y al debido proceso.- CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesta por el MINISTERIO PÚBLICO, contra la Resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba. Sostiene la Alzada en el numeral Tercero, de los Fundamentos de Derecho de la resolución que se revisa, que como lo señala el recurrente en la formalización del Amparo, se ha violentado las garantías constitucionales de Defensa y del Debido Proceso, consignadas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; razón por la cual, no fue procedente que el Tribunal de Sentencia haya inadmitido el medio de prueba en referencia por cuanto considera que es pertinente, útil y proporcional en relación a los hechos que se investigan, aun cuando ha expuesto el órgano jurisdiccional en que consistió la valoración de excesiva e inutilidad de la prueba pericial, no obstante en atención al principio de aportación de pruebas contenido en el artículo 317 del Código Procesal Penal, que permite proponer las pruebas que las partes intenten valerse para acreditar sus afirmaciones, asimismo en igualdad de condiciones las partes pueden proponer la prueba que les interese y según consta en los antecedentes y las pretensiones probatorias del Ministerio Público, la prueba debió ser admitida y por tratarse de un menor supuesto ofendido, por lo que en atención del interés superior del niño, es preciso y de preferencia que el Tribunal disponga de mayor prueba para efectos de valorar los resultados de la misma y la veracidad o falsedad de los hechos denunciados como delito.- CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.- CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues el medio de prueba pericial se inadmite argumentando el Tribunal de Sentencia que se fundamenta en el artículo 101 numerales 5 y 10 del Código Procesal Penal, que hace referencia a las personas imputadas y sus derechos, obviando motivar su resolución en lo establecido en el precepto 317 ut supra relacionado. la ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que no observó el Tribunal de Sentencia al momento de emitir la resolución por la cual inadmite el medio de prueba Dictamen Psicológico Forense, propuesto por el Ministerio Público, aunado a ello el tratarse de un delito de índole sexual, siendo el supuesto ofendido un menor de edad, se requiere como bien lo expresa la Corte, que el Tribunal disponga de la mayor prueba posible, a efecto de valorar la veracidad o falsedad de los hechos acusados.- CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por el recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en ración con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba.- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha seis de febrero del año dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 150-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinte (2020), que declaró Ha Lugar la acción de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que inadmite el medio de prueba Dictamen Psicológico Forense, propuesto por el Ministerio Público en la Audiencia de Proposición de pruebas, en relación a la causa instruida contra el señor JUAN MARTINEZ MOYA, por suponerlo responsable del delito de VIOLENCIA ESPECIAL, en perjuicio de S. A. A. H..- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos constitucionales consignados en el artículo 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor JUAN MARTINEZ MOYA, por suponerlo responsable del delito de VIOLENCIA ESPECIAL, en perjuicio de S. A. A. H.. (Folios del 01 al 04 de la pieza de antecedentes de Amparo).- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinte (2020) emitió sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando HA LUGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, agente fiscal del Ministerio Público, contra la resolución pronunciada en audiencia de medios de prueba, celebrada en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) dictada por la Sala segunda del Tribunal de Sentencia de esta Ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.- En la causa registrada bajo el numero TSLC-0101-2019-00169 instruida contra el señor JUAN MARINEZ MOYA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de S. A. A. H..- SEGUNDO: Se tienen por vulnerados los derechos fundamentales denunciados por el impetrante.- Y MANDA: Que una vez notificado el presenta fallo se remitan los autos en consulta obligatoria a la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios del 17 al 19 de la pieza de antecedentes de Amparo)- 3) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta obligatoria, conocido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, contra la resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, que inadmite el Dictamen Psicológico Forense practicado al imputado, medio de prueba pericial propuesto por el Ministerio Público, en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; en relación al proceso penal incoado en contra del señor JUAN MARTINEZ MOYA por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, contra el menor de edad S. A. A. H..- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el medio de prueba denominado Dictamen Pericial Psicológico Forense No. 2019-0101-0202-0150 realizado al imputado por el perito del Ministerio Público Luis Reconco, no fue admitido por considerar el tribunal que con fundamento en el artículo 101 numerales 5 y 10, aunque menciono el Ministerio Público que el encausado dio su consentimiento, no consta que se haya dado después de que se le haya informado de su derecho a negarse, ya que los exámenes psicológicos no están contemplados en la ley como los exámenes físicos, tampoco, sigue manifestando el tribunal fue realizado en presencia del defensor, dejando de observar varios aspectos: a) En primera instancia la pericia fue realizado con control jurisdiccional o sea que fue ordenada por juez competente; b) El encausado firma la autorización para que el perito realice la pericia, sin la cual no se hubieses podido efectuar la misma, y en última instancia; c) El defensor fue informado de la fecha y hora de la realización de la pericia en la audiencia preliminar o sea en estrado, siendo notificado de la misma y en la que no puso objeción alguna, dando tácitamente el visto bueno para la práctica de la pericia psicológica al imputado, si no asistió fue porque no quiso y eso no puede atrasar el proceso penal, máxime cuando el ofendido es un menor, fundamentos que la fiscalía considera que no está apegado a derecho, ya que son útiles, proporcionales y pertinentes y al no admitirlo está violentando el derecho a la vida, a la defensa y al debido proceso.- CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve Otorgar el Recurso de Amparo interpuesta por el MINISTERIO PÚBLICO, contra la Resolución de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba. Sostiene la Alzada en el numeral Tercero, de los Fundamentos de Derecho de la resolución que se revisa, que como lo señala el recurrente en la formalización del Amparo, se ha violentado las garantías constitucionales de Defensa y del Debido Proceso, consignadas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; razón por la cual, no fue procedente que el Tribunal de Sentencia haya inadmitido el medio de prueba en referencia por cuanto considera que es pertinente, útil y proporcional en relación a los hechos que se investigan, aun cuando ha expuesto el órgano jurisdiccional en que consistió la valoración de excesiva e inutilidad de la prueba pericial, no obstante en atención al principio de aportación de pruebas contenido en el artículo 317 del Código Procesal Penal, que permite proponer las pruebas que las partes intenten valerse para acreditar sus afirmaciones, asimismo en igualdad de condiciones las partes pueden proponer la prueba que les interese y según consta en los antecedentes y las pretensiones probatorias del Ministerio Público, la prueba debió ser admitida y por tratarse de un menor supuesto ofendido, por lo que en atención del interés superior del niño, es preciso y de preferencia que el Tribunal disponga de mayor prueba para efectos de valorar los resultados de la misma y la veracidad o falsedad de los hechos denunciados como delito.- CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.- CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues el medio de prueba pericial se inadmite argumentando el Tribunal de Sentencia que se fundamenta en el artículo 101 numerales 5 y 10 del Código Procesal Penal, que hace referencia a las personas imputadas y sus derechos, obviando motivar su resolución en lo establecido en el precepto 317 ut supra relacionado. la ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que no observó el Tribunal de Sentencia al momento de emitir la resolución por la cual inadmite el medio de prueba Dictamen Psicológico Forense, propuesto por el Ministerio Público, aunado a ello el tratarse de un delito de índole sexual, siendo el supuesto ofendido un menor de edad, se requiere como bien lo expresa la Corte, que el Tribunal disponga de la mayor prueba posible, a efecto de valorar la veracidad o falsedad de los hechos acusados.- CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por el recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en ración con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de La Ceiba.- CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha seis de febrero del año dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 150-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional