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Sentencia AP-137-20 — Registro 13035

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que denegó el recurso de amparo en la resolución de la audiencia de proposición de pruebas para el debate, en la causa instruida por delito de homicidio culposo por omisión. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 89, 90 y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, el juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicar y motivar las resoluciones que rechacen las pruebas propuestas. Los artículos 199 y 317 párrafo final ut supra, permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes, sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios de probatorios que las partes estimen pertinentes, sino aquellos que el juzgador valore libre y razonablemente como tales. CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que al recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en el proceso, accediendo a los recursos que la ley pone a disposición de los interesados en un proceso, al no estar éstos conforme con las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), que denegó el recurso de Amparo presentado contra actuaciones del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en la resolución de la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate, en la causa instruida contra el Señor JOSÉ ROLANDO DIAZ ROMERO por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR OMISIÓN, en perjuicio del Señor RIGOBERTO MARADIAGA GUEVARA. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 89, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL, interpuso ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, recurso de amparo a favor del señor JOSÉ ROLANDO DIAZ ROMERO, a quien se le instruye proceso por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo por Omisión, por mala práctica médica, en perjuicio del Señor RIGOBERTO MARADIAGA GUEVARA, solicitando suspensión del acto reclamado contra la resolución de la audiencia de proposición de prueba de fecha 07 de agosto del año 2018 dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se resolvió Inadmitir varios medios probatorios propuestos por la defensa del imputado JOSÉ ROLANDO DIAZ ROMERO. (Folios del 01–09 de la pieza de antecedentes de Amparo) 2) Que la resolución de fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, resolviendo sobre la admisión o no de medios de prueba presentados por las partes procesales, resuelve inter alia: (Sic) “CUARTO: NO SE LE ADMITE A LA DEFENSA UNO, la prueba siguiente: Listado de los médicos que laboraron los días 26 y 27 de enero del 2005; Las normas genéricas de profesionales del IHSS; Reglamento Interno De Los Estudiantes De Postgrado Para Especialidades Médicas De la UNAH; Documento titulado Normas Mínimas para el ejercicio de la anestesiología en Latinoamérica 2,009 (CLASA); Constancia firmada por la Dra. Maria Eugenia Interiano en su calidad de Presidente de la Asociación Hondureña de Anestesiología; Certificación del premio mejor residente 2008 que recibió Dr. José Rolando Díaz Romero; Prospectos de medicamentos de succinilcolina y atracurium; Artículo científico titulado: Anestesia en la Cirugía Laparoscópica Abdominal, de la revista científica An Fac Med, del año 2013, 74 (1); declaración testifical de la Dra. Claudia Tisbeth Cruz Canales; PRUEBAS PERICIALES: Dictamen De La Dra. Sandra Florencia Sosa; Peritaje emitido por Médico Especialista En Administración De Hospitales Dr. Marvin Rodríguez Moreno; Medio de Prueba Reconstrucción Judicial.” 3) Seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), emitió sentencia por medio de la cual Falló: (Sic) “DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO del cual se ha hecho merito e interpuesto por el abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL a favor del señor JOSE ROLANDO DIAZ ROMERO, por las razones que se han dejado señaladas. MANDA: Que se notifique el presente fallo y se remitan las presentes diligencias en consulta obligatoria a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para los efectos de Ley…” (Folios 118-119 de la pieza de antecedentes de Amparo) 4) Que en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta, conocido por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por el Abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL, contra la resolución de fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, que declara Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la Defensa, contra la inadmisión de prueba presentada en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; en relación al proceso penal incoado en contra del señor JOSÉ ROLANDO DIAZ ROMERO, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR OMISIÓN, en perjuicio del señor RIGOBERTO MARADIAGA GUEVARA. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que la resolución recurrida violenta los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa de su representado, pues toda persona natural o jurídica debe tener libre acceso a los Tribunales de la Republica a ejercer las acciones y los recursos legales en la forma que establezcan las leyes, a ser oído en los plazos que fija la Ley, a ser juzgado por Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, con las formalidades, derechos y garantías que fija el debido proceso, a la sustanciación de su acusa y la determinación de sus derechos y obligaciones. La resolución recurrida violenta dichos derechos al no ajustarse a los requerimientos, procedimientos y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, limitando y desechando los medios de prueba propuestos por la defensa del doctor José Rolando Díaz Romero, utilizando criterios antojadizos para inadmitirlos y sin considerar los argumentos expuestos en beneficio del imputado, pues las pruebas que fueron denegadas por el Tribunal recurrido son útiles, pertinentes, necesarias y proporcionales, pruebas que tienen relación con los hechos objeto del debate. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resuelve Denegar el recurso de Amparo interpuesto por LA DEFENSA a favor del encausado José Rolando Díaz Romero, contra la Resolución de fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sostiene la Alzada en la motivación de la sentencia que se consulta, que esa Corte es consciente de la relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplada desde la perspectiva de las garantías fundamentales y del derecho a un juicio justo, sin embargo, el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado e incondicionado a que se admitan todas las pruebas propuestas por las partes con independencia de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad. Por ello, el reconocimiento de la relevancia constitucional del derecho a la prueba no desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar los aspectos relevantes sobre la admisión de la prueba que sea relevante, pertinente, útil y proporcional rechazando la demás (artículo 199 Código Procesal Penal). Es necesario señalar que la conculcación del derecho a utilizar los medios de prueba que se consideren necesarios para ejercer su derecho fundamental más genérico como es el derecho de defensa, solo adquirirá relevancia constitucional cuando produzca una real y efectiva indefensión. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, el juicio de pertinencia, necesidad, proporcionalidad y utilidad, que es el límite legal al ejercicio del derecho a la prueba, resulta de la exclusiva competencia del juez, quienes devienen obligados a explicar y motivar las resoluciones que rechacen las pruebas propuestas. Los artículos 199 y 317 párrafo final ut supra, permiten al órgano jurisdiccional inadmitir un medio de prueba propuesto por las partes, sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es decir el juez no se encuentra obligado a admitir todos los medios de probatorios que las partes estimen pertinentes, sino aquellos que el juzgador valore libre y razonablemente como tales. CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE LUIS CALIX ESPINAL, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, toda vez que al recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en el proceso, accediendo a los recursos que la ley pone a disposición de los interesados en un proceso, al no estar éstos conforme con las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha treinta de enero del año dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0137=2020.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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