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Sentencia AP-130-18 — Registro 11617

Resumen

Acto recurrido que declaró con lugar un recurso de apelación contra la dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida contra el señor Jorge Orlando Guerra Morales por suponerlo responsable del delito de Actos de Lujur

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... En virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones irrazonables, lo que contraviene tanto el principio de legalidad como la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso..." ..." En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente y lógica y analizando en forma debida, razonable y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva el conjunto de pruebas que ha sido aportado al proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha trece de diciembre dos mil diecisiete, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor JORGE ORLANDO GUERRA MORALES, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de D. M. M. G.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada MIRIAM YESSENIA BARAHONA ORDOÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JORGE ORLANDO GUERRA MORALES, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de D. M. M. G.. -2) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la continuación de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado resolvió decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra señor JORGE ORLANDO GUERRA MORALES, por el delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de la menor D. M. M. G.. (Folios del 59 al 69 de la primera pieza de antecedentes).-3) AWQue en fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado JORGE ORLANDO GUERRA MORALES, dictó sentencia mediante la que falló: “…PRIMERO: Declarando CON LUGAR el Recurso de APELACIÓN. SEGUNDO: SE REVOCA la resolución recurrida. EN CONSECUENCIA: SE DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del acusado JORGE ORLANDO GUERRA MORALES, por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de la menor D. M. M. G.…”. (Folios del 10 al 19 de la segunda pieza de antecedentes).-4) La recurrente, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de febrero del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha trece de diciembre dos mil diecisiete, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. -DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua.-OBJETO DEL RECURSO.- El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida por la referida Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, de fecha 13 de diciembre de 2017, la cual se denuncia ante esta Sala de ser violatoria de la garantía del debido proceso y del principio de legalidad.-La sentencia impugnada decidió la revocación de un auto de formal procesamiento que fuera dictado por el Juzgado de Letras de La Sección Judicial de Siguatepeque, conociendo del proceso penal iniciado por el delito de Actos de Lujuria contra el ya mencionado señor Jorge Orlando Guerra Morales, auto que fuera dictado en audiencia inicial celebrada en fecha 4 de agosto de 2017.-En su fallo, el Tribunal de Alzada, declaró ha lugar el recurso de apelación que interpuso la defensa del imputado contra el auto de formal procesamiento arriba mencionado, ordenado que se dictara en su lugar un sobreseimiento definitivo.-El Tribunal de Alzada consideró que la prueba de cargo aportada en la audiencia inicial, no cumplió con los (sic) “fines de la prueba en la audiencia inicial”, pues según señaló, no fue aportada (sic) “evidencia probatoria de la existencia del hecho punible”.-Además, en su motivación la Alzada cuestionó la valoración de la prueba realizada por la A Quo, disponiendo, entre otras cosas lo siguiente: Que la menor ofendida presentó una (sic) “serie de contradicciones” en su declaración, las que tienen que ver esencialmente en que no indicó con claridad la fecha exacta ni los años en los que sufrió las agresiones sexuales denunciadas; para la Alzada la menor tampoco fue clara en especificar con detalle las lesiones sufridas.-La Corte de Alzada señaló que el testimonio de la menor ofendida no (sic) “contrasta” con la “prueba científica” aportada en el proceso, tanto médica como psicológica, pues en esta última se concluyó que la víctima (sic) “…presenta personalidad en formación con núcleos ansiosos”, lo que según la Alzada “…en ningún caso establece que estén relacionados con el abuso sexual…”. El Tribunal de Apelación cuestionó, y estimó como evidencia de falsedad de su testimonio, el hecho que la menor le manifestara al forense evaluador (según dictamen) que había sido penetrada por el agresor y que no había tenido sangrado, pero en la audiencia inicial ante la judicatura dijo que en algunas ocasiones sí había sangrado.-La Alzada teorizó que la menor ofendida mintió en su deposición, y consideró, casi en su totalidad, los agravios presentados por la defensa, incluyendo sus observaciones y conclusiones en la mayor parte de sus razonamientos.-ALEGACIONES DE LA RECURRENTE.-La recurrente y representante del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado sostuvo ante esta Sala que el razonamiento del Tribunal Ad Quem en este caso resultaba incongruente y que contenía una motivación insuficiente. Para el Ministerio Público, los razonamientos de la Alzada para decretar un sobreseimiento definitivo a favor del encartado no se (sic) “extraen de la prueba sino de sus propias inferencias”.-La Fiscalía cuestionó de que no podría concluirse que la víctima en este caso estructuró una historia basada en su imaginación, o que readecuó su testimonio, como lo señaló el Tribunal Ad Quem, el cual, según el ente fiscal, no hizo una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica para valorar el testimonio de la menor, incorporando en su resolución una motivación inconsecuente con el (sic) “trato digno y comprensivo que se le debe dar a un niño o niña adolescente en el proceso judicial”.-Para la amparista, el Tribunal de Apelación no consideró la condición de la víctima, ni su edad y tampoco su coeficiente intelectual, el cual fue incluido en dictamen pericial que fue ignorado por la Alzada, cuando debió ser valorado en conjunto con el resto de los elementos probatorios incorporados en audiencia.-La impetrante refiere que la motivación del Ad Quem no corresponde a la verdad de los hechos, los que, a su parecer, quedaron debidamente sustentados con la prueba que se evacuó en la audiencia.-Se invocan como violentados con esta resolución emitida por el Tribunal de Alzada: la garantía del debido proceso contenida en el artículo 90 de la Constitución, y el principio de legalidad, según lo ha indicado la quejosa en el escrito de interposición, al igual que en la formalización de su recurso de amparo. -RAZONAMIENTO DE LA SALA.- CONSIDERANDO 1: Esta Sala ha insistido en reiterados precedentes, que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al imputado de una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en dicha valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, o la misma resulte de arbitrariedad .-CONSIDERANDO 2: En línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala[1], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene, como ya se dijo, cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO 3: En este sentido, resulta oportuno establecer, como también se ha dicho en numerosos precedentes, que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia.- CONSIDERANDO 4: No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO 5: Nuestra ley procesal manda que las pruebas en el proceso penal sean valoradas con arreglo a la sana crítica, lo que implica que el valor que se dé responde a un análisis racional y lógico por parte del juzgador. -Como ya lo ha señalado previamente este Supremo Tribunal[2], en la doctrina se han dado diversas acepciones de lo que se debe entender por sana critica, siendo un criterio generalmente aceptado que la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados[3]. Para algunos tratadistas, aquello que se deduce de la sana crítica, no difiere en absoluto de lo que pretende la intimate conviction[4] o libre valoración de la prueba, que se oponía al sistema de tarifa legal de prueba al que hemos hecho referencia anteriormente, en el que la ley era la que fijaba o señalaba al juez el grado de credibilidad que debía otorgar a la prueba.-CONSIDERANDO 6: Así, ha existido algún consenso en afirmar que las reglas de la sana crítica no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la prueba, una conclusión con la que este Alto Tribunal asiente. -Es racional por cuanto debe ajustarse a la razón o el discernimiento; y es lógico, por tener que enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Lo uno y lo otro se efectúa por regla general, mediante un silogismo o deducción, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para obtener una conclusión determinada.[5]-CONSIDERANDO 7: Claro está, que la ley debe determinar qué medios de prueba pueden ser empleados y el procedimiento que debe seguirse para que los mismos puedan ser allegados al proceso, al igual que la forma en la que son evacuados, su pertinencia y utilidad.-Sin duda que la forma de la apreciación de cada medio probatorio dependerá en parte del tipo de prueba de que se trate, así, por ejemplo, en una declaración testifical se consideran algunos factores que quizás no inciden en la valoración de una prueba documental.-La ley se encarga de establecer los lineamientos utilizados para la ejecución de las pruebas, todas con el fin de demostrar los hechos alegados. Así, en términos generales, el testigo relatará lo que conoce, el perito emitirá opinión de su arte o ciencia y el documento pues, dependiendo de su categoría, manifestará su contenido y alcance según la interpretación del juzgador.-CONSIDERANDO 8: Ciertamente que una valoración de prueba llevada a efecto al margen de la sana crítica, es decir, como ya se dijo, realizada de manera irrazonable y arbitraria, es decir, fuera de los parámetros legales, conllevaría a una afectación al principio de legalidad que sujeta a que todo acto ejercido por un poder público debe ser realizado conforme a la ley, de ahí que todo acto que sea ejecutado fuera de ella conlleva a un exceso por los servidores del Estado y todo acto que ejecuten fuera de la garantía del debido proceso, que implica como ya sabemos, el derecho de toda persona a ser juzgado bajo determinadas formalidades y garantías, resultará atentatorio a ese derecho, que como sabemos también incluye inter alia el derecho a la igualdad de armas procesales, el derecho a la imparcialidad judicial y el derecho a que se respeten los principios rectores del proceso. -CONSIDERANDO 9: En la sentencia objeto de examen se observa primeramente que el Tribunal de Alzada pareciera desatender la finalidad propia de la audiencia inicial, aunque en su revocatoria se haga hincapié en ese punto.-Nuestro mandato normativo, estipulado en el último párrafo del artículo 294 del Código Procesal Penal, dispone expresamente que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la posible realización del hecho que se imputa, su relevancia jurídico penal y la probabilidad de que el imputado haya tenido participación en el mismo.-CONSIDERANDO 10: Decimos que la Corte de Apelaciones no atendió o no entendió el alcance de la audiencia inicial porque en su sentencia realiza una serie de deducciones que van más allá del entendimiento racional, y efectivamente, como lo señala la amparista representante del Ministerio Público, estas deducciones parecen derivarse de criterios muy particulares de los miembros del Tribunal de Apelación, pero muy lejos de los razonamientos lógicos e incluso jurídicos que se deben esperar de una Corte de Alzada, más aun tratándose de un delito en el que se ha denunciado una conducta sexual impropia en perjuicio de una menor de once años de edad, un aspecto que, aunque es mencionado por el Tribunal recurrido, éste tampoco parece entender las afirmaciones que hace en su propia sentencia en cuanto la forma en la que la declaración de una menor, víctima de un agresión sexual y además con limitaciones de personalidad debería ser apreciada, aún y cuando existen lineamientos que sobre este respecto ha establecido esta Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal, en cuantiosos precedentes, aparentemente desconocidos por la Corte de Apelaciones de Comayagua.-CONSIDERANDO 11: En este sentido, la Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal de Justicia ha establecido doctrina legal en torno a los aspectos que se deben considerar en la valoración de las declaraciones de menores de edad cuando son víctimas de delitos de carácter sexual, diciendo entre otras cosas lo siguiente: “…El Doctor Antonio Manzanero, en su artículo Procedimientos de Evaluación de la Credibilidad de las Declaraciones de Menores Víctimas de Agresiones Sexuales, publicado por la Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense, Vol. 1, Nº 2, del año 2001 en las páginas 51 a la 71, da conocer un estudio de los aspectos que un Psicólogo debe de identificar en el contenido del relato de menores de edad señalados como víctimas de agresiones sexuales para discernir sobre su grado de credibilidad, y que esta Sala de lo Penal, para efectos de la práctica forense procesal penal y con la irisación correspondiente, explica de la siguiente forma:Anclaje (incardinación) del Hecho en Tiempo y Lugar. La agresión sexual no se produce en el vacío, sino en un tiempo y lugar concreto, llegando a formar parte de la vida del agresor y de la víctima. Los delitos ocurren en puntos de intersección entre los cursos de vida de las dos personas implicadas en el incidente; Generalmente las agresiones sexuales en perjuicio de menores por personas conocidas son el resultado de una cadena de hechos progresivos que se reflejan en la declaración, de forma que el incidente denunciado aparece inmerso en la historia vital de las personas implicadas en él, aun cuando el/la menor no pueda establecer el orden cronológico en que éstas ocurrieron. Las actividades sexuales surgen en una situación particular y deben ser consistentes con dicha situación y con desarrollos posteriores;Consistencia Interna. La estructura formal del relato debe de ser más o menos coherente, de modo que las diferentes partes del suceso están relacionadas de forma lógica entre sí, confirmándose unas a otras; ._Tipicidad en el Lenguaje. El relato debe contener expresiones propias a la edad del infante y del nivel educativo en que se encuentre, en especial en lo referente a la descripción de la agresión sexual y a los órganos genitales. El menor podría informar sobre hechos reflejando haberlos mal entendido, dando una descripción correcta y al mismo tiempo una mala interpretación éstos, como por ejemplo de hechos como el acto de masturbación, penetración o eyaculación;-Riqueza de Detalles Informados. Referencia a detalles cuya invención iría más allá de la capacidad probable del testigo infante, más allá de su imaginación o de su capacidad para comprender.- Se deberá de considerar que entre más complejo sea el suceso relatado, más riqueza de detalles debe de proporcionarse por el infante.- En la mención de detalles deben de identificarse tanto aquellos que son de importancia para el proceso penal como aquellos de carácter superfluo o insignificantes para la causa, pero que apuntalan la credibilidad del/la menor, puesto que éste/a, en su limitada experiencia, informara de uno y otros sin saber diferenciarlos.- Una declaración resumida, informando el incidente denunciado sólo de forma esquemática, dando meramente una idea general en lugar de un cuadro con detalles, indica alta probabilidad de que no obedezca a la verdad;-Persistencia en la Declaración Durante el Tiempo. Persistencia del/la ofendido/a en el relato a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Este criterio de valoración deberá de hacer la debida diferenciación entre las inconsistencias de aspectos centrales del relato o sobre aspectos periféricos o colaterales, ya que no se puede esperar que una persona declare idénticamente varias veces, más sí que mantenga un relato constante en cuanto al hecho generador de perturbación, aun cuando exista variación que afecten fundamentalmente a detalles periféricos;-Explica Antonio Manzanero (Ob. Cit.) que el paso del tiempo y la recuperación múltiple pueden afectar gravemente a la memoria de los testigos. Además, algunos factores afectan sobremanera, como por ejemplo en el caso de agresiones múltiples a lo largo de períodos amplios de tiempo donde es frecuente encontrar confusiones entre las distintas ocasiones en que ocurrió el suceso;-Experiencias Subjetivas. Es de esperarse en una declaración testifical de un menor ofendido, la mención de experiencias subjetivas como producto de la agresión sexual, como pensamientos, sentimientos, aprensiones, ansiedades, ambivalencia de sentimientos, frustraciones, ira, tristeza, vergüenza, etc. a depender de la edad del/la ofendido/a y de la conciencia que se tenga respecto al hecho.- Las experiencias subjetivas podrían verse reflejadas externamente en cambios en la conducta emocional en el transcurso del tiempo o como resultado de ciertos sucesos o circunstancias.-Señala Manzanero que se esperaría que una agresión sexual afectara de alguna forma a la historia biográfica del/la menor/a, no siendo esperable que su ocurrencia tuviera lugar como algo aislado sin ningún tipo de repercusión en la vida del/la niño/a.- La intensidad de dichas repercusiones, como ya ha mencionado esta Sala de lo Penal, dependerá de la edad y conciencia del/la infante sobre el hecho, además se verá afectada en caso de que el/la infante reciba tratamiento psicológico después del hecho para minimizar el daño psíquico producido por el evento.-Por tanto, para una mejor valoración individual de la declaración, el Tribunal imprescindiblemente deberá de tenerse en cuenta tanto los factores personales del declarante, los factores procesales y los aspectos intrínsecos del relato, ello permitirá diferenciar los casos en donde un/a testigo sea sincero/a, es decir que crea estar diciendo la verdad, aun cuando el hecho narrado sea poco probable o, por el contrario, cuando el relato sea probable aun cuando el testigo no reúna las condiciones de idoneidad; Recuérdese que la valoración de un testimonio no consiste en un examen de “verdadero” o “falso”, sino en el análisis conjunto de factores y aspectos que puedan indicar la probabilidad alta de que el relato corresponde a un hecho real, o su falta de probabilidad a causa de la valoración negativa. En todos los casos, la valoración individual solo podrá realizarse mediante una correcta Inmediación del Tribunal con la persona declarante, donde puedan evaluarse las Reglas de la Psicología (lenguaje corporal, tono de voz, espontaneidad o timidez, sencillez o elocuencia, nerviosismo o seguridad, estado anímico, sentido de colaboración o renuencia, memoria, capacidad de percepción, etc.), los Principios de la Lógica (logicidad del relato en sí mismo y coherencia con las demás pruebas) y las Máximas de la Experiencia Común (comparación del relato con modelos típicos cuyo conocimiento se encuentra dentro de la esfera del profano).- (Al respecto ver fallo de fecha 23 de enero del 2008, en el Exp. 014-2007 y fallo de fecha 28 de julio del 2011, en el Exp. 060-2010 de la Sala de lo Penal).-La valoración Conjunta de los medios de Prueba, debe de realizarse en consideración a: a).- Ausencia de Incredibilidad Subjetiva, que es el descartar que exista tensiones entre el acusado y la víctima que motiven a ésta última a presentar una imputación falsa; b).- Inexistencia de móviles espurios de resentimiento de venganza del menor o de algún miembro de su entorno familiar inmediato, que puedan motivar de manera suficiente la imputación del delito; c).- Verosimilitud de la narración del infante, dentro del contexto de la actividad probatoria, que determinen mediante prueba directa o indiciaria, la probabilidad de que el hecho haya acaecido….”.[6]- CONSIDERANDO 12: De la sentencia objeto de estudio se puede apreciar prima facie que para sus valoraciones, el Tribunal de Alzada no tomó en consideración ninguno de estos aspectos, llegando la Corte a concluir que una niña de once años de edad, de alguna forma ha sido una hábil y sutil manipuladora del sistema, al exigírsele en forma casi inflexiva de parte del Ad Quem, que brindase un relato cronológico exacto y descriptivo de la agresión sexual sufrida, dominando de manera irrestricta y con precisión, el lenguaje, conceptos y acciones de carácter sexual, desconociendo su condición, su edad, y los factores de entendimiento de que ya se ha hecho mérito en el presente fallo.-CONSIDERANDO 13: Resulta además inquietante para esta Sala que la mayoría de los razonamientos esgrimidos por la Alzada en su sentencia, sean citas casi textuales de las alegaciones y observaciones de la defensa, con la agravante que el Tribunal de Alzada no elaboró ni ponderó sobre las razones por las que ha hecho suyos estos argumentos de la parte defensora. Por otro lado, la Alzada tampoco es exhaustiva en explicar los motivos por los que le resultaron impropios los razonamientos de la A Quo, en especial los concernientes a considerar las deficiencias intelectuales de la menor ofendida, las que fueron acreditadas en prueba pericial, una prueba ignorada por el Ad Quem y que debió ser objeto de pronunciamiento en su fallo, pues fue una de las consideraciones determinantes de la decisión de la A Quo que fue revocada.-CONSIDERANDO 14: La Alzada llegó incluso a citar aforismos y criterios doctrinarios para apoyar su fallo, pero éstos resultan, además de impropios, inaplicables a sus valoraciones. -Para el caso, en apoyo a su deducción que la menor ofendida se pronunció con falsedad en su testimonio ante la juez A Quo, se ha citado el conocido y pretérito aforismo del mendax in uno, mendax in toto[7], un proverbio que además de haber sido superado ampliamente por la doctrina moderna, no va acorde con la obligación del juzgador de valorar en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, la totalidad del contenido de la prueba sometida al contradictorio.-Por otro lado, resulta impropio que el Tribunal de Alzada haga referencia a que uno de los aspectos que se deben considerar para establecer la sinceridad de un testigo es si este presentó o no un relato dubitativo durante su deposición, que es una circunstancia que no podría ser estimada enteramente por la Alzada puesto que no presenció el testimonio de la ofendida, como sí lo hizo la A Quo.-CONSIDERANDO 15: También, la Alzada plasmó un razonamiento contradictorio en su fallo al afirmar primero que el “recabo de los elementos de prueba dependerá de las circunstancias de cada caso” y que esto encuentra mayor exigencia en los delitos sexuales, calificados como de “comisión furtiva” por el Ad Quem, sin embargo, al momento de revocar la decisión de la A Quo no hace ninguna alusión a las circunstancias del caso, y la rigurosidad aludida por la Alzada se enfocó casi enteramente en hacer eco de las consideraciones de la defensa en torno a una aparente falta de credibilidad de la menor ofendida porque ésta no fue puntual ni específica en las fechas en que acaecieron los alegados hechos, pero sin estimar—como sí lo hizo la A Quo—la personalidad, capacidad intelectual y la edad de la víctima en este caso, todos aspectos que deben ser considerados para la valoración de un testimonio, sobre todo de una menor de edad, tal y como lo ha dicho nuestra Sala Penal en la doctrina legal que hemos citado, y más aún si existió prueba pericial que determinó en la víctima una capacidad intelectual inferior a los límites normales, que como reiteramos, debió ser objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de Apelación sobre todo porque como ya se dijo también, fue un punto determinante de la decisión de la juez de instancia y de la imputación.-CONSIDERANDO 16: También en su sentencia el Tribunal de Alzada hace la siguiente aseveración relacionada a que la ofendida dijo que había recibido una mordedura en el seno que le duró como quince minutos: “…la lógica como una de las reglas de aplicación en la valoración probatoria nos indica que una mordida en (sic) la chiche (pechos) dos o tres días después el hematoma o color morado por contrición de vasos sangrientos donde se produce la mordida…”. De la simple lectura de esta conclusión puede observarse que la misma es además de ilógica, incoherente, pues no se logra discernir qué es lo que la Corte quiso decir. Acaso que una mordedura de este tipo produce un hematoma que dura dos o tres días, o quizá quiso decir que el hematoma se torna morado dos o tres días después de la mordedura, la redacción es tan pobre e ininteligible que esta Sala no logra encontrarle ningún sentido, y lo más grave es que esta es una de las razones de las que se valió la Alzada para catalogar como falso el testimonio de la víctima.-Diremos que, para arribar a esta conclusión, debe seguirse precisamente una de las reglas de la lógica, y esta es la regla de la derivación. La Derivación exige que cada conclusión afirmada o negada por el tribunal, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella, así entonces vemos que el razonamiento de la Alzada con respecto a la duración de un hematoma o a las secuelas de una mordedura no se ha derivado de ningún medio probatorio, por ende, lejos de aplicar las reglas de la lógica para llegar a su conclusión, la Corte de Apelaciones de Comayagua las ha distorsionado, pues conforme con el principio de la razón suficiente del cual se extrae la regla de la derivación, toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia.-El incoherente razonamiento del Tribunal de Alzada, es además aventurado y arbitrario, pues para arribar a estas conclusiones sin duda se requeriría la opinión de un profesional, pues ciertamente que para emitir un criterio acerca de las causas de producción de un hematoma, su evolución, duración y características, no basta con el saber y entender de los magistrados integrantes de la Corte de Apelaciones de Comayagua, pues claramente es una ciencia que desconocen, lo que resulta evidente de su fallo y basta con observar cómo en su sentencia emplean términos erróneos, como para el caso, “vasos sangrientos” o “contrición”, con lo que resulta claro para esta Sala que los Magistrados de la Corte de Apelaciones de Comayagua se han aventurado a emitir opiniones empíricas en detrimento de los derechos de la víctima, de los principios rectores del proceso y de las reglas de la sana crítica.-CONSIDERANDO 17: Otro punto discordante de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Alzada, lo es la valoración de un relato hecho por la víctima que consta en un dictamen pericial, relato al que la Alzada ha dado, impropiamente, el valor de una prueba testimonial no siéndolo y con ello se ha trasgredido, tanto el principio de legalidad como el derecho de la víctima a un proceso con las debidas garantías y formalidades de ley.-La procedencia del dictamen pericial se encuentra expresamente establecida en el artículo 239 del Código Procesal Penal; la valoración del mismo, al igual que los demás medios probatorios, debe hacerse bajo las reglas de la sana crítica.-El dictamen pericial al que nos referimos es el identificado con el número 0223 emitido por la Dirección de Medicina Forense y que consta a folio DIECISÉIS (16) de los autos, y que fue propuesto en la audiencia inicial como prueba documental por el ente acusador con la misma finalidad: Conformarse como material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en el mismo.-Es el caso que la Corte de Alzada ha acogido el relato escrito de la historia médico legal como si se tratase de una prueba testifical, pues lo que ha destacado del mismo no ha sido ni la opinión del perito ni la razón de ser de su dictamen, sino el relato que la víctima supuestamente dio en esa oportunidad ante el perito evaluador, para después contrastarlo con el testimonio que dio la víctima en sede judicial y así estimarlo como contradictorio, valiéndose de ello para establecer como falsa la declaración rendida por la víctima ante la juez A Quo.-Esta Sala encuentra que el Tribunal de Alzada ha desnaturalizado este medio probatorio para convertir al perito—o a su dictamen—en una especie de testigo o de prueba testifical de referencia, y la contrariedad con este aventurado e irresponsable enfoque del Tribunal Ad Quem es que no se trata de un testigo de referencia, se trata de un documento en el que consta un dictamen pericial en el que se incluye el relato extrajudicial hecho por una niña de once años ante un tercero, quien al estar ausente de la audiencia inicial, no fue sometido al contradictorio de las partes, lo cual resultaba imperativo para poder hacer las conclusiones que hizo el Tribunal de Alzada, el cual nuevamente deja también de lado el mandato que toda la prueba debe ser valorada en forma conjunta y armónica. Así entonces, de nueva cuenta, estamos ante una arbitrariedad del Tribunal de Alzada, el que prescinde de uno de los principios esenciales del proceso en perjuicio de la víctima y de la sociedad a la que representa el Ministerio Público, mediante la emisión de un fallo incoherente, arbitrario, excesivo y desprovisto además de un análisis lógico y racional de la prueba propuesta en audiencia.-CONSIDERANDO 18: Que como ya se ha establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado.-CONSIDERANDO 19: También, conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe Motivación de las resoluciones judiciales, se demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”.-De todo lo antes relacionado resulta evidente, que la resolución que ha originado el presente recurso de amparo se ha fundado en apreciaciones arbitrarias, irrazonables e insuficientemente sustentadas por la Alzada, careciendo la misma de una motivación lógica y coherente que respalde indubitablemente la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones, con la que se ha quebrantado y vulnerado notoriamente la garantía del debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, que asegura el derecho de toda persona a un juicio llevado a efecto con todas las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, derecho fundamental vulnerado que además exige que los jueces y tribunales resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho. -CONSIDERANDO 20: En virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia arbitraria, incoherente y fundada en consideraciones irrazonables, lo que contraviene tanto el principio de legalidad como la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso.-CONSIDERANDO 21: En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros establecidos en este fallo, mediante la que se respeten debidamente los principios esenciales del proceso, seguido de una motivación clara, precisa, congruente y lógica y analizando en forma debida, razonable y conforme las reglas de la sana crítica y en forma integral y objetiva el conjunto de pruebas que ha sido aportado al proceso.-PARTE RESOLUTIVA.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha trece (13) de diciembre dos mil diecisiete (2017); Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2 ) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8 ) de enero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0130-2018. .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14

[2] En los Recursos de Amparo ACA-163-2014 y 0947-2016

[3] MONTERO AROCA, JUAN (2002). “La prueba en el proceso civil”. Civitas. pp. 278-279.

[4] JORDI NIEVA FENOLL (2010). “La Valoración de la Prueba”. Cit., p.89

[5] JAIME AZULA CAMACHO (1998). “Manual de Derecho Probatorio”. Temis. p.48

[6] Vid. Recursos de Casación Penal 42-13, 49-16, 191-16

[7] Mendax in uno, mendax in toto (totum en en el fallo)