Sentencia AP-128-20 — Registro 11406
Resumen
Resolución que sobreseyó acción de amparo Interpuesta a favor de imputados por suponerlos responsables del delito de Asesinato
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió sobreseer por unanimidad de votos el amparo de mérito.- Dicho tribunal establece que consta en autos que “la Juez de Primera Instancia motivó suficientemente las razones por las que a su criterio no es posible admitir en este momento procesal (primeras etapas) la solicitud de reconocimiento judicial del lugar de los hechos bajo la modalidad de prueba anticipada, motivando ampliamente los presupuestos que de acuerdo al Artículo 277 del Código Procesal Penal justifican la realización de prueba anticipada, como ser en caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que por ausencia o por cualquier otra causa sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del Juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero y otros beneficios análogos; razona la Jueza que no se ha acreditado en ese momento, que la vivienda donde se pretende hacer tal inspección vaya a ser destruida o modificada, agrega además que en el caso de existir una diligencia judicial la persona que se encuentre en esa vivienda estará en la obligación de acatar tal orden, por tanto no existe el peligro que se pierda tal medio de prueba y que perfectamente en el acto de debate del Juicio Oral y Público podrá realizarse tal diligencia, expresando además que a los Jueces que les corresponde dictar el fallo definitivo son los que tengan el acceso directo a los medios de prueba (principio de inmediación)”.- En respuesta a lo expuesto por el garantista, el tribunal que conoce en jurisdicción constitucional, también estableció “esta Corte aprecia que la ampliación de la declaración del referido testigo protegido fue solicitada por la defensa como “prueba anticipada” y la Juez considera que no se reúnen los presupuestos que señala el Artículo 277 del Código Procesal Penal para ser “prueba anticipada” por lo que considera esta Corte que tal aspecto es de “mera legalidad” reservado a la instancia correspondiente, tal y como así se resolvió; al respecto en un caso similar al presente (APC 190-16 de fecha 5 de Agosto 2016), la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente forma: “… por lo que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, en virtud que el Recurrente con sus argumentos lo que trata de cuestionar es la interpretación lógico-jurídica realizada por la resolución judicial de A-quo y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la Constitucionalidad…”, por lo que en el caso concreto de mérito, la corte de apelaciones lo subsume, en la causal de inadmisión del numeral 1 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual señala lo siguiente: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.” Además, el párrafo último establece: “El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por los abogados LUCIO FERRERA SALGADO Y ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, a favor de los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, contra las Resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019); con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JORGE LUIS FRANCO AVILA. Estimando los recurrentes, que el acto reclamado violenta, en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 80, 90 y 94 de la Constitución de la República, y; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, la abogada MARIANELA ZUNIGA SANCHEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores CARLOS GEOVANY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JORGE LUIS FRANCO AVILA. (Folios 1–5v de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ Y LUCIO FERRERA SALGADO, actuando como representantes procesales de los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, interpusieron una Solicitud de un Reconocimiento Judicial; a lo el citado Juzgado, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), Resolvió: (SIC) “1) En fundamento a las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas: No admitir la solicitud de un reconocimiento judicial del lugar de los hechos, que ante el tribunal promoviese los Abogados MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON Y LUCIO FERRERA SALGADO, en su condición de Defensores privados de los imputados señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, a quienes se les supone responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de JORGE LUIS FRANCO AVILA.- pudiendo evacuar dicha diligencia en un juicio oral y público, por lo cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 277 del código procesal penal.” Así mismo, en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019), el abogado LUCIO FERRERA SALGADO, actuando en su condición antes descrita, interpuso la Solicitud de Ampliación de la Declaración del Testigo Protegido con clave “TPCAHP-072018”; a lo que el referido Juzgado, en la misma fecha Resolvió: (SIC) “1) En fundamento a las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas: No admitir la solicitud de ampliación de la declaración de testigo protegido con clave TPCAHP-072018 con las formalidades de la prueba anticipada solicitada por el Abogado LUCIO FERRERA SALGADO, en su condición de defensor de los imputados señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, pudiendo tomar dichas diligencias en juicio oral y público por lo cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 277 del código procesal penal.” (Folios 194-196, 198-199 y 219–222v de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha tres (3) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), los abogados LUCIO FERRERA SALGADO Y ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, actuando a favor de los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, interpusieron ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, un Recurso de Amparo contra las resoluciones de fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), relacionadas en el numeral anterior, por considerar que la misma atenta contra los derechos contenidos en los artículos 80, 90 y 94 de la Constitución de la República, y; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 1–7v de la Pieza de Amparo llevado por la Corte de Apelaciones)- 4) Que en fecha treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones Falló: (SIC) “SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados LUCIO FERRERA SALGADO Y ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, a favor de sus representantes CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUÉ AGUILAR MONTOYA, en la causa que se les instruye por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de JORGE LUIS FRANCO AVILA, expediente 496-18 en el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, contra dos resoluciones judiciales dictadas en fecha Veinte (20) de Marzo del Dos Mil Diecinueve (2019) por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro.-” (Folios 30–35v de la Pieza de Amparo llevad por la Corte de Apelaciones)- 5) Que en fecha catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.- Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió sobreseer por unanimidad de votos el amparo de mérito.- Dicho tribunal establece que consta en autos que “la Juez de Primera Instancia motivó suficientemente las razones por las que a su criterio no es posible admitir en este momento procesal (primeras etapas) la solicitud de reconocimiento judicial del lugar de los hechos bajo la modalidad de prueba anticipada, motivando ampliamente los presupuestos que de acuerdo al Artículo 277 del Código Procesal Penal justifican la realización de prueba anticipada, como ser en caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que por ausencia o por cualquier otra causa sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del Juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero y otros beneficios análogos; razona la Jueza que no se ha acreditado en ese momento, que la vivienda donde se pretende hacer tal inspección vaya a ser destruida o modificada, agrega además que en el caso de existir una diligencia judicial la persona que se encuentre en esa vivienda estará en la obligación de acatar tal orden, por tanto no existe el peligro que se pierda tal medio de prueba y que perfectamente en el acto de debate del Juicio Oral y Público podrá realizarse tal diligencia, expresando además que a los Jueces que les corresponde dictar el fallo definitivo son los que tengan el acceso directo a los medios de prueba (principio de inmediación)”.- En respuesta a lo expuesto por el garantista, el tribunal que conoce en jurisdicción constitucional, también estableció “esta Corte aprecia que la ampliación de la declaración del referido testigo protegido fue solicitada por la defensa como “prueba anticipada” y la Juez considera que no se reúnen los presupuestos que señala el Artículo 277 del Código Procesal Penal para ser “prueba anticipada” por lo que considera esta Corte que tal aspecto es de “mera legalidad” reservado a la instancia correspondiente, tal y como así se resolvió; al respecto en un caso similar al presente (APC 190-16 de fecha 5 de Agosto 2016), la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente forma: “… por lo que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, en virtud que el Recurrente con sus argumentos lo que trata de cuestionar es la interpretación lógico-jurídica realizada por la resolución judicial de A-quo y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la Constitucionalidad…”, por lo que en el caso concreto de mérito, la corte de apelaciones lo subsume, en la causal de inadmisión del numeral 1 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual señala lo siguiente: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.” Además, el párrafo último establece: “El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 46 No.1, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinte proferida por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por los abogados LUCIO FERRERA SALGADO Y ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, a favor de los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, contra las Resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019); con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JORGE LUIS FRANCO AVILA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para la debida restitución de los derechos conculcados y demás efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. – Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0128-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por los abogados LUCIO FERRERA SALGADO Y ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, a favor de los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, contra las Resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019); con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JORGE LUIS FRANCO AVILA. Estimando los recurrentes, que el acto reclamado violenta, en perjuicio de sus representados, los derechos contenidos en los artículos 80, 90 y 94 de la Constitución de la República, y; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, la abogada MARIANELA ZUNIGA SANCHEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores CARLOS GEOVANY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JORGE LUIS FRANCO AVILA. (Folios 1–5v de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019), el abogado MARLON IVAN RODRIGUEZ Y LUCIO FERRERA SALGADO, actuando como representantes procesales de los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, interpusieron una Solicitud de un Reconocimiento Judicial; a lo el citado Juzgado, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), Resolvió: (SIC) “1) En fundamento a las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas: No admitir la solicitud de un reconocimiento judicial del lugar de los hechos, que ante el tribunal promoviese los Abogados MARLON IVAN RODRIGUEZ ESCALON Y LUCIO FERRERA SALGADO, en su condición de Defensores privados de los imputados señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, a quienes se les supone responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de JORGE LUIS FRANCO AVILA.- pudiendo evacuar dicha diligencia en un juicio oral y público, por lo cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 277 del código procesal penal.” Así mismo, en fecha veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019), el abogado LUCIO FERRERA SALGADO, actuando en su condición antes descrita, interpuso la Solicitud de Ampliación de la Declaración del Testigo Protegido con clave “TPCAHP-072018”; a lo que el referido Juzgado, en la misma fecha Resolvió: (SIC) “1) En fundamento a las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas: No admitir la solicitud de ampliación de la declaración de testigo protegido con clave TPCAHP-072018 con las formalidades de la prueba anticipada solicitada por el Abogado LUCIO FERRERA SALGADO, en su condición de defensor de los imputados señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, pudiendo tomar dichas diligencias en juicio oral y público por lo cual no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 277 del código procesal penal.” (Folios 194-196, 198-199 y 219–222v de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha tres (3) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), los abogados LUCIO FERRERA SALGADO Y ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, actuando a favor de los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, interpusieron ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, un Recurso de Amparo contra las resoluciones de fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019), relacionadas en el numeral anterior, por considerar que la misma atenta contra los derechos contenidos en los artículos 80, 90 y 94 de la Constitución de la República, y; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 1–7v de la Pieza de Amparo llevado por la Corte de Apelaciones)- 4) Que en fecha treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la citada Corte de Apelaciones Falló: (SIC) “SOBRESEER dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados LUCIO FERRERA SALGADO Y ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, a favor de sus representantes CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUÉ AGUILAR MONTOYA, en la causa que se les instruye por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de JORGE LUIS FRANCO AVILA, expediente 496-18 en el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, contra dos resoluciones judiciales dictadas en fecha Veinte (20) de Marzo del Dos Mil Diecinueve (2019) por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro.-” (Folios 30–35v de la Pieza de Amparo llevad por la Corte de Apelaciones)- 5) Que en fecha catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución.- Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió sobreseer por unanimidad de votos el amparo de mérito.- Dicho tribunal establece que consta en autos que “la Juez de Primera Instancia motivó suficientemente las razones por las que a su criterio no es posible admitir en este momento procesal (primeras etapas) la solicitud de reconocimiento judicial del lugar de los hechos bajo la modalidad de prueba anticipada, motivando ampliamente los presupuestos que de acuerdo al Artículo 277 del Código Procesal Penal justifican la realización de prueba anticipada, como ser en caso de peligro de pérdida o inutilización de cualquier medio de prueba, cuando exista riesgo grave de fallecimiento de un testigo o perito; de que por ausencia o por cualquier otra causa sea imposible o extraordinariamente difícil que comparezca en el acto del Juicio; o corra peligro de ser expuesto a presiones, mediante violencia, amenazas, ofertas o promesas de dinero y otros beneficios análogos; razona la Jueza que no se ha acreditado en ese momento, que la vivienda donde se pretende hacer tal inspección vaya a ser destruida o modificada, agrega además que en el caso de existir una diligencia judicial la persona que se encuentre en esa vivienda estará en la obligación de acatar tal orden, por tanto no existe el peligro que se pierda tal medio de prueba y que perfectamente en el acto de debate del Juicio Oral y Público podrá realizarse tal diligencia, expresando además que a los Jueces que les corresponde dictar el fallo definitivo son los que tengan el acceso directo a los medios de prueba (principio de inmediación)”.- En respuesta a lo expuesto por el garantista, el tribunal que conoce en jurisdicción constitucional, también estableció “esta Corte aprecia que la ampliación de la declaración del referido testigo protegido fue solicitada por la defensa como “prueba anticipada” y la Juez considera que no se reúnen los presupuestos que señala el Artículo 277 del Código Procesal Penal para ser “prueba anticipada” por lo que considera esta Corte que tal aspecto es de “mera legalidad” reservado a la instancia correspondiente, tal y como así se resolvió; al respecto en un caso similar al presente (APC 190-16 de fecha 5 de Agosto 2016), la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente forma: “… por lo que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, en virtud que el Recurrente con sus argumentos lo que trata de cuestionar es la interpretación lógico-jurídica realizada por la resolución judicial de A-quo y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la Constitucionalidad…”, por lo que en el caso concreto de mérito, la corte de apelaciones lo subsume, en la causal de inadmisión del numeral 1 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual señala lo siguiente: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.” Además, el párrafo último establece: “El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 46 No.1, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinte proferida por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por los abogados LUCIO FERRERA SALGADO Y ELA PATRICIA RAMOS BUSTILLO, a favor de los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, contra las Resoluciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019); con relación a la causa instruida contra los señores CARLOS GEOVANNY FLORES MONTOYA Y GERMAN JOSUE AGUILAR MONTOYA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor JORGE LUIS FRANCO AVILA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para la debida restitución de los derechos conculcados y demás efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. – Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0128-2020.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”