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Sentencia AP-127-18 — Registro 11282

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación, confirmó resolución apelada dictada por la Sala de lo Penal como Tribunal de primera instancia que declaró ha lugar solicitud de antejuicio contra recurrente por suponerla responsable de delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública por fijar de oficio Audiencia Preliminar en proceso contra imputados parientes cercanos del Ex Vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la revisión de los antecedentes que conforman la acción constitucional impetrada, la Sala de lo Constitucional constata que en la Acción de Amparo interpuesta se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."del examen de la acción de amparo promovida, el recurrente señala los actos procesales que fueron emitidos por su representada la funcionaria judicial Delmy Elizabeth López Paz quien se desempeñaba como Juez de Letras con Jurisdicción Nacional, actuaciones que precisamente son las invocadas por Agentes de Tribunales del Ministerio Público al momento de instar el procedimiento especial de Antejuicio en contra de la referida funcionaria judicial..."..."esta Sala observa que la Corte de Apelaciones Designada para conocer del procedimiento especial de Antejuicio, promovido por el Ministerio Público en contra de la funcionaria judicial Delmy Elizabeth López Paz, dictó resolución, respetando los requisitos esenciales del referido procedimiento especial, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 422 del Código Procesal Penal, el que aduce el recurrente fue vulnerado, al emitir la resolución impugnada, consideraciones de fondo que le están vedadas en un procedimiento de Antejuicio; del examen de la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional observa que la misma se encuentra conforme a derecho, sin vulnerar el precitado artículo al dejar plasmado en sus consideraciones finales que: (Sic) “8. Es por lo antes expuesto que esta Corte de Apelaciones Designada hace suyos los razonamientos jurídicos y fácticos emitidos por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de primera instancia, razones que se plasman en los numerales que anteceden; ya que no ha habido violación al artículo 422 del Código Procesal Penal tal como lo alega el apelante porque no se ha prejuzgado sobre el fondo del asunto, únicamente se encontró un fundamento razonable para considerar que la antejuiciada podría haber actuado en la comisión de los delitos mencionados…”..."asimismo se aprecia que el recurrente se limitó a realizar valoraciones en cuanto a los tipos penales de Abuso de Autoridad y Tráfico de Influencias y que la concurrencia de los elementos, tanto objetivos como subjetivos, de los referidos tipos penales debieron ser apreciados por los Tribunales de Primera y Segunda Instancia conforme a sus argumentaciones; relacionando asimismo el recurrente doctrina en relación a los tipos penales ut supra, sin desarrollar en que forma la resolución cuestionada vulnera los derechos constitucionales invocados..."..."las valoraciones esgrimidas por el recurrente a efecto que se ampare la resolución cuestionada, son argumentos de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, ello porque en la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia, este indicó, que el tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito sólo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de los mismos; con ello se desvanecen los argumentos del recurrente en relación a que el Tribunal de Segunda Instancia que hace suyos los razonamientos emitidos por la Sala de lo penal, actuando como órgano jurisdiccional de primera instancia, ha realizado valoraciones sobre el fondo del asunto, pues ello corresponde dilucidarlo al órgano jurisdiccional competente, quien después del trámite de las correspondientes diligencias, establecerá si se dan o no los elementos para emitir resolución en contra de la actual funcionaria judicial por la comisión de los delitos señalados por el ente acusador..."..."la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los elementos de tipo formal y material a efecto de decidir si ha lugar o no al Antejuicio promovido, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, reiterando que el recurrente hace alusión a cuestiones de fondo que deben decidirse en los órganos jurisdiccionales de instancia, quienes son los competentes para decidir si concurren o no, los elementos tantos objetivos como subjetivos del tipo penal de Abuso de Autoridad y Tráfico de Influencias, tarea evidentemente jurisdiccional que le esta vedada realizar a la Sala de lo Constitucional, por no tratarse de un órgano jurisdiccional de instancia..."..."al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, a favor de la señora DELMY ELIZABETH LOPEZ PAZ, contra la sentencia de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones designada por la Corte Suprema de Justicia, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en relación al Antejuicio instruido contra la señora DELMY ELIZABETH LOPEZ PAZ, quien ostenta el cargo de Magistrada Integrante Permanente de la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a quien se le supone responsable de la comisión de los delitos de TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMNISTRACIÓN PÚBLICA, por fijar de manera oficiosa la Audiencia Preliminar, en el proceso instruido contra los imputados DENNYS DODANY BONILLA GARCIA y CARLOS ROBERTO BONILLA con el ánimo de ayudarlos y favorecerlos, por ser parientes cercanos del señor TEODORO BONILLA EUCEDA, Ex Vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.- Estimando el recurrente que los derechos constitucionales que se consideran violados o amenazados son el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, principio fundamental de retroactividad de la ley penal, contenidos en los artículos 89, 90 y 96 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil quince (2015), comparecieron ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, los Abogados GERRY YASSAR VALLADARES y GELMER HUMBERTO CRUZ, en su condición de Agente de Tribunales del MINISTERIO PÚBLICO, Instando Procedimiento Especial de Antejuicio, a fin que se declare ha lugar la persecución penal del Ministerio Público, contra la Magistrada Integrante Permanente de la Corte de Apelaciones Civil de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Abogada Delmy Elizabeth López Paz. (Folios 1 al 6 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2017), la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Penal, conociendo en primera instancia, dictó Sentencia mediante la cual FALLA: (Sic) “ÚNICO: Declara HA LUGAR la Solicitud de Antejuicio presentado contra la Abogada Delmy Elizabeth López Paz, Magistrada Integrante, permanente de la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por suponerla responsable de los delitos de Tráfico de Influencias y Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras…” (Folios del 306 al 315 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que conociendo del recurso de Apelación promovido por el Abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, en su condición de Defensor de la Abogada Delmy Elizabeth López Paz, contra la sentencia relacionada en el acápite que antecede, en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Designada por la Corte Suprema de Justicia, emitió resolución mediante la cual FALLA: (Sic) “1) Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto por el abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, apoderado defensor de la abogada Delmy Elizabeth López Paz. 2) CONFIRMANDO la resolución apelada, de fecha veinte de junio del año dos mil diecisiete emitida por la Sala de lo Penal como tribunal de primera Instancia…” (Folios 28 al 31 de la pieza de antecedentes de segunda instancia).-4) El recurrente Abogado ROSENDO DOMINGO TORRES AQUINO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha ocho (8) de febrero del año dos mil diecisiete (2018), reclamando amparo a favor de la señora DELMY ELIZABETH LOPEZ PAZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte (20) de octubre del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de los derechos constitucionales de presunción de inocencia, el debido proceso, principio fundamental de retroactividad de la ley penal, contenidos en los artículos 89, 90 y 96 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 39 de los autos).-CONSIDERANDO 1: Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción constitucional impetrada, la Sala de lo Constitucional constata que en la Acción de Amparo interpuesta se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto apuntado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”. Aseveración a la que se concluye, pues del examen de la acción de amparo promovida, el recurrente señala los actos procesales que fueron emitidos por su representada la funcionaria judicial Delmy Elizabeth López Paz quien se desempeñaba como Juez de Letras con Jurisdicción Nacional, actuaciones que precisamente son las invocadas por Agentes de Tribunales del Ministerio Público al momento de instar el procedimiento especial de Antejuicio en contra de la referida funcionaria judicial.-CONSIDERANDO 2: Que en la argumentación de la exposición de la acción constitucional, el impetrante hace referencia a elementos del tipo penal de Abuso de Autoridad, indicando que su defendida al señalar la audiencia Preliminar no constituyó un Abuso de Autoridad que haya puesto en peligro un bien jurídico protegido, en este caso en particular la Administración Pública, que al contrario debería el Ministerio Público iniciar investigación contra el Fiscal responsable de las dilaciones en la causa de mérito y deducir en su contra la responsabilidad administrativa y disciplinaria que corresponda por la falta de diligencia y cuidado en sus actuaciones como Agente de Tribunales. El recurrente hace alusión al señalamiento de la Audiencia Preliminar realizada por la funcionaria judicial, argumentando que pretender introducir en las esferas del Derecho Penal para castigar el actuar de su representada, constituye a todas luces una violación del principio del Derecho Penal como ultima ratio, pues ello no debió trascender mas allá de las esferas disciplinarias a lo sumo, de allí que la resolución de la Corte de Apelaciones Especial Designada, violenta los derechos fundamentales de Estado de Inocencia y del Debido Proceso.-CONSIDERANDO 3: Que continuando con su exposición, el recurrente aduce que la resolución del Ad-quem vulnera el artículo 422 del Código Procesal Penal, pues se refiere al fondo del asunto en su fundamentación jurídica, en relación al actuar de su representada con Tráfico de Influencias y Abuso de Autoridad; menciona también que el Artículo 300 del Código Procesal Penal, sufrió reformas mediante Decreto número 10-2017 de fecha 27 de abril del 2017 y publicado en el Diario oficial La gaceta número 34,376 de fecha 28 de junio del 2017 y vigente a partir de su publicación; aduce que la conducta reprochable a la antejuiciada ha cambiado y ha sido despenalizada, en consecuencia al no cumplirse este requisito y a pesar de ello la sentencia reprochada lo desconoce violenta flagrantemente el Artículo 96 de nuestra ley suprema, en relación a la irretroactividad de la ley.-CONSIDERANDO 4: Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones Designada para conocer del procedimiento especial de Antejuicio, promovido por el Ministerio Público en contra de la funcionaria judicial Delmy Elizabeth López Paz, dictó resolución, respetando los requisitos esenciales del referido procedimiento especial, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 422 del Código Procesal Penal, el que aduce el recurrente fue vulnerado, al emitir la resolución impugnada, consideraciones de fondo que le están vedadas en un procedimiento de Antejuicio; del examen de la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional observa que la misma se encuentra conforme a derecho, sin vulnerar el precitado artículo al dejar plasmado en sus consideraciones finales que: (Sic) “8. Es por lo antes expuesto que esta Corte de Apelaciones Designada hace suyos los razonamientos jurídicos y fácticos emitidos por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de primera instancia, razones que se plasman en los numerales que anteceden; ya que no ha habido violación al artículo 422 del Código Procesal Penal tal como lo alega el apelante porque no se ha prejuzgado sobre el fondo del asunto, únicamente se encontró un fundamento razonable para considerar que la antejuiciada podría haber actuado en la comisión de los delitos mencionados….”.-CONSIDERANDO 6: Que asimismo se aprecia que el recurrente se limitó a realizar valoraciones en cuanto a los tipos penales de Abuso de Autoridad y Tráfico de Influencias y que la concurrencia de los elementos, tanto objetivos como subjetivos, de los referidos tipos penales debieron ser apreciados por los Tribunales de Primera y Segunda Instancia conforme a sus argumentaciones; relacionando asimismo el recurrente doctrina en relación a los tipos penales ut supra, sin desarrollar en que forma la resolución cuestionada vulnera los derechos constitucionales invocados.-CONSIDERANDO 7: Que las valoraciones esgrimidas por el recurrente a efecto que se ampare la resolución cuestionada, son argumentos de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, ello porque en la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia, este indicó, que el tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito sólo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de los mismos; con ello se desvanecen los argumentos del recurrente en relación a que el Tribunal de Segunda Instancia que hace suyos los razonamientos emitidos por la Sala de lo penal, actuando como órgano jurisdiccional de primera instancia, ha realizado valoraciones sobre el fondo del asunto, pues ello corresponde dilucidarlo al órgano jurisdiccional competente, quien después del trámite de las correspondientes diligencias, establecerá si se dan o no los elementos para emitir resolución en contra de la actual funcionaria judicial por la comisión de los delitos señalados por el ente acusador.-CONSIDERANDO 8: Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los elementos de tipo formal y material a efecto de decidir si ha lugar o no al Antejuicio promovido, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, reiterando que el recurrente hace alusión a cuestiones de fondo que deben decidirse en los órganos jurisdiccionales de instancia, quienes son los competentes para decidir si concurren o no, los elementos tantos objetivos como subjetivos del tipo penal de Abuso de Autoridad y Tráfico de Influencias, tarea evidentemente jurisdiccional que le esta vedada realizar a la Sala de lo Constitucional, por no tratarse de un órgano jurisdiccional de instancia.-CONSIDERANDO 9: Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”, ello en relación al último párrafo de la misma norma legal, que dispone: “… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.-CONSIDERANDO 10: Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 420, 421, 422 y 423 del Código Procesal Penal; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- WILFREDO MENDEZ ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero del año

dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0127-2018.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL