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Sentencia AP-121-19 — Registro 11744

Resumen

Sentencia impugnada decidió declarar ha lugar recurso de apelación interpuesto por Ministerio Público contra la resolución, que había dictado sobreseimiento provisional y ordenó auto de formal procesamiento contra imputado por el delito de Apropiación Indebida

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."CONSIDERANDO: Que en el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas e insuficientes para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal. -Esta Sala advierte que en el asunto objeto de examen, el Tribunal de Alzada basó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en contra del imputado por el delito de Apropiación Indebida, en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual conduce razonablemente a considerar que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el mismo.-CONSIDERANDO: Que así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver.-La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. -En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.-Hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que también es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, cuestionando la forma en la que se ha valorado la prueba por parte del Tribunal Ad Quem, y censurando—con escasos argumentos—el valor otorgado por la Alzada a la declaración del ofendido.-Sin duda que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba.-CONSIDERANDO: Que como debería saberlo el recurrente, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, que es un sistema que procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico, siendo impropias—y además desatinadas—las aseveraciones del recurrente en cuanto a que la declaración de la víctima deba desecharse por tener éste un “interés” en la causa. -Este tipo de afirmaciones sugieren un desconocimiento del principio que citamos, que conlleva a que la valoración, al serle propia al juzgador, le debe permitir establecer la credibilidad que le merezca uno, dos o más testimonios, resultando de por sí indiferente el número de medios probatorios que logren formar su convicción, siempre que esta valoración se haga dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, acatando las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador.-CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia , por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.-No obstante, como también lo ha sostenido esta Sala, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO: Que en el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas e insuficientes para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal. -Esta Sala advierte que en el asunto objeto de examen, el Tribunal de Alzada basó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en contra del imputado por el delito de Apropiación Indebida, en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual conduce razonablemente a considerar que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el mismo.-CONSIDERANDO: Que así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver.-La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. -En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el abogado GUSTAVO ANTONIO DUARTE BETANCOURTH, a favor del señor WILLIAM JAMES LORENZ JR, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con relación a la causa instruida contra el señor WILLIAM JAMES LORENZ JR, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio del señor WENCESLAO ORELLANA VALLE afirmando el recurrente que la decisión del Ad Quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. -A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, la Abogada DORA ENICK BONILLA BONILLA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor WILLIAM JAMES LORENZ JR, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio del Señor WENCESLAO ORELLANA VALLE. (Folios 1 al 3 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); en Audiencia Inicial, el Juzgado instructor decidió dictar resolución que en su parte resolutiva dice: “…RESUELVE: (SIC) 1) Decretar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor WILLIAM JAMES LORENZ JR, a quien se le supone responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de WENCESLAO ORELLANA VALLE; 2) Déjense sin valor ni efecto las medidas cautelares en contra del imputado, decretadas en fecha 01 de agosto del año 2018.- 3) Dese copia del acta a las partes procesales…”. (Folios 66 al 70 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida dictó sentencia cuya parte resolutiva dice: “…RESUELVE: Primero: Declarar HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico; Segundo: REVOCA el Sobreseimiento Provisional dictado a favor del señor WILLIAM JAMES LORENZ JR, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIONM INDEBIDA en perjuicio de WENCESLAO ORELLANA VALLE debiendo dictar el juez a-quo auto de formal procesamiento…”(Folio 4 al 7 de la Pieza de la Corte de Apelaciones).- 4) El recurrente abogado GUSTAVO ANTONIO DUARTE BETANCOURTH, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor del señor WILLIAM JAMES LORENZ JR, afirmando el recurrente que la decisión del Ad Quem, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. -5) Que en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocable el termino dejado de utilizar por el amparista para formalizar el recurso de mérito. Asimismo, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación por lo cual La Sala consideró procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de Amparo, en consecuencia, la Secretaría de este Tribunal omitió la vista de las presentes diligencias al Fiscal del Despacho para emitir su dictamen, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. -DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO: Que la garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que la acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.-De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.-CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO: Que a la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES PENAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO: Que el acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida en fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, la cual se denuncia ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa en perjuicio del imputado William James Lorenz Jr. -CONSIDERANDO: Que la sentencia impugnada decidió declarar ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia inicial por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, que había determinado dictar un sobreseimiento provisional a favor del referido imputado por el delito de Apropiación Indebida, en perjuicio del señor Wenceslao Orellana Valle.-CONSIDERANDO: Que la intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto se inicia con la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, ante el ya mencionado Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, en contra del señor William James Lorenz Jr., a quien se imputó la comisión del delito de Apropiación Indebida, fundamentado en el artículo 242 numeral 8) del Código Penal, y que castiga a quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido.-CONSIDERANDO: Que en audiencia inicial celebrada ante el juzgado de instancia, se decidió un sobreseimiento provisional a favor del imputado, al estimar el juzgador que el imputado no se apropió de ningún bien propiedad del ofendido, ya que éste no quiso recibirle varios bienes muebles al negarse a firmar un documento de entrega, considerando el juez de instancia que no se derivó en el proceso indicio racional de participación en el hecho.-Como ya queda dicho, la decisión del A Quo fue recurrida en apelación por parte del Ministerio Público ante la Corte de Alzada, la cual dictó resolución en fecha 16 de enero de 2019, revocando el sobreseimiento provisional en referencia, y ordenando que el juzgado de letras procediera a dictar auto de formal procesamiento en contra del imputado por el precitado delito de Apropiación Indebida.-SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.-CONSIDERANDO: Que conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada consideró que con los medios probatorios aportados en el proceso se logró establecer tanto la existencia de los elementos del tipo penal como los indicios racionales de participación del imputado en el mismo, al establecerse la existencia de bienes muebles de pertenencia del ofendido, la tenencia de los mismos por parte del encartado, su condición de guardador y su negativa a devolverlas a su dueño, demostrándose en el proceso que el imputado dispuso incluso desechar tales bienes en perjuicio del propietario, como quedó explicado en la sentencia emitida por la Alzada.-El Tribunal de Alzada consideró que la resolución del A Quo se contrapuso al principio de congruencia exigido por nuestra legislación pues éste dio por sentada la existencia de los elementos del tipo penal más no los indicios de participación, un razonamiento entendido por el Ad Quem como contradictorio, puesto que para la conformación del tipo penal en este caso se requiere que el sujeto activo recepcione las cosas del sujeto pasivo, de ahí entonces que resultase inocua para el Tribunal de Alzada la conclusión del juez de instancia de estimar como una simple sospecha la intervención del encartado en el hecho, puesto que para la Alzada, se está ante un claro indicio de participación a título de dolo por parte del imputado e incorporada la evidencia probatoria de la existencia del delito, por ende concluyó por la procedencia de la revocatoria de la decisión del A Quo en su ejecutoria.- SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA RECURRENTE.- CONSIDERANDO: Que para el impetrante la Corte de Apelaciones no hizo una valoración (sic) “real y congruente” de la totalidad de la prueba, cuestionando que se haya tomado como veraz la declaración del ofendido, el cual tiene un (sic) “interés en la causa”, refiriendo que el imputado siempre estuvo anuente a devolver los enseres propiedad del afectado, quien se negó a recibirlos, según expuso, excluyendo, conforme su parecer, la apropiación de los mismos.-Al explicar la violación constitucional en la que según el impetrante incurrió la Alzada, se limitó a hacer una cita textual de los preceptos constitucionales y una breve explicación de sus conceptos, insistiendo en la ausencia de los “presupuestos legitimadores” del tipo penal que estimó atentatorio al principio de presunción de inocencia. - RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO: Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.-Hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que también es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.-CONSIDERANDO: Que en el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, cuestionando la forma en la que se ha valorado la prueba por parte del Tribunal Ad Quem, y censurando—con escasos argumentos—el valor otorgado por la Alzada a la declaración del ofendido.-Sin duda que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba.-CONSIDERANDO: Que como debería saberlo el recurrente, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, que es un sistema que procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico, siendo impropias—y además desatinadas—las aseveraciones del recurrente en cuanto a que la declaración de la víctima deba desecharse por tener éste un “interés” en la causa. -Este tipo de afirmaciones sugieren un desconocimiento del principio que citamos, que conlleva a que la valoración, al serle propia al juzgador, le debe permitir establecer la credibilidad que le merezca uno, dos o más testimonios, resultando de por sí indiferente el número de medios probatorios que logren formar su convicción, siempre que esta valoración se haga dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, acatando las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador.-CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional.-No obstante, como también lo ha sostenido esta Sala, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso.-CONSIDERANDO: Que en el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas e insuficientes para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal. -Esta Sala advierte que en el asunto objeto de examen, el Tribunal de Alzada basó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en contra del imputado por el delito de Apropiación Indebida, en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual conduce razonablemente a considerar que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el mismo.-CONSIDERANDO: Que así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver.-La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones.-CONSIDERANDO: Que de todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. -En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA,POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado GUSTAVO ANTONIO DUARTE BETANCOURTH, a favor del señor WILLIAM JAMES LORENZ JR, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019) de la cual se ha hecho mérito y por las razones que se han dejado aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, uno (1) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0121-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200