Sentencia AP-1112-19 — Registro 17511
Resumen
En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que otorgó el recurso de amparo en relación a la causa instruida por el delito de portacion ilegal de armas, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“CONSIDERANDO: Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, confirma la sentencia que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial una violación al derecho fundamental de defensa; ya según consta en los antecedentes del amparo de mérito, se llevó a cabo la lectura de sentencia en la mencionada causa, sin embargo no se entregó a las partes un ejemplar del acta del juicio oral y público celebrado y que al no haberse realizado esa entrega en el momento procesal oportuno, se vulnera el derecho a la defensa y la garantía de un debido proceso, al privar a los recurrentes del derecho de obtener el medio adecuado para el estudio del caso y la debida preparación del recurso que la ley otorga; fundamentando su decisión en los artículos 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 82 y 90 de la Constitución de la República; por parte de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés.” La Sala, también sostuvo la línea jurisprudencial bajo estudio en la sentencia APC-1293-2009 del uno de febrero de dos mil once, al resolver de la siguiente manera: “CONSIDERANDO: Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, confirma la sentencia que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial una violación al derecho fundamental de defensa; ya que al órgano persecutor del Estado se le privó del plazo del de veinte días hábiles para que efectuara un estudio reposado y reflexivo de todas las incidencias del debate, pues la copia del acta del debate, le fue entregada, hasta el dieciséis de octubre del año dos mil nueve, coartándole el plazo completo y legal de veinte días a partir de la notificación del fallo, por lo que resulta evidente el ultraje a la garantía del derecho de defensa y manifiesta violación al Debido proceso por parte del Tribunal de Sentencia de Comayagua.” Conforme a todo lo anteriormente expuesto, este alto tribunal de justicia estima que la argumentación de la honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, es correcta y responde a la necesidad de restituir los derechos de debido proceso legal y defensa, asimismo el derecho a impugnar contando con todos los medios idóneos para hacerse oír ante el tribunal de alzada, en este caso en el recurso de casación. Es por ello que, para hacer efectiva la restitución de los derechos antes mencionados es necesario que el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Progreso, departamento de Yoro, proceda hacer entrega de la del acta de debate afín de que se proceda a los trámites que correspondan.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RUBÍ GARCIA, a favor del señor KENI EDUARDO MURCIA BARNICA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de julio del año dos mil diecinueve, el Abogado JOSÉ RUBÍ GARCIA, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Recurso de Amparo a favor del señor KENI EDUARDO MURCIA BARNICA; manifestando el recurrente “que el día 28 y 29 de noviembre del año 2018, se celebró audiencia de juicio ORAL Y PUBLICO, en el TRIBUNAL DE SETNENCIA DE EL PROGRESO, emitiendo un fallo, absolutorio por el delito de robo, por no haber suficientes pruebas y un FALLO CONDENATORIO por portación ilegal de armas CON UNA PENA DE 3 AÑOS CON SEIS MESES, de los cuales ya cumplió dos años y siete meses 22 días sin tener una sentencia en firme, la secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA no ha elaborado el acta para notificación después de 7 meses de realizado el JUICIO ORAL Y PUBLICO. Violando los derechos del imputado KENI EDUARDO MURCIA BARNICA”. 2) Que en fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, FALLA: OTORGAR LA ACCION DE AMPARO promovido por el Abogado JOSÉ RUBÍ GARCIA, a favor de KENI EDUARDO MURCIA BARNICA. 3) Que en fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos de defensa y debido proceso legal, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El impetrante en su condición de defensor comparece formalizando garantía de amparo a favor del ciudadano KENI EDUARDO MURCIA BARNICA argumentando los extremos que a continuación se resumen. Expresa el censor que considera violentados los derechos de defensa y debido proceso debido a que el tribunal de sentencia omitió dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 346 número 7, último párrafo del Código Procesal Penal, o sea entregarle la copia del acta del debate. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió otorgar por unanimidad de votos el amparo de mérito, en virtud de estimar violentados los derechos invocados de defensa y debido proceso. Señala la honorable corte de apelaciones que….“CONSIDERANDO (4): Que consta en autos que se llevó a cabo la notificación realizada únicamente al Abogado Jose Rubí García en fecha seis de febrero del año en curso de la sentencia definitiva condenatoria en el proceso que nos ocupa, (misma que fue dictada en fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), según se establece en dicha sentencia, no obstante, este Tribunal observa que debe existir un error en la fecha en tanto que el debate se realizó según los obrados de la causa los días 28 y 29 de noviembre de 2018, se colige con facilidad que la sentencia se emitió en fecha 10 de enero de 2019 y no del año 2018), sin embargo, no consta que se haya hecho entrega a las partes del Acta del Juicio Oral y Público que es la que recoge las incidencias del mismo, asimismo la que contiene un resumen estructural del debate cuyo contenido se esquematiza en el precitado articulo 346; esta misma acta sirve para demostrar todo lo que se desarrolló en la audiencia y el cumplimiento y observancia de las formalidades que para la misma ha previsto la Ley, por lo que la misma hace plena fe para llegar a probar un enunciado faltante de la audiencia o su falsedad, los cuales servirán para interponer el Recurso de Casación. Se acredita que mediante escrito presentado en fecha 29 de mayo de 2019 por el Abogado Jose Rubí García ante el Tribunal de Sentencia referido anteriormente, se pide que se dé pronta resolución y se entregue el ACTA DE DEBATE en la causa que nos ocupa, Acta que no obstante haber sido ordenado su entrega por parte de la Secretaria de dicho Tribunal, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento.” Asimismo la Corte señala que ….“CONSIDERANDO (7): Que esta Corte estima que al no haberse entregado oportunamente el acta referida, se ha vulnerado el Derecho de Defensa y la Garantía de un Debido Proceso, por cuanto se le privo a la parte que recurre en Amparo del derecho de disponer por medio idóneo y adecuado para estudiar el caso y preparar debidamente el recurso de casación.
Este criterio, señala dicho tribunal de alzada ya ha sido pronunciado en ocasiones anteriores, señalando el recurso de amparo 09-11 de fecha veintiséis de abril de dos mil once, la cual fue confirmada por la Sala de lo Constitucional mediante sentencia AP-0386-2011 de fecha veintinueve de marzo de dos mil doce. La corte de apelaciones, argumentó en el caso bajo estudio, que el no haber entregado oportunamente el acta de debate, vulnera los derechos de defensa y debido proceso del encausado KENI EDUARDO MURCIA BARNICA, en virtud de que se le privó del instrumento idóneo y adecuado para que su apoderado procesal estudiara el caso y preparara debidamente el recurso de casación. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. Este alto tribunal constata que hubo omisión por parte del tribunal de sentencia en hacer entrega oportuna de la copia del acta del debate y juicio oral a las partes, siendo este el instrumento que permite a las partes tener acceso a los acontecimientos que formaron parte del juicio y que incidieron para la decisión final. Como precedente este alto tribunal de justicia, cita la sentencia APC-1252-2014 de fecha treinta de septiembre del dos mil dieciséis, mediante la cual confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Comayagua, que amparó al Ministerio Público por no haber recibido oportunamente copia del acta de debate; en dicha ocasión la Sala de lo Constitucional se pronunció de la manera siguiente: “CONSIDERANDO (6): Que sometidos a estudio los antecedentes y la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional aprecia que […] que se ha vulnerado su derecho al debido proceso y a la defensa, porque la secretaría no hizo entrega del acta de juicio oral y público, en este punto debe constar que es precisamente en la celebración de audiencia de notificación de sentencia y /o notificación por secretaría, donde el tribunal a través de su secretario (a) debe entregar de oficio a cada una de las partes, la COPIA DE LA SENTENCIA y UN EJEMPLAR DEL ACTA, las negritas, mayúsculas y subrayado son nuestras) lo cual concierne al tribunal de sentencia que en cumplimiento de sus funciones; en este orden de ideas la entrega de tales copias no debe tenerse como hechos aislados, puesto que debe hacerse en un mismo acto de la notificación de la sentencia, siendo esta práctica la idónea a fin de que las partes cuenten con la sentencia y el respaldo trascrito de las actuaciones realizadas dentro de la audiencia, todo lo cual es imprescindible para que las partes ejerciten la acción recursiva que en derecho corresponda y, ciertamente que la falta del acta de la audiencia de juicio viene a restringir el derecho de defensa del recurrente. De igual manera el debido proceso se vulnera cuando no se cumplen las exigencias previstas en la ley como ser, la no entrega del acta en el preciso momento de la notificación, que además es una falta que recae en el tribunal de sentencia, propia de una sanción administrativa por incurrir en responsabilidad disciplinaria tanto del tribunal como del personal auxiliar cuando injustificadamente hubiera dejado de cumplir lo preceptuado por la ley, por otra parte el órgano jurisdiccional deberá tomar las previsiones que sean necesarias para evitar la demora en la entrega de actas de juicio, previniendo contra sí mismo una eventual sanción que en derecho corresponda.” De igual manera, la Sala de lo Constitucional mediante la sentencia APC-0122-2010 de fecha quince de marzo de dos mil once, dictó el fallo siguiente: “CONSIDERANDO: Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, confirma la sentencia que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial una violación al derecho fundamental de defensa; ya según consta en los antecedentes del amparo de mérito, se llevó a cabo la lectura de sentencia en la mencionada causa, sin embargo no se entregó a las partes un ejemplar del acta del juicio oral y público celebrado y que al no haberse realizado esa entrega en el momento procesal oportuno, se vulnera el derecho a la defensa y la garantía de un debido proceso, al privar a los recurrentes del derecho de obtener el medio adecuado para el estudio del caso y la debida preparación del recurso que la ley otorga; fundamentando su decisión en los artículos 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 82 y 90 de la Constitución de la República; por parte de la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés.” La Sala, también sostuvo la línea jurisprudencial bajo estudio en la sentencia APC-1293-2009 del uno de febrero de dos mil once, al resolver de la siguiente manera: “CONSIDERANDO: Que por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional, confirma la sentencia que se conoce en consulta por constar en el expediente judicial una violación al derecho fundamental de defensa; ya que al órgano persecutor del Estado se le privó del plazo del de veinte días hábiles para que efectuara un estudio reposado y reflexivo de todas las incidencias del debate, pues la copia del acta del debate, le fue entregada, hasta el dieciséis de octubre del año dos mil nueve, coartándole el plazo completo y legal de veinte días a partir de la notificación del fallo, por lo que resulta evidente el ultraje a la garantía del derecho de defensa y manifiesta violación al Debido proceso por parte del Tribunal de Sentencia de Comayagua.” Conforme a todo lo anteriormente expuesto, este alto tribunal de justicia estima que la argumentación de la honorable Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, es correcta y responde a la necesidad de restituir los derechos de debido proceso legal y defensa, asimismo el derecho a impugnar contando con todos los medios idóneos para hacerse oír ante el tribunal de alzada, en este caso en el recurso de casación. Es por ello que, para hacer efectiva la restitución de los derechos antes mencionados es necesario que el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial del Progreso, departamento de Yoro, proceda hacer entrega de la del acta de debate afín de que se proceda a los trámites que correspondan. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 346 número 7, último párrafo del Código Procesal Penal: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RUBÍ GARCIA, a favor del señor KENI EDUARDO MURCIA BARNICA, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor EDIS OMAR AGUILAR GUEVARA, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para la debida restitución de los derechos conculcados y demás efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1112-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”