Sentencia AP-1100-19 — Registro 13965
Resumen
nulidad absoluta de actuaciones decretada a partir de la audiencia de procedimiento abreviado con relación a la causa instruida contra recurrente por suponerla responsable del delito de ESTAFA
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de agosto de dos mil veinte. VISTO: Con sus antecedentes, el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ EMERITO RODAS PAVON a favor de la señora LOURDES LIZETH GALEANO BACA, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, el siete de septiembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra la señora LOURDES LIZETH GALEANO BACA por suponerla responsable del delito de ESTAFA en perjuicio del señor ALEXIS GONZALES. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que el recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 , 68, 69, 70, 80, 82, 90, 96 párrafo primero, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República, por cuanto la nulidad absoluta de actuaciones decretada a partir de la audiencia de procedimiento abreviado de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, no es correcta en virtud de que el Ad-quem realizó una motivación incongruente al argumentar que al señor ALEXIS GONZALES se le violentaron garantías constitucionales, al no estar presente en la referida audiencia, siendo en ese entonces representado por el Agente del Ministerio Público, no así por el acusador privado Abogado Marco Vinicio Espinoza. CONSIDERANDO: Que el artículo 404 del Código Procesal Penal, dispone: “Trámite de la solicitud de procedimiento abreviado. Admitida la solicitud del procedimiento abreviado, el respectivo juez convocará a las partes a una audiencia que se celebrará en un plazo no menor de veinte (20) días ni mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del auto de admisión, en la cual oirá al imputado, a la víctima y al Ministerio Público, y recibirá la prueba relativa a las circunstancias previstas en el Código Penal, para la determinación de la pena concreta…”. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que la decisión tomada por la citada Corte de Apelaciones pueda considerarse lesiva a la garantías constitucionales alegadas por el recurrente, en virtud de que quedó establecida la incomparecencia del señor ALEXIS GONZALES, como víctima del delito de ESTAFA investigado, quien no fue citado en legal y debida forma en infracción directa a la norma legal citada, lo cual conlleva al detrimento del debido proceso, tutela efectiva y derecho de defensa que la Constitución y Tratados Internacionales preceptúan a favor de éste, dejándolo en indefensión en infracción directa a los artículos 16 y 404 del Código Procesal Penal, la cual es sancionada con la Nulidad Absoluta de Actuaciones de forma correcta. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación del Ad-quem, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-quo en fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ EMERITO RODAS PAVON a favor de la señora LOURDES LIZETH GALEANO BACA, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por el recurrente propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCINAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de febrero de dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE EMETERIO RODAS PAVÓN contra la resolución dictada por esta Sala el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, mediante la cual sobreseyó el presente Recurso de Amparo, interpuesto por el hoy recurrente a favor de la señora LOURDES LIZETH GALEANO BACA, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, el siete de septiembre de dos mil diecisiete; con relación a la causa instruida contra la señora LOURDES LIZETH GALEANO BACA, por suponerla responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio del señor ALEXIS GONZALEZ. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, sobreseyó la presente acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSE EMETERIO RODAS PAVÓN, pronunciando en forma motivada las razones por la que consideró procedente sobreseerla, pues se advirtió la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece que será inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que el recurrente en su escrito de reposición, arremete contra las razones por las que la Sala estimó procedente declarar inadmisible la presente acción de amparo, aún y cuando esta Sala aclaró en forma motivada del porque no resultaba admisible, siendo que las violaciones invocadas por el recurrente no alcanzan a justificar el inicio de este juicio de garantía, al haberse advertido como ya se indicó, una causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que por lo anteriormente expuesto esta Sala encuentra que los razonamientos esgrimidos en la resolución cuya reposición se solicita se encuentran apegados a derecho y no advierte de lo expuesto por el recurrente en su escrito de reposición, que puedan establecerse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 41, 42, 46, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE EMETERIO RODAS PAVÓN contra la resolución dictada por esta Sala el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan y se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fechas veinticuatro de agosto del año dos mil veinte y quince de febrero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1100-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL