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Sentencia AP-1053-14 — Registro 13045

Resumen

Se interpuso recurso de amparo que declaro sin lugar un recurso de apelación en la causa instruida por los delitos de lavado de activos, en perjuicio del estado de Honduras. - Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82,90 párrafo primero,94 y 103, de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “DECIMO CUARTO: Este Honorable pleno, leída la la audiencia de mérito, en el que ambas partes hicieron sus alegatos, comparte el hecho relacionado a que la defensa de los impetrantes no acredita el origen licito del bien asegurado, por la venta de un inmueble en España, solamente se hace referencia a antecedente de dominio en la escritura de compraventa del ya referido inmueble en España, otorgada por los señores María Isabel Matta Vásquez y Juan Ramón Matta Waldurraga, a favor del señor Marcos Sebastián Rubio Gribble, compareciendo ellos mismos como vendedores del inmueble; por lo que este Honorable Pleno considera denegar la petición de la defensa y mantener la medida de aseguramiento, es cumplir la intención de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, como medida precautoria teniendo como objetivo asegurar la disponibilidad de los bienes o productos obtenidos de la posible comisión de este delito cuya duración no se encuentra restringida. DECIMO QUINTO: Que el impetrante alega que 10 años es tiempo suficiente para la aplicación de la medida, resultando necesario acreditar, al tenor de los artículos 3 y 4 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, la justificación económica y legal de cómo los señores Matta adquirieron dicho inmueble, el cual poseen desde 1987, cuando eran menores de edad por un inmueble radicado en España que es el lugar en donde se originó la transacción que hoy cuenta con una medida de aseguramiento, en la que si bien es cierto el Estado de Honduras no puede ampliar su jurisdicción a otros países, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Honduras el 2 de diciembre de 2003, establece en su artículo 6 la persecución de los delitos de naturaleza transnacional cometidos tanto dentro como fuera del territorio nacional, y la posibilidad de tipificación de los delitos determinantes según el derecho interno de cada país en donde trascienda el efecto del delito. Y siendo que el Ministerio Público ha motivado su solicitud en conocimiento público de las actividades ilícitas vinculadas con el delito de Tráfico de Droga del señor Juan Ramón Matta Ballesteros, padre y actividades ilícitas vinculadas con el delito de lavado de activos de la señora NANCY DE MATTA, madre de los ciudadanos María Isabel Matta Vásquez y Juan Ramón Matta Waldurraga de quienes se obtuvo la información de la transferencia de dinero en dólares procedente de España, país de donde se presume prófuga de la justicia a la señora NANCY DE MATTA, resultando coincidente la relación de la transferencia de dinero en dólares a los ciudadanos María Isabel Matta Vásquez y Juan Ramón Matta Waldurraga, país en donde se presumen actividades ilícitas vinculadas con el delito de lavado de activos. DECIMO SEXTO: Que según lo manifestado por el impetrante se alegó la existencia de violación a dos preceptos constitucionales, el primero el derecho de defensa y el segundo, la garantía del debido proceso, no obstante, es importante recalcar que no debe verse desde la óptica del tiempo en el que pueda tomar la investigación sino más bien en la finalidad de la medida cautelar decretada, en la que este Honorable Pleno no aprecia arbitrariedad, injusticia o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver, mediante resolución ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes; tal es así que el mismo recurrente pide desistimiento de la acción de amparo a lo que la Honorable Sala de lo Constitucional le obliga a que los ciudadanos a quien representa le otorguen poder especial con la facultad expresa de desistimiento o que los mismos comparezcan ante dicha Sala a desistir del mismo, situación que no fue acreditada; Es así como este pleno de la Corte Suprema de Justicia encuentra que la decisión del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley. De igual manera se ha analizado el voto particular del magistrado de la Sala Constitucional. DECIMO SEPTIMO: Que este pleno de magistrados deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto decide DENEGAR el Recurso amparo interpuesto.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de marzo del año dos mil veinte (2020) VISTO: El pleno de la Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados y Magistradas, REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ Magistrado Presidente por Ley, JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, EDGARDO CACERES CASTELLANOS, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA y Magistrados Integrantes DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, BRENDA CELINA HERNANDEZ FERRUFINO, NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, RUBEN RIVERA FLORES, JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO Y ROXANA LICETH MORALES TORO; Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR a favor de los ciudadanos JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA Y MARIA ISABEL MATTA “WALDURRAGA” contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, que declaro SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce (2014); en la causa instruida contra JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA Y MARIA ISABEL MATTA “WALDURRAGA”, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS[1].- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82,90 párrafo primero,94 y 103, de la Constitución de la República. CONSTITUYE PARTE COMO RECURRENTE: abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR a favor de los ciudadanos JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA Y MARIA ISABEL MATTA WALDURRAGA interponiendo Acción de Amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en la cual, al no haber existido UNANIMIDAD de la Sala de lo Constitucional en el presente recurso, se proceda de conformidad a lo que establecen los artículos 316 de la Constitución de la República y 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. ANTECEDENTES PRIMERO: Que en fecha siete de mayo del año dos mil cuatro el Abogado JOSE MARIO SALGADO MONTALVAN, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, presentando una solicitud de convalidación de medida precautoria de aseguramiento de los fondos enviados mediante trasferencia bancarias a favor de los señores JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA Y MARIA ISABEL MATTA VASQUEZ[2]. SEGUNDO: Que en fecha ocho de mayo del año dos mil cuatro, el referido Juzgado de Letras Penal, dictó auto mediante el cual resolvió: 1) CONVALIDAR LA MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO de los fondos enviados mediante trasferencias a favor de los señores JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA y MARIA ISABEL MATTA VASQUEZ para ser acreditados en las cuentas de ahorro en dólares números: 22-402-107-689-7 y 22-401-108-7757, aperturadas en el Banco del Occidente, medida cautelar que fuera resuelta por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, mediante el Auto Motivado de fecha siete de mayo del año dos mil cuatro y resuelta por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, convalidando la medida cautelar de aseguramiento de los fondos enviados mediante transferencias a favor de los señores JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA y MARIA ISABEL MATTA VASQUEZ [3]-[4], notificándose el Ministerio Público sobre dicha convalidación; personándose en la causa el abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR en su condición de Apoderado Legal de los ciudadanos JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA Y MARIA ISABEL MATTA WALDURRAGA ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN a fin de que se proceda a efectuar el trámite de devolución de las cantidades aseguradas a sus representados en vista de haber trascurrido más de diez (10) años sin que se haya resuelto dicha causa[5]. TERCERO: Que el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, llevó a cabo audiencia para resolver la petición precitada en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, en la cual resolvió: “DECLARAR SIN LUGAR”, la Solicitud de Desaseguramiento de los Dineros planteada por el Apoderado Legal de los señores JUAN RAMON MATA VALDURRAGA Y MARIA ISABEL MATA VASQUEZ, en las presentes diligencias investigativas[6]. CUARTO: Que la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, conociendo del recurso de apelación, interpuesto en contra de la resolución referida en el numeral anterior por parte del Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR, en su condición de apoderado legal de los señores JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA Y MARIA ISABEL MATTA VASQUEZ, la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, dictó auto en el cual falló: “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Defensor 2.- Confirmar la resolución apelada.”[7] QUINTO: Que el recurrente Abogado GERARDO EMILIO MARTINEZ AGUILAR, compareció ante dicha resolución en fecha once de septiembre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo ante la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor de los Señores JUAN RAMON MATTA WALDURRAGA Y (sic) MARIA ISABEL MATTA “WALDURRAGA”, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, 94 y 103 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala de lo Constitucional en fecha nueve de diciembre del año dos mil catorce, por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenando la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción el recurrente de manera puntual, y omitiéndose la emisión de Dictamen Fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia[8]. FUNDAMENTO JURIDICO SEXTO: La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. SEPTIMO: La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional y se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. OCTAVO: En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. NOVENO: Que, por mandato de ley, es a la Sala de lo Constitucional a la que le corresponde la jurisdicción constitucional de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán. No obstante, al no haber existido UNANIMIDAD en el presente recurso, se procede de conformidad a lo que establecen los artículos 316 de la Constitución de la República y 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DECIMO: El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo, lo constituye la sentencia emitida en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, a la cual se denunció ante dicha Sala por la violación al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso. DECIMO PRIMERO: La sentencia impugnada decidió declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra una resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, de fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, que desestimó una solicitud presentada por el apoderado de los señores Matta Waldurraga y Matta Vásquez, encaminada a que fuese revocada una medida de aseguramiento de cuentas bancarias decretada en contra de sus representados. DECIMO SEGUNDO: La intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto, inicia con una solicitud de convalidación de una medida cautelar de aseguramiento decretada por el Ministerio Público en fecha 7 de octubre de 2004. La convalidación fue solicitada al Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, medida se impuso sobre dos transferencias destinadas a dos cuentas de Banco de Occidente, S.A., una a nombre del señor Juan Ramón Matta Waldurraga, por la cantidad de $237,011.00 y la otra a nombre de la señora María Isabel Matta Vásquez, por la cantidad de $263,676.00, transferencias procedentes de la República de España. DECIMO TERCERO: Se estableció en la solicitud de convalidación presentada por el Ministerio Público que tanto al padre, Juan Ramón Matta Ballesteros, como a la madre de los ciudadanos antes mencionados, Nancy de Matta, se les investiga por la comisión de los delitos de Tráfico de Drogas y Lavado De Activos, indicándose que la señora Nancy de Matta, se encuentra prófuga de la justicia y que ha sido requerida por la justicia española por el delito de Lavado de Activos[9],y en la que leída la resolución de la Corte de Apelaciones este órgano jurisdiccional considera necesario acreditar que el bien inmueble objeto de la presente causa y motivo de dicha trasferencia, fue adquirido por los señores Matta en forma licita, justificando económica y legalmente su adquisición, circunstancia que aún no se acredita; por lo que en base a esta información y en aplicación de los artículos 3,4 y 15 de la Ley Contra el Lavado de Activos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional ratificada por Honduras el 02 de diciembre del año dos mil tres, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán declara no ha lugar el recurso y confirma la resolución apelada consistente en la convalidación de la medida de aseguramiento sobre las cantidades referidas por el Juez de Letras en auto de fecha 8 de mayo de 2004, teniendo ambas partes el derecho a la defensa al haber acudido ante el juez de instancia. DECIMO CUARTO: Este Honorable pleno, leída la la audiencia de mérito, en el que ambas partes hicieron sus alegatos, comparte el hecho relacionado a que la defensa de los impetrantes no acredita el origen licito del bien asegurado, por la venta de un inmueble en España, solamente se hace referencia a antecedente de dominio en la escritura de compraventa del ya referido inmueble en España, otorgada por los señores María Isabel Matta Vásquez y Juan Ramón Matta Waldurraga, a favor del señor Marcos Sebastián Rubio Gribble, compareciendo ellos mismos como vendedores del inmueble[10]; por lo que este Honorable Pleno considera denegar la petición de la defensa y mantener la medida de aseguramiento, es cumplir la intención de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, como medida precautoria teniendo como objetivo asegurar la disponibilidad de los bienes o productos obtenidos de la posible comisión de este delito cuya duración no se encuentra restringida[11]. DECIMO QUINTO: Que el impetrante alega que 10 años es tiempo suficiente para la aplicación de la medida, resultando necesario acreditar, al tenor de los artículos 3 y 4 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos[12], la justificación económica y legal de cómo los señores Matta adquirieron dicho inmueble, el cual poseen desde 1987, cuando eran menores de edad por un inmueble radicado en España que es el lugar en donde se originó la transacción que hoy cuenta con una medida de aseguramiento, en la que si bien es cierto el Estado de Honduras no puede ampliar su jurisdicción a otros países, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Honduras el 2 de diciembre de 2003, establece en su artículo 6 la persecución de los delitos de naturaleza transnacional cometidos tanto dentro como fuera del territorio nacional, y la posibilidad de tipificación de los delitos determinantes según el derecho interno de cada país en donde trascienda el efecto del delito. Y siendo que el Ministerio Público ha motivado su solicitud en conocimiento público de las actividades ilícitas vinculadas con el delito de Tráfico de Droga del señor Juan Ramón Matta Ballesteros, padre y actividades ilícitas vinculadas con el delito de lavado de activos de la señora NANCY DE MATTA, madre de los ciudadanos María Isabel Matta Vásquez y Juan Ramón Matta Waldurraga de quienes se obtuvo la información de la transferencia de dinero en dólares procedente de España, país de donde se presume prófuga de la justicia a la señora NANCY DE MATTA, resultando coincidente la relación de la transferencia de dinero en dólares a los ciudadanos María Isabel Matta Vásquez y Juan Ramón Matta Waldurraga, país en donde se presumen actividades ilícitas vinculadas con el delito de lavado de activos. DECIMO SEXTO: Que según lo manifestado por el impetrante se alegó la existencia de violación a dos preceptos constitucionales, el primero el derecho de defensa y el segundo, la garantía del debido proceso, no obstante, es importante recalcar que no debe verse desde la óptica del tiempo en el que pueda tomar la investigación sino más bien en la finalidad de la medida cautelar decretada, en la que este Honorable Pleno no aprecia arbitrariedad, injusticia o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver, mediante resolución ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes; tal es así que el mismo recurrente pide desistimiento de la acción de amparo a lo que la Honorable Sala de lo Constitucional le obliga a que los ciudadanos a quien representa le otorguen poder especial con la facultad expresa de desistimiento o que los mismos comparezcan ante dicha Sala a desistir del mismo, situación que no fue acreditada[13]; Es así como este pleno de la Corte Suprema de Justicia encuentra que la decisión del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley. De igual manera se ha analizado el voto particular del magistrado de la Sala Constitucional. DECIMO SEPTIMO: Que este pleno de magistrados deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto decide DENEGAR el Recurso amparo interpuesto. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: El pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los Artículos 1, 18, 59, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 numeral 1, 335 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 7.2,8 de la Convención Americana de derechos Humanos; 1,2,6 y 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; 1, 2, 3 nº 4, 8, 9 nº 4,95, 96 nº6,106, 120, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3 Ley de Lavado de Activos.- FALLA: DENEGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesta por el abogado GERARDO EMILIO MARTÍNEZ AGUILAR a favor de los señores JUAN RAMÓN MATTA WALDURRAGA Y MARÍA ISABEL MATTA, contra el auto dictado por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, por las razones que se han dejado expuestas; Y MANDA: Se devuelvan las diligencias a su lugar de procedencia. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO: REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY; JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, MAGISTRADO; EDGARDO CACERES CASTELLANOS, MAGISTRADO; WILFREDO MENDEZ ROMERO, MAGISTRADO; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MAGISTRADA; MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, MAGISTRADO; ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA, MAGISTRADA; DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, MAGISTRADA INTEGRANTE; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, MAGISTRADO INTEGRANTE; BRENDA CELINA HERNANDEZ FERRUFINO, MAGISTRADA INTEGRANTE; NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, MAGISTRADO INTEGRANTE; RUBEN RIVERA FLORES, MAGISTRADO INTEGRANTE; por JILMAN RODOLFO NOLASCO INESTROZA, MAGISTRADO INTEGRANTE, el Magistrado Presidente por Ley Reynaldo Antonio Hernandez, En atención al auto de fecha 18 de Marzo de 2021, a Folio 88 del Presente expediente (Art. 22 y 191.2 del Cód. Procesal Civil y 145 del Cód. procesal Penal) por fallecimiento del Magistrado Nolasco Inestroza; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, MAGISTRADA INTEGRANTE; ROXANA LICETH MORALES TORO, MAGISTRADA INTEGRANTE; FIRMA Y SELLO: REINA MARIA LÓPEZ CRUZ, SECRETARIA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo de dos mil veintiuno, Certificación de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal que se registra bajo el expediente No.1053-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Corre a Folio 18 pieza del juzgado de letras penal de Tegucigalpa, FM, el auto mediante el cual el juez de letras cataloga dicha diligencia en virtud de suponerlos responsables por el delito de lavado de activo en contra de los impetrantes.

[2] Folio 1 -4 pieza del juzgado de letras penal de Tegucigalpa, FM

[3] Folio 5 de la pieza del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán

[4] Folio 7 de la pieza del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán

[5] Folio 9 de la pieza del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán

[6] Folio 21-25 de la pieza del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán

[7] Folio 72-74 pieza del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán

[8] Folio 31 pieza de Amparo

[9] Folio 2 numeral SEGUNDO de la solicitud de convalidación pieza del juzgado de letras penal

[10] Folio 29-50 pieza del juzgado de letras de lo penal de Francisco Morazán

[11] Articulo 17 Ley de Lavado de Activos el Ministerio Publico o el Órgano Jurisdiccional en su caso, devolverá al reclamante los bienes, cuando el reclamante pruebe el origen legal y su interés legítimo en los bienes, productos o instrumentos.

[12] ARTICULO 3. Incurre en el delito de lavado de activo y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

ARTICULO 4. También incurre en delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la adquisición, posesión transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráficos ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

[13] Folio 44-45 expediente de la sala Constitucional