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Sentencia AP-1033-19 — Registro 13477

Resumen

Resolución en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por Tribunal de Sentencia en causa contra imputados por suponerlos responsables por delitos de asociación ilícita, tentativa de robo de vehículo automotor, privación ilegal de arma de uso comercial en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, de persona natural y de testigos; la Autoridad recurrida considera que la protección a miembros de la Policía Nacional está sujeta a determinadas restricciones, que para otorgar la protección aludida debe ser en base a la Ley de Protección de Testigos, lo que no hizo el Tribunal de Sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala ha reafirmado que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por disposición constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan..."..."Para la Alzada el mencionado artículo 236 es (sic) “claro” en cuanto a que la protección que se debe brindar a los agentes policiales está restringida a determinados aspectos, sin embargo, esta Sala no advierte que de dicha norma puedan colegirse estas condiciones, de hecho, el artículo no hace mención alguna de la declaración de agentes de la policía, y si bien las medidas indicadas en el mencionado ordinal parecen ser razonables en determinados casos, éstas no están contempladas en dicho artículo, por ende resulta impropio que la Alzada llegue a concluir que el artículo 236 determina este tipo de acciones y limitaciones..."..."en el ordinal CUARTO de la resolución que se revisa el Tribunal de Alzada pareciera haber relacionado e incluso copiado en forma textual varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, en específico los artículos 436, 437 y 439[2], y esto se plasma también cuando se refiere a las funciones del “Juez Instructor” (figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico) haciendo aquí la Alzada lo que aparenta ser una relación casi literal de lo dispuesto en el artículo 421 de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Criminal española[3] en torno al papel del juez instructor en aquel procedimiento. De ahí entonces que podamos concluir que el Tribunal de Alzada no ha hecho ningún “análisis” del artículo 236 de nuestro Código Procesal Penal y tampoco lo ha interpretado, en lugar de ello ha aplicado disposiciones normativas correspondientes a una legislación externa para decidir la procedencia del recurso de amparo que nos ocupa, las que contrastan lo dispuesto en nuestra norma..."..."el Tribunal de Alzada no solo omite mencionar que estos son preceptos normativos que corresponden a la legislación española, sino que llega al extremo de declarar que estas pautas resultan de un “análisis” del artículo 236 de nuestro CPP, algo que claramente no es así, pues se puede observar que el artículo 236 no hace mención alguna de tales referencias, como ser la implementación de medidas de protección limitadas para agentes policiales y otros mandamientos no contemplados en dicho artículo, con lo que el inexistente análisis de la Alzada lo que evidencia es incoherencia e inconsistencia en su razonamiento, al prescindir de nuestro ordenamiento jurídico para fundar su resolución, aplicando disposiciones y procedimientos ajenos a nuestra legislación, y no a manera de una comparación quizás tocante a una especie de estudio comparado, sino que ha pretendido catalogar como un análisis propio, el texto correspondiente a una normativa externa, que no guarda relación con lo dispuesto en el artículo que afirma haber interpretado..."..."es incorrecto afirmar que de acuerdo con nuestra ley los servidores públicos no son aptos para que se tomen medidas de protección cuando actúen como testigos en un proceso penal, como también es incorrecto sostener que la Ley de Protección de Testigos hace estas excepciones, como tampoco lo hace nuestra ley procesal penal. En la definición de testigo que nos ofrece la Ley de Protección de Testigos en su artículo 4.3 puede apreciarse que no se hace allí ninguna distinción por motivo de cargo y/o profesión, y ello es razonable porque asumir que un agente de autoridad no necesita de protección por la naturaleza de su cargo, o que no pueda estar expuesto a ningún tipo de riesgo, o que los riesgos a sus vidas o las de sus familias deben ser aceptadas o asumidas sin reserva, es irrazonable, más aún en un país en donde los niveles de inseguridad han alcanzado cifras alarmantes en los últimos años..."..."no se puede desconocer que ha habido cuantiosos antecedentes en procesos penales, en donde se ha brindado protección visual a los agentes de la autoridad, cuando han servido como testigos del Ministerio Público, sobre todo a quienes realizan funciones de investigación en delitos relacionados con el crimen organizado, maras o pandillas o lucha contra el narcotráfico, actividades en las que, los agentes incluso realizan sus actuaciones, como ser capturas o allanamientos con sus rostros cubiertos, ello es evidencia que el riesgo para estos agentes existe, y solo quien desconoce o pretende desconocer esa realidad puede afirmar lo contrario..."..."Esta Sala aprecia que el Tribunal de Sentencia hizo su valoración y posterior decisión de brindar protección a estos testigos, en base a las alegaciones de la defensa, que están establecidas en el acta respectiva, por lo que no es acertado tampoco que la Alzada estimase que no se presentó justificación para la protección solicitada pues se dijo que estos testigos temen represalias por brindar su testimonio en torno a supuestas irregularidades por parte de sus superiores, lo que no parece una deducción irrazonable o infundada..."..."No reconocer que vivimos en un país en donde el riesgo para quienes denuncian, (aunque formen parte del sector justicia) es real, sería insensato, como también lo es asumir que denunciar a un superior ofrece garantías efectivas al denunciante. De cualquier manera, será el Tribunal de Sentencia en su valoración, el que deberá determinar si lo que digan estos testigos, que serán sometidos al contradictorio, tendrá algún efecto en la decisión del caso..."..."del informe emitido por la autoridad recurrida consta que ante la determinación del Tribunal de Alzada de estimar que la decisión de brindar protección a los referidos testigos resultaba contraria a la garantía del debido proceso, la defensa optó por renunciar a este medio de prueba, lo que en principio sugeriría el advenimiento de una causa de inadmisibilidad conforme la ley, en la forma de un acto consumado de modo irreparable, sin embargo, del acta de debate consta a su vez que no obstante la renuncia de la defensa, el Tribunal no ha decidido aún su procedencia, con lo que se descarta la presencia de dicha causal de inadmisibilidad..."..."esta Sala no observa que la decisión arribada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo de brindar protección a los testigos A1 Y A2 propuestos por la defensa en el proceso penal que nos ocupa haya provocado las violaciones constitucionales estimadas por la Alzada, pues dicha decisión obedece a preceptos normativos que permiten que el órgano jurisdiccional decida conceder tal protección, luego de ponderar su procedencia, la cual fue debidamente razonada por el representante de la defensa, por lo que la garantía de amparo invocada por el ente fiscal debió ser denegada, pues la misma no provocó detrimento ni disminución de derechos fundamentales...resulta claro de la revisión de las consideraciones del fallo emitido por el Tribunal de Alzada, en específico en su ordinal CUARTO, que se han hecho deducciones impropias del artículo 236 del CPP, dándole al mismo un alcance inexistente, derivado de una relación y transcripción de preceptos y manifestaciones no establecidas en nuestra legislación, por lo que es la propia sentencia del Tribunal de Apelaciones la que provoca una vulneración al derecho a una tutela judicial efectiva, con lo que la decisión de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba ha menoscabado la ley procesal penal en este caso,..."..."al no haberse acreditado en el presente caso la existencia de violaciones contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, este Alto Tribunal es del criterio porque se resultaba procedente la DENEGATORIA de la acción de amparo interpuesta por los recurrentes, representantes del Ministerio Público, y al no haber sido así estimado por la Corte de Apelaciones en el fallo objeto de examen, resulta procedente REVOCAR la sentencia venida en consulta, en base a las anteriores consideraciones, debiéndose denegar por consiguiente la garantía de amparo invocada y así debe declararse.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo promovido por los Abogados Karen Edith Martínez Guardado y Lenin David Ramos Sandoval, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, en fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra los señores Bayron Ariel Escobar Urbina, Héctor Enrique Martínez Urbina, Jerlyn Josué Ávila Castillo, Aldayr Josué Hernández Martínez y Brayan Mauricio Cruz Montes, a quienes se les supone responsables a título de autores materiales de la comisión de los delitos Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad Agravada, en perjuicio de Testigo Protegido “AC-82” y Testigo Protegido “AC-83”, asimismo, por el delito de Tentativa de Robo Agravado de Vehículo Automotor en perjuicio de Denis Alexander Cárdenas Bonilla y por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial y de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y contra los imputados Bayron Ariel Escobar Urbina, Héctor Enrique Martínez Urbina, Jerlyn Josué Ávila Castillo por el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios y por el delito de Sustracción de Evidencias (pruebas) en perjuicio de la Administración Pública; y contra Aldayr Josué Hernández Martínez y Brayan Mauricio Cruz Montes, por los delito de Usurpación de Funciones, Títulos y Uso Indebido de Nombres, Uniformes e Insignias en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, departamento de Colón, la Abogada Karen Edith Martínez Guardado, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra señores Bayron Ariel Escobar Urbina, Héctor Enrique Martínez Urbina, Jerlyn Josué Ávila Castillo, Aldayr Josué Hernández Martínez y Brayan Mauricio Cruz Montes, a quienes se les supone responsables a título de autores materiales de la comisión de los delitos Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad Agravada, en perjuicio de Testigo Protegido “AC-82” y Testigo Protegido “AC-83”, asimismo, por el delito de Tentativa de Robo Agravado de Vehículo Automotor en perjuicio de Denis Alexander Cárdenas Bonilla y por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial y de Uso Prohibido y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y contra los imputados Bayron Ariel Escobar Urbina, Héctor Enrique Martínez Urbina, Jerlyn Josué Ávila Castillo por el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios y por el delito de Sustracción de Evidencias (pruebas) en perjuicio de la Administración Pública; y contra Aldayr Josué Hernández Martínez y Brayan Mauricio Cruz Montes, por los delito de Usurpación de Funciones, Títulos y Uso Indebido de Nombres, Uniformes e Insignias en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras.(Folios 33-37 vuelto del tomo I del expediente del Tribunal de Sentencia) 2) En fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, departamento de Colón, se inhibió de conocer de la presente causa, remitiendo las diligencias al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. (Folios 53-56 del tomo I del expediente del Tribunal de Sentencia) 3) En fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declinó del conocimiento para conocer la causa relacionada en el numeral primero, señalando como órgano jurisdiccional competente el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón. (Folios 59-61 del tomo I del expediente del Tribunal de Sentencia) 4) En fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, al día siguiente de haber concluido la celebración de la audiencia inicial, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, departamento de Colón, resolvió:”… PRIMERO: Dictar un Auto de Formal Procesamiento, en contra de los imputados BAYRON ARIEL ESCOBAR URBINA, HÉCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ URBINA, JERLYN JOSUÉ ÁVILA CASTILLO, ALDAYR JOSUÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y BRAYAN MAURICIO CRUZ MONTES, por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA, TENTATIVA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y del señor DENIS ALEXANDER CÁRDENAS BONILLA y de los TESTIGOS PROTEGIDOS AC-82 y AC-83.-SEGUNDO: Dictar un auto de formal procesamiento a los señores BAYRON ARIEL ESCOBAR URBINA, HÉCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ URBINA, JERLYN JOSUÉ ÁVILA CASTILLO, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-TERCERO: Decretar un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de los encausados BAYRON ARIEL ESCOBAR URBINA, HÉCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ URBINA, JERLYN JOSUÉ ÁVILA CASTILLO, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y SUSTRACCIÓN DE EVIDENCIA (PRUEBAS) en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-CUARTO: Dictar un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de los encausados ALDAYR JOSUÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y BRAYAN MAURICIO CRUZ MONTES, por los delitos de USURPACIÓN DE FUNCIONES, TÍTULOS, USO INDEBIDO DE NOMBRES, INFORMES, INSIGNIAS DE USO POLICIAL, en perjuicio de la FE PÚBLICA.-QUINTO: Dictar un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de los encausados BAYRON ARIEL ESCOBAR URBINA, HÉCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ URBINA, JERLYN JOSUÉ ÁVILA CASTILLO, ALDAYR JOSUÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y BRAYAN MAURICIO CRUZ MONTES, por el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC-82.-SEXTO: Se decreta la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, la cual deberán cumplirla en el Centro de Penal de Olanchito. Yoro, librándose los oficios correspondientes para su guarda y custodia. (Folios 96-100 del tomo I del expediente del Tribunal de Sentencia) 5) La Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Karen Vanessa Elencoff Martínez, en su condición de defensora privada de los señores Aldayr Josué Hernández Martínez y Brayan Mauricio Cruz Montes y del Abogado Oscar Luna, en su condición de defensor privado de los señores Bayron Ariel Escobar Urbina, Jerlyn Josué Ávila y Héctor Enrique Martínez, en fecha dieciséis días del mes de enero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, dictó la resolución mediante la cual dispuso: Primero: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apelante abogada (Sic) KAREN BANESSA ELENCOFF. 2) DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ABG. OSCAR LUNA Y MANDA: 3) …. (Folios 302-318 del tomo I del expediente del Tribunal de Sentencia) 6) El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, departamento de Colón, en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, resolvió: ÚNICO: Decretar AUTO DE APERTURA A JUICIO, en las presentes diligencias instruidas contra los imputados BAYRON ARIEL ESCOBAR URBINA, HÉCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ URBINA, JERLIN JOSUÉ ÁVILA CASTILLO, ALDEYR JOSUÉ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y BRAYAN MAURICIO CRUZ MONTES, de generales ya conocidas en la presente causa, por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, ASOCIACIÓN ILÍCITA, TENENCIA ILEGAL DE UN ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de DENIS ALEXANDER CÁRDENAS BONILLA, TESTIGOS PROTEGIDOS AC-82, AC-83 y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y contra los señores agentes de la DPI, BAYRON ARIEL ESCOBAR URBINA, HÉCTOR ENRIQUE MARTÍNEZ URBINA, JERLIN JOSUÉ ÁVILA CASTILLO, también, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, todas estas personas de generales ya conocidas en el proceso. Hechos ocurridos en fecha 21 de agosto del 2018, en Tocoa, Colón. (Folios 328-331 del tomo I del expediente del Tribunal de Sentencia). 7) En la continuación de la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, en fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, Resolvió: …Este Tribunal de Sentencia con respecto al medio de prueba denominado testimonial, consistente en las declaraciones de los testigos protegidos identificados con las claves A1 y A2, por mayoría de votos de sus miembros estima admitir a los testigos A1 y A2, bajo la modalidad de protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 237 del Código Procesal Penal vigente, siendo disidente la Juez Carol Ortega, quien estima que de acuerdo a los articulo 198 y 199 del Código Procesal Penal, de acuerdo a su finalidad probatoria debe ser admitido el medio de prueba testifical consistente en las declaraciones de los testigos protegidos A1 y A2 sin la modalidad de testigos protegidos, habida cuenta que tal como ha manifestado la parte defensora, dichos testigos tienen la condición de ser funcionarios públicos al estar investidos de autoridad policial, por lo que conforme a nuestro ordenamiento jurídico penal vigente, en estricto acatamiento al principio de tutela judicial efectiva, legalidad, defensa, igualdad de las partes, contradicciones en su testimonios, deben ser rendidos de manera libre y espontánea; la mayoría de los miembros de este Tribunal admiten la prueba testifical de los testigos protegidos A1 y A2 y la consultoría técnica propuesta por ambas defensas privadas, declara sin lugar las objeciones del Ministerio Público, ya que con relación a los testigos propuestos, la mayoría considera que en este momento procesal no se puede determinar la magnitud del riesgo o peligro que manifiesta la defensa al momento de sus declaraciones y es deber de este tribunal, garantizar la vida y la integridad corporal de los testigos…(Folios 366-386 vuelto del tomo I del expediente del Tribunal de Sentencia). 8) En fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido en la casa de habitación de la secretaria de la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, siendo las 10:30 p.m., el escrito de amparo interpuesto por los Abogados Karen Edith Martínez Guardado y Lenin David Ramos Sandoval, en su condición de Agentes Fiscales del Ministerios Público, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución referida en el numeral que precede. Considerando los recurrentes que dicha resolución, le vulnera a su representado, las garantías constitucionales contenidas en los artículos 90, 303 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-4 del expediente del Ad-quem). 9) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual falló: 1) OTORGANDO EL AMPARO de que se ha hecho mérito, contra la resolución de fecha (Sic) veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en lo referente a recibir con medidas de protección a los testigos nominados de la defensa A-1, A-2 del expediente TSTC 26-2019 en relación a los procesados y delitos relacionados en el preámbulo de esta resolución. 2) Para hacer efectiva esta garantía y se restablezca el derecho al debido proceso y legalidad del Ministerio Público, los referidos testigos ya han sido nominados y admitidos que declaren sin demoras innecesarias conforme a la regla general ya explicada según el acápite cuarto de este fallo. (Folios 64-69 vuelto de la pieza del Ad-quem) 10) Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1) Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa fue dictada en fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en la misma se decide el otorgamiento del recurso de amparo interpuesto por los Abogados Karen Edith Martínez Guardado y Lenin David Ramos Sandoval, en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público, a favor del Estado de Honduras en contra de la decisión emanada del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, que en fecha quince de octubre de dos mil diecinueve determinó—por mayoría de votos—admitir la petición hecha por la defensa de recibir las declaraciones de los testigos identificados con las claves “A1” y “A2”, bajo la modalidad de testigos protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 237 del Código Procesal Penal. La Corte sentenciadora declaró como violatoria de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa la referida decisión, al acoger las argumentaciones del ente fiscal en cuanto a que, a razón de sus cargos, los testigos en mención están obligados a declarar y a denunciar ilícitos, debiendo por tal motivo haber acudido ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía Nacional, a denunciar cualquier acto de represalia en su contra. Al parecer tanto para la Alzada, como para el Ministerio Público, los miembros activos de la Policía Nacional están, a causa de los cargos que ejercen, privados de ser beneficiados con las medidas de protección que establece la ley procesal, siendo que las consideraciones de su sentencia y conforme al análisis que hace la Alzada del artículo 236 del Código Procesal Penal, la protección a los miembros de la Policía Nacional está sujeta a determinadas restricciones, como ser inter alia la omisión de los datos de su domicilio e identificación con el número de placa policial. El Tribunal de Apelación parece entender que para otorgar la protección aludida se deben tomar a su vez los parámetros que establece la Ley de Protección de Testigos, lo cual no se hizo por parte del órgano jurisdiccional recurrido, concluyendo que no se argumentó debidamente la razón de la petición de protección, y tampoco estableció el Tribunal denunciado en forma razonada los motivos en los que fundó la determinación de conceder la protección a los testigos antes referidos. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (6): Que esta Sala ha reafirmado que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por disposición constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asimismo ha asentido con lo declarado por el Tribunal Constitucional Español en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. CONSIDERANDO (8): Que la emisión de una resolución fundada en derecho supone que la respuesta judicial debe corresponderse con una norma del ordenamiento jurídico ya creada[1]. De ahí que nuestra Constitución disponga en su artículo 304 que los órganos jurisdiccionales aplicarán las leyes a casos concretos, lo cual comporta el sometimiento de los jueces y tribunales a la ley. La sumisión del juez a la ley, legitima el correcto ejercicio de la jurisdicción, y conlleva, con la debida motivación de las resoluciones judiciales, una garantía frente a la arbitrariedad, evitando así la aplicación e interpretación voluntariosa de las leyes por parte de los órganos judiciales. CONSIDERANDO (9): Que de una revisión in extenso de lo estipulado en el artículo 236 del Código Procesal Penal, esta Sala no logra determinar cómo el Tribunal de Alzada llegó a concluir en el ordinal CUARTO de su sentencia que de este artículo puedan deducirse las limitaciones que se hacen en torno a la concesión de medidas de protección a los testigos que sean miembros de la policía nacional. Para la Alzada el mencionado artículo 236 es (sic) “claro” en cuanto a que la protección que se debe brindar a los agentes policiales está restringida a determinados aspectos, sin embargo, esta Sala no advierte que de dicha norma puedan colegirse estas condiciones, de hecho, el artículo no hace mención alguna de la declaración de agentes de la policía, y si bien las medidas indicadas en el mencionado ordinal parecen ser razonables en determinados casos, éstas no están contempladas en dicho artículo, por ende resulta impropio que la Alzada llegue a concluir que el artículo 236 determina este tipo de acciones y limitaciones. CONSIDERANDO (10): Que en el ordinal CUARTO de la resolución que se revisa el Tribunal de Alzada pareciera haber relacionado e incluso copiado en forma textual varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, en específico los artículos 436, 437 y 439[2], y esto se plasma también cuando se refiere a las funciones del “Juez Instructor” (figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico) haciendo aquí la Alzada lo que aparenta ser una relación casi literal de lo dispuesto en el artículo 421 de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Criminal española[3] en torno al papel del juez instructor en aquel procedimiento. De ahí entonces que podamos concluir que el Tribunal de Alzada no ha hecho ningún “análisis” del artículo 236 de nuestro Código Procesal Penal y tampoco lo ha interpretado, en lugar de ello ha aplicado disposiciones normativas correspondientes a una legislación externa para decidir la procedencia del recurso de amparo que nos ocupa, las que contrastan lo dispuesto en nuestra norma. CONSIDERANDO (11): Que el Tribunal de Alzada no solo omite mencionar que estos son preceptos normativos que corresponden a la legislación española, sino que llega al extremo de declarar que estas pautas resultan de un “análisis” del artículo 236 de nuestro CPP, algo que claramente no es así, pues se puede observar que el artículo 236 no hace mención alguna de tales referencias, como ser la implementación de medidas de protección limitadas para agentes policiales y otros mandamientos no contemplados en dicho artículo, con lo que el inexistente análisis de la Alzada lo que evidencia es incoherencia e inconsistencia en su razonamiento, al prescindir de nuestro ordenamiento jurídico para fundar su resolución, aplicando disposiciones y procedimientos ajenos a nuestra legislación, y no a manera de una comparación quizás tocante a una especie de estudio comparado, sino que ha pretendido catalogar como un análisis propio, el texto correspondiente a una normativa externa, que no guarda relación con lo dispuesto en el artículo que afirma haber interpretado. CONSIDERANDO (12): Que, por otra parte, es incorrecto afirmar que de acuerdo con nuestra ley los servidores públicos no son aptos para que se tomen medidas de protección cuando actúen como testigos en un proceso penal, como también es incorrecto sostener que la Ley de Protección de Testigos hace estas excepciones, como tampoco lo hace nuestra ley procesal penal. En la definición de testigo que nos ofrece la Ley de Protección de Testigos en su artículo 4.3 puede apreciarse que no se hace allí ninguna distinción por motivo de cargo y/o profesión, y ello es razonable porque asumir que un agente de autoridad no necesita de protección por la naturaleza de su cargo, o que no pueda estar expuesto a ningún tipo de riesgo, o que los riesgos a sus vidas o las de sus familias deben ser aceptadas o asumidas sin reserva, es irrazonable, más aún en un país en donde los niveles de inseguridad han alcanzado cifras alarmantes en los últimos años. Cierto es que como agentes de la autoridad han aceptado y/o entendido que en el cumplimiento de sus funciones estarán expuestos siempre a algún tipo de riesgo, pero ello no implica que, bajo determinadas condiciones y circunstancias, esa exposición no pueda ser reducida mediante el otorgamiento de medidas de protección, y hacerlo no podría de por sí considerarse como una violación constitucional, siempre que sean acatadas las formalidades exigidas por la ley y que la decisión del órgano judicial resulte razonable y fundada en derecho. CONSIDERANDO (13): Que no se puede desconocer que ha habido cuantiosos antecedentes en procesos penales, en donde se ha brindado protección visual a los agentes de la autoridad, cuando han servido como testigos del Ministerio Público, sobre todo a quienes realizan funciones de investigación en delitos relacionados con el crimen organizado, maras o pandillas o lucha contra el narcotráfico, actividades en las que, los agentes incluso realizan sus actuaciones, como ser capturas o allanamientos con sus rostros cubiertos, ello es evidencia que el riesgo para estos agentes existe, y solo quien desconoce o pretende desconocer esa realidad puede afirmar lo contrario. Cierto es que las medidas de protección a testigos no deben ser la regla general, y el riesgo debe ser ponderado y considerado por los tribunales objetivamente y en base a hechos concretos, no siendo un parámetro aceptable únicamente el cargo que se ejerza por parte de éstos. Esta Sala aprecia que el Tribunal de Sentencia hizo su valoración y posterior decisión de brindar protección a estos testigos, en base a las alegaciones de la defensa, que están establecidas en el acta respectiva, por lo que no es acertado tampoco que la Alzada estimase que no se presentó justificación para la protección solicitada pues se dijo que estos testigos temen represalias por brindar su testimonio en torno a supuestas irregularidades por parte de sus superiores, lo que no parece una deducción irrazonable o infundada. CONSIDERANDO (14): Que con relación al argumento de que los testigos tienen expedito el procedimiento de denuncia a lo interno del aparato policial en estos casos, como lo alegó el Ministerio Público en su momento, no se cuestiona que ese es la opción que tiene todo ciudadano, sin embargo, la lógica y el sentido común nos indican que esto no exime de riesgo o de represalias a los denunciantes, todo lo contrario, lo puede incrementar. Los juzgadores no pueden apartarse ni ser ajenos a nuestra realidad y tampoco a las deficiencias del sistema, hacerlo sería juzgar bajo parámetros de iniquidad. No reconocer que vivimos en un país en donde el riesgo para quienes denuncian, (aunque formen parte del sector justicia) es real, sería insensato, como también lo es asumir que denunciar a un superior ofrece garantías efectivas al denunciante. De cualquier manera, será el Tribunal de Sentencia en su valoración, el que deberá determinar si lo que digan estos testigos, que serán sometidos al contradictorio, tendrá algún efecto en la decisión del caso. CONSIDERANDO (15): Que del informe emitido por la autoridad recurrida consta que ante la determinación del Tribunal de Alzada de estimar que la decisión de brindar protección a los referidos testigos resultaba contraria a la garantía del debido proceso, la defensa optó por renunciar a este medio de prueba, lo que en principio sugeriría el advenimiento de una causa de inadmisibilidad conforme la ley, en la forma de un acto consumado de modo irreparable, sin embargo, del acta de debate consta a su vez que no obstante la renuncia de la defensa, el Tribunal no ha decidido aún su procedencia, con lo que se descarta la presencia de dicha causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (16): Que de todas las consideraciones antes relacionadas y del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no observa que la decisión arribada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo de brindar protección a los testigos A1 Y A2 propuestos por la defensa en el proceso penal que nos ocupa haya provocado las violaciones constitucionales estimadas por la Alzada, pues dicha decisión obedece a preceptos normativos que permiten que el órgano jurisdiccional decida conceder tal protección, luego de ponderar su procedencia, la cual fue debidamente razonada por el representante de la defensa, por lo que la garantía de amparo invocada por el ente fiscal debió ser denegada, pues la misma no provocó detrimento ni disminución de derechos fundamentales. Por otra parte, resulta claro de la revisión de las consideraciones del fallo emitido por el Tribunal de Alzada, en específico en su ordinal CUARTO, que se han hecho deducciones impropias del artículo 236 del CPP, dándole al mismo un alcance inexistente, derivado de una relación y transcripción de preceptos y manifestaciones no establecidas en nuestra legislación, por lo que es la propia sentencia del Tribunal de Apelaciones la que provoca una vulneración al derecho a una tutela judicial efectiva, con lo que la decisión de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba ha menoscabado la ley procesal penal en este caso, prescindiendo de las formalidades impuestas por la ley e incumpliendo con ello las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (17): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (18): Que al no haberse acreditado en el presente caso la existencia de violaciones contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, este Alto Tribunal es del criterio porque se resultaba procedente la DENEGATORIA de la acción de amparo interpuesta por los recurrentes, representantes del Ministerio Público, y al no haber sido así estimado por la Corte de Apelaciones en el fallo objeto de examen, resulta procedente REVOCAR la sentencia venida en consulta, en base a las anteriores consideraciones, debiéndose denegar por consiguiente la garantía de amparo invocada y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO REVOCANDO la sentencia venida en consulta dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve; SEGUNDO: DENEGAR el recurso de amparo promovido por los Abogados Karen Edith Martínez Guardado y Lenin David Ramos Sandoval, en su condición de Fiscales del Ministerio Público, a favor del Estado de Hondura; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1033-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] FAIRÉN GUILLÉN, “El proceso como función de satisfacción jurídica”, citado por DE DIEGO DÍEZ en su “El derecho a la tutela judicial efectiva”, pág. 82

[2] Artículo 436 (LECRIM)…Si el testigo fuera miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, será suficiente para su identificación el número de su registro personal y la unidad administrativa a la que está adscrito.

Artículo 437 (LECRIM). Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni respuesta alguna que lleven escrita.

Artículo 439 (LECRIM) No se harán al testigo preguntas capciosas ni sugestivas, ni se empleará coacción, engaño, promesa ni artificio alguno para obligarle o inducirle a declarar en determinado sentido. Podrán, sin embargo, consultar algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar.

[3] Artículo 421 (LECRIM) El Juez de instrucción o municipal en su caso, hará concurrir a su presencia y examinará a los testigos citados en la denuncia o en la querella, o en cualesquiera otras declaraciones o diligencias, y a todos los demás que supieren hechos o circunstancias, o poseyeren datos convenientes para la comprobación o averiguación del delito y del delincuente. Se procurará, no obstante, omitir la evacuación de citas impertinentes o inútiles.