Sentencia AP-1029-19 — Registro 13476
Resumen
Resolución en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por Tribunal de Sentencia que denegó conceder protección de testigo como uno de los participantes del proceso en causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de robo de vehícuo en perjuicio de la Escuela de Comando Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras y de testigo protegido, la Autoridad recurrida concluyó que la normativa procesal penal prevé la protección a un testigo puede inclusive otorgarse de oficio pero no debe dejarse en completa vulnerabilidad del mismo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al denegar la protección del testigo solicitada por el Ministerio Publico, violento los artículos constitucionales señalados por el Recurrente..."..."esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva..."..."este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 237 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARBIN DOLORES ZABALA MENA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida contra el señor JOSE ALEJANDRO OLIVA ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de la ESCUELA DE COMANDO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y DEL TESTIGO PROTEGIDO YAMIR.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 80 Y 90 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Abogado MARBIN DOLORES ZABALA MENA, Fiscal del Ministerio Público interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 4 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO del cual se ha hecho merito e interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público MARBIN DOLORES ZABALA MENA, a favor del ESTADO DE HONDURAS por las razones que se dejan señaladas…” (Folios del 40 al 42 de la pieza de Corte de Apelaciones) .-3) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARBIN DOLORES ZABALA MENA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida contra el señor JOSE ALEJANDRO OLIVA ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de la ESCUELA DE COMANDO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y DEL TESTIGO PROTEGIDO YAMIR.-CONSIDERANDO (6): Que el argumento de la recurrente se centra en que la resolución impugnada violenta los derechos constitucionales, contenidos en el los artículos 80 y 90 de la Constitución de la Republica, señalando que el A-quo, denegó conceder la protección de testigo denominado Yamir; negativa que violenta el derecho de la víctima y a la protección de los derechos de los intervinientes en el proceso contemplados en los artículos 5 y 237 del Código Procesal Penal que regula las circunstancias y causales por las cuales debe dársele protección de identidad a un testigo; pero además contradice y vulnera lo preceptuado en el artículo 59 constitucional. -CONSIDERANDO (7): Que por su parte, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de amparo interpuesto por el afectado contra la decisión anteriormente referida, determinó que procedía amparar al agraviado en tanto que (sic) “ El Articulo 237 del Código Procesal Penal prevé que la protección a un testigo puede inclusive otorgarse de oficio, de allí que el juez puede inclusive de oficio interrogar al testigo y acercársele a fin de establecer el riesgo real y efectivo que pueda correr al develarse su identidad sino confía en las manifestaciones del Fiscal o estima que no se ha acreditado suficientemente los riesgos existentes, pero no debe en atención al artículo 59, dejar en completa vulnerabilidad la vida de una persona sin haberse asegurado si su vida o la de sus familiares corre o no peligro o conlleva un riesgo a su integridad física; tratando el caso bajo la premisa general que el Ministerio Publico abusa de esa circunstancia obviando que cada caso es particular. La protección a un testigo efectivamente puede en algunos casos ir en menoscabo de los derechos del imputado, pero precisamente porque corresponde al juez tutelar los derechos de todos los participantes en un proceso, la ley adjetiva va más allá y permite en casos de protección a personas o testigos que el juez pueda indagar por si, o inclusive de oficio pueda adoptar esa medida, pues si bien la finalidad de todo proceso penal es la realización de la justicia pronta y efectiva, la misma no debe buscarse a ultranza sin garantizar a todos los interventores del proceso el derecho que les asiste y aún más cuando se encuentra en peligro o puede estarlo, la integridad de sus vidas. No podemos obviar que la situación de inseguridad en nuestro país es tremenda y que muchas veces en los barrios o zonas donde se cometen los ilícitos penales las víctimas conviven con sus agresores lo cual los pone en un plano de mayor vulnerabilidad y de inseguridad frente a sus agresores y más cuando han tomado la férrea decisión de identificar dentro de un proceso penal a sus agresores. Es precisamente estas circunstancias las que los jueces deben considerar y no adelantarse a tratar todos los casos de una forma idéntica asumiendo que el Ministerio Publico ha abusado del derecho de protección a testigos; aunque así haya sido, la ley les manda a tratar cada caso de manera particular y estimar las distintas circunstancias que acontecen en cada caso específico o sosteniendo que no es necesario la protección porque viven en la misma comunidad, por el contrario, en esos casos la inseguridad y vulnerabilidad en que ponen sus vidas se acrecienta. Soslayar la necesidad de protección de una persona bajo las premisas señaladas, contradice el derecho que tienen las victimas tanto como los imputados, a una tutela judicial efectiva, a que se les garantice y protejan sus derechos dentro del proceso y que se les trate en iguales circunstancias y en igualdad de condiciones pues el debido proceso no opera solo para el imputado, sino que es una garantía también que debe ampara a la víctima y a todos los intervinientes en un proceso.” Asimismo la Corte de Apelaciones determino “ Que si bien en audiencia de proposición de prueba el Tribunal decidió develar los datos de identidad del testigo cuya protección fue solicitada, la ley adjetiva penal permite conceder protección visual del testigo; por ende procede que los jueces después de realizar una ponderación de las circunstancias por las cuales se pide la protección de la víctima y testigo a la vez, analizadas nuevamente y en forma objetiva las circunstancias particulares del caso y considerando si persiste o no la necesidad de la protección solicitada y estudiados los escenarios propios de este caso en particular proceda a tomar la decisión correspondiente según la casuística propia de este proceso, no hacerlo conllevaría a que como hasta ahora, se genere una violación al derecho a una tutela judicial efectiva y a garantizar la protección de todos los intervinientes en el proceso, afectando con ello el debido proceso. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones considera que en el caso de mérito se han vulnerado la garantía constitucional del debido proceso, de la tutela judicial efectiva tutelados en nuestra Carta Magna, de lo que deriva que este órgano jurisdiccional ceda a la petición de amparo que ocupa y otorgue la acción de amparo interpuesta.”-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al denegar la protección del testigo solicitada por el Ministerio Publico, violento los artículos constitucionales señalados por el Recurrente.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-CONSIDERANDO (10): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARBIN DOLORES ZABALA MENA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida contra el señor JOSE ALEJANDRO OLIVA ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de la ESCUELA DE COMANDO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y DEL TESTIGO PROTEGIDO YAMIR.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil vente (2020) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1029-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARBIN DOLORES ZABALA MENA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida contra el señor JOSE ALEJANDRO OLIVA ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de la ESCUELA DE COMANDO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y DEL TESTIGO PROTEGIDO YAMIR.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 80 Y 90 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el Abogado MARBIN DOLORES ZABALA MENA, Fiscal del Ministerio Público interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en el artículos 80 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 4 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO del cual se ha hecho merito e interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público MARBIN DOLORES ZABALA MENA, a favor del ESTADO DE HONDURAS por las razones que se dejan señaladas…” (Folios del 40 al 42 de la pieza de Corte de Apelaciones) .-3) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARBIN DOLORES ZABALA MENA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida contra el señor JOSE ALEJANDRO OLIVA ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de la ESCUELA DE COMANDO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y DEL TESTIGO PROTEGIDO YAMIR.-CONSIDERANDO (6): Que el argumento de la recurrente se centra en que la resolución impugnada violenta los derechos constitucionales, contenidos en el los artículos 80 y 90 de la Constitución de la Republica, señalando que el A-quo, denegó conceder la protección de testigo denominado Yamir; negativa que violenta el derecho de la víctima y a la protección de los derechos de los intervinientes en el proceso contemplados en los artículos 5 y 237 del Código Procesal Penal que regula las circunstancias y causales por las cuales debe dársele protección de identidad a un testigo; pero además contradice y vulnera lo preceptuado en el artículo 59 constitucional. -CONSIDERANDO (7): Que por su parte, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de amparo interpuesto por el afectado contra la decisión anteriormente referida, determinó que procedía amparar al agraviado en tanto que (sic) “ El Articulo 237 del Código Procesal Penal prevé que la protección a un testigo puede inclusive otorgarse de oficio, de allí que el juez puede inclusive de oficio interrogar al testigo y acercársele a fin de establecer el riesgo real y efectivo que pueda correr al develarse su identidad sino confía en las manifestaciones del Fiscal o estima que no se ha acreditado suficientemente los riesgos existentes, pero no debe en atención al artículo 59, dejar en completa vulnerabilidad la vida de una persona sin haberse asegurado si su vida o la de sus familiares corre o no peligro o conlleva un riesgo a su integridad física; tratando el caso bajo la premisa general que el Ministerio Publico abusa de esa circunstancia obviando que cada caso es particular. La protección a un testigo efectivamente puede en algunos casos ir en menoscabo de los derechos del imputado, pero precisamente porque corresponde al juez tutelar los derechos de todos los participantes en un proceso, la ley adjetiva va más allá y permite en casos de protección a personas o testigos que el juez pueda indagar por si, o inclusive de oficio pueda adoptar esa medida, pues si bien la finalidad de todo proceso penal es la realización de la justicia pronta y efectiva, la misma no debe buscarse a ultranza sin garantizar a todos los interventores del proceso el derecho que les asiste y aún más cuando se encuentra en peligro o puede estarlo, la integridad de sus vidas. No podemos obviar que la situación de inseguridad en nuestro país es tremenda y que muchas veces en los barrios o zonas donde se cometen los ilícitos penales las víctimas conviven con sus agresores lo cual los pone en un plano de mayor vulnerabilidad y de inseguridad frente a sus agresores y más cuando han tomado la férrea decisión de identificar dentro de un proceso penal a sus agresores. Es precisamente estas circunstancias las que los jueces deben considerar y no adelantarse a tratar todos los casos de una forma idéntica asumiendo que el Ministerio Publico ha abusado del derecho de protección a testigos; aunque así haya sido, la ley les manda a tratar cada caso de manera particular y estimar las distintas circunstancias que acontecen en cada caso específico o sosteniendo que no es necesario la protección porque viven en la misma comunidad, por el contrario, en esos casos la inseguridad y vulnerabilidad en que ponen sus vidas se acrecienta. Soslayar la necesidad de protección de una persona bajo las premisas señaladas, contradice el derecho que tienen las victimas tanto como los imputados, a una tutela judicial efectiva, a que se les garantice y protejan sus derechos dentro del proceso y que se les trate en iguales circunstancias y en igualdad de condiciones pues el debido proceso no opera solo para el imputado, sino que es una garantía también que debe ampara a la víctima y a todos los intervinientes en un proceso.” Asimismo la Corte de Apelaciones determino “ Que si bien en audiencia de proposición de prueba el Tribunal decidió develar los datos de identidad del testigo cuya protección fue solicitada, la ley adjetiva penal permite conceder protección visual del testigo; por ende procede que los jueces después de realizar una ponderación de las circunstancias por las cuales se pide la protección de la víctima y testigo a la vez, analizadas nuevamente y en forma objetiva las circunstancias particulares del caso y considerando si persiste o no la necesidad de la protección solicitada y estudiados los escenarios propios de este caso en particular proceda a tomar la decisión correspondiente según la casuística propia de este proceso, no hacerlo conllevaría a que como hasta ahora, se genere una violación al derecho a una tutela judicial efectiva y a garantizar la protección de todos los intervinientes en el proceso, afectando con ello el debido proceso. En consecuencia, por las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones considera que en el caso de mérito se han vulnerado la garantía constitucional del debido proceso, de la tutela judicial efectiva tutelados en nuestra Carta Magna, de lo que deriva que este órgano jurisdiccional ceda a la petición de amparo que ocupa y otorgue la acción de amparo interpuesta.”-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al denegar la protección del testigo solicitada por el Ministerio Publico, violento los artículos constitucionales señalados por el Recurrente.-CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso.-CONSIDERANDO (10): Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta y así debe ser declarado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARBIN DOLORES ZABALA MENA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida contra el señor JOSE ALEJANDRO OLIVA ESCOBAR, por suponerlo responsable del delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de la ESCUELA DE COMANDO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y DEL TESTIGO PROTEGIDO YAMIR.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil vente (2020) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1029-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL