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Sentencia AP-101-20 — Registro 11758

Resumen

Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la Defensa, contra la inadmisión de prueba presentada en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; en relación al proceso penal incoado contra recurrente, por suponerlo responsable del delito de extorsión y posesión de arma de fuego de Uso Personal (CHIMBA), en perjuicio de testigo protegido y la seguridad interior del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual resuelve Denegar la Acción de Amparo interpuesta por el LA DEFENSA a favor del imputado RAUL ROQUE, contra la Resolución de fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sostiene la Alzada en la motivación y fundamentos jurídicos, numeral once de la sentencia que se consulta, que no existe vulneración al debido proceso, ya que la misma ley procesal penal establece claramente que la prueba debe ser admitida siempre que reúna unos requisitos, mismos que no se reúnen en el caso de mérito, en la medida en que la finalidad probatoria de la Defensa puede ser obtenida por otros medios de prueba ya admitidos. Sobre esa base, el argumento de la Defensa es que con la declaración de los testigos va a realizar el reconocimiento de firmas, pero se puede colegir que el Ministerio Público no está cuestionando tal situación y que no hay debate respecto a que quienes firmaron fueron policías, sobre lo cual ya se propuso una declaración, del agente de investigación Wilmer Alexander Ordoñez Gonzales, quien depondrá en su condición de encargado del caso, sobre todas las diligencias realizadas antes, durante y después de la captura del señor Raúl Roque; entonces, efectivamente tal número de testigos resulta desproporcionado. Por tanto, efectivamente la prueba no solo es desproporcional sino también inútil, tal como indico el Tribunal de Sentencia, habida cuenta también, que una declaración testifical debe versar sobre hechos, por lo que para efectuar un simple reconocimiento de firmas este no es un medio de prueba idóneo. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, la recurrente realiza también argumentaciones de mera legalidad, pues el Tribunal escuchadas los alegatos de las partes resolverá sobre la admisión o no de los medios de prueba propuestos, ello con el fin de establecer la verdad de los hechos. CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ROSY ELENA FLORES RAMOS, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, toda vez que a la recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en el proceso, accediendo a los recursos que la ley pone a disposición de los interesados en un proceso, al no estar éstos conforme con las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitres dias del mes septiembre del año dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veinte (2020), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ROSY ELENA FLORES RAMOS, a favor del señor RAUL ROQUE, contra la resolución de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor RAUL ROQUE por suponerlo responsable de los delitos de EXTORSIÓN Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PERSONAL (CHIMBA), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ABMP 00-2018 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82 Y 90 comprendidos en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de julio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada FRANCIS DANIELA ANDRADE, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor RAUL ROQUE, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ABMP002-2018 Y POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL (CHIMBA), en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1 y 2fv del Testimonio de la pieza de los antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), en la celebración de la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, RESUELVE: Decretar Auto de Formal procesamiento en contra del señor RAUL ROQUE a quien se le supone responsable del delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ABMP002-2018 y por el delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL (CHIMBA) SEGUNDO: Decretar la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberá de cumplir en el Centro Penal de esta Ciudad de La Ceiba Departamento de Atlántida, en base a lo establecido en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal.- Todo lo anterior se dicta sin menos cabo del derecho de presunción de inocencia que les asiste a los imputados el cual está constitucionalmente establecido y también legalmente reglamentado sin perjuicio de establecer que la suscrita no es órgano jurídico para dictar fallo definitivo. (Folios del 24 al 29 del Testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que en Audiencia Preliminar de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba departamento de Atlántida, RESUELVE: Tienese por formalizada la acusación por parte del Ministerio Público contra el imputado RAUL ROQUE a quien se le supone responsable del delito de EXTORSIÓN Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (CHIMBA) EN PERJUICIO DE TESTIGO PROTEGIDO ABMPO 002-2018 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, solicita que eleve las presentes diligencias al Tribunal de Sentencias en Materia de EXTORSION y se solicita que se entregue al Ministerio Público el sobre con la información de Testigo Protegido y el CD o DVD con la Declaración Testifical del Testigo Protegido la defensa rechaza los hechos y solicita sobreseimientos sobreseimiento definitivo la suscrita dictara auto de apertura a juicio dentro del término de Ley y convoca a las partes para que dentro de 3 días se personen a la secretaría a notificarse de la presente resolución todo esto en base a lo que establece el artículo 301 y 302 del Código procesal Penal. (Folios del 38 al 40 del Testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) en Audiencia de Proposición de Medios de Pruebas, el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, RESUELVE: Admitir los medios de prueba testificales propuestos por el Ministerio Público a Excepción de la Declaración de JARWIN MAURICIO MURILLO, Se admiten los documentales, algunos en común con la Defensa no se admite el Oficio del Registro Balístico Nacional de Armas de Fuego No. 571-2019, se admite la pericia balística en común con la Defensa, Se admite la evidencia física en su totalidad; de la Defensa No se Admite Declaración DE JARWIN MAURICIO MURILLO, no se admite la declaración de ROBERTO HERRERA, por mayoría de votos si de admite Acta de lectura de Derechos, No se Admite copia de detención.- Se le requiere al Fiscal para que dentro de 30 días hábiles presente los medios de prueba Documentales Originales para ser agregados al expediente de merito.- LA DEFENSA interpone Recurso de Reposición y EL MINISTERIO PUBLICO se pronuncia (desde la 10:35 am hasta las 10:37 am) EL TRIBUNAL DELIBERA Y RESUELVE: Declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición se señala Audiencia de Juicio Oral y Público para el día jueves siete 07 y viernes 08 de mayo del 2020 a las nueve de la mañana (09:00 am) se cierra la audiencia siendo las diez con treinta y nueve minutos de mal mañana (10:39 am). (Folios 83 y 84 del Testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia) 5) Que en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada ROSY ELENA FLORES RAMOS, interpuso ante la Sala de lo Constitucional, recurso de Amparo a favor del señor RAUL ROQUE, contra la resolución de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; Por considerar que la misma vulnera normas constitucionales establecidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 9 de la pieza de antecedentes de Amparo) 6) Que mediante Auto de fecha veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, esta Sala de lo Constitucional se declaró incompetente para conocer de la demanda de Amparo relacionada, en consecuencia, ordenó remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo penal con competencia Nacional en Materia de Extorsión. (Folio 11fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 7) Que en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veinte (2020), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “ÚNICO: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROSY ELENA FLORES RAMOS, en su condición de Defensora del señor RAUL ROQUE, por la vulneración del derecho contemplado en el artículo 82 y de la garantía establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República…” (Folios del 45 al 48 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 8) Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil veinte (2020), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido trámite de consulta, conocido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, interpuesto por la Abogada ROSY ELENA FLORES RAMOS, contra la resolución de fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que declara Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la Defensa, contra la inadmisión de prueba presentada en la Audiencia de Proposición de Pruebas para el Debate; en relación al proceso penal incoado en contra del señor RAUL ROQUE, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN y POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL (CHIMBA), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO abmp002-2018 y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTDO DE HONDURAS. CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve vulnera las normas constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa, consecuencia de ello se vulnera el principio de igualdad de armas, contradicción, ello debido a la inadmisión de prueba testifical y documental presentada. Arguye la impetrante que los agentes de policía preventiva y agentes de investigación cometieron una serie de irregularidades a la hora de registrar y decomisar evidencias sin haber dado lectura o informar a su representado de sus derechos y garantías constitucionales que son inherentes a todo imputado según el Art. 101.1 del Código Procesal penal, por lo que es necesario que declaren todos y cada uno de los agentes antiextorsión que participaron en la lectura de derechos, en la elaboración de las actas de registro, decomiso y elaboración de los demás medios de prueba que constituyen el expediente investigativo. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual resuelve Denegar la Acción de Amparo interpuesta por el LA DEFENSA a favor del imputado RAUL ROQUE, contra la Resolución de fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Sostiene la Alzada en la motivación y fundamentos jurídicos, numeral once de la sentencia que se consulta, que no existe vulneración al debido proceso, ya que la misma ley procesal penal establece claramente que la prueba debe ser admitida siempre que reúna unos requisitos, mismos que no se reúnen en el caso de mérito, en la medida en que la finalidad probatoria de la Defensa puede ser obtenida por otros medios de prueba ya admitidos. Sobre esa base, el argumento de la Defensa es que con la declaración de los testigos va a realizar el reconocimiento de firmas, pero se puede colegir que el Ministerio Público no está cuestionando tal situación y que no hay debate respecto a que quienes firmaron fueron policías, sobre lo cual ya se propuso una declaración, del agente de investigación Wilmer Alexander Ordoñez Gonzales, quien depondrá en su condición de encargado del caso, sobre todas las diligencias realizadas antes, durante y después de la captura del señor Raúl Roque; entonces, efectivamente tal número de testigos resulta desproporcionado. Por tanto, efectivamente la prueba no solo es desproporcional sino también inútil, tal como indico el Tribunal de Sentencia, habida cuenta también, que una declaración testifical debe versar sobre hechos, por lo que para efectuar un simple reconocimiento de firmas este no es un medio de prueba idóneo. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, la recurrente realiza también argumentaciones de mera legalidad, pues el Tribunal escuchadas los alegatos de las partes resolverá sobre la admisión o no de los medios de prueba propuestos, ello con el fin de establecer la verdad de los hechos. CONSIDERANDO 6: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ROSY ELENA FLORES RAMOS, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; no observando esta Sala de lo Constitucional vulneración de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, toda vez que a la recurrente se le ha brindado la oportunidad de participar en forma activa en el proceso, accediendo a los recursos que la ley pone a disposición de los interesados en un proceso, al no estar éstos conforme con las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales; el que la resoluciones dictadas no sean conforme a las pretensiones de las partes en el proceso, no supone la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito central en fecha cuatro de febrero del año dos mil veinte. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0101-2020.

ABOG.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL