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Sentencia AP-06-19 — Registro 11022

Resumen

Acto recurrido que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó la resolución dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida contra el impetrante por delito de extorción, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que, vista para estudio la presente acción de amparo, se admite que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales en sede de recurso de apelaciones,[3] podría bien incidir, desde una consideración material, en el derecho genérico a un debido proceso. Sin embargo, no puede soslayarse que la valoración plena de la prueba, solicitada en formalización del amparo, a los honorables Magistrados (as) de la Sala de lo Constitucional, redundaría; no sólo en alegaciones de instancia, previamente conocidas y resueltas por la jurisdicción ordinaria; sino que se encontraría imposibilitada en nuestro ordenamiento jurídico, a través de lo normativizado en el artículo 303, párrafo segundo, de la Constitución de la República..." Que, no acreditándose los elementos de juicio que denoten especial trascendencia constitucional, pues recaen sobre la reiteración de juicios de valor, vertidos ante la instancia respectiva; resulta que tal alegato técnico-jurídico no trasciende del plano de la estricta legalidad, excediendo el ámbito de protección que precisa el recurso de amparo;[4] lo cual impediría su legítima cognición en sede de justicia constitucional. Corresponde, pues, dictar sobreseimiento de la garantía de amparo así promovida, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que consista el contenido del recurso en la alegación de violaciones de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero del dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados RONAL NAUN CASCO REYES y KEVIN ALEXIS REYES EUCEDA, a favor del señor HERLIN DANIEL ALVAREZ ALVAREZ, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró no ha lugar un recurso de apelación y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor HERLIN DANIEL ALVAREZ ALVAREZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ZS-013. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal Competencia Nacional en Materia de Extorsión, el Abogado DAVGUIL SALGUERO actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor HERLIN DANIEL ALVAREZ ALVAREZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ZS-013.-2) Que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la audiencia inicial el Juzgado de Letras citado resolvió DECRETAR: 1.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor HERLIN DANIEL ALVAREZ ALVAREZ por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ZS-013. 2.- Imponerle al referido imputado la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la cual deberá de cumplir en el Centro Penal de Choluteca. 3.- La medida cautelar decretada, tendrá una duración provisional y se mantendrá hasta la celebración del Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase a esa etapa procesal, sin prejuicio de que la misma pueda ser sustituida por una menos gravosa, en caso de acreditarse que han desaparecido los presupuestos que se tomaron en cuenta para decretarla. (Folios 49 al 55 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que, en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, por mayoría de votos de sus miembros: “RESUELVE: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución apelada”. El Voto mayoritario sostiene que la alegación promovida por la Defensa, en soporte de sus pretensiones, no demuestra quebrantamiento alguno al debido proceso que se invoca como quebrantado. Hace notar que se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 294 del Código Procesal Penal, referente a haberse efectuado mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada; lo cual tuvo caso en la Audiencia Inicial, donde se pudo colegir el Ministerio Público presentó indicios suficientes para acreditar unos hechos típicamente constitutivos del delito de Extorsión y la participación del imputado en los mismos. Lo anterior, sin perjuicio el despliegue probatorio las partes realicen en juicio, para determinar el grado de certeza positiva, negativa, o inclusive duda, sobre la comisión de los hechos y la participación que se imputa; por lo cual la causa debe seguir el curso procesal que la ley establece.[1] El Voto disidente de la honorable Corte de Apelaciones, se centra en la consideración que es precisamente incorrecta la apreciación que hizo el Juez A Quo de considerar que se acreditó la participación del ciudadano HERLIN DANIEL ALVAREZ ALVAREZ en la comisión del hecho, debido a una inadecuada valoración de la prueba ofertada; ya que no existen indicios sólidos de su participación, a la luz del artículo 294 del Código Procesal Penal, precitado.[2].-4) Los Abogados RONAL NAUN CASCO REYES y KEVIN ALEXIS REYES EUCEDA, comparecieron ante este Tribunal, en fecha siete de enero del año dos mil diecinueve, reclamando amparo a favor del señor HERLIN DANIEL ALVAREZ ALVAREZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, esta Sala tuvo por formalizada la acción de mérito y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que, se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, la cual declara NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto y confirma, por consiguiente, la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor HERLIN DANIEL ALVAREZ ÁLVAREZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ZS-013; lo cual tuvo fundamentación y motivación jurídica en lo expuesto sucintamente en el Antecedente 3) de la presente Sentencia.

CONSIDERANDO (4): Que, en el escrito de formalización del recurso, manifiesta el recurrente, Abogado KEVIN ALEXIS REYES EUCEDA, que estima vulnerados los derechos constitucionales de su defendido, según contenidos en los artículos 99 y 103 de la Constitución de la República; 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que la resolución recurrida en vía de justicia constitucional, vulnera lo preceptuado en los artículos 165, 166 numeral 2) y 7), 167 numeral 1), 212 del Código Procesal Penal; en virtud de la incorrecta apreciación de la prueba en que incurriera el voto mayoritario del Ad Quem, al refrendar el fallo del A Quo, que dictó un auto de prisión a un supuesto extorsionador, quien se limitaba a platicar con su novia, antes de ingresar al Colegio INTAE, cuando se le dio detención. No se le encontró nada que evidencie su participación en el delito, pues lo único que se le pudo encontrar por agentes de la FNAMP, según consta en el acta de registro personal, fue un celular marca Samsung color plateado. Solicita de los señores Magistrados que hagan una plena valoración de la prueba propuesta y evacuada en audiencia inicial, dada la incorrecta apreciación que hizo el Juez A Quo y el Ad Quem, al confirmar auto de formal procesamiento; el cual fue erróneo pues nunca se logró acreditar la participación del delito que se le acusa, ya que nunca estuvo presente en consumación del delito de extorsión y nunca anduvo con el otro coacusado, alias “Arturo”, quien sí fue identificado por el testigo protegido ZS-0013; no logrando mencionar, ni acreditar las características, ni el nombre del agraviado en la presente acción constitucional; expresando, incluso, en su declaración de prueba anticipada que no lo conoce y no sabe quién es HERLIN DANIEL ALVAREZ ÁLVAREZ; por lo que considera se están violentando derechos y garantías constitucionales, como son el debido proceso y el estado de inocencia que asisten al imputado.-CONSIDERANDO (5): Que, finalmente, estima el Abogado garantista, que es acertado el voto disidente del Ad Quem, acompañado a la presentación del recurso; en cuanto sostiene, tanto en resolución del recurso de apelación, como en el de reposición; la inocencia de su defendido, por lo cual solicita se vea dicho voto particular, a manera de ilustración. Por todo ello, pide se tenga por formalizado el recurso de amparo y se dicte sentencia definitiva amparando al agraviado, con suspensión total del acto reclamado; en cumplimiento del trámite legalmente establecido.-CONSIDERANDO (6): Que vista para estudio la sentencia de apelaciones, cuyas principales consideraciones obran sintéticamente relacionadas, observa la Sala de lo Constitucional que se ha efectuado una adecuada correlación entre el deber de motivación y la valoración - si bien discrepante, sobre bases de razonabilidad - de los elementos probatorios allegados a la Audiencia Inicial; los cuales, a juicio del voto mayoritario del Tribunal, acreditaron la consumación del delito enjuiciado, así como la pluralidad de indicios contingentes que sirvieran de base para formar la convicción judicial; en concordancia con el debido proceso, según reconocido en el artículo 90, párrafo primero, con relación al artículo 92 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (7): Que, vista para estudio la presente acción de amparo, se admite que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales en sede de recurso de apelaciones,[3] podría bien incidir, desde una consideración material, en el derecho genérico a un debido proceso. Sin embargo, no puede soslayarse que la valoración plena de la prueba, solicitada en formalización del amparo, a los honorables Magistrados (as) de la Sala de lo Constitucional, redundaría; no sólo en alegaciones de instancia, previamente conocidas y resueltas por la jurisdicción ordinaria; sino que se encontraría imposibilitada en nuestro ordenamiento jurídico, a través de lo normativizado en el artículo 303, párrafo segundo, de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (8): Que, no acreditándose los elementos de juicio que denoten especial trascendencia constitucional, pues recaen sobre la reiteración de juicios de valor, vertidos ante la instancia respectiva; resulta que tal alegato técnico-jurídico no trasciende del plano de la estricta legalidad, excediendo el ámbito de protección que precisa el recurso de amparo;[4] lo cual impediría su legítima cognición en sede de justicia constitucional. Corresponde, pues, dictar sobreseimiento de la garantía de amparo así promovida, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que consista el contenido del recurso en la alegación de violaciones de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 54 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de Octubre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0006-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

KM

[1] Ver: Considerandos números 18 al 20 de la resolución impetrada en amparo, a folios 38 vuelto y 39 frente de la pieza principal.

[2] Ver: Considerandos números 1 al 3 de la motivación y fundamentos jurídicos del voto particular disidente, a folio 40 frente de la pieza principal.

[3] Ver a efecto ilustrativo: LLORENTE FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, Á. et al. El sistema de recursos en el proceso penal. Tegucigalpa: Litocom, 2001. Págs. 15 y ss.

[4] Siempre a modo ilustrativo, véase la sentencia STC 201/1994, de 4 de julio, Tribunal Constitucional español; según la cual: “… No corresponde al Tribunal Constitucional, que no es una tercera instancia y órgano revisor que tenga que efectuar el control de mera legalidad, rectificar errores, equivocaciones o incorrecciones jurídicas en la interpretación y aplicación de las normas legales, realizadas por los Jueces y Tribunales (…), salvo que al hacerlo violaran alguna garantía constitucional”. MONTERO AROCA, J., et al. Amparo constitucional y proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. Pág. 44.