Sentencia AL-931-15 — Registro 13869
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que resolvió un recurso de apelación con relación a un incidente de declinatoria por falta de jurisdicción alegado en la demanda contra el Estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Considerando (11): Que después de una minuciosa revisión de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional, establece que el fondo del asunto en el caso de mérito lo constituye la inadmisibilidad de la excepción dilatoria, reflejada en la sentencia dictada por el Ad-Quem, y ponderar si con las misma se vulnera las garantías constitucionales invocadas.-Considerando (12): Que el derecho del trabajo contiene algunos principios que se encuentran codificados en nuestra legislación, como ser el principio de primacía de la realidad,[2] que en este nos encontramos ante la situación de que es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hacer el trabajador se encuentre amparado por el Derecho del Trabajo, esta postura de que el contrato de trabajo tiene un existencia, no en virtud del acuerdo abstracto de las voluntades de las partes, sino en la prestación del servicio, esta última situación es la que determina su existencia. Por lo que no se pueden reducir los derechos que posean los trabajadores, aunque se haya pactado lo contrario, en este caso, la imposibilidad de acudir a la vía judicial, derecho de orden público y no negociable en su disminución, adherido a estos, el principio de la regla de la condición más beneficiosa, el que hace referencia al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, en este paso ambos con arraigo constitucional, y uno desarrollado en el Código de Trabajo.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “Considerando (7): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, basa su sentencia, señalando que el principio de primacía de la realidad es un principio fundamental del derecho de trabajo, el cual se sostiene en el caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, se debe dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Por lo que resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecen de todo valor. Continúa manifestando el A-Quem que cuando se pretende ocultar auténticas relaciones laborales en contratos que aparentemente no por ser tutelados por la jurisdicción del trabajo, el juez debe analizar los hechos a la luz de los principios protectorios y de la primacía de la realidad, es decir, observando si concurren los elementos de subordinación, prestación del trabajo personalmente y la retribución del servicio prestado. En el presente caso para dicha Corte de Apelación, como el A-Quo valoraron tales características, estimando que claramente se configuran los requisitos tasados por la Ley para presumir la existencia de un contrato de trabajo. Considerando (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. -Considerando (9): Que el debido proceso exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-Considerando (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 2, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 108 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.-Visto: Para dictar sentencia en la garantía de Amparo interpuesta por la abogada Nadya Liliana Hernández, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha primero de octubre del año dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de agosto de dos mil quince, con relación a un incidente de declinatoria por falta de jurisdicción alegado en la demanda promovida por la señora Jacqueline Tatiana Torres Cerrato contra el Estado de Honduras.- Antecedentes: 1) Que en fecha veintisiete de junio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la señora Jacqueline Tatiana Torres Cerrato, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, contra el Estado de Honduras. (Folios núm. 1 al 3 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que el referido Juzgado, dictó sentencia interlocutoria en fecha siete de agosto de dos mil quince, en el cual falla: “1) Declarando SIN LUGAR el INCIDENTE POR DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION DEL TRIBUNAL. 2) SIN COSTAS en esta instancia…”. (Folios núm. 209 al 214 de la primera pieza de antecedentes). -3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de Apelación interpuesto por la abogada Nadya Liliana Hernández, en fecha uno de octubre de dos mil quince, FALLA: “1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho merito; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha siete de agosto de dos mil quince”. (Folios núm. 54 al 58 de la segunda pieza de antecedentes).-4) La recurrente abogada Nadya Liliana Hernández, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de octubre del año dos mil quince, interponiendo acción de Amparo a favor del Estado De Honduras, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha uno de octubre de dos mil quince, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis. -5) Que con fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la abogada Sussy G. Coello García, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque no se otorgue la acción de amparo interpuesta.-Fundamentos Jurídicos.-Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo 244-2003.-Considerando (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-Considerando (3): Que se conoce en esta vía constitucional la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; en fecha uno de octubre del año dos mil quince, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de Apelación interpuesto contra el auto Interlocutorio dictado en fecha siete de agosto del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación demanda ordinaria laboral promovida por el abogado por la señora Jacqueline Tatiana Torres Cerrato contra el Estado de Honduras.-Considerando (4): Que la recurrente la abogada Nadya Liliana Hernández, en la interposición del recurso, manifiesta que el Tribunal Ad-Quem, en perjuicio de sus representados a violentado el contenido de los artículos 82, 90 y 106 de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y consecuentemente declarar sin lugar la excepción de falta de jurisdicción, con ello ha concitado las invocadas vulneraciones constitucionales; señala que en el caso de autos ya la competencia y la jurisdicción habían sido predeterminadas por las partes, el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que le compete todo lo relativo de los contratos de servicios profesiones y técnicos que celebren los poderes de Estado, apuntando que lo que ha existido no es una relación de trabajo, sino una relación contractual a término, enmarcado dentro de las facultades que le otorga la Ley y las disposiciones presupuestarias de la República, que en caso de conflicto estará sujeto por su propia naturaleza al derecho administrativo y no ante la jurisdicción del trabajo.-Considerando (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-Considerando (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el artículo 858 en relación con los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-Considerando (7): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, basa su sentencia, señalando que el principio de primacía de la realidad es un principio fundamental del derecho de trabajo, el cual se sostiene en el caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, se debe dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Por lo que resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecen de todo valor. Continúa manifestando el A-Quem que cuando se pretende ocultar auténticas relaciones laborales en contratos que aparentemente no por ser tutelados por la jurisdicción del trabajo, el juez debe analizar los hechos a la luz de los principios protectorios y de la primacía de la realidad, es decir, observando si concurren los elementos de subordinación, prestación del trabajo personalmente y la retribución del servicio prestado. En el presente caso para dicha Corte de Apelación, como el A-Quo valoraron tales características, estimando que claramente se configuran los requisitos tasados por la Ley para presumir la existencia de un contrato de trabajo.-Considerando (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-Considerando (9): Que el debido proceso exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-Considerando (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-Considerando (11): Que después de una minuciosa revisión de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional, establece que el fondo del asunto en el caso de mérito lo constituye la inadmisibilidad de la excepción dilatoria, reflejada en la sentencia dictada por el Ad-Quem, y ponderar si con las misma se vulnera las garantías constitucionales invocadas.-Considerando (12): Que el derecho del trabajo contiene algunos principios que se encuentran codificados en nuestra legislación, como ser el principio de primacía de la realidad,[1] que en este nos encontramos ante la situación de que es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hacer el trabajador se encuentre amparado por el Derecho del Trabajo, esta postura de que el contrato de trabajo tiene un existencia, no en virtud del acuerdo abstracto de las voluntades de las partes, sino en la prestación del servicio, esta última situación es la que determina su existencia. Por lo que no se pueden reducir los derechos que posean los trabajadores, aunque se haya pactado lo contrario, en este caso, la imposibilidad de acudir a la vía judicial, derecho de orden público y no negociable en su disminución, adherido a estos, el principio de la regla de la condición más beneficiosa, el que hace referencia al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, en este paso ambos con arraigo constitucional, y uno desarrollado en el Código de Trabajo.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 90, 128 numeral 15, 134, 135, 139, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 2, 3, 8, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 36, 95, 665, 803, 807 y 808 del Código de Trabajo; entre otras normas. Falla: denegando la garantía de amparo interpuesto por la abogada Nadya Liliana Hernández, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha primero de octubre del año dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese.- Firmas y Sello Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- Firma y Sello CARLOS ALBERTOALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre del dos mil veintiuno.-VISTOS. El recurso de Reposición interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ COREA, actuando en representación del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha catorce de febrero del año Dos mil veinte.-CONSIDERANDO (1): Que la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ COREA, interpuso acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, una vez efectuado el trámite que determina la ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha catorce de febrero del dos mil veinte, mediante las cual se denegó el recurso de amparo del que se hizo mérito.-CONSIDERANDO (2): Que la recurrente, expone en el recurso de reposición los motivos que lo llevan a utilizar la acción recursiva de la manera siguiente: 1) que la falta de sustentación legal de la reclamación de la demandante, misma que fue alegada durante la secuela de juicio, en vista de que la demandante suscribió con el Estado de honduras a través del Instituto Nacional Penitenciario, contrato de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, lo que está preceptuado en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo; 3 inciso a), 108 y 109 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, de lo que se infiere que la jurisdicción que debe conocer de la presente acción es la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, por lo que el Juzgado del Trabajo debió inhibirse del conocimiento de la misma.-CONSIDERANDO (3): Que mediante la sentencia contra la cual se recurre, esta sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente denegar la acción constitucional de amparo pretendida por el recurrente.-CONSIDERANDO (4): Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse de las argumentaciones del impetrante, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 119, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ COREA a favor del ESTADO DE HONDURAS, de fecha 11 de noviembre del año 2020,de que se ha hecho mérito y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTOALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020) y Resolución de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) recaídas en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 931-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.-Visto: Para dictar sentencia en la garantía de Amparo interpuesta por la abogada Nadya Liliana Hernández, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha primero de octubre del año dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de agosto de dos mil quince, con relación a un incidente de declinatoria por falta de jurisdicción alegado en la demanda promovida por la señora Jacqueline Tatiana Torres Cerrato contra el Estado de Honduras.- Antecedentes: 1) Que en fecha veintisiete de junio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, la señora Jacqueline Tatiana Torres Cerrato, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, contra el Estado de Honduras. (Folios núm. 1 al 3 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que el referido Juzgado, dictó sentencia interlocutoria en fecha siete de agosto de dos mil quince, en el cual falla: “1) Declarando SIN LUGAR el INCIDENTE POR DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION DEL TRIBUNAL. 2) SIN COSTAS en esta instancia…”. (Folios núm. 209 al 214 de la primera pieza de antecedentes). -3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de Apelación interpuesto por la abogada Nadya Liliana Hernández, en fecha uno de octubre de dos mil quince, FALLA: “1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho merito; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha siete de agosto de dos mil quince”. (Folios núm. 54 al 58 de la segunda pieza de antecedentes).-4) La recurrente abogada Nadya Liliana Hernández, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de octubre del año dos mil quince, interponiendo acción de Amparo a favor del Estado De Honduras, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha uno de octubre de dos mil quince, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis. -5) Que con fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la abogada Sussy G. Coello García, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque no se otorgue la acción de amparo interpuesta.-Fundamentos Jurídicos.-Considerando (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo 244-2003.-Considerando (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-Considerando (3): Que se conoce en esta vía constitucional la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; en fecha uno de octubre del año dos mil quince, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de Apelación interpuesto contra el auto Interlocutorio dictado en fecha siete de agosto del año dos mil quince, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación demanda ordinaria laboral promovida por el abogado por la señora Jacqueline Tatiana Torres Cerrato contra el Estado de Honduras.-Considerando (4): Que la recurrente la abogada Nadya Liliana Hernández, en la interposición del recurso, manifiesta que el Tribunal Ad-Quem, en perjuicio de sus representados a violentado el contenido de los artículos 82, 90 y 106 de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y consecuentemente declarar sin lugar la excepción de falta de jurisdicción, con ello ha concitado las invocadas vulneraciones constitucionales; señala que en el caso de autos ya la competencia y la jurisdicción habían sido predeterminadas por las partes, el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que le compete todo lo relativo de los contratos de servicios profesiones y técnicos que celebren los poderes de Estado, apuntando que lo que ha existido no es una relación de trabajo, sino una relación contractual a término, enmarcado dentro de las facultades que le otorga la Ley y las disposiciones presupuestarias de la República, que en caso de conflicto estará sujeto por su propia naturaleza al derecho administrativo y no ante la jurisdicción del trabajo.-Considerando (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-Considerando (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el artículo 858 en relación con los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-Considerando (7): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, basa su sentencia, señalando que el principio de primacía de la realidad es un principio fundamental del derecho de trabajo, el cual se sostiene en el caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, se debe dar preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Por lo que resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación de acuerdo con lo que las partes hubieren pactado, ya que, si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, carecen de todo valor. Continúa manifestando el A-Quem que cuando se pretende ocultar auténticas relaciones laborales en contratos que aparentemente no por ser tutelados por la jurisdicción del trabajo, el juez debe analizar los hechos a la luz de los principios protectorios y de la primacía de la realidad, es decir, observando si concurren los elementos de subordinación, prestación del trabajo personalmente y la retribución del servicio prestado. En el presente caso para dicha Corte de Apelación, como el A-Quo valoraron tales características, estimando que claramente se configuran los requisitos tasados por la Ley para presumir la existencia de un contrato de trabajo.-Considerando (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-Considerando (9): Que el debido proceso exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-Considerando (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-Considerando (11): Que después de una minuciosa revisión de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional, establece que el fondo del asunto en el caso de mérito lo constituye la inadmisibilidad de la excepción dilatoria, reflejada en la sentencia dictada por el Ad-Quem, y ponderar si con las misma se vulnera las garantías constitucionales invocadas.-Considerando (12): Que el derecho del trabajo contiene algunos principios que se encuentran codificados en nuestra legislación, como ser el principio de primacía de la realidad,[2] que en este nos encontramos ante la situación de que es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hacer el trabajador se encuentre amparado por el Derecho del Trabajo, esta postura de que el contrato de trabajo tiene un existencia, no en virtud del acuerdo abstracto de las voluntades de las partes, sino en la prestación del servicio, esta última situación es la que determina su existencia. Por lo que no se pueden reducir los derechos que posean los trabajadores, aunque se haya pactado lo contrario, en este caso, la imposibilidad de acudir a la vía judicial, derecho de orden público y no negociable en su disminución, adherido a estos, el principio de la regla de la condición más beneficiosa, el que hace referencia al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, en este paso ambos con arraigo constitucional, y uno desarrollado en el Código de Trabajo.-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-Por tanto: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 90, 128 numeral 15, 134, 135, 139, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 2, 3, 8, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 36, 95, 665, 803, 807 y 808 del Código de Trabajo; entre otras normas. Falla: denegando la garantía de amparo interpuesto por la abogada Nadya Liliana Hernández, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha primero de octubre del año dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Álvarez Sagastume. Notifíquese.- Firmas y Sello Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- Firma y Sello CARLOS ALBERTOALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de septiembre del dos mil veintiuno.-VISTOS. El recurso de Reposición interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ COREA, actuando en representación del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha catorce de febrero del año Dos mil veinte.-CONSIDERANDO (1): Que la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ COREA, interpuso acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, una vez efectuado el trámite que determina la ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha catorce de febrero del dos mil veinte, mediante las cual se denegó el recurso de amparo del que se hizo mérito.-CONSIDERANDO (2): Que la recurrente, expone en el recurso de reposición los motivos que lo llevan a utilizar la acción recursiva de la manera siguiente: 1) que la falta de sustentación legal de la reclamación de la demandante, misma que fue alegada durante la secuela de juicio, en vista de que la demandante suscribió con el Estado de honduras a través del Instituto Nacional Penitenciario, contrato de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, lo que está preceptuado en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo; 3 inciso a), 108 y 109 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, de lo que se infiere que la jurisdicción que debe conocer de la presente acción es la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, por lo que el Juzgado del Trabajo debió inhibirse del conocimiento de la misma.-CONSIDERANDO (3): Que mediante la sentencia contra la cual se recurre, esta sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente denegar la acción constitucional de amparo pretendida por el recurrente.-CONSIDERANDO (4): Que esta Sala encuentra que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que puedan establecerse de las argumentaciones del impetrante, razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto.-POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 119, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ COREA a favor del ESTADO DE HONDURAS, de fecha 11 de noviembre del año 2020,de que se ha hecho mérito y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTOALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020) y Resolución de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) recaídas en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 931-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”
[1] RODRIGUEZ, Olvin E., “Derecho Individual del Trabajo”. OIM Editorial, Tegucigalpa, 2005, pp. 41.
[2] RODRIGUEZ, Olvin E., “Derecho Individual del Trabajo”. OIM Editorial, Tegucigalpa, 2005, pp. 41.