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Sentencia AL-929-18 — Registro 11021

Resumen

Sentencia declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación contra auto interlocutorio en demanda ejecutiva laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados, derechos adquiridos, daños y perjuicios en pago de derecho de maternidad promovida por recurrente contra sociedad mercantil; en apelación se reformó declarando sin lugar la continuación del embargo de montos a pagarsele a sociedad demandada por simular ser otra sociedad mercantil con denominación similar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."guarda pertinencia a la solicitud de amparo, en vista a la inobservancia jurídica en que ha incurrido el Ad Quem, respecto a lo establecido en los artículos 758 y 759 del Código de Comercio, contentivas de la teoría de la simulación, aplicados analógicamente al proceso laboral; con relación a lo establecido en el artículo 743 del Código Procesal Civil, relativo al principio de completa satisfacción del ejecutante; pues ha estimado la Alzada que la categoría de simulación requiere ser declarada en juicio, error grave de apreciación jurídica, conforme al cual solicita de esta Sala, que se tenga por formalizada en tiempo y forma la presente demanda de amparo y que, seguido que sea el procedimiento, sea dictada sentencia estimatoria al mismo. Peticionando, a tal efecto, que se ordene a la Corte de Apelaciones concernida, revocar el auto dictado por el Juez A Quo, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, por violentar las garantías constitucionales precitadas; ordenándole, a la vez, que reforme la sentencia interlocutoria en la que ordene continuar trabando el embargo por la cantidad de L 150, 000.00 sobre el Contrato de Servicio de Seguridad Física, Privada y Preventiva celebrada entre la demandada SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L., quien se oculta bajo el nombre de SEGURIDAD TOTAL DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. y la Empresa PRODUCTOS AVON, S.A. DE C.V. .."..."no obstante, lo anteriormente conceptualizado y examinados los antecedentes, desde una consideración imparcial y respetuosa de las garantías y derechos constitucionales, se considera que el presente recurso de amparo se subsume en la causal de sobreseimiento que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC) en el numeral 1) del artículo 46; en vista a no expresar el amparista, en qué consistiría el agravio constitucional percibido de la resolución descrita y circunstanciada, pues se ha limitado a reproducir argumentaciones ya planteadas y resueltas en la jurisdicción ordinaria, las cuales no logran trascender de la esfera de mera legalidad; pues consisten en la aplicación general de dispositivos emanados del Código de Comercio, atinentes a la simulación mercantil y a la teoría de las apariencias, por sobre las consideraciones en derecho de fondo que juzgare aplicable la Corte de Apelaciones concernida, en desarrollo de su motivación judicial, para desestimar el planteamiento sustancial de la parte actora. Lo anteriormente expuesto, impide acreditar la infracción, actual o inminente, al debido proceso y al principio de legalidad administrativa, como ha alegado el recurrente, empleando criterios de mera legalidad..."..."en definitiva, que tales alegatos de la parte recurrente no vinculan a la protección que confiere la garantía de amparo al núcleo esencial de los derechos fundamentales, por incurrir en la precitada causal de sobreseimiento, acorde la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC). Debiendo procederse, en consecuencia, al dictado de sobreseimiento a la presente garantía de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Cesar Milian Prado a favor de la señora Marlen Yesenia Sevilla Artica, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la “DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, SALARIOS ADEUDADOS, DERECHOS ADQUIRIDOS Y A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE DERECHO DE MATERNIDAD Y COSTAS DEL JUICIO”, interpuesta por la señora Marlen Yesenia Sevilla Artica, contra la sociedad mercantil denominada Seguridad Total S. de R.L., a través de su Representante, Abogado José Augusto Sandoval Maldonado. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora Marlen Yesenia Sevilla Artica, promoviendo “DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, SALARIOS ADEUDADOS, DERECHOS ADQUIRIDOS Y A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE DERECHO DE MATERNIDAD Y COSTAS DEL JUICIO”., contra la sociedad mercantil denominada Seguridad Total S. de R.L., a través de su Representante, el Abogado José Augusto Sandoval Maldonado. (Folios 2-4 del expediente del A-quo) 2) En fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Jugado de Letras del Trabajo antes mencionado, falló: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD DE EMBARGO SOLICITADO POR EL ABOGADO RAFAEL ANTONIO BREVE apoderado procesal de la Empresa SEGURIDAD TOTAL DE CENTRO AMÉRICA S. DE R.L., en virtud de lo ya expuesto en la motivación de este auto.-SEGUNDO: SIN LUGAR A LA SUSTITUCIÓN PATRONAL (SIMULACIÓN O FRAUDE) SOLICITADO POR EL APODERADO ACTOR, QUE SE CONTINÚE EL PROCESO EN CONTRA DE LA EMPRESA MERCANTIL EJECUTADA SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L. tomando en cuenta lo ya expuesto en este auto, sin perjuicio de que se interponga nuevo planteamiento durante la sustanciación del proceso. TERCERO: SIN COSTAS, dado el carácter social de las normas del trabajo y el principio de gratuidad. -CUARTO: Contra el presente auto interlocutorio puede interponerse el recurso de reposición y el de apelación al tenor de lo dispuesto en los artículos 740 y 743 del Código del Trabajo. (Folio 62-65 vuelto del expediente del A-quo) 3) La Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Cesar Milian Prado, contra auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, en fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, dictó sentencia en donde falló: I) Declarando parcialmente haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Cesar Milian Prado en la condición en que actúa, en contra del auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de septiembre del año dos mil dieciocho, en el proceso iniciado con la demanda ejecutiva de la referencia; consecuentemente se REFORMA el numeral segundo del auto interlocutorio relacionado, reforma que consiste en DECLARAR SIN LUGAR LA CONTINUACIÓN DEL EMBARGO DE MONTOS A PAGARSELE A LA DEMANDADA SEGURIDAD TOTAL, S. DE R.L., por SIMULAR AHORA SER SEGURIDAD TOTAL DE CENTROAMERICA. S. DE R.L.; II) Confirmando en sus demás extremos la citada resolución en cuanto a que se declaró sin lugar el incidente de nulidad de embargo solicitado por el representante procesal de Seguridad Total de Centroamérica, S. de R.L., y que se continúe el proceso contra la empresa mercantil ejecutada Seguridad Total, S. de R.L.-Sin Costas en esta instancia. (Folios 24-26 del expediente del A-quem) 4) Que el Abogado Cesar Milian Prado, compareció ante este Tribunal en fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor de la señora Marlen Yesenia Sevilla Artica, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala en fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito al Abogado antes referido, en consecuencia, dispuso continuar con el procedimiento de ley, dando vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-4/29 de la pieza de amparo) 5) Que esta Sala, en fecha veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición del recurso se desprende que el amparista, acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías contenidas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Según el recurrente estas vulneraciones se han producido en virtud de que dicha resolución no es conforme con su petición, señalando que él no ha solicitado que se trabe embargo, que lo ha venido señalando es un fraude o simulación de contratos, conforme a lo establecido en el artículo 760 del Código de Comercio, argumentando que se pretende burlar a su representada, al dejarla frente a un fraude de ley de una persona jurídica que se oculta bajo otra persona social de nombre igual para esconder sus obligaciones, ya que la empresa demandada SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L. y SEGURIDAD TOTAL DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. fueron representadas por el mismo Gerente General RONALD FRANCISCO CHAVEZ LOPEZ, y se dedican al mismo giro, el domicilio y el local donde operan es el mismo, por lo que resulta evidente que las empresas relacionadas constituyen una misma entidad. Que al examinar la resolución recurrida, el Ad-quem establece en su motivación fáctica y jurídica, que ante la existencia de un título ejecutivo como es el caso, se aplica de forma preeminente el principio de completa satisfacción, pero esa satisfacción debe realizarse sobre bienes o derechos que correspondan al ejecutado, y en el caso de autos no es posible hasta ahora asumir la simulación denunciada por el recurrente porque las sociedades SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L. y SEGURIDAD TOTAL DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. sean parecidas o similares, ni aun y cuando se dediquen al mismo rubro y sean representadas por la misma persona natural, pues una y otra son personas jurídicas individuales y debidamente registradas como tales y hasta ahora no existen elementos que hagan suponer que lo declarado en el citado contrato de servicios sea falso o que le haya dado a éste una falsa apariencia ocultando su verdadero carácter, estimando la Alzada que la categoría de simulación requiere ser declarada en juicio de conformidad al artículo 759 del Código de Comercio en relación a las teorías de las apariencias reguladas en el artículo 736 del mismo texto legal. De lo expuesto, esta Representación Fiscal aprecia de la foliada que en el caso sub-judice, las partes en litigio, SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L. (demandada) y MARLEN YESENIA SEVILLA ARTICA (demandante) en audiencia recaída en la demanda instaurada, llegaron a un arreglo conciliatorio en fecha 24 de junio del año 2016, comprometiéndose la demandada a pagarle a la demandante la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 150,000.00), y al ser incumplido dicho arreglo conciliatorio la demandante en aras de que se le reconocieran los derechos laborales correspondientes, inició el juicio ejecutivo laboral, durante la sustanciación la empresa AVON S.A., informó al juzgado en fecha 06 de abril del año 2018, a través de la jefe de Recursos Humanos que la empresa SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L., le brinda servicio de seguridad a la empresa AVON S.A., mediante contrato firmado, con fecha de inicio el 15 de mayo de 2017 al 14 de abril del 2018, por lo que el A-quo procedió a decretar embargo sobre los pagos a realizar por la empresa AVON S.A a la empresa SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L., por servicio de seguridad, por un monto de CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.150,000.00), el cual no se logró realizar en virtud de que la encargada de finanzas señora ALEJANDRA RÁPALO mostró una nota firmada por el señor Ronald Chávez que la empresa contratada se denomina SEGURIDAD TOTAL de CENTRO AMÉRICA S. DE R.L. y NO SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L. En cuanto a lo argumentado por el recurrente respecto a la existencia de un fraude o simulación de contratos, en virtud que según su criterio la demandada SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L. se oculta bajo otra persona social de nombre igual para esconder sus obligaciones; respecto a lo cual se aprecia de los antecedentes que corre agregado a folio 40 de la primera pieza un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA PRIVADA Y PREVENTIVA celebrado entre AVON HONDURAS S.A. y la Empresa SEGURIDAD CENTROAMERICA S. DE R.L. DE C.V., de fecha 27 de febrero del año 2017, firmado por los comparecientes RONALD FRANCISCO CHÁVEZ en su condición de Representante Legal de la empresa SEGURIDAD TOTAL de CENTRO AMÉRICA S. DE R.L. y la señora CLAUDIA LIZETTE BULNES LÓPEZ Representante Legal de la empresa AVON S.A.; del cual no consta acreditado en el proceso que dicho contrato sea falso por lo tanto no se advierte que existe una simulación de contrato con el ánimo de evadir la responsabilidad de la demandada, ya que según los instrumentos de escritura pública (F.30-42 Primera Pieza) se constata que son empresas diferentes y ante tal circunstancia no se evidencia un ocultamiento de nombre como aduce el impetrante…no obstante es importante señalar que la empresa demandada sigue obligada a reconocerle los derechos laborales a la trabajadora, ya que el hecho de no poder cumplimentar la medida de embargo a la empresa Avon S.A., por tratarse de una empresa diferente, ello no significa que la empresa demandada esté exonerada de dicha obligación de pagar los derechos que le han sido reconocidos en el acta de conciliación celebrada entre las partes. De lo anterior esta Representación Fiscal estima que la resolución que hoy se impugna se encuentra conforme a derecho ya que se ha observado el debido proceso, el cual constituye un derecho fundamental que se materializa en garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial de un proceso y asimismo no se vulnera el Principio de Legalidad que establece: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. De lo anterior, la suscrita es del parecer que el criterio esgrimido por el Ad-quem NO vulnera los preceptos constitucionales invocados por el recurrente. IV.CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por la amparista.” CONSIDERANDO (1): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional, y en concordancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (2): Que acorde el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Asimismo, el artículo 43 de la Ley en referencia establece, en cuanto a la amplitud de la acción de amparo, que ésta podrá interponerse aun cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito. CONSIDERANDO (3): Que, en el escrito de formalización del recurso a favor de la señora Marlen Yesenia Sevilla Artica, ha manifestado el recurrente, Abogado Cesar Milian Prado, las consideraciones fácticas y jurídicas a las que han hecho referencia los Antecedentes 4) y 5) de la presente sentencia; por estimar que la resolución dictada en fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declara parcialmente haber lugar al recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la “DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, SALARIOS ADEUDADOS, DERECHOS ADQUIRIDOS Y A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE DERECHO DE MATERNIDAD Y COSTAS DEL JUICIO”, interpuesta por la señora Marlen Yesenia Sevilla Artica, contra la sociedad mercantil denominada Seguridad Total S. de R.L.; vulnera los derechos constitucionales de la persona beneficiaria del recurso, según contenidos en los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que, lo anteriormente considerado, guarda pertinencia a la solicitud de amparo, en vista a la inobservancia jurídica en que ha incurrido el Ad Quem, respecto a lo establecido en los artículos 758 y 759 del Código de Comercio, contentivas de la teoría de la simulación, aplicados analógicamente al proceso laboral; con relación a lo establecido en el artículo 743 del Código Procesal Civil, relativo al principio de completa satisfacción del ejecutante; pues ha estimado la Alzada que la categoría de simulación requiere ser declarada en juicio, error grave de apreciación jurídica, conforme al cual solicita de esta Sala, que se tenga por formalizada en tiempo y forma la presente demanda de amparo y que, seguido que sea el procedimiento, sea dictada sentencia estimatoria al mismo. Peticionando, a tal efecto, que se ordene a la Corte de Apelaciones concernida, revocar el auto dictado por el Juez A Quo, en fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, por violentar las garantías constitucionales precitadas; ordenándole, a la vez, que reforme la sentencia interlocutoria en la que ordene continuar trabando el embargo por la cantidad de L 150, 000.00 sobre el Contrato de Servicio de Seguridad Física, Privada y Preventiva celebrada entre la demandada SEGURIDAD TOTAL S. DE R.L., quien se oculta bajo el nombre de SEGURIDAD TOTAL DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. y la Empresa PRODUCTOS AVON, S.A. DE C.V. CONSIDERANDO (5): Que analizado el caso, ponderados los argumentos esbozados por el recurrente, y oído que fue el parecer rendido por la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional reconoce la vinculación a lo establecido en el párrafo primero del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; precepto por el cual se garantiza a toda persona la tutela de sus derechos constitucionales mediante un recurso ágil y efectivo; lo que ha tenido desarrollo normativo en nuestro país a través de la garantía de Amparo. CONSIDERANDO (6): Que, no obstante, lo anteriormente conceptualizado y examinados los antecedentes, desde una consideración imparcial y respetuosa de las garantías y derechos constitucionales, se considera que el presente recurso de amparo se subsume en la causal de sobreseimiento que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC) en el numeral 1) del artículo 46; en vista a no expresar el amparista, en qué consistiría el agravio constitucional percibido de la resolución descrita y circunstanciada, pues se ha limitado a reproducir argumentaciones ya planteadas y resueltas en la jurisdicción ordinaria, las cuales no logran trascender de la esfera de mera legalidad; pues consisten en la aplicación general de dispositivos emanados del Código de Comercio, atinentes a la simulación mercantil y a la teoría de las apariencias, por sobre las consideraciones en derecho de fondo que juzgare aplicable la Corte de Apelaciones concernida, en desarrollo de su motivación judicial, para desestimar el planteamiento sustancial de la parte actora. Lo anteriormente expuesto, impide acreditar la infracción, actual o inminente, al debido proceso y al principio de legalidad administrativa, como ha alegado el recurrente, empleando criterios de mera legalidad. CONSIDERANDO (7): Que debe señalarse, en definitiva, que tales alegatos de la parte recurrente no vinculan a la protección que confiere la garantía de amparo al núcleo esencial de los derechos fundamentales, por incurrir en la precitada causal de sobreseimiento, acorde la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC). Debiendo procederse, en consecuencia, al dictado de sobreseimiento a la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-929-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL