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Sentencia AL-885-19 — Registro 13356

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que conoció del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN,Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el quejoso es del parecer que con el acto reclamado se ha violentado el debido proceso a su representada, al no apreciar la Alzada que la demanda debe ser conocida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por haberse sujetado el demandante mediante los contratos de prestación de servicios a dicha jurisdicción.interposición del recurso de amparo se desprende que el quejoso es del parecer que con el acto reclamado se ha violentado el debido proceso a su representada, al no apreciar la Alzada que la demanda debe ser conocida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por haberse sujetado el demandante mediante los contratos de prestación de servicios a dicha jurisdicción

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y  consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecinueve de agosto del año dos mil veinte. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve, que conoció del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve; con relación a la Demanda de Reintegro promovida por el señor MARVIN ALEXANDER CORRALES AMAYA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el quejoso es del parecer que con el acto reclamado se ha violentado el debido proceso a su representada, al no apreciar la Alzada que la demanda debe ser conocida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por haberse sujetado el demandante mediante los contratos de prestación de servicios a dicha jurisdicción. CONSIDERANDO: Que el recurrente invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, la declaración enmarcada en el artículo 64 constitucional y las garantías reconocidas en los artículos 82, 90, 128 numeral 15 también de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes y en especifico de la resolución censurada por el accionante, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el Recurso de Apelación, en virtud de que determinó que el demandante fue contratado para realizar actividades que por su naturaleza son de naturaleza permanente en la Institución, no requiriendo ningún conocimiento especializado que corresponda ser conocido en la jurisdicción contencioso administrativo, procediendo a confirmar el auto del A-quo toda vez que no se acreditó que el demandante se desempañara bajo nombramiento creado por la Constitución de la República, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal; criterios que exceptúan el conocimiento del ámbito laboral. CONSIDERANDO: Que en cuanto a la aplicación de la pretendida cláusula alegada por el recurrente, bajo la exigencia de lo estipulado en el artículo 1348 del Código Civil, ésta Sala estima conveniente indicarle al impetrante que en materia de lo laboral es nula toda cláusula de un contrato de trabajo en el que se hayan establecido disposiciones que menoscaben, disminuyan o tergiversen los derechos de los trabajadores. CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, a favor del ESTADO DE HONDURAS; contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DEL FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., cinco de febrero del año dos mil veintiuno. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte, dictada por esta Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo que interpusiera a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve, que conoció del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve; con relación a la Demanda de Reintegro promovida por el señor MARVIN ALEXANDER CORRALES AMAYA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de la Sala, recurso de reposición el cual interpone contra la resolución de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte, dictada por esta Sala de lo Constitucional, apreciándose que se ha limitado a indicar que dicha resolución no es conforme a derecho, omitiendo establecer los razonamientos que sirven de fundamento al mismo, excluyendo con ello rebatir de manera concreta el fondo o la forma de la resolución que se impugna, en consecuencia y conforme se desprende de la motivación de la resolución recurrida en reposición, se aprecia que ésta se encuentra apegada a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido, al no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, contra la resolución de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte, dictada por esta Sala de lo Constitucional, al no rebatir de manera concreta el fondo o la forma de dicha resolución. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo de dos mil veintiuno, certificación de las resoluciones de fechas diecinueve de agosto de dos mil veinte y cinco de febrero de dos mil veintiuno, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-885-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL