Sentencia AL-831-18 — Registro 11020
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación contra la del a-quo, con relación a los tres incidentes alegados en la demanda ordinaria laboral promovida contra El Estado de Honduras, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países..." ..." Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veinte. -VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia Interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con relación a los tres incidentes alegados en la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SULEMA YADIRA NAZAR y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 82 , 90, 106, 183, 321 y 322 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha trece (13) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado FREDIN FUNEZ, interponiendo demanda ordinaria laboral para el reconocimiento del primer memorial respetuoso celebrado entre el Instituto de la Propiedad y el Sindicato de Empleados Públicos del Instituto de la Propiedad, así como los pagados de Derechos y colaterales adeudados desde su entrada en vigencia y los futuros derivados del mismo, mas las costas que ocasione el presente juicio.- .(Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado).-2) Que el referido Juzgado, en audiencia Primera de Trámite celebrada en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), RESUELVE: Visto lo manifestado por la Representante Procesal de la parte demandada, y en cuanto a lo solicitado: Declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición; admítase el Recurso de Apelación en el efecto devolutivo, Para lo cual que la Secretaria del Despacho compulse las principales actuaciones y las remita a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial; en donde deberá comparecer la apelante en mejora del recurso. Y siendo muy avanzada la hora interrúmpase la presente audiencia y señálese su continuación PARA EL DIA MIERCOLES VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA en la que los Representantes Procesales de las partes aportaran los medios de prueba de los cuales se harán valer en el presente juicio.- Se hace constar que hasta esta fecha se señala la presente audiencia en virtud de mediar justa causa por exceso de trabajo en este Tribunal. Articulo 201 numeral 2) del Código Procesal Civil. Así como por el primer periodo de vacaciones de los Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. Que la Secretaria del Despacho autorice copia del presente Auto Interlocutorio a los Representantes Procesales de las partes.- (Folio 85 al 91 de la pieza del Juzgado) .-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, dictó sentencia en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), en la cual FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, actuando en su condición de apoderada-apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 14 de mayo del año 2018, que corre a folios del 29 al 35 de la pieza compulsada.-(Folio 48 al 52 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) La recurrente Abogada BESSY LORENA GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria a lo dispuesto en el Artículos 82, 90, 106, 183, 321 y 322 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019).-5) Que con fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con relación a los tres incidentes alegados en la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SULEMA YADIRA NAZAR y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 106, 183, 321 y 322 de la Constitución de la República, cuando no se realizó el procedimiento legal correspondiente, requisito indispensable para demandar a su representado, el Instituto de la Propiedad, a pesar de haber sido interpuestos los correspondientes incidentes para que la acción fuera declarado inadmisible. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), señalando que del análisis anterior el Ministerio Publico puede determinar que, en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que la demandada no ha probado la falta de legitimidad del Demandante, el Defecto de Falta de legitimidad Pasiva del Demandado; y, el Incidente de Falta de una Reclamación Administrativa Previa, alegadas, por efectuar la esencia de los argumentos jurídicos de fondo, es decir a todas las pretensiones reclamadas por el demandante; y, que solo se pueden definir en una resolución definitiva para establecer a quien le corresponde el derecho jurídico y material y a quien cumplir una obligación recaída en la pretensión.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0831-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero del año dos mil veinte. -VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia Interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con relación a los tres incidentes alegados en la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SULEMA YADIRA NAZAR y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 82 , 90, 106, 183, 321 y 322 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha trece (13) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado FREDIN FUNEZ, interponiendo demanda ordinaria laboral para el reconocimiento del primer memorial respetuoso celebrado entre el Instituto de la Propiedad y el Sindicato de Empleados Públicos del Instituto de la Propiedad, así como los pagados de Derechos y colaterales adeudados desde su entrada en vigencia y los futuros derivados del mismo, mas las costas que ocasione el presente juicio.- .(Folio 01 al 03 de la pieza del Juzgado).-2) Que el referido Juzgado, en audiencia Primera de Trámite celebrada en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), RESUELVE: Visto lo manifestado por la Representante Procesal de la parte demandada, y en cuanto a lo solicitado: Declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición; admítase el Recurso de Apelación en el efecto devolutivo, Para lo cual que la Secretaria del Despacho compulse las principales actuaciones y las remita a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial; en donde deberá comparecer la apelante en mejora del recurso. Y siendo muy avanzada la hora interrúmpase la presente audiencia y señálese su continuación PARA EL DIA MIERCOLES VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA en la que los Representantes Procesales de las partes aportaran los medios de prueba de los cuales se harán valer en el presente juicio.- Se hace constar que hasta esta fecha se señala la presente audiencia en virtud de mediar justa causa por exceso de trabajo en este Tribunal. Articulo 201 numeral 2) del Código Procesal Civil. Así como por el primer periodo de vacaciones de los Empleados y Funcionarios del Poder Judicial. Que la Secretaria del Despacho autorice copia del presente Auto Interlocutorio a los Representantes Procesales de las partes.- (Folio 85 al 91 de la pieza del Juzgado) .-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, dictó sentencia en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), en la cual FALLA: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, actuando en su condición de apoderada-apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 14 de mayo del año 2018, que corre a folios del 29 al 35 de la pieza compulsada.-(Folio 48 al 52 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) La recurrente Abogada BESSY LORENA GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria a lo dispuesto en el Artículos 82, 90, 106, 183, 321 y 322 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019).-5) Que con fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, contra resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con relación a los tres incidentes alegados en la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SULEMA YADIRA NAZAR y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 106, 183, 321 y 322 de la Constitución de la República, cuando no se realizó el procedimiento legal correspondiente, requisito indispensable para demandar a su representado, el Instituto de la Propiedad, a pesar de haber sido interpuestos los correspondientes incidentes para que la acción fuera declarado inadmisible. -CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), señalando que del análisis anterior el Ministerio Publico puede determinar que, en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que la demandada no ha probado la falta de legitimidad del Demandante, el Defecto de Falta de legitimidad Pasiva del Demandado; y, el Incidente de Falta de una Reclamación Administrativa Previa, alegadas, por efectuar la esencia de los argumentos jurídicos de fondo, es decir a todas las pretensiones reclamadas por el demandante; y, que solo se pueden definir en una resolución definitiva para establecer a quien le corresponde el derecho jurídico y material y a quien cumplir una obligación recaída en la pretensión.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0831-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL