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Sentencia AL-83-19 — Registro 13344

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria con relación a la demanda laboral. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada los Artículos 59, 61, 63, 64, 82, 90 y 183 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. El los argumentos del recurrente no son atendibles a efecto de que sea calificada la inexistencia de legitimación pasiva u ordinaria para comparecer como demandada. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la calificación de la conducta de la contra parte es ajena al objeto del amparo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, a favor de la Señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veintinueve (29) de noviembre dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la demanda laboral promovida por MARIA DE LOS ANGELES BERMUDES ESCALANTE, LARISA FABIOLA CALDERON BERMUDEZ Y OTROS contra la Señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada los Artículos 59, 61, 63, 64, 82, 90 y 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, el Abogado HERIK FRANK RODAS MORALES en su condición de representante procesal de los Señores MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ ESCALANTE, como Representante de su menor hija LARISA FABIOLA CALDERON BERMUDEZ, LUIS GERARDO RIVERA BERMUDEZ, FRANKLIN ARGENIS BERMUDEZ MENDOZA y OTROS, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento en virtud de despido directo, condenando al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, preaviso, auxilio de cesantía causado y proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado y proporcional, décimo cuarto mes causado y proporcional, embargo precautorio con carácter de urgente, habilitación de días y horas inhábiles. (Folios 1–45 de la Pieza Principal del A-Quo). 2) Que en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, celebro audiencia siendo la continuación de la audiencia de OPOSICION en la cual falló: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR EL INCIDENTE DE ANULABILIDAD denunciado por el Abogado AMADEO SANCHEZ FLORES, representante de la parte demandada, en el proceso laboral promovido por la señora MARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ ESCALANTE Y OTROS, contra la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO en su condición de dueña de finca LAS MESITAS SEGUNDO: SIN COSTAS.- TERCERO: Contra la presente sentencia interlocutoria se puede interponer el recurso de reposición y subsidiaria la apelación.-” (Folios 125–126 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados GERSON ONAN MEJIA SANCHEZ, en su condición de Apoderado Procesal Demandante como Apelante y Apelado, y AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, en su condición de Apoderado Procesal Demandado como Apelante y Apelado, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, dictó Sentencia en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (SIC) “DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES en su condición de Representante Procesal de la parte Demandada contra la resolución interlocutoria de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por el Abogado HERICH ANNDONNIE BAQUEDANO QUIROZ en su condición de apoderado procesal de los señores MARIA DE LOS ANGELES BERMUDES ESCALANTE, Y OTROS, en contra de la señora ENA LUZ AVECEDO DE SOLORZANO como propietaria de la empresa FINCA LAS MESITAS.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR la apelación interpuesta por el Abogado GERSON ONAN MEJIA SANCHEZ en su condición de Representante Procesal de la parte demandante contra la resolución interlocutoria de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca y del Trabajo por Ministerio de Ley, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por el Abogado HERICH ANNDONNIE BAQUEDANO QUIROZ en su condición de apoderado procesal de los señores: MARIA DE LOS ANGELES BERMUDES ESCALANTE, Y OTROS en contra de la señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO como propietaria de la empresa FINCA LAS MESITAS.- TERCERO: 1) CONFIRMA la resolución impugnada en cuanto a declaro SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE CAPACIDAD PARA SER PARTE y SIN LUGAR la condena en costas. 2) REVOCA la resolución apelada que declaró CON LUGAR los defectos procesales de FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL Y FALTA O AUSENCIA DE LEGITIMACION PASIVA ORDINARIA. En consecuencia, esta Corte declara SIN LUGAR LOS DEFECTOS PROCESALES DE FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL Y FALTA O AUSENCIA DE LEGITIMACION PASIVA ORDINARIA Y ORDENA continuar con el curso del proceso. - CUARTO: SIN COSTAS ante esta instancia. -” (Folios 09–17 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO, contra la Sentencia de fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019). (Folio 1–7 y 30 de la presente Recurso) 5) Que en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-Quem y que motivo las presente Acción de Amparo, es conforme a derecho y no vulnera los derechos constitucionales invocados”. (Folios 33–36 y 37 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintinueve (29) de noviembre dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la demanda laboral promovida por MARIA DE LOS ANGELES BERMUDES ESCALANTE, LARISA FABIOLA CALDERON BERMUDEZ Y OTROS contra la Señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 59, 61, 63, 64, 82, 90 y 183 de la Constitución de la República, cuando no se reconoce la carencia de legitimación pasiva u ordinaria para comparecer como demandada, en clara y flagrante violación de las declaraciones, derechos y garantías, además de sus derechos como extranjera, ofendiendo su dignidad.; y, al no hacerlo violenta los principios de legalidad, el derecho de defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por estimar que la sentencia dictada por el Ad-Quem y que motivo las presente Acción de Amparo, es conforme a derecho y no vulnera los derechos constitucionales invocados”. Al estimar que el argumento del amparista va dirigido a cuestionar la falta de motivación de la resolución venida en amparo, no obstante, del estudio y análisis del fallo impugnado, así como de lo prescrito en la ley adjetiva civil se aprecia que el presente caso no existe violación a principio-derecho del Debido Proceso invocado por el recurrente, en virtud que el Tribunal de Alzada explica las motivaciones y argumentaciones legales que sustentan su convencimiento y que han quedado explícitos. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, basa su sentencia concretamente en que tratándose de una demanda contra una persona natural; y, no contra el Estado; el agotamiento de la vía administrativa es algo opcional del trabajador; y, por lo tanto, no es vinculante la forma en que se haya llevado a cabo el proceso administrativo. Además de establecerse la relación de trabajo existente entre los demandantes y demandada; el vínculo de la relación jurídica contrapuesta que exige la ley; así como la situación litigiosa, que es la reclamación labora que hacen los demandantes. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre de dos mil veinte. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, a favor de la Señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, que falla DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintinueve (29) de noviembre dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018); con relación a la demanda laboral promovida por MARIA DE LOS ANGELES BERMUDES ESCALANTE, LARISA FABIOLA CALDERON BERMUDEZ Y OTROS contra la Señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, actuando en su condición antes referida, en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019), compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor de la Señora ENA LUZ ACEVEDO DE SOLORZANO. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que no existe la legitimación pasiva u ordinaria para comparecer como demandada, en clara y flagrante violación de las declaraciones, derechos y garantías, además de sus derechos como extranjera, ofendiendo su dignidad.; y, al no hacerlo violenta los principios de legalidad, el derecho de defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. El los argumentos del recurrente no son atendibles a efecto de que sea calificada la inexistencia de legitimación pasiva u ordinaria para comparecer como demandada. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la calificación de la conducta de la contra parte es ajena al objeto del amparo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado AMADEO ENRIQUE SANCHEZ FLORES, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero y resolución de fecha siete de diciembre ambas del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0083=2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL