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Sentencia AL-775-18 — Registro 11489

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que rechazó incidente de nulidad absoluta por considerar que ha transcurrido más de siete años desde la caducidad del mismo siendo este antes su silencio un hecho consentido en demanda laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones por despido arbitrario ilegal e injusto promovida contra Ingeniería Gerencial S A de C V; en apelación se confirmó auto interlocutorio por considerar que en materia de nulidades del proceso laboral no rige lo que dispone el código civil, sino que en primer lugar al código del trabajo y de manera supletoria la normativa del proceso civil

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de septiembre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, a favor de los señores JOE ANGEL OSORTO BORJAS, MARLON SANCHEZ PONCE y WENDY NINOSKA VALLADARES MARTINEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con relación a la Demanda Laboral promovida por los señores JOSE ANGEL OSORTO BORJAS, MARLON SANCHEZ PONCE, WENDY NINOSKA VALLADARES MARTINEZ, contra la SOCIEDAD MERCANTIL INGENIERIA GERENCIAL S.A DE C.V.- Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil siete (2007), comparecieron ante Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, (ahora Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán) los señores JOSE ANGEL OSORTO BORJAS, MARLON SANCHEZ PONCE y WENDY NINOSKA VALLADARES MARTINEZ, interponiendo demanda ordinaria laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones por despido arbitrario ilegal e injusto, salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que la sentencia condenatoria adquiera el carácter de firme, contra la SOCIEDAD MERCANTIL INGENIERIA GERENCIAL S.A DE C.V .- (Folio 01 al 02 de la pieza del Juzgado) 2) Que el referido Juzgado, en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), RESOLVIO: PRIMERO:…SEGUNDO:… TERCERO:…CUARTO: …QUINTO:… SEXTO: Que en vista de lo anteriormente mencionado en los literales anteriores, la suscrita es del criterio que el incidente de NULIDAD ABSOLUTA solicitada por el compareciente es improcedente y extemporánea, en consecuencia se RECHAZA de plano la misma en virtud que ha transcurrido más de siete (7) años desde la caducidad del mismo siendo este antes su silencio un hecho consentido por su persona…” .- (Folio 23 de la pieza del Juzgado) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, contra la resolución relacionada en el numeral anterior, dictó sentencia en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) en la cual FALLO: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, actuando en su condición de apoderado apelante.- 2).- Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, que corre a folio 23 frente y vuelto de la primera pieza de autos…” .-(Folio13 al 15 de la pieza de Corte de Apelaciones) 4) El recurrente Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, compareció ante este Tribunal, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de los señores JOSE ANGEL OSORTO BORJAS, MARLON SANCHEZ PONCE y WENDY NINOSKA VALLADARES MARTINEZ, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintisiete (27 de agosto del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. 5) Que la Sala Tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el Recurso de mérito, asimismo se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación por lo cual consideró procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, dando vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas al fiscal del despacho para que emitiera su dictamen en el presente asunto.” (Folio 21 de la pieza de amparo) 5) Que con fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada YUNIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 24 al 30 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con relación a la Demanda Laboral promovida por los señores JOSE ANGEL OSORTO BORJAS, MARLON SANCHEZ PONCE, WENDY NINOSKA VALLADARES MARTINEZ, contra la SOCIEDAD MERCANTIL INGENIERIA GERENCIAL S.A DE C.V. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República, cuando se decretó la caducidad del proceso sin haber instado de oficio el mismo por la Juzgadora de primera instancia una vez que tuvo conocimiento por habérsele así expresado, valga decir que consta de autos debió decretar de oficio la nulidad y continuar con la sustanciación de la acción de conformidad a las normas adjetivas; y, al no hacerlo violenta los principios de legalidad, el derecho de defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), señalando que del análisis anterior el Ministerio Publico puede determinar que en el presente caso de autos, no se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por que no se otorgue la acción impetrada. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia concretamente en que en materia de nulidades que atañen al proceso laboral no rige lo que dispone el Código Civil, sino las propias disposiciones que en materia procesal se tenga previsto en primer lugar que atañen al proceso laboral se tenga previsto en primer lugar en el Código del Trabajo y de manera supletoria la normativa que regula el proceso civil. Que el principio de preclusión que gobierna el proceso laboral exigen que clausurada una etapa procesal, se tornan firmes todos los actos dictados en ella y que no fuesen recurridos oportunamente; por lo que llegó a la firme opinión que el auto interlocutorio que se conoce en recurso de apelación esta dictado conforme a derecho por lo que procede su confirmatoria. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-775-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL