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Sentencia AL-548-16 — Registro 11488

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que desestimó incidente dilatorio de incompetencia de tribunal en demanda ordinaria laboral de reintegro, pago de salarios adeudados, derechos adquiridos, contra recurrente; El Tribunal de Alzada confirmó resolución apelada por considerar que no hubo precisión en la figura procesal interpuesta y que esta nace de un nombramiento interino; es decir un acto administrativo que, y sujeto a otra jurisdicción

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, basa su sentencia concretamente en que comparte la resolución de la A-Quo, al declarar sin lugar el referido incidente, por no haber sido puesto en forma correcta, es decir, reuniendo los requisitos establecidos por la norma, no existiendo claridad ni precisión por parte de la recurrente en cuanto a si lo que estaba oponiendo era un incidente o una excepción o un defecto procesal las cuales por ser figuras diferentes, la parte que intente hacer uso de cualquiera de ellas debe determinar específicamente cual promueve, así como las razones, los fundamentos e inclusive, medios probatorios necesarios en su caso para acreditarlas; y, al no haber sido lo acontecido, en el caso subjudice, lo procedente es la confirmación de la resolución recurrida..."..."el presente caso se enmarca el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque lo señala el Ministerio Publico en su dictamen: “que de su contexto se desprende que la misma era una competencia objetiva: la cual se encuentra determinada por la materia o el asunto, es decir, se extrae de dicho planteamiento que lo denunciado por la incidentista era con el objeto de decidir si el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de La Ceiba, donde se interpuso la demanda era competente o no para tramitar la demanda, por ende el Ad-quem debió pronunciarse sobre el mismo, así las cosas, encuentra la suscrita que la resolución recurrida evidencia una motivación incongruente que conlleva a la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso invocado por el recurrente.”..."..."siendo que la ley procesal coloca fuera del ámbito de la jurisdicción del trabajo; las relaciones laborales que emanan de un acuerdo, a través de un nombramiento interino; es decir un acto administrativo que, y sujeto a otra jurisdicción, como lo es el Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Ya que si bien es cierto la jurisdicción es una sola, de acuerdo con las diferentes clases de derecho le corresponden jueces o tribunales diferentes, de allí que existan las jurisdicciones civil, penal, laboral, contencioso administrativo, de familia, de la niñez y adolescencia, etcétera. Cada una de estas ramas constituye otras tantas, manifestaciones especiales de la jurisdicción. En el presente caso nos encontramos en una situación donde se pretende regular la relación nacida de un acto administrativo y las consecuencias de este, que no necesariamente corresponden a una sola jurisdicción..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS.-PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.-PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y OTROS DERECHOS ADQUIRIDOS.-SE DEMANDA REINTEGRO A MIS LABORES NORMALES PARA LAS CUALES FUI CONTRATADA…”, interpuesta por la señora CINTHIA SAMANTA ARDÓN GONZALES, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD; por constar en el expediente judicial la vulneración al derecho fundamental del debido proceso, de defensa e igualdad procesal, reflejados obligar a la jurisdicción del trabajo; conocer un asunto que emana de un acuerdo, a través de un nombramiento interino; es decir un acto administrativo que, y sujeto a otra jurisdicción..."..."de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso, ya que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la competente para conocer la causa, y a la que le corresponde dirimir lo peticionado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS.-PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.-PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y OTROS DERECHOS ADQUIRIDOS.-SE DEMANDA REINTEGRO A MIS LABORES NORMALES PARA LAS CUALES FUI CONTRATADA…”, interpuesta por la señora CINTHIA SAMANTA ARDÓN GONZALES, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de octubre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la señora CINTHIA SAMANTA ARDÓN GONZALES, presentando “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS.-PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.-PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y OTROS DERECHOS ADQUIRIDOS.-SE DEMANDA REINTEGRO A MIS LABORES NORMALES PARA LAS CUALES FUI CONTRATADA…” contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, para que fuera obligada a pagar el monto de CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.118,195,79), en concepto de pago de salarios adeudados, pago de décimo cuarto mes proporcional y otros derechos adquiridos. (Folios 1-7 del expediente del A-quo) 2) En la audiencia primera de trámite celebrada en fecha once de febrero de dos mil dieciséis, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la apoderada legal de la parte demandada, Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA, opuso incidente de dilatoria de incompetencia de tribunal, de quien interpuso la demanda. (Folios 52-54 vuelto del expediente del A-quo)3) En fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la continuación de la audiencia primera de trámite, dictó auto interlocutorio mediante el cual falló: PRIMERO (1): Declarando SIN LUGAR el INCIDENTE DILATORIO DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL, interpuesto por la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA, en su condición de Apoderada Legal de la parte demandada. SEGUNDO (2): SIN COSTAS, en esta instancia. (Folios 55-57 del expediente del A-quo) 4) En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA, en su condición antes indicada, contra el auto interlocutorio referido en el numeral que precede, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA, en su condición de apoderada demandada-apelante, contra el auto interlocutorio de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida.-SEGUNDO: CONFIRMAR el auto interlocutorio de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida.-TERCERO: Sin Costas en esta instancia. (Folios 10-12 vuelto del expediente del Ad-quem) 5) Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) Esta Sala en fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, al Abogado antes referido, asimismo, declaró sin lugar la solicitud de suspensión del acto reclamado, en virtud de no ajustarse su petición a los requisitos establecidos en el Artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para tal efecto, en consecuencia, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 26 de la pieza de amparo) 7) Que esta Sala, en fecha trece de febrero de dos mil veinte, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: …Del examen de la resolución sub-judice, esta Representación Fiscal estima, que el objeto de estudio recae en determinar si el planteamiento realizado por la parte demandada en la excepción de declinatoria interpuesta, se encuentra conforme a derecho, ya que según la Alzada dicho planteamiento es erróneo por no haber sido opuesto en la forma correcta por no existir claridad ni precisión por parte de la recurrente en cuanto a si se trata de un incidente o una excepción. Se colige de la foliada, que la parte demandada en la audiencia Primera de Trámite, específicamente en el turno para oponer incidentes, excepciones o defectos procesales, estableció en sus alegatos que concurre en el proceso una excepción por falta de competencia de tribunal, siendo sustentada en que relación laboral que mantuvo la demandante con la Secretaría de Salud fue de forma interina, ya que su plaza fue sometida a concurso según la Ley de Servicio Civil, motivo por el cual a su criterio el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, departamento de Atlántida, no es competente, señalando como competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de ahí que se advierte que siendo la declinatoria una herramienta procesal que sirve para alegar que el tribunal donde se interpuso una demanda no es el competente, por motivos de jurisdicción o competencia, y por lo tanto, se tiene que trasladar el asunto al que sí lo es, en ese sentido la demandada impugnó durante el proceso la falta de competencia del tribunal donde se interpuso la demanda, señalando como tribunal competente el “Contencioso Administrativo”, de lo cual se aprecia que la misma fue propuesta, sustentada y tramitada de conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo, es decir en el momento procesal oportuno de conformidad a lo preceptuado en el art.715, que señala: “Los incidentes sólo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite; se sustanciaran sin interrumpir el curso del juicio y se decidirán en la sentencia definitiva, salvo aquellos que por su naturaleza o sus fines, requieran una decisión previa”. Aunado a ello, aun cuando se establece en el Código Procesal Civil en el artículo 44 numeral 3.-“La Declinatoria se interpondrá en el mismo juzgado que esté conociendo del pleito, por considerar que carece de jurisdicción, de competencia genérica o de competencia objetiva, funcional o territorial”, de la norma trascrita se estima que si bien en el planteamiento expuesto por la recurrente no señala de manera taxativa la competencia a la que hace alusión, lo cierto es, que de su contexto se desprende que la misma era una competencia objetiva: la cual se encuentra determinada por la materia o el asunto, es decir, se extrae de dicho planteamiento que lo denunciado por la incidentista era con el objeto de decidir si el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de La Ceiba, donde se interpuso la demanda era competente o no para tramitar la demanda, por ende el Ad-quem debió pronunciarse sobre el mismo, así las cosas, encuentra la suscrita que la resolución recurrida evidencia una motivación incongruente que conlleva a la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso invocado por el recurrente. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que Se Otorgue la presente acción de amparo, por existir vulneración de la garantía invocada por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS.-PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.-PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y OTROS DERECHOS ADQUIRIDOS.-SE DEMANDA REINTEGRO A MIS LABORES NORMALES PARA LAS CUALES FUI CONTRATADA…”, interpuesta por la señora CINTHIA SAMANTA ARDÓN GONZALES, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, muestra su disconformidad con el auto interlocutorio que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, esto en alusión a lo expresado en el fundamento tercero de la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en donde se determina que esta representación procesal, no expreso de manera clara y precisa, si lo que hacía era oponerse, presentar incidente, o una excepción o defecto procesal; para aclaración y tal como se manifestó en su momento planteamos la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal, pues el efecto de la misma es ponerle fin a dicho trámite en la instancia en la cual fue planteada; y, que la misma sea interpuesta en la jurisdicción competente pertinente, a fin de que el juicio se realice en base a los principios y garantías constitucionales. Tal como lo establece el Artículo 90 de la Constitución de la República; y, norma que rige para todos los procesos, no importando la materia. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha trece de febrero de dos mil veinte, señalando que del análisis anterior el Ministerio Publico puede determinar que, en el presente caso de autos, se han violentado las garantías Constitucionales a la que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, es del parecer por qué se otorgue la acción impetrada. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO SIETE (7): Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, basa su sentencia concretamente en que comparte la resolución de la A-Quo, al declarar sin lugar el referido incidente, por no haber sido puesto en forma correcta, es decir, reuniendo los requisitos establecidos por la norma, no existiendo claridad ni precisión por parte de la recurrente en cuanto a si lo que estaba oponiendo era un incidente o una excepción o un defecto procesal las cuales por ser figuras diferentes, la parte que intente hacer uso de cualquiera de ellas debe determinar específicamente cual promueve, así como las razones, los fundamentos e inclusive, medios probatorios necesarios en su caso para acreditarlas; y, al no haber sido lo acontecido, en el caso subjudice, lo procedente es la confirmación de la resolución recurrida. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso se enmarca el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque lo señala el Ministerio Publico en su dictamen: “que de su contexto se desprende que la misma era una competencia objetiva: la cual se encuentra determinada por la materia o el asunto, es decir, se extrae de dicho planteamiento que lo denunciado por la incidentista era con el objeto de decidir si el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de La Ceiba, donde se interpuso la demanda era competente o no para tramitar la demanda, por ende el Ad-quem debió pronunciarse sobre el mismo, así las cosas, encuentra la suscrita que la resolución recurrida evidencia una motivación incongruente que conlleva a la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso invocado por el recurrente.” Por otra parte CONSIDERANDO DOCE (12): Que siendo que la ley procesal coloca fuera del ámbito de la jurisdicción del trabajo; las relaciones laborales que emanan de un acuerdo, a través de un nombramiento interino; es decir un acto administrativo que, y sujeto a otra jurisdicción, como lo es el Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Ya que si bien es cierto la jurisdicción es una sola, de acuerdo con las diferentes clases de derecho le corresponden jueces o tribunales diferentes, de allí que existan las jurisdicciones civil, penal, laboral, contencioso administrativo, de familia, de la niñez y adolescencia, etcétera. Cada una de estas ramas constituye otras tantas, manifestaciones especiales de la jurisdicción. En el presente caso nos encontramos en una situación donde se pretende regular la relación nacida de un acto administrativo y las consecuencias de este, que no necesariamente corresponden a una sola jurisdicción. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, con relación a la “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS.-PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.-PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y OTROS DERECHOS ADQUIRIDOS.-SE DEMANDA REINTEGRO A MIS LABORES NORMALES PARA LAS CUALES FUI CONTRATADA…”, interpuesta por la señora CINTHIA SAMANTA ARDÓN GONZALES, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD; por constar en el expediente judicial la vulneración al derecho fundamental del debido proceso, de defensa e igualdad procesal, reflejados obligar a la jurisdicción del trabajo; conocer un asunto que emana de un acuerdo, a través de un nombramiento interino; es decir un acto administrativo que, y sujeto a otra jurisdicción. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de evidentemente de la vulneración al debido proceso. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso, ya que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la competente para conocer la causa, y a la que le corresponde dirimir lo peticionado.

POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se le restituyan los derechos, rehabilitando su derecho al debido proceso al ESTADO DE HONDURAS; sin perjuicio que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0548-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL