Sentencia AL-473-19 — Registro 11740
Resumen
argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que Tribunal de Alzada no debió decretar nulidad parcial de actuaciones, por ser a su criterio correcta la resolución dictada por el A-quo, mediante la cual el referido Juzgado, había declarado Sin Lugar la corrección de la Contestación de la Demanda, promovido por la Parte Demandada en la Audiencia Primera de Trámite con relación a Demanda Ordinaria Laboral para que se condene al Patrono al Pago Total de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales por Despido Directo, promovida por recurrente, situación que tiene su génesis en la Contestación de la Demanda y la nulidad parcial decretada de oficio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar nulidad parcial de actuaciones, por ser a su criterio correcta la resolución dictada por el A-quo, mediante la cual el referido Juzgado, había declarado Sin Lugar la corrección de la Contestación de la Demanda, promovido por la Parte Demandada en la Audiencia Primera de Trámite. CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración de los derechos constitucionales señaladas en el acápite anterior los relaciona con quebranto de las normas de procedimiento laboral contenidas fundamentalmente en los artículos 706 del Código de Trabajo y 214.3 del Código Procesal Civil aplicado como norma supletoria en el proceso laboral que textualmente señalan: “Antes de ordenar el traslado de la demanda, y si el Juez observare que no se reúne los requisitos exigidos por el artículo 703 de esta ley, la devolverá al actor para que subsane las deficiencias que le señale. La demanda podrá ser aclarada, corregida o enmendada dentro de la primera audiencia de trámite. Si así ocurriere, el demandado podrá contestarla en el acto o solicitar que se señale nueva audiencia, que deberá tener lugar dentro de los cinco (5) días siguientes.”; por su parte el numeral 3 del artículo 214 del Código Procesal Civil establece: “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL. 1… 2… 3. En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.” –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO(7): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: (Sic) “SEPTIMO: Que el Poder Judicial emitió un manual procesal laboral en el cual se contemplan los principios que rigen el derecho del trabajo estableciéndose en el numeral 5.23, el principio de anti formalidad el cual establece: “Son mínimos los requisitos que se exigen a las partes que deben cumplir, incluso en la demanda y contestación, y cuando faltase requisitos, hubiese omisiones o errores se deberá indicar la subsanación no el rechazo.”; con fundamento en el principio pre descrito y al encontrar que en la contestación de la demanda se obvió uno de los requisitos que debería contemplar la misma, se debió ordenar su subsanación; lo que al no haberse hecho se actuó prescindiendo de normas esenciales del procedimiento, lo cual afecta el derecho de defensa; estableciéndose que el código procesal civil aplicado como norma supletoria en su artículo 212 en relación a la nulidad de los actos procesales establece: “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1…, 2…, 3…, 4 Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.”; siempre en relación a la temática en referencia el artículo 701 del mismo código procesal civil en su punto numero 3 contempla….” CONSIDERANDO(8): Que el Código de Trabajo , remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales, se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión inter alia. CONSIDERANDO (9): Que, de la foliada de las piezas de antecedentes, esta Sala de lo Constitucional advierte de la simple lectura de la Contestación de la Demanda, que ésta carece de los elementos enunciados en el Artículo 709 del Código de Trabajo, pues en la misma no se hace relación a los “hechos y razones en que apoyará su defensa”, como bien lo indica el Tribunal recurrido. El Juez como director del proceso y garante del respeto a los derechos constitucionales establecidos, devenía obligado a subsanar las deficiencias procesales observadas en la Contestación de la Demanda, ello en consonancia con el derecho de igualdad procesal, actuación que no fue observada por el A-quo, procediendo consecuencia de ello el Tribunal de Alzada, a enmendar el yerro cometido por el A-quo al decretar la nulidad de actuaciones, desde el momento mismo que se prescinde de normas esenciales del procedimiento. CONSIDERANDO (10): Que la inobservancia de las normas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil. En la obra Curso de derecho procesal civil, el jurista Giuseppe Chiovenda señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo. En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem al advertir que se ha prescindido de elementos enunciados en la ley, en relación a la Contestación de la Demanda, ha procedido a decretar nulidad de actuaciones a efecto de enmendar los defectos procesales que no fueron advertidos por el A-quo al momento de tener por contestada la Demanda. CONSIDERANDO(11): Que en ese orden de ideas analizada la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la Corrección a la Contestación de la Demanda, decretando el Tribunal de Alzada, nulidad de actuaciones al apreciar que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento que afecta el derecho a la defensa de la parte demandada, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues la juez de instancia devenía obligada como directora del proceso, garantizar el derecho constitucional de igualdad a la parte demandada y conforme a ello ordenar la subsanación de la Contestación de la Demanda, ante la carencia del elemento enunciado en el artículo 709 del Código de Trabajo, referido a indicar los “hechos y razones en que apoyará su defensa”; en ese orden de ideas y con fundamento en los preceptos 858 del Código de Trabajo, 211, 212, 701 y 715 del Código Procesal Civil, el Ad-quem ha procedido a decretar de oficio nulidad de actuaciones a partir del auto que tiene por admitida la Contestación de la Demanda, al apreciarse la existencia de infracción procesal que da origen a la nulidad de actuaciones, ordenando la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que lo originó, como bien se ha dejado plasmado en la resolución recurrida en Amparo. Como corolario de lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del criterio que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo no son de recibo, ello porque en fundamento a los preceptos de la norma procesal civil enunciados, el Ad-quen se encuentra facultado a decretar de oficio la nulidad de actuaciones si apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de actuaciones, como ha ocurrido en el caso sub júdice, no estimándose en consecuencia vulneración al derecho del debido proceso invocado. CONSIDERANDO(12): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ, a favor de la señora SAIDA JULIETH COELLO RAMIREZ, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra la resolución de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, que declara Sin Lugar la Corrección de la Contestación de la Demanda, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para que se condene al Patrono al Pago Total de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales por Despido Directo, promovida por el Abogado Olman Efren Espinal Quiroz, en su condición de Representante Procesal de la señora SAIDA JULIETH COELLO RAMIREZ, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA.- Estima el recurrente que la Resolución emitida vulnera el derecho al principio del debido proceso, establecido en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con las disposiciones contenidas en los artículos 706 del Código de Trabajo y 214.3 del Código Procesal Civil. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora SAIDA JULIETH COELLO RAMIREZ, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para que se condene al Patrono al pago total de Prestaciones e Indemnizaciones laborales por despido directo, pago de reajuste de salario correspondiente a los años del dos mil diez (2010) al dos mil dieciocho (2018), contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA, a través del Alcalde Municipal, señor Presentación Mendoza Cerrato. (Folios del 02 al 08 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, el Abogado Héctor Antonio Bacca Mondragón, contestando la demanda que se relaciona en el acápite que antecede, resolviendo el referido Juzgado en providencia de fecha quince de mayo del mismo año, tener por contestada en tiempo y forma la Demanda relacionada. (Folios del 28 al 30 y 32 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en la Audiencia Primera de Trámite que inicio en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019), cedida que le fue la palabra a la Parte Demandada en relación a si iba a aclarar, corregir o enmendar su escrito de Contestación de Demanda, denunciar defectos procesales, oponer excepciones o incidentes en el juicio contestó: (Sic) “que si va a enmendar la contestación de demanda, consta su señoría que este tribunal de justicia mediante proveído 15 de mayo del 2018, tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda de mérito sin apreciar al momento de dictarse dicho auto que de conformidad al artículo 709 del código de trabajo que se refiere a los requisitos de la contestación de la demanda, dicho escrito adolece del acápite denominado…. por este acto solicito a este tribunal que dicho acápite sea incorporado debiendo leerse así: HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYA LA DEFENSA…” (Folio 47fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que el referido Juzgado, continuando con la Audiencia Primera de Trámite, dictó sentencia interlocutoria en fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual FALLÓ: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la CORRECCION DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE MERITO en cuanto al HECHO PRIMERO referente a los HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYA LA DEFENSA, por no tratarse de un error involuntario, sino por tratar de agregar y cambiar el contenido a dicho hecho.- corrección hecha por el representante procesal de la parte demandada, en la Demanda Ordinaria Laboral No.0601-2018-00042, promovida por el Abogado OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora SAYDA JULIETH COELLO RAMIREZ contra el centro de trabajo Denominado ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA. Representada por el ALCALDE MUNICIPAL, señor PRESENTACION MENDOZA CERRATO…” (Folios del 52 al 54 de la pieza de antecedentes del A-quo) 5) Que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDWIN AVILIO CARIAS GALO, en su condición de Representante Procesal de la Parte Demandada, contra el fallo dictado por el A-quo en Audiencia Primera de Tramite y que se deja relacionado en el acápite que antecede FALLÓ: (Sic) “PRIMERO: DECRETAR NULIDAD PARCIAL DE ACTUACIONES, a partir del auto de fecha quince (15) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018), dejando subsistente su contenido y ampliándose en el sentido de ordenar la subsanación de la contestación de la demanda, a fin de que se cumpla con el requisito aquel HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYA LA DEFENSA, visible a folio 32, y en adelante, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE CONDENE AL PATRONO AL PAGO TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DERECTO.- PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010-2018…, promovida por el Abogado OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ, en su condición de representante procesal de la señora SAIDA JULIETH COELLO RAMIREZ, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, a través de su Alcalde Municipal, señor PRESENTACION MENDOZA CERRATO.- SEGUNDO: No pronunciándose esta Corte sobre el fondo del recurso, en virtud de la nulidad decretada…” (Folios del 5 al 8 de la pieza de antecedentes de Alzada) 6) El recurrente Abogado OLMAN EFREEN ESPINAL QUIROZ, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora SAIDA JULIETH COELLO RAMIREZ, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que decreta de oficio nulidad parcial de actuaciones a partir del auto de fecha quince de mayo del año dos mil dieciocho, vulnera el derecho principio del debido proceso establecido en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República.- Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), ordenando dar vista de los antecedentes al fiscal del Despacho a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (folio 17 de la pieza de autos) 7) Que con fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, actuando en su condición de Agente Fiscal, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió el dictamen correspondiente, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista. Argumenta la Fiscal del Despacho que la resolución traída a estudio ha sido dictada de conformidad a la Ley, en observancia de lo dispuesto en el artículo 304 constitucional, en relación al artículo 706 del Código de Trabajo, por lo que al estimarse la nulidad parcial por parte del Ad-quem no produce indefensión para el demandado, ni trae consigo actos de ejecución material que sean irreparables; pues el demandado deberá contestar la demanda en referencia, con estricto apego a la ley, ajustándose a los requisitos legales exigidos, los que de la simple lectura de la contestación de la demanda se colige que fueron inobservados. (Folios del 20 al 28 de la pieza de autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en la Demanda Ordinaria Laboral para que se condene al Patrono al Pago Total de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales por Despido Directo, promovida por el Abogado Olman Efren Espinal Quiroz, en su condición de Representante Procesal de la señora SAIDA JULIETH COELLO RAMIREZ, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió decretar Nulidad Parcial de Actuaciones, en el Recurso de Apelación promovido por la Parte Demandada, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en Audiencia Primera de Trámite celebrada en fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que declara Sin Lugar la Corrección de la Contestación de la Demanda, promovido por la Parte Demandada. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera el derecho al principio del debido proceso establecido en los artículos 64 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en relación al artículo 703, del Código de Trabajo y 214.3 del Código Procesal Civil; el impetrante relaciona los hechos que motivan el dictado de nulidad parcial de actuaciones por el Ad-quem, situación que tiene su génesis en la Contestación de la Demanda realizada por la Parte Demandada; acto que a criterio del recurrente en Amparo, ha sido dictado por la Corte de Apelaciones al margen de las normas que regulan el debido proceso, violentando esta garantía constitucional contemplada en el artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que, en defensa de sus argumentos, el impetrante sostiene que la norma procesal que por analogía debe aplicarse para regular la admisión de la contestación de la demanda y revisión de la existencia de requisitos de la misma es el artículo 706 del Código de Trabajo. El primer párrafo de dicha norma, concede a las partes la ocasión de subsanar las deficiencias en el escrito de demanda y contestación de la demanda, esto último de acuerdo al oficio N° 866-SCSJ-2014 emitido por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el 05 de junio de 2014. Según la norma en cuestión uno de los presupuestos procesales exigidos es que el juez observe que el escrito a subsanarse (sea el de demanda o contestación de la misma) no reúne los requisitos exigidos por la ley. En el caso de autos es claro que el Juez no advirtió omisión de alguno de los requisitos de la contestación de la demanda, ya que ordenó el traslado de la misma para dar curso al proceso, lo cual no implica ilegalidad alguna del acto procesal (auto) cuya nulidad ha sido decretada. Asimismo, la parte demandada no interpuso ningún recurso contra el auto que admite la contestación de la demanda, es decir que consiente que dicha resolución fue conforme a derecho. Aunado a ello sostiene el recurrente en Amparo que la Corte de Apelaciones no está autorizada por el Código Procesal Civil a decretar nulidad de actuaciones, relacionando con su argumento lo dispuesto en el Artículo 214.3 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió decretar nulidad parcial de actuaciones, por ser a su criterio correcta la resolución dictada por el A-quo, mediante la cual el referido Juzgado, había declarado Sin Lugar la corrección de la Contestación de la Demanda, promovido por la Parte Demandada en la Audiencia Primera de Trámite. CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración de los derechos constitucionales señaladas en el acápite anterior los relaciona con quebranto de las normas de procedimiento laboral contenidas fundamentalmente en los artículos 706 del Código de Trabajo y 214.3 del Código Procesal Civil aplicado como norma supletoria en el proceso laboral que textualmente señalan: “Antes de ordenar el traslado de la demanda, y si el Juez observare que no se reúne los requisitos exigidos por el artículo 703 de esta ley, la devolverá al actor para que subsane las deficiencias que le señale. La demanda podrá ser aclarada, corregida o enmendada dentro de la primera audiencia de trámite. Si así ocurriere, el demandado podrá contestarla en el acto o solicitar que se señale nueva audiencia, que deberá tener lugar dentro de los cinco (5) días siguientes.”; por su parte el numeral 3 del artículo 214 del Código Procesal Civil establece: “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL. 1… 2… 3. En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.” –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO(7): Que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: (Sic) “SEPTIMO: Que el Poder Judicial emitió un manual procesal laboral en el cual se contemplan los principios que rigen el derecho del trabajo estableciéndose en el numeral 5.23, el principio de anti formalidad el cual establece: “Son mínimos los requisitos que se exigen a las partes que deben cumplir, incluso en la demanda y contestación, y cuando faltase requisitos, hubiese omisiones o errores se deberá indicar la subsanación no el rechazo.”; con fundamento en el principio pre descrito y al encontrar que en la contestación de la demanda se obvió uno de los requisitos que debería contemplar la misma, se debió ordenar su subsanación; lo que al no haberse hecho se actuó prescindiendo de normas esenciales del procedimiento, lo cual afecta el derecho de defensa; estableciéndose que el código procesal civil aplicado como norma supletoria en su artículo 212 en relación a la nulidad de los actos procesales establece: “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1…, 2…, 3…, 4 Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.”; siempre en relación a la temática en referencia el artículo 701 del mismo código procesal civil en su punto numero 3 contempla….” CONSIDERANDO(8): Que el Código de Trabajo[3], remite expresamente al Código de Procedimientos Civiles, ante la falta de disposiciones para resolver situaciones jurídicas en el proceso laboral; en ese orden de ideas los artículos 211 y 212 del Código Procesal Civil, desarrollan lo pertinente a la nulidad de los actos procesales, indicando que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. Las causas de nulidad de los actos procesales, se encuentran determinados en el precepto 212 del Código Procesal Civil, de tal forma que son nulos los actos procesales por motivos de jurisdicción y competencia, actos realizados bajo violencia o intimidación, asimismo cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión inter alia. CONSIDERANDO (9): Que, de la foliada de las piezas de antecedentes, esta Sala de lo Constitucional advierte de la simple lectura de la Contestación de la Demanda, que ésta carece de los elementos enunciados en el Artículo 709 del Código de Trabajo, pues en la misma no se hace relación a los “hechos y razones en que apoyará su defensa”, como bien lo indica el Tribunal recurrido. El Juez como director del proceso y garante del respeto a los derechos constitucionales establecidos, devenía obligado a subsanar las deficiencias procesales observadas en la Contestación de la Demanda, ello en consonancia con el derecho de igualdad procesal, actuación que no fue observada por el A-quo, procediendo consecuencia de ello el Tribunal de Alzada, a enmendar el yerro cometido por el A-quo al decretar la nulidad de actuaciones, desde el momento mismo que se prescinde de normas esenciales del procedimiento. CONSIDERANDO (10): Que la inobservancia de las normas puede conducir a la nulidad del acto, así lo señala la doctrina en materia de proceso civil. En la obra Curso de derecho procesal civil, el jurista Giuseppe Chiovenda señala que en la aplicación de las normas formales, como en la de todas las normas jurídicas, debe preferirse la interpretación que más rigurosamente se nos presente conforme a los principios sugeridos por la lógica y por el sistema, que al menos son fijos, constantes y objetivos, y no caer en ciertas vagas tendencias equitativas, que, con el pretexto de combatir el formalismo o de adaptar elásticamente las formas a la sustancia, abren a menudo el camino a través del sentido subjetivo.[4] En ese orden de ideas, el Tribunal Ad-quem al advertir que se ha prescindido de elementos enunciados en la ley, en relación a la Contestación de la Demanda, ha procedido a decretar nulidad de actuaciones a efecto de enmendar los defectos procesales que no fueron advertidos por el A-quo al momento de tener por contestada la Demanda. CONSIDERANDO(11): Que en ese orden de ideas analizada la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem y los argumentos vertidos por el recurrente, esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el Recurso de Apelación se interpuso contra el acto por el cual la Juez A-quo declara sin lugar la Corrección a la Contestación de la Demanda, decretando el Tribunal de Alzada, nulidad de actuaciones al apreciar que se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento que afecta el derecho a la defensa de la parte demandada, criterio que comparte esta Sala de lo Constitucional, pues la juez de instancia devenía obligada como directora del proceso, garantizar el derecho constitucional de igualdad a la parte demandada y conforme a ello ordenar la subsanación de la Contestación de la Demanda, ante la carencia del elemento enunciado en el artículo 709 del Código de Trabajo, referido a indicar los “hechos y razones en que apoyará su defensa”; en ese orden de ideas y con fundamento en los preceptos 858 del Código de Trabajo, 211, 212, 701 y 715 del Código Procesal Civil, el Ad-quem ha procedido a decretar de oficio nulidad de actuaciones a partir del auto que tiene por admitida la Contestación de la Demanda, al apreciarse la existencia de infracción procesal que da origen a la nulidad de actuaciones, ordenando la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que lo originó, como bien se ha dejado plasmado en la resolución recurrida en Amparo. Como corolario de lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del criterio que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo no son de recibo, ello porque en fundamento a los preceptos de la norma procesal civil enunciados, el Ad-quen se encuentra facultado a decretar de oficio la nulidad de actuaciones si apreciare la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de actuaciones, como ha ocurrido en el caso sub júdice, no estimándose en consecuencia vulneración al derecho del debido proceso invocado. CONSIDERANDO(12): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 94, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 703, 706, 709 y 858 del Código de Trabajo; 1, 3, 211, 212, 214, 701 y 715 del Código Procesal Civil y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ, a favor de la señora SAIDA JULIETH COELLO RAMIREZ, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los uno días del mes de diciembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0473=2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Ver Artículo 858.
[4] OXFORD University Press, Primera Serie volumen 6, México, D.F. abril de 2001, pág. 409.