Sentencia AL-441-19 — Registro 11891
Resumen
Resolución que anulo acto de notificación en procedimiento de contumacia en proceso laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido directo, donde demandada fue declarada en contumacia y posteriormente se persono en dicho proceso, donde Juzgador declaró la nulidad de acto de notificación fundamentando la misma en defectos procesales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, a favor del señor OSCAR ANTONIO AMADOR AMADOR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, en fecha siete de febrero de dos mil diecinueve; con relación a la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor OSCAR ANTONIO AMADOR AMADOR, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “PINELAJO” LIMITADA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los Artículos 80, 82, y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha once de enero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Quimistan, departamento de Santa Bárbara, señor OSCAR ANTONIO AMADOR AMADOR, actuando en su condición personal, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido directo, caso contrario, el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme lo pactado en contrato individual de trabajo; contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “PINELAJO” LIMITADA. (Folios 01 al 08 primera pieza de antecedentes).-2) Que continuado que fue el proceso, en fecha siete de febrero de dos mil diecinueve; el Juzgado de Letras Seccional de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, RESUELVE: primeramente, se hace la aclaración de que se tiene por personadas en las presentes diligencias a las señoras Glenda Patricia Acosta en su condición de Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pinalejo Limitada, y a la señora Enma Lizeth Dubón Vásquez en su condición de Presidente de dicha Cooperativa; tomando en su consideración de que al declararse la contumacia a la parte demanda en las presentes diligencias, esta tiene la oportunidad de presentarse en cualquier etapa del proceso, en el que este se encuentre; por lo que al personarse en la presente audiencia tanto conciliación y que la misma se declaró fracasada, esta se mantiene presente al momento dar apertura a la audiencia primera de trámite, tal como lo establece el artículo 757 del Código de la materia, por lo que es procedente que la misma interpusiera la nulidad, excepciones o defectos procesales que considerara oportunos en la presente demanda, según lo establece el artículo 708 del Código de Trabajo el cual regula el procedimiento a seguir en contumacia si fuera declarada la parte demandada, quien expuso motivos por los cuales no se personó a la secretaria de este despacho a dar contestación formal a la demanda promovida en su contra, lo cual este juzgador es del ver que debería probarse dicha justificaciones, ya que si bien pudo haberse informado por parte de algún funcionario de este juzgado el que se impondría una providencia o auto en las diligencias, pero independientemente debió haberse cerciorado de dicha resolución habiendo solicitado al expediente de mérito…” (Folios 86 al 91 primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, Falló: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GREGORIO TORRES ELVIR, en su condición indicada; SEGUNDO: SE REVOCA la resolución del A-quo de fecha siete (7) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Quimistan, Santa Bárbara y del Trabajo por Ministerio de Ley; TERCERO: Que el A-quo continúe con la correspondiente audiencia de tramite; CUARTO: Sin COSTAS. (Folios 06 al 14 de la segunda pieza de antecedentes) .-4) Que el recurrente Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de mayo del año dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor OSCAR ANTONIO AMADOR AMADOR, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, es violatoria de lo establecido en los Artículos 80, 82, y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve. -5) Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen, en el cual es de la opinión por que SE OTORGUE la acción impetrada. -CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, en fecha siete de febrero de dos mil diecinueve; con relación a la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor OSCAR ANTONIO AMADOR AMADOR, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “PINELAJO” LIMITADA.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 80, 82, y 90 de la Constitución de la República, cuando declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, en fecha siete de febrero de dos mil diecinueve; violenta la garantía constitucional del derecho a la defensa, de igual forma quebranta el debido proceso al no entender que el Artículo 148 del Código procesal Civil los autoriza para decretar nulo dicho emplazamiento, los Tratados Internacionales por el derecho a la defensa, posteriormente quieren sustituir este defecto en el acto de comunicación de emplazamiento por la fe pública del receptor.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen, en el cual es de la opinión por que SE OTORGUE la acción impetrada; al no haber sido citada en legal y debida forma la señora Emma Lizztte Dubon Vásquez, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pinalejo” Limitada, por o que aún y cuando se pudiera estimar que la demandada no contestó la demanda en referencia, en tiempo y forma ; lo, cierto es que el Auto de emplazamiento es defectuoso y constituye vicios de nulidad.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 del Código de Trabajo en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERNADO OCHO (8): Que por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, basa su sentencia concretamente en que hasta los momentos solo ha existido argumentaciones que la firma es de otra persona, pero no se presentó un peritaje que demuestre que efectivamente esa no es la firma de la persona emplazada, por ende al ser un documento auténtico no se debe dudar del mismo, por lo que no se comparte la posición del A-Quo en anular dicho acto de comunicación.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo con las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de enero de dos mil veintiuno.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, a favor del señor OSCAR ANTONIO AMADOR AMADOR; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, que falla DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, en fecha siete de febrero de dos mil diecinueve; con relación a la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor OSCAR ANTONIO AMADOR AMADOR, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “PINELAJO” LIMITADA.-CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, actuando en su condición antes referida, en fecha trece de mayo del año dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor del señor OSCAR ANTONIO AMADOR AMADOR. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha catorce de octubre de dos mil veinte, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito.-CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, en fecha tres de diciembre de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento que se violenta la garantía constitucional del derecho a la defensa, de igual forma quebranta el debido proceso al no entender que el Artículo 148 del Código procesal Civil los autoriza para decretar nulo dicho emplazamiento, los Tratados Internacionales por el derecho a la defensa, posteriormente quieren sustituir este defecto en el acto de comunicación de emplazamiento por la fe pública del receptor.-CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. El los argumentos del recurrente no son atendibles a efecto de que sea calificada como dolosa las actuaciones de una de las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la calificación de la conducta de la contra parte es ajena al objeto del amparo.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020) y Resolución de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil veintiuno (2021), recaídas en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0441-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL