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Sentencia AL-410-19 — Registro 12999

Resumen

Resolución que declaró ha Lugar recurso de apelación y admitió desembargo en relación a demanda ordinaria laboral, reclamando pago de Preaviso, Cesantía Causada y Proporcional, Vacaciones Causadas, Aguinaldo, Décimo cuarto mes, salarios adeudados y demás conceptos, promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que se deduce de la motivación expresada por parte del recurrente, que el tema a decidir por esta Sala es si el fallo que concede la apelación a favor del tercer interviniente y que como consecuencia, ordena el desembargo de bienes consistentes en 335000 pies tablares de madera de pino de primera grado A de exportación y 39452 pies tablares de madera de pino de primera grado A, vulnera garantías constitucionales, alegando el amparista que son propiedad de la parte demandada y vencida en juicio, actos que según él, disminuyen y restringen el alcance de las garantías, derechos y obligaciones, que en todo caso el órgano jurisdiccional está obligado a tutelar y reponer evitando daños irreparables a sus representados que están amparados en una sentencia firme en proceso de ejecución en materia laboral. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala aprecia en el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes y que resuelve la apelación contra el auto interlocutorio de fecha 15 de marzo del 2019, que oídos los alegatos de las partes procesales y analizadas todas las pruebas allegadas al proceso, motiva su decisión factico jurídica entre otros argumentos, en los numerales tercero y cuarto de la sentencia, que literalmente se transcriben, “Tercero: De la ampliación del dictamen resultó que: “los efectos e implicaciones de los controles por registro de cliente y destino en el detalle de salida de la industria, primaria MAPRODI de enero del 2012 a noviembre del 2014, todos los registros de salida de productos y sub productos forestales son con destino a Woods Products International. Durante la revisión de los informes mensuales se ve reflejada entrada de madera y ocote al plantel de MAPRODI proveniente de las diversas industrias forestales, madereras, municipalidades y autorizaciones comerciales privadas (en mayor cantidad) dentro del territorio nacional, dentro de los cuales los ingresos de madera por factura al plantel no superan los 16 mil pt y de ocote los 17 mil pt. De igual manera los informes reflejan facturas de salida de madera que no superan los 16 mil pt, ocote 16 mil pt, cajas de madera de 4 mil pt, carbón 27,280 pt, pallet de embalaje de ocote 14 mil pt. Por lo tanto, se concluye que el ICF es un ente de control que únicamente registra mensualmente los movimientos de productos y sub productos forestales de las industrias legalmente registradas. Los demás procesos de ventas y demás negociaciones que realizan las industrias forestales son propios y administrativos de cada una, y sus diferencias o conflictos deberán resolverlos ante los entes competentes. Por lo tanto, corresponde a la industria forestal MAPRODI y a su técnico forestal justificar la emisión de esa factura por la cantidad estipulada”. (Folios 628 al 629) p.p.) de lo anterior y la declaración jurada emitida por el técnico forestal asignado por le ICF a MAPRODI se determinan que del informe mensual de industrias secundarias, la madera embargada es la misma que se reporta como madera que no se descarga del inventario de MAPRODI hasta en tanto no salga del plantel conforme las normas técnicas del mismo ICF, coligiéndose que si en ese mismo informe se reporta la salida de tres lotes de madera pertenecientes a Woods Products International, tal madera es de su propiedad, la que fue comprada a través de MAPRODI; en ese sentido se estiman el contrato, documentos sobre compras de divisas y las facturas inicialmente presentadas por el recurrente a fin de determinar la titularidad dominical de la madera en disputa. Lo anterior revierte la presunción de propiedad que este Tribunal en su oportunidad consideró a favor de MAPRODI, por estar esta en sus instalaciones (folios 613, 614, 628, 629, del 641 al 669 p.p.). CONSIDERANDO (7): Que la sentencia en su numeral Cuarto señala, “No obstante que el tercero interviniente presentó documentos a efecto de acreditar su propiedad sobre el bien embargado, en ese momento los mismos eran insuficientes para tal fin, considerando que la parte demandante también allegó al proceso documentos que en apariencia tenían la misma condición y eficacia probatoria, siendo el dictamen pericial con su respectiva ampliación y la declaración jurada, que llevan al convencimiento de esta Corte, quien es el legitimo propietario de la madera en mención, razón por la cual resulta procedente decretar el desembargo solicitado”. Es oportuno señalar que cuando de asuntos de trabajo se trata, dado el carácter tuitivo de la materia, para proceder al decreto de la suspensión de una medida cautelar en general, como en este caso, se requiere tener certeza de que los bienes embargados no tiene relación alguna con la persona señalada como patrono a efecto de responder por las acreencias que los trabajadores reclaman”. CONSIDERANDO (8): Que la Sala ha examinado los folios citados por el Iudex Ad-Quem relativo al haz probatorio que supremamente le permitieron tomar la decisión de ordenar el desembargo de los bienes, entre estos, el dictamen pericial con su respectiva ampliación y la declaración jurada, así como los demás documento mencionados, evidentemente éstos reflejan el sustento y congruencia con respecto a la pretensión intentada por el tercero interviniente de probar finalmente que los bienes embargados son propiedad de la empresa Woods Products International Inc, cuando de la valoración precisa y razonada de las pruebas allegadas, el Ad-Quem señala los hechos y circunstancias que originaron su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito, lógicamente remedia la situación jurídica sometida a su conocimiento una vez esclarecidos los hechos, determina la titularidad dominical de los bienes embargados que inicialmente cuando se traba la medida de embargo, fueron considerados propiedad de la ejecutada (MAPRODI), esta presunción de propiedad ha quedado revertida al concluir con certeza la Alzada, que la empresa Woods Products International Inc es la propietaria de los bienes embargados, madera que había comprado a través de la parte demandada MAPRODI y que se encontraba en sus instalaciones para efectos de finalización del proceso de exportación, repropios de este tipo de bienes muebles (madera),según se desprende de autos y que no se pudo llevar a cabo por la medida de embargo practicada. CONSIDERANDO (9): Que en materia laboral no hay tercerías, sino derecho de terceros tal como lo establece el articulo782 del Código de Trabajo, que queda a salvo el derecho de terceras personas, si prestan caución de indemnizar a las partes los perjuicios que de su acción se les sigan para pedir en cualquier tiempo antes del remate, que se levante el secuestro de bienes, alegando que tenían la posesión de ellos al tiempo en que aquel se hizo. Junto con su petición, el tercero deberá presentar las pruebas en que la funde y el juez resolverá de plano. En el presente caso y en relación al contenido del artículo 717 del Código Civil de aplicación supletoria señala “que el poseedor es reputado dueño mientras la persona no justifica serlo”, que, al darse la oportunidad al tercero interviniente, que afirma ser poseedor material de los bienes muebles embargados y secuestrados, para proceder a su levantamiento como ha sucedido en el presente caso. Con la aportación de pruebas, ampliación de dictámenes y otros documentos ordenados por el juzgados, se llego al convencimiento de quien es el titular dominical del bien objeto de embargo, tal y como resulta de una serie de hechos controvertidos en los que las partes involucradas han participado con las mismas armas en cada uno de los actos procesales, sujetos al principio de legalidad, se observa la impugnación de peritajes y de recurrir las decisiones judiciales adversas, hasta agotar la vía; lo que se conoce como el debido proceso, desarrollándose el mismo por los trámites previstos legalmente, respetando los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, como ha sucedió para llegar a la verdad material, la que se conoce como aquel acontecimiento o conjunto de acontecimientos o situaciones fácticas que se condicen con la realidad de los hechos; es así, que el fallo recurrido en amparo y emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes no ha vulnerado las garantías que alude el impetrante, una de las obligaciones del Juzgador es emitir una resolución motivada que reúna los elementos y criterios jurídicos en que fundamenta su decisión; la motivación fáctica que le llevó al convencimiento al A-Quem para declarar con lugar la pretensión instada, se cimienta en los presupuestos reconocidos en nuestra legislación en materia laboral y supletoriamente en otras normas jurídicas que se relacionan al caso concreto.. CONSIDERNADO (10): Que es evidente en las piezas de estudio, que las actuaciones del proceso se sujetaron a las normas procesales pertinentes, y que si bien corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, no menos cierto es que la ejecución de un fallo, en el que se han tutelado los derechos a favor de las partes que han controvertido en un juicio, están supeditadas a intentar ante el Juez que conoce de la causa, cumplir con las obligaciones impuestas y evitar que sus derechos se conviertan en un acto violatoria de garantías reconocidas en la ley, el órgano jurisdiccional velará porque se tutele a favor de las partes procesales de manera independiente e imparcial dictando un fallo ajustado a derecho, en tal sentido, el demandante tiene expeditas acciones en el proceso de ejecución hasta alcanzar la efectividad en el pago de los derechos reconocidos en la sentencia firme con autoridad de cosa juzgada en favor de sus representados. CONSIDERANDO (11):Por las razones anteriormente expuestas y el alcance de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro sula, Cortes, que declaró ha lugar el recurso de apelación y reforma el mismo a fin de declarar con lugar la solicitud de desembargo sobre bienes muebles, consistente en madera embargada según acta de fecha 24 de junio del año 2014 e instruye al Iudex A-Quo ordenar las diligencias pertinentes para tal fin y confirma el auto interlocutorio recurrido en sus demás extremos, esta Sala es del parecer, que en el presente caso no se han menoscabado las garantías fundamentales de defensa, propiedad y el debido proceso a que alude el impetrante, en razón que el recurrente durante la ventilación del proceso, se hizo valer de todas los recursos y actuaciones procesales que la ley le franquea, hallando procedente denegar el recurso de amparo presentado."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que se deduce de la motivación expresada por parte del recurrente, que el tema a decidir por esta Sala es si el fallo que concede la apelación a favor del tercer interviniente y que como consecuencia, ordena el desembargo de bienes consistentes en 335000 pies tablares de madera de pino de primera grado A de exportación y 39452 pies tablares de madera de pino de primera grado A, vulnera garantías constitucionales, alegando el amparista que son propiedad de la parte demandada y vencida en juicio, actos que según él, disminuyen y restringen el alcance de las garantías, derechos y obligaciones, que en todo caso el órgano jurisdiccional está obligado a tutelar y reponer evitando daños irreparables a sus representados que están amparados en una sentencia firme en proceso de ejecución en materia laboral. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala aprecia en el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes y que resuelve la apelación contra el auto interlocutorio de fecha 15 de marzo del 2019, que oídos los alegatos de las partes procesales y analizadas todas las pruebas allegadas al proceso, motiva su decisión factico jurídica entre otros argumentos, en los numerales tercero y cuarto de la sentencia, que literalmente se transcriben, “Tercero: De la ampliación del dictamen resultó que: “los efectos e implicaciones de los controles por registro de cliente y destino en el detalle de salida de la industria, primaria MAPRODI de enero del 2012 a noviembre del 2014, todos los registros de salida de productos y sub productos forestales son con destino a Woods Products International. Durante la revisión de los informes mensuales se ve reflejada entrada de madera y ocote al plantel de MAPRODI proveniente de las diversas industrias forestales, madereras, municipalidades y autorizaciones comerciales privadas (en mayor cantidad) dentro del territorio nacional, dentro de los cuales los ingresos de madera por factura al plantel no superan los 16 mil pt y de ocote los 17 mil pt. De igual manera los informes reflejan facturas de salida de madera que no superan los 16 mil pt, ocote 16 mil pt, cajas de madera de 4 mil pt, carbón 27,280 pt, pallet de embalaje de ocote 14 mil pt. Por lo tanto, se concluye que el ICF es un ente de control que únicamente registra mensualmente los movimientos de productos y sub productos forestales de las industrias legalmente registradas. Los demás procesos de ventas y demás negociaciones que realizan las industrias forestales son propios y administrativos de cada una, y sus diferencias o conflictos deberán resolverlos ante los entes competentes. Por lo tanto, corresponde a la industria forestal MAPRODI y a su técnico forestal justificar la emisión de esa factura por la cantidad estipulada”. (Folios 628 al 629) p.p.) de lo anterior y la declaración jurada emitida por el técnico forestal asignado por le ICF a MAPRODI se determinan que del informe mensual de industrias secundarias, la madera embargada es la misma que se reporta como madera que no se descarga del inventario de MAPRODI hasta en tanto no salga del plantel conforme las normas técnicas del mismo ICF, coligiéndose que si en ese mismo informe se reporta la salida de tres lotes de madera pertenecientes a Woods Products International, tal madera es de su propiedad, la que fue comprada a través de MAPRODI; en ese sentido se estiman el contrato, documentos sobre compras de divisas y las facturas inicialmente presentadas por el recurrente a fin de determinar la titularidad dominical de la madera en disputa. Lo anterior revierte la presunción de propiedad que este Tribunal en su oportunidad consideró a favor de MAPRODI, por estar esta en sus instalaciones (folios 613, 614, 628, 629, del 641 al 669 p.p.). CONSIDERANDO (7): Que la sentencia en su numeral Cuarto señala, “No obstante que el tercero interviniente presentó documentos a efecto de acreditar su propiedad sobre el bien embargado, en ese momento los mismos eran insuficientes para tal fin, considerando que la parte demandante también allegó al proceso documentos que en apariencia tenían la misma condición y eficacia probatoria, siendo el dictamen pericial con su respectiva ampliación y la declaración jurada, que llevan al convencimiento de esta Corte, quien es el legitimo propietario de la madera en mención, razón por la cual resulta procedente decretar el desembargo solicitado”. Es oportuno señalar que cuando de asuntos de trabajo se trata, dado el carácter tuitivo de la materia, para proceder al decreto de la suspensión de una medida cautelar en general, como en este caso, se requiere tener certeza de que los bienes embargados no tiene relación alguna con la persona señalada como patrono a efecto de responder por las acreencias que los trabajadores reclaman”. CONSIDERANDO (8): Que la Sala ha examinado los folios citados por el Iudex Ad-Quem relativo al haz probatorio que supremamente le permitieron tomar la decisión de ordenar el desembargo de los bienes, entre estos, el dictamen pericial con su respectiva ampliación y la declaración jurada, así como los demás documento mencionados, evidentemente éstos reflejan el sustento y congruencia con respecto a la pretensión intentada por el tercero interviniente de probar finalmente que los bienes embargados son propiedad de la empresa Woods Products International Inc, cuando de la valoración precisa y razonada de las pruebas allegadas, el Ad-Quem señala los hechos y circunstancias que originaron su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito, lógicamente remedia la situación jurídica sometida a su conocimiento una vez esclarecidos los hechos, determina la titularidad dominical de los bienes embargados que inicialmente cuando se traba la medida de embargo, fueron considerados propiedad de la ejecutada (MAPRODI), esta presunción de propiedad ha quedado revertida al concluir con certeza la Alzada, que la empresa Woods Products International Inc es la propietaria de los bienes embargados, madera que había comprado a través de la parte demandada MAPRODI y que se encontraba en sus instalaciones para efectos de finalización del proceso de exportación, repropios de este tipo de bienes muebles (madera),según se desprende de autos y que no se pudo llevar a cabo por la medida de embargo practicada. CONSIDERANDO (9): Que en materia laboral no hay tercerías, sino derecho de terceros tal como lo establece el articulo782 del Código de Trabajo, que queda a salvo el derecho de terceras personas, si prestan caución de indemnizar a las partes los perjuicios que de su acción se les sigan para pedir en cualquier tiempo antes del remate, que se levante el secuestro de bienes, alegando que tenían la posesión de ellos al tiempo en que aquel se hizo. Junto con su petición, el tercero deberá presentar las pruebas en que la funde y el juez resolverá de plano. En el presente caso y en relación al contenido del artículo 717 del Código Civil de aplicación supletoria señala “que el poseedor es reputado dueño mientras la persona no justifica serlo”, que, al darse la oportunidad al tercero interviniente, que afirma ser poseedor material de los bienes muebles embargados y secuestrados, para proceder a su levantamiento como ha sucedido en el presente caso. Con la aportación de pruebas, ampliación de dictámenes y otros documentos ordenados por el juzgados, se llego al convencimiento de quien es el titular dominical del bien objeto de embargo, tal y como resulta de una serie de hechos controvertidos en los que las partes involucradas han participado con las mismas armas en cada uno de los actos procesales, sujetos al principio de legalidad, se observa la impugnación de peritajes y de recurrir las decisiones judiciales adversas, hasta agotar la vía; lo que se conoce como el debido proceso, desarrollándose el mismo por los trámites previstos legalmente, respetando los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, como ha sucedió para llegar a la verdad material, la que se conoce como aquel acontecimiento o conjunto de acontecimientos o situaciones fácticas que se condicen con la realidad de los hechos; es así, que el fallo recurrido en amparo y emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes no ha vulnerado las garantías que alude el impetrante, una de las obligaciones del Juzgador es emitir una resolución motivada que reúna los elementos y criterios jurídicos en que fundamenta su decisión; la motivación fáctica que le llevó al convencimiento al A-Quem para declarar con lugar la pretensión instada, se cimienta en los presupuestos reconocidos en nuestra legislación en materia laboral y supletoriamente en otras normas jurídicas que se relacionan al caso concreto.. CONSIDERNADO (10): Que es evidente en las piezas de estudio, que las actuaciones del proceso se sujetaron a las normas procesales pertinentes, y que si bien corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, no menos cierto es que la ejecución de un fallo, en el que se han tutelado los derechos a favor de las partes que han controvertido en un juicio, están supeditadas a intentar ante el Juez que conoce de la causa, cumplir con las obligaciones impuestas y evitar que sus derechos se conviertan en un acto violatoria de garantías reconocidas en la ley, el órgano jurisdiccional velará porque se tutele a favor de las partes procesales de manera independiente e imparcial dictando un fallo ajustado a derecho, en tal sentido, el demandante tiene expeditas acciones en el proceso de ejecución hasta alcanzar la efectividad en el pago de los derechos reconocidos en la sentencia firme con autoridad de cosa juzgada en favor de sus representados. CONSIDERANDO (11):Por las razones anteriormente expuestas y el alcance de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro sula, Cortes, que declaró ha lugar el recurso de apelación y reforma el mismo a fin de declarar con lugar la solicitud de desembargo sobre bienes muebles, consistente en madera embargada según acta de fecha 24 de junio del año 2014 e instruye al Iudex A-Quo ordenar las diligencias pertinentes para tal fin y confirma el auto interlocutorio recurrido en sus demás extremos, esta Sala es del parecer, que en el presente caso no se han menoscabado las garantías fundamentales de defensa, propiedad y el debido proceso a que alude el impetrante, en razón que el recurrente durante la ventilación del proceso, se hizo valer de todas los recursos y actuaciones procesales que la ley le franquea, hallando procedente denegar el recurso de amparo presentado."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICAN, la Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinticinco (25) de abril dos mil diecinueve (2019, que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el Abogado HUGO DANILO FLORES FIGUEROA a favor de los Señores KELVIN HERNANDEZ CRUZ, ARCADIO DE JESUS ESPINAL y ALEX EDUARDO PINEDA, contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda laboral promovida por los señores KELVIN HERNANDEZ CRUZ, ARCADIO DE JESUS ESPINAL y ALEX EDUARDO PINEDA contra la Sociedad Mercantil MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES S. DE R. L. DE C.V. (MAPRODI). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de octubre de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado EDGARDO FLORES FIGUEROA en Representación de los Señores KELVIN HERNANDEZ CRUZ, ARCADIO DE JESUS ESPINAL, ALEX EDUARDO PINEDA Y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral de primera instancia, reclamando a nombre de sus representados, el pago de PREAVISO, CESANTIA CAUSADA Y PROPORCIONAL, VACACIONES CAUSADAS Y PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES CAUSADO Y PROPORCIONAL EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL, SALARIOS ADEUDADOS, así como otros conceptos económicos que resulten de las inspecciones judiciales que en el presente juicio laboral se realicen. (Folios 1–30 de la Pieza del A-Quo). 2) Que en fecha quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado, celebro la Audiencia Primera de Trámite en la cual falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA SOLICITUD DE DESEMBARGO de la madera embargada consistente en 335,000 pies tablares de madera de pino de primer grado A de exportación y 39452 pies tablares de madera de primer grado de exportación, FORMULADO POR EL ABOGADO EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO quien actúa en su condición de apoderado procesal de la EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL INC. Por las razones ya expuestas en el fundamento de derecho de este auto interlocutorio. SEGUNDO: Que se continúe con el trámite normal de este proceso en su etapa de ejecución de sentencia. - TERCERO: SIN COSTAS en ésta instancia dado el carácter social de las normas del trabajo. CUARTO: Contra el presente auto interlocutorio pueden interponerse el recurso de reposición y el de apelación al tenor de lo dispuesto en los artículos 740 y 743 del Código del Trabajo. -” (Folios 849–856 de la Pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de Apoderado Procesal Tercero Interviniente, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Edwin Orlando Rivas Araujo, en su condición de representante procesal de WOODS PRODUCTS INTERNATIONAL INC., contra el auto interlocutorio proferido el quince de marzo del dos mil diecinueve (15/03/19) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA el mismo a fin de declarar CON LUGAR LA SOLICITUD DE DESEMBARGO de la madera embargada, según acta de fecha 24 de junio del año 2014 (folio 114 y 115 p,p.); debiendo el ludex A-Quo ordenar las diligencias pertinentes para tal fin. SEGUNDO: CONFIRMANDO el referido auto interlocutorio en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, dado el carácter social de las normas del trabajo.-” (Folios 17–20 de la Pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado HUGO DANILO FLORES FIGUEROA, compareció ante este Tribunal en fecha seis (06) de mayo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores KELVIN HERNANDEZ CRUZ, ARCADIO DE JESUS ESPINAL y ALEX EDUARDO PINEDA, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la mismo es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha nueve (09) de octubre de dos mil diecinueve (2019). (Folio 1–15 y 50 de la presente Recurso) 5) Que en fecha doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “Deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista”. (Folios 65–70 y 72 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que del estudio de los antecedentes, la resolución recurrida es la dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veinticinco de abril del dos mil diecinueve y que falla declarando ha lugar el recurso de apelación interpuestos por el abogado Edwin Orlado Rivas Araujo en su condición de representante procesal de Woods Products International Inc. contra el auto interlocutorio proferido el quince de marzo del dos mil diecinueve por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, reformando el mismo a fin de declarar con lugar la solicitud de desembargo de la madera embargada, según acta de fecha 24 de junio del 2014, debiendo el Iudex A Quo ordenar las diligencias pertinentes para tal fin y confirma el referido auto interlocutorio en sus demás extremos, todo en relación a la demanda laboral promovida por los trabajadores Kelvin Hernández Cruz y otros contra la entidad mercantil Manufacturas y Productos Internacionales S. de R.L. de C.V. MAPRODI para el pago de prestaciones y demás derechos laborales que se citan y que se promovió por despido indirecto. CONSIDERANDO (3): Que el reclamante en la formalización del Recurso, expone que demando a la empresa MAPRODI en representación de los trabajadores a Cortes y que al igual que otro grupo de trabajadores, todos con sentencias firmes en proceso de ejecución. En fecha 24 de junio del 2014 el Juzgado de Letras del Trabajo practicó embargo a la empresa y su conjunto de bienes que la integran, dentro del embargo se encuentra la cantidad de 335 mil pies tablares de madera, propiedad de la demandada, que se encontraba en plantel de la misma. El 22 de junio del 2014, comparece el abogado Virgilio Enrique Perdomo Valladares en representación de la empresa Wood Products International Inc. manifestando que su representada compro 338,358 pies de madera a una empresa denominada Industrializadora del Norte y presenta factura No.1641 debidamente refrendada y autorizada por el Instituto de Conservación Desarrollo Forestal, solicitando desembargo, el juzgado resuelve sin lugar lo solicitado de acuerdo al artículo 782 del Código de Trabajo, “que queda a salvo de terceros….”, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en fallo del 9 de septiembre 2014. El 29 de enero del 2015 intenta la empresa nuevamente el desembargo, petición que fue denegada por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 27 de mayo del 2015, declarando no ha lugar el recurso de apelación, no conforme el tercero interviniente presenta recurso de amparo, se otorga el amparo en el sentido que dictara una nueva resolución apegada a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (4): Continua expresando el Amparista, que ante tal decisión, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula en fecha 19 de febrero del 2016 dicta nueva resolución y en los fundamentos de derecho de este nuevo fallo, establece que del fallo emitido por la Sala Constitucional, el vicio señalado no se refiere al fondo de la decisión si no a la forma, al no señalarse cuando se podrá determinar la propiedad de los bienes reclamados, en consecuencia reforma la citada resolución y se contrae a que previo a resolver sobre la devolución de la madera solicitada, se libre oficio al director del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) para determinar de la documentación aportada por las partes a que facturas corresponde la madera en cuestión. En fecha 1 de febrero del 2017 se llevo a cabo audiencia donde el perito nombrado ingeniero Natan García Cantarero presenta el dictamen pericial solicitado y determina claramente que la madera embargada le pertenece a la demandada MAPRODI ya que consta en los archivos que fue comprada por ésta, presenta un detalle de facturas y que son las mismas que corren agregadas a los antecedentes a folios 525 al 597 en tal sentido el juez que conocía de la causa en ese momento mediante auto interlocutorio de fecha 17 de febrero del 2017 que corre a folio 598 al 600 de los antecedentes, establece que la madera en disputa es propiedad de Manufacturas y Productos Internacionales S. de R.L. de C.V. –MAPRODI- y desestima lo peticionado por el tercero interviniente; en fecha 2 de junio del 2017 la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula reforma el fallo antes mencionado declarando Con Lugar la impugnación planteada por el tercero interviniente contra el dictamen pericial, en consecuencia ordena la ampliación al dictamen pericial presentado; ampliación que fue presentada en fecha 15 de agosto del 2017 como consta a folio 629 de los antecedentes. Mediante auto interlocutorio de fecha 15 de marzo del 2019 el Juzgado del trabajo de san Pedro Sula por segunda vez declarara sin lugar la solicitud de desembargo de la madera en vista que no se acredito la relación compra de la madera, entre la empresa MAPRODI y el tercero interviniente, y la factura 1641 presentada como prueba de propiedad no es suficiente para acreditar la propiedad de la madera embargada es una fotocopia, además no cuenta con los sellos ni se encuentra en los registros del ICF, y siendo que era responsabilidad del tercero acreditar todo documento que acredita efectivamente el pago de un precio a favor de MAPRODI y con el dictamen pericial se acredita que la madera embargada fue comprada por la demanda MAPRODI a diversas industrias y está acreditado con 59 factura de compra a diversas industrias, así como la factura 1641 original anulada con sus copias, que se encuentra a folio 793 al 797 que demuestra que con dicha factura nunca se hizo la supuesta venta, tal y como se expresa en sus fundamentos de derecho del referido fallo. En fallo de 25 de abril del 2019 la Corte de Apelaciones del Trabajo declara Ha Lugar el recurso de apelaciones interpuesto por el tercero interviniente contra el auto interlocutorio de fecha 15 de marzo del 2019 que declara sin lugar el desembargo solicitado, en consecuencia, la reforma ordenando el desembargo de la madera embargada, es una clara violación a los derechos de mis representados, al dejarlos sin el pago de sus prestaciones laborales. La Corte de Apelaciones no le da ningún valor a las pruebas aportada por mis representados tampoco valora el dictamen pericial ordenado por la misma Corte que determina que la madera fue comprada y es propiedad de MAPRODI, valora únicamente las aportadas por el tercero interviniente, tal es el caso que en el fallo valora como pruebas la compra y el envío de divisas, cuando ninguna de estas es para la demandada MAPRODI, y en ninguna manifiesta que es para el pago de la factura de madera, de igual manera estima una declaración jurada presentada por el tercero interviniente de un técnico forestal particular y ajena al proceso y que según la Corte es aportado por el ICF a MAPRODI, cuando es totalmente falso ya que el técnico es privado no pertenece al ICF según comparecencia de fecha 14 de septiembre del 2017 y corre folio 674. Con tal decisión se han vulnerado las garantías de propiedad, defensa y debido proceso en consonancia con los artículos 103, 104, 105 y 106 que garantiza el derecho a la propiedad privada, solicito se dicte sentencia otorgando el amparo a favor de mis representados. CONSIDERANDO (5): Que se deduce de la motivación expresada por parte del recurrente, que el tema a decidir por esta Sala es si el fallo que concede la apelación a favor del tercer interviniente y que como consecuencia, ordena el desembargo de bienes consistentes en 335000 pies tablares de madera de pino de primera grado A de exportación y 39452 pies tablares de madera de pino de primera grado A, vulnera garantías constitucionales, alegando el amparista que son propiedad de la parte demandada y vencida en juicio, actos que según él, disminuyen y restringen el alcance de las garantías, derechos y obligaciones, que en todo caso el órgano jurisdiccional está obligado a tutelar y reponer evitando daños irreparables a sus representados que están amparados en una sentencia firme en proceso de ejecución en materia laboral. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala aprecia en el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes y que resuelve la apelación contra el auto interlocutorio de fecha 15 de marzo del 2019, que oídos los alegatos de las partes procesales y analizadas todas las pruebas allegadas al proceso, motiva su decisión factico jurídica entre otros argumentos, en los numerales tercero y cuarto de la sentencia, que literalmente se transcriben, “Tercero: De la ampliación del dictamen resultó que: “los efectos e implicaciones de los controles por registro de cliente y destino en el detalle de salida de la industria, primaria MAPRODI de enero del 2012 a noviembre del 2014, todos los registros de salida de productos y sub productos forestales son con destino a Woods Products International. Durante la revisión de los informes mensuales se ve reflejada entrada de madera y ocote al plantel de MAPRODI proveniente de las diversas industrias forestales, madereras, municipalidades y autorizaciones comerciales privadas (en mayor cantidad) dentro del territorio nacional, dentro de los cuales los ingresos de madera por factura al plantel no superan los 16 mil pt y de ocote los 17 mil pt. De igual manera los informes reflejan facturas de salida de madera que no superan los 16 mil pt, ocote 16 mil pt, cajas de madera de 4 mil pt, carbón 27,280 pt, pallet de embalaje de ocote 14 mil pt. Por lo tanto, se concluye que el ICF es un ente de control que únicamente registra mensualmente los movimientos de productos y sub productos forestales de las industrias legalmente registradas. Los demás procesos de ventas y demás negociaciones que realizan las industrias forestales son propios y administrativos de cada una, y sus diferencias o conflictos deberán resolverlos ante los entes competentes. Por lo tanto, corresponde a la industria forestal MAPRODI y a su técnico forestal justificar la emisión de esa factura por la cantidad estipulada”. (Folios 628 al 629) p.p.) de lo anterior y la declaración jurada emitida por el técnico forestal asignado por le ICF a MAPRODI se determinan que del informe mensual de industrias secundarias, la madera embargada es la misma que se reporta como madera que no se descarga del inventario de MAPRODI hasta en tanto no salga del plantel conforme las normas técnicas del mismo ICF, coligiéndose que si en ese mismo informe se reporta la salida de tres lotes de madera pertenecientes a Woods Products International, tal madera es de su propiedad, la que fue comprada a través de MAPRODI; en ese sentido se estiman el contrato, documentos sobre compras de divisas y las facturas inicialmente presentadas por el recurrente a fin de determinar la titularidad dominical de la madera en disputa. Lo anterior revierte la presunción de propiedad que este Tribunal en su oportunidad consideró a favor de MAPRODI, por estar esta en sus instalaciones (folios 613, 614, 628, 629, del 641 al 669 p.p.). CONSIDERANDO (7): Que la sentencia en su numeral Cuarto señala, “No obstante que el tercero interviniente presentó documentos a efecto de acreditar su propiedad sobre el bien embargado, en ese momento los mismos eran insuficientes para tal fin, considerando que la parte demandante también allegó al proceso documentos que en apariencia tenían la misma condición y eficacia probatoria, siendo el dictamen pericial con su respectiva ampliación y la declaración jurada, que llevan al convencimiento de esta Corte, quien es el legitimo propietario de la madera en mención, razón por la cual resulta procedente decretar el desembargo solicitado”. Es oportuno señalar que cuando de asuntos de trabajo se trata, dado el carácter tuitivo de la materia, para proceder al decreto de la suspensión de una medida cautelar en general, como en este caso, se requiere tener certeza de que los bienes embargados no tiene relación alguna con la persona señalada como patrono a efecto de responder por las acreencias que los trabajadores reclaman”. CONSIDERANDO (8): Que la Sala ha examinado los folios citados por el Iudex Ad-Quem relativo al haz probatorio que supremamente le permitieron tomar la decisión de ordenar el desembargo de los bienes, entre estos, el dictamen pericial con su respectiva ampliación y la declaración jurada, así como los demás documento mencionados, evidentemente éstos reflejan el sustento y congruencia con respecto a la pretensión intentada por el tercero interviniente de probar finalmente que los bienes embargados son propiedad de la empresa Woods Products International Inc, cuando de la valoración precisa y razonada de las pruebas allegadas, el Ad-Quem señala los hechos y circunstancias que originaron su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito, lógicamente remedia la situación jurídica sometida a su conocimiento una vez esclarecidos los hechos, determina la titularidad dominical de los bienes embargados que inicialmente cuando se traba la medida de embargo, fueron considerados propiedad de la ejecutada (MAPRODI), esta presunción de propiedad ha quedado revertida al concluir con certeza la Alzada, que la empresa Woods Products International Inc es la propietaria de los bienes embargados, madera que había comprado a través de la parte demandada MAPRODI y que se encontraba en sus instalaciones para efectos de finalización del proceso de exportación, repropios de este tipo de bienes muebles (madera),según se desprende de autos y que no se pudo llevar a cabo por la medida de embargo practicada. CONSIDERANDO (9): Que en materia laboral no hay tercerías, sino derecho de terceros tal como lo establece el articulo782 del Código de Trabajo, que queda a salvo el derecho de terceras personas, si prestan caución de indemnizar a las partes los perjuicios que de su acción se les sigan para pedir en cualquier tiempo antes del remate, que se levante el secuestro de bienes, alegando que tenían la posesión de ellos al tiempo en que aquel se hizo. Junto con su petición, el tercero deberá presentar las pruebas en que la funde y el juez resolverá de plano. En el presente caso y en relación al contenido del artículo 717 del Código Civil de aplicación supletoria señala “que el poseedor es reputado dueño mientras la persona no justifica serlo”, que, al darse la oportunidad al tercero interviniente, que afirma ser poseedor material de los bienes muebles embargados y secuestrados, para proceder a su levantamiento como ha sucedido en el presente caso. Con la aportación de pruebas, ampliación de dictámenes y otros documentos ordenados por el juzgados, se llego al convencimiento de quien es el titular dominical del bien objeto de embargo, tal y como resulta de una serie de hechos controvertidos en los que las partes involucradas han participado con las mismas armas en cada uno de los actos procesales, sujetos al principio de legalidad, se observa la impugnación de peritajes y de recurrir las decisiones judiciales adversas, hasta agotar la vía; lo que se conoce como el debido proceso, desarrollándose el mismo por los trámites previstos legalmente, respetando los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, como ha sucedió para llegar a la verdad material, la que se conoce como aquel acontecimiento o conjunto de acontecimientos o situaciones fácticas que se condicen con la realidad de los hechos; es así, que el fallo recurrido en amparo y emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes no ha vulnerado las garantías que alude el impetrante, una de las obligaciones del Juzgador es emitir una resolución motivada que reúna los elementos y criterios jurídicos en que fundamenta su decisión; la motivación fáctica que le llevó al convencimiento al A-Quem para declarar con lugar la pretensión instada, se cimienta en los presupuestos reconocidos en nuestra legislación en materia laboral y supletoriamente en otras normas jurídicas que se relacionan al caso concreto.. CONSIDERNADO (10): Que es evidente en las piezas de estudio, que las actuaciones del proceso se sujetaron a las normas procesales pertinentes, y que si bien corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, no menos cierto es que la ejecución de un fallo, en el que se han tutelado los derechos a favor de las partes que han controvertido en un juicio, están supeditadas a intentar ante el Juez que conoce de la causa, cumplir con las obligaciones impuestas y evitar que sus derechos se conviertan en un acto violatoria de garantías reconocidas en la ley, el órgano jurisdiccional velará porque se tutele a favor de las partes procesales de manera independiente e imparcial dictando un fallo ajustado a derecho, en tal sentido, el demandante tiene expeditas acciones en el proceso de ejecución hasta alcanzar la efectividad en el pago de los derechos reconocidos en la sentencia firme con autoridad de cosa juzgada en favor de sus representados. CONSIDERANDO (11):Por las razones anteriormente expuestas y el alcance de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro sula, Cortes, que declaró ha lugar el recurso de apelación y reforma el mismo a fin de declarar con lugar la solicitud de desembargo sobre bienes muebles, consistente en madera embargada según acta de fecha 24 de junio del año 2014 e instruye al Iudex A-Quo ordenar las diligencias pertinentes para tal fin y confirma el auto interlocutorio recurrido en sus demás extremos, esta Sala es del parecer, que en el presente caso no se han menoscabado las garantías fundamentales de defensa, propiedad y el debido proceso a que alude el impetrante, en razón que el recurrente durante la ventilación del proceso, se hizo valer de todas los recursos y actuaciones procesales que la ley le franquea, hallando procedente denegar el recurso de amparo presentado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 Y 665 del Código del Trabajo; 1, 5, 7, 8, 9 inciso b), 41, 47, 63 Y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Hugo Daniel Flores Figueroa a favor de los señores Kelvin Hernández Cruz y otros, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro sula Departamento de Cortes, en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecinueve (2019), que declara ha lugar el recurso de apelación del auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cotes en fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de febrero de dos mil veintiuno. VISTO: el Recurso de Reposición interpuesto por el abogado Hugo Danilo Flores Figueroa, de generales conocidas y expresadas en el recurso de amparo bajo el No.SCO-040-2019, actuando en su condición de Apoderado Judicial de los señores Kelvin Hernández Cruz, Arcadio de Jesús Espinal y Alex Eduardo Pineda, contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés (23) de septiembre del dos mil veinte (2020), que resolvió la Acción de Amparo contra la Resolución dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de fecha veinticinco (25) de abril del dos mil diecinueve (2019), y que tiene su antecedente en la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos, preaviso, cesantía causada y proporcional, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos económicos que se deban, promovida por los aludidos trabajadores contra la Sociedad Mercantil Manufacturas y Productos Internacionales S. de R.L. de C.V. (MAPRODI), representada por su Gerente General José Gil Aguilar Kattan. CONSIDERANDO (1): Que en fecha treinta (30) de Noviembre del año dos mil veinte (2020),siendo la 01:21 de la tarde, la Sala de lo Constitucional respaldada en el Acuerdo No.SCO-001-2021, emitido por el Pleno, notificó la sentencia de amparo de fecha veintitrés(23)de septiembre diciembre del dos mil veinte (2020) al correo electrónico abogadohugoflores@gmail.com del abogado Hugo Danilo Flores Figueroa, en su condición de apoderado legal como obra de autos, sentencia que falla denegando el recurso de amparo interpuesto, presentado por el recurrente y registrado bajo el expediente SCO-0410-2019 a favor de Kelvin Hernández Cruz y Otros contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha veinticinco (25)de abril del año dos mil diecinueve (2019) que declara A lugar el Recurso de Apelación contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve(2019), en relación a la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos, preaviso, cesantía causada y proporcional, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos económicos que se deban promovida contra la Sociedad Mercantil Manufacturas y Productos Internacionales S. de R.L. de C.V. (MAPRODI) representada por el señor José Gil Aguilar Kattan, en su condición de Gerente General. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente interpone el recurso de reposición en tiempo y forma, al día siguiente hábil, o sea el primero (01) de diciembre del año dos mil veinte (2020,)después de haber sido notificado de la sentencia, señalando que comparece ante esta Sala de lo Constitucional, solicitando recurso de reposición contra la resolución dictada en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), que falla denegando el Recurso de Amparo presentado, solicitud que hace por considerar que dicho fallo no está apegado a derecho, pidiendo que se declare con lugar el recurso de reposición en aras de la protección de los derechos de los empleados y otorgar el recurso de amparo a sus representados Kelvin Hernández Cruz y Otros. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente no expresa con claridad los agravios ocasionados, las garantías y derechos que considera le fueron conculcados con la sentencia recurrida y pronunciada por esta Sala de lo Constitucional, que perjudique las pretensiones de sus representados, se limita a expresar que el fallo emitido no está apegado a derecho. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala, haciendo suyo lo dispuesto en la ley sobre justicia constitucional, que tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, ha procedido a examinar y analizar las motivaciones del fallo recurrido, concluyendo que no se han vulnerado derechos, garantías y principios en la sentencia proferida que denegó el Recurso de Amparo solicitado contra la sentencia de fecha veinticinco de abril del dos mil diecinueve (2019), emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que declara Ha Lugar un Recurso de Apelación contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula de fecha quince (15) de marzo del dos mil diecinueve (2019),cuya pretensión era dilucidar la titularidad dominical de bienes muebles embargados por la parte demandante (ahora recurrente) y que ostenta una sentencia firme en proceso de ejecución, sin embargo, un tercero interviniente en el proceso, Woods Products International Inc, logra probar su derecho de tercero tal como lo establece el Código de Trabajo, en el artículo 782 y que relacionado con el artículo 717 del Código Civil de aplicación supletoria señala: “que el poseedor es reputado dueño mientras la persona no justifica serlo”, y siendo que durante la secuela del proceso el tercero interviniente, con la aportación de pruebas, dictámenes y otros documentos ordenados por el ente jurisdiccional que conoce del caso, se llegó al convencimiento de quien es el verdadero titular dominical de los bienes muebles objeto del embargo, luego de una serie de hechos controvertidos en donde las partes acudieron con las mismas armas procesales, valoradas las actuaciones de las pruebas allegadas al proceso, el órgano jurisdiccional ordena el desembargo de los bienes muebles objeto del litigio, no sin antes apreciar, que el carácter tuitivo de la materia, para proceder al decreto de la suspensión de una medida cautelar en general, como lo ha sido el caso en estudio, se requiere tener la certeza de que los bienes embargados no tienen relación alguna con la persona señalada como patrono, a efecto de responder por las acreencias que los trabajadores reclaman. CONSIDERANDO(5):Que con la reposición solicitada, el recurrente no está conforme con el fallo emitido por esta Sala de lo Constitucional, expresando únicamente que el mismo no está ajustado a derecho, y si bien es cierto, cuenta con una sentencia firme en proceso de ejecución, no menos cierto es que la titularidad dominical de los bienes como ya se expresó, quedó suficientemente probada en la instancia que corresponde, a través de las pruebas aportadas al juicio por el tercer interviniente, probando su derecho de tercero sobre los bienes embargados. CONSIDERANDO (6): Que una vez revisado el fallo contra el cual se interpone recurso de reposición y que denegó el Recurso de Amparo presentado por el recurrente, estima la Sala que la motivación de la sentencia así como los antecedentes de hecho y de derecho son precisos, y que no existe incoherencia alguna entre lo peticionado y lo que resuelve este Alto Tribunal de Justicia, concluyendo que no se aprecian razones que justifiquen o que motiven a corregir o modificar el fallo pronunciado por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020). Con la sentencia emitida no se han infringido las garantías que la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional y demás normas jurídicas aplicables al caso concreto reconocen a los interesados, como son al debido proceso, el derecho de defensa, principio de inocencia, como se colige de las piezas traídas para estudio. CONSIDERANDO (7): Que al amparo de lo que dispone el artículo 90 constitucional, “nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”,de lo que se razona, que la sentencia pronunciada por esta Sala de lo Constitucional de fecha veintitrés (23)septiembre del dos mil veinte (2020)y que DENIEGA la Acción de Amparo y recurrida en reposición está dictada de acuerdo a los nuevos antecedentes vinculantes, es decir, coherente a la nueva jurisprudencia acordada en acciones de Amparo Laboral, en atención a los principios generales del derecho laboral, como ha sucedido el caso de mérito, cumpliendo con la obligación de interpretar y aplicar la normativa vigente que asegure una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (8): Que el argumento del recurrente es que la sentencia no está ajustada a derecho, sin expresar concretamente los agravios contra la sentencia recurrida y dictada por esta Sala, que manda a revisar y analizar el fallo, de lo que resulta que no existe violación alguna a las garantías constitucionales y las demás normas aplicables, en tal sentido y por todo lo expuesto, este Alto Tribunal de Justicia, es del parecer que se declare sin lugar el recurso de reposición. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y 46 Nº 8, 73, 119 y 120 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 7, 19 del Código de Trabajo;742 y 743.2 del Código Procesal Civil; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Hugo Danilo Flores Figueroa, actuando en su condición de Representante Procesal de los señores Kelvin Hernández Cruz y Otros contra la sentencia emitida por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés (23)de septiembre del dos mil veinte (2020), recaída contra el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticinco (25) de abril del dos mil diecisiete (2019), que declaró A Lugar el Recurso de Apelación contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Cortes, en fecha quince (15) de marzo del dos mil diecinueve (2019) y reforma el mismo ordenando el desembargo de los bienes muebles objeto del litigio, en la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos, preaviso, cesantía causada y proporcional, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos económicos que se deban, promovida por los aludidos trabajadores contra la Sociedad Mercantil Manufacturas y Productos Internacionales S. de R.L. de C.V. (MAPRODI), representada por su Gerente General José Gil Aguilar Kattan. Y MANDA: Que de conformidad a lo que establece la ley para efectos de comunicar al recurrente la decisión adoptada, que el Secretario de la Sala Constitucional notifique la presente resolución y en lo demás proceder conforme a derecho. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y la resolución de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veinte y quince de febrero del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0410=2019.

ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL