Sentencia AL-373-19 — Registro 11019
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar el abandono del proceso ya que en materia laboral impera el principio de oficiosidad por lo que los juzgados laborales deben instar el proceso de oficio, en relación a demanda ordinaria laboral para el pago de indemnización por accidente de trabajo promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber decidido la confirmatoria de una decisión de la juez de instancia que desestimó la pretensión del demandado encaminada a que fuese declarado el abandono del proceso conforme a los lineamientos del ordenamiento procesal civil, el cual, de acuerdo con el parecer del quejoso, debió ser aplicado en forma supletoria, al tenor de lo que al respecto dispone la legislación procesal laboral..."..."La respuesta del Ad Quem en este caso fue básicamente que, en el procedimiento laboral, en donde de conformidad con la ley priva la oficiosidad del órgano jurisdiccional para el impulso del proceso, no cabe la figura del abandono del mismo, pues la inactividad o la paralización del curso normal del proceso le es imputable al juez y no a las partes..."..."Esta Sala encuentra inocuas las alegaciones del impetrante en este caso, pues el hecho de inferir que el abandono del proceso puede ser aplicable a los procedimientos en los que cabe la oficiosidad o inclusive que la acción puede ser desechada cuando el abandono resulta imputable al propio juez resulta ser, a criterio de esta Sala, una deducción desatinada y además irrazonable..."..."diremos que el abandono del proceso efectivamente es, como lo han concluido tanto la A Quo como el Tribunal de Alzada, una institución que tiene lugar en aquellos procesos en que los que el impulso de las actuaciones corresponde a las partes, y no se lo ha previsto para aquellos procesos en los que opera la oficiosidad o el impulso instado por el órgano jurisdiccional. Si entendemos en este abandono o caducidad de la instancia—como se lo denominaba en el pasado—una especie de punición o castigo al actor ante su inactividad o desapego a su propio interés o pretensión, esta punición no podría imponérsele si la inactividad del proceso no le es imputable, pues es lógico que la pérdida de la acción o de la posibilidad de accionar afecta al accionante y no al juez, por ende, carece de sentido la argumentación del recurrente García Fortín, cuando da a entender que si la inactividad del proceso le es imputable al juez, se debe aplicar la figura del abandono con la que se sanciona al demandante, una conclusión que es a todas luces irrazonable. Indudablemente que la falta de impulso procesal por parte del órgano jurisdiccional es sancionable, pero la sanción, administrativa o penal según el caso, se le fija al responsable, o sea al juez o al tribunal, y lógicamente no podría sancionarse al demandante con el abandono del proceso, cuando el juez ha dejado de cumplir con su mandato de impulsar el procedimiento de manera oficiosa..."..."esta Sala advierte que incluso, en la misma normativa citada por el quejoso (Art. 491.2 CPC) se excluye la posibilidad de declarar el abandono del proceso “por causa ajena a la voluntad de las partes”, que es precisamente cuando la inactividad no les es imputable a éstas, previendo la misma norma que el abandono no se producirá si el proceso hubiera estado paralizado por causas imputables al tribunal, es decir cuando éste incumple la obligación de instar el proceso de oficio..."..."En materia procesal civil, como vemos, también opera, por regla general, el impulso procesal de oficio por parte del órgano jurisdiccional, y como bien lo refiere Gallardo Correa, comentado sobre la figura del abandono del proceso: “…esta regulación deja de tener sentido cuando se establece el impulso de oficio que se recoge que en el artículo 167 del CPC, conforme al cual, salvo que la ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias…”[1]..."..."resulta evidente para esta Sala que en la sentencia impugnada emitida por la Alzada, se hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, orientando su decisión a confirmar la resolución de la A-Quo, al encontrarse la misma emitida conforme a ley, puesto que, además de que resulta inaplicable la supletoriedad de la ley procesal civil en este caso, la figura del abandono del proceso resulta también inaplicable al procedimiento laboral, siendo que éste debe ser instado por los jueces de oficio, de conformidad con el Artículo 669 del Código del Trabajo, con lo cual, no se prevé en esta decisión de la Alzada, disminución alguna de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso..."..."Este Tribunal estima además que la resolución de la Alzada contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 489 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 491, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, a favor de la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA INC., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el impetrante contra el auto emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LILIAN MARÍA MARTÍNEZ PADILLA contra la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA INC. Estima el recurrente que se ha violentado en contra de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición apoderado legal de la señora LILIAN MARÍA MARTÍNEZ PADILLA interponiendo demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se condene al pago de indemnización por accidente de trabajo, contra la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA INC., por medio de su rector y representante legal señor JEFFEY LANSDALE. (Folio 01 al 02 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el referido Juzgado de Letras, dictó auto mediante el cual se pronunció sobre una solicitud de la parte demandada en el sentido que se declarase el abandono del proceso, resolviendo: “DE OFICIO: amplíese la resolución contenida en al acta de fecha 28 de febrero del año dos mil dieciocho. En el sentido que el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN en su condición de Representante Procesal de la parte demandada solicita se declare el abandono del proceso en virtud de que ha transcurrido 1 año desde la última notificación efectuada a las partes en el proceso SE RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el abandono del proceso en virtud que el procedimiento en materia Laboral opera el principio de oficiosidad, es decir que en este tipo de caso el Juzgado deberá actuar de oficio, Asimismo y en aras de la celeridad procesal y en vista que consta en al acta de fecha 28 de febrero del año dos mil dieciocho el PERSONAMIENTO al Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN presentando Testimonio de la Escritura pública n. 44 de fecha 04 julio de 2017, y esta a su vez tiene las facultades de Poder, para ser Citado y Emplazado, En consecuencia, que por medio del Receptor del Despacho, cítese y emplácese personalmente en legal y debida forma al señor ALBERTO GARCÍA FORTÍN en su condición de Representante Procesal de la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA INC,- para que dentro del término de SEIS DÍAS, comparezca ante este Juzgado con el objeto de contestar la demanda Ordinaria laboral que le ha promovido la señora LILIAN MARÍA MARTÍNEZ PADILLA. Artículo: 667, 858 del Código del Trabajo. NOTIFÍQUESE”. (Folio 20 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte demanda en contra del precitado auto, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “…FALLA: 1. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN; 2. CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán...”. (Folios 30 al 33 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor de la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA INC., por considerar que la decisión del Ad Quem, de fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho violenta en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve. (Folio 24 de la pieza de amparo). 5) Que con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 1. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 2. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 3. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO I. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida en fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la cual se denuncia ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía del debido proceso en perjuicio de la Escuela Agrícola Panamericana. II. La sentencia impugnada decidió declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Abogado Alberto García Fortín en su condición de apoderado de la Escuela Agrícola Panamericana, contra una resolución dictada de oficio por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante la que se decidió desestimar una solicitud del apoderado de la entidad demandada la que estaba encaminada a que se declarase el abandono del proceso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 489 del Código Procesal Civil. III. La intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto se inicia con la presentación de una demanda por parte del Abogado David Gabriel Alvarado Leitzelar, como apoderado de la señora Lilian María Martínez Padilla, para el pago de indemnización por accidente de trabajo, en contra de la Escuela Agrícola Panamericana. SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA 1. Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada estimó la confirmatoria del auto que fue dictado por la A Quo, la que rechazó la solicitud de la entidad demandada a razón de que se pretendía que se declarase el abandono del proceso conforme los lineamientos del Código Procesal Civil, entendiendo la A Quo que esta petición resultaba inamisible en la materia laboral al imperar el principio de oficiosidad, por lo que los juzgados laborales deben instar el proceso de oficio, de conformidad con la ley. 2. El Tribunal de Alzada consideró que la resolución de la A Quo se encontraba dictada conforme a derecho, haciéndose acopio del artículo 669 del Código del Trabajo que contempla el principio de oficiosidad anteriormente relacionado, y que atención al mismo, en el procedimiento laboral efectivamente no cabe el abandono del proceso, pues esta forma especial de conclusión del proceso está contemplada en aquellos supuestos en los que el impulso del proceso no recae en el juez, sino en las partes, entendiendo la que aplicación supletoria de la materia procesal civil en este caso resulta impropia, de ahí que se estimase la denegatoria del recurso de apelación impetrado y la consecuente confirmatoria de la decisión de la A Quo SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 1. Para el quejoso la Corte de Apelaciones del Trabajo incurrió en una (sic) “más que evidente violación” a la garantía del debido proceso y al derecho a de defensa de su representada, en tanto que, a su parecer, el abandono del proceso cabe en la materia laboral, infiriendo incluso que este abandono también debe declararse cuando es atribuible al juez, en el caso que éste no impulse de oficio el proceso, y así lo ha entendido, según expone, de la propia motivación del Tribunal de Alzada. 2. El impetrante insistió en la aplicación supletoria de los artículos 489 al 493 del Código Procesal Civil, citando inclusive aquellos casos en los que no cabe declarar el abandono del proceso, que se limita a los procesos de ejecución forzosa, los de fuerza mayor, la paralización del proceso por acuerdo de las partes o por otra causa ajena a la voluntad de las partes, refiriendo que el legislador no ha establecido que no procede al abandono en los casos en los que opera la oficiosidad. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (1): Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. CONSIDERANDO (2): En el asunto que nos ocupa, se alega que el Tribunal de Alzada ha incurrido en violaciones constitucionales por el hecho de haber decidido la confirmatoria de una decisión de la juez de instancia que desestimó la pretensión del demandado encaminada a que fuese declarado el abandono del proceso conforme a los lineamientos del ordenamiento procesal civil, el cual, de acuerdo con el parecer del quejoso, debió ser aplicado en forma supletoria, al tenor de lo que al respecto dispone la legislación procesal laboral. CONSIDERANDO (3): La respuesta del Ad Quem en este caso fue básicamente que, en el procedimiento laboral, en donde de conformidad con la ley priva la oficiosidad del órgano jurisdiccional para el impulso del proceso, no cabe la figura del abandono del mismo, pues la inactividad o la paralización del curso normal del proceso le es imputable al juez y no a las partes. CONSIDERANDO (4): Esta Sala encuentra inocuas las alegaciones del impetrante en este caso, pues el hecho de inferir que el abandono del proceso puede ser aplicable a los procedimientos en los que cabe la oficiosidad o inclusive que la acción puede ser desechada cuando el abandono resulta imputable al propio juez resulta ser, a criterio de esta Sala, una deducción desatinada y además irrazonable. CONSIDERANDO (5): En primer término, diremos que el abandono del proceso efectivamente es, como lo han concluido tanto la A Quo como el Tribunal de Alzada, una institución que tiene lugar en aquellos procesos en que los que el impulso de las actuaciones corresponde a las partes, y no se lo ha previsto para aquellos procesos en los que opera la oficiosidad o el impulso instado por el órgano jurisdiccional. Si entendemos en este abandono o caducidad de la instancia—como se lo denominaba en el pasado—una especie de punición o castigo al actor ante su inactividad o desapego a su propio interés o pretensión, esta punición no podría imponérsele si la inactividad del proceso no le es imputable, pues es lógico que la pérdida de la acción o de la posibilidad de accionar afecta al accionante y no al juez, por ende, carece de sentido la argumentación del recurrente García Fortín, cuando da a entender que si la inactividad del proceso le es imputable al juez, se debe aplicar la figura del abandono con la que se sanciona al demandante, una conclusión que es a todas luces irrazonable. Indudablemente que la falta de impulso procesal por parte del órgano jurisdiccional es sancionable, pero la sanción, administrativa o penal según el caso, se le fija al responsable, o sea al juez o al tribunal, y lógicamente no podría sancionarse al demandante con el abandono del proceso, cuando el juez ha dejado de cumplir con su mandato de impulsar el procedimiento de manera oficiosa. CONSIDERANDO (6): Por otro lado, esta Sala advierte que incluso, en la misma normativa citada por el quejoso (Art. 491.2 CPC) se excluye la posibilidad de declarar el abandono del proceso “por causa ajena a la voluntad de las partes”, que es precisamente cuando la inactividad no les es imputable a éstas, previendo la misma norma que el abandono no se producirá si el proceso hubiera estado paralizado por causas imputables al tribunal, es decir cuando éste incumple la obligación de instar el proceso de oficio. CONSIDERANDO (7): En materia procesal civil, como vemos, también opera, por regla general, el impulso procesal de oficio por parte del órgano jurisdiccional, y como bien lo refiere Gallardo Correa, comentado sobre la figura del abandono del proceso: “…esta regulación deja de tener sentido cuando se establece el impulso de oficio que se recoge que en el artículo 167 del CPC, conforme al cual, salvo que la ley disponga otra cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto las resoluciones necesarias…”[1]. CONSIDERANDO (8): Así entonces, resulta evidente para esta Sala que en la sentencia impugnada emitida por la Alzada, se hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, orientando su decisión a confirmar la resolución de la A-Quo, al encontrarse la misma emitida conforme a ley, puesto que, además de que resulta inaplicable la supletoriedad de la ley procesal civil en este caso, la figura del abandono del proceso resulta también inaplicable al procedimiento laboral, siendo que éste debe ser instado por los jueces de oficio, de conformidad con el Artículo 669 del Código del Trabajo, con lo cual, no se prevé en esta decisión de la Alzada, disminución alguna de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (9): Este Tribunal estima además que la resolución de la Alzada contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): En conclusión, y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del firme criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 489, 491.2 del Código Procesal Civil, 669 del Código del Trabajo, 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo promovida por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, a favor de la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA INC., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de octubre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0373-2019.
ABOG. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Gallardo Correa, El proceso ordinario en el nuevo Código Procesal Civil, OIM, 2009, Pág. 205