Sentencia AL-325-19 — Registro 11017
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación a favor de recurrente, reformó fallo dictado por juzgado de primera instancia; en apelación se declaró con lugar juicio sumario para establecer justa causa para dar por terminado contrato individual de trabajo de recurrente como Vice Presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Avent de Honduras S A de C V sustituida por O & M Halyard Honduras S A de C V
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del análisis y revisión de los antecedentes se concluye, que el punto a decidir y que la parte afectada (el trabajador) trae a esta Sala de acuerdo a los motivos planteados en el recurso, es si en la decisión de la Alzada se vulneraron derechos y garantías al Amparista, en este caso, al trabajador protegido por el fuero sindical, en el cargo de vicepresidente en la Junta Directiva del SITRAAVENT S.A. DE C.V., entre estas violaciones cita el derecho de defensa, al debido proceso, derecho a la estabilidad laboral y derecho a libertad sindical; al declarar con lugar el recurso de apelación a la parte actora o sea al Patrono, al tiempo que reforma la sentencia para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la junta directiva de una organización sindical, y por otro lado, confirma la sentencia en los demás extremos..."..."se desprende de autos, que el Ad-Quem dadas las posiciones de las partes, la personalidad del recurso así como el objeto del debate se fija en determinar si el patrono como parte actora, tiene o no causa justa que lo autorice a despedir a un trabajador protegido por el fuero sindical; y si hubo o no una correcta valoración de las probanzas respecto a los defectos procesales, la prescripción, el incidente de nulidad opuestos por la parte demandada; concluyendo que la demanda fue corregida en cuanto a tener como parte actora a la sociedad mercantil O&M Halyard Honduras S.A. de C.V. todo en virtud de considerar que el trabajador tuvo participación en la suspensión intempestiva de labores que se produjo en las instalaciones de AVENT DE HONDURAS los días martes 25 y miércoles 26 de septiembre del 2018, y que de autos resulta acreditado como en efecto así ocurrió y por lo cual se originó el conflicto laboral, en razón de ello no es posible que operen las excepciones dilatorias planteadas, tampoco el incidente de nulidad absoluta que versa sobre los extremos en que se sustentan las excepciones en mención; menos aun la excepción de prescripción, pues la acción fue instaurada válidamente el 24 de octubre del 2018 y los hechos por los cuales pretende separarlo del puesto de trabajo fueron suscitados los días anteriormente mencionados al interior de la empresa, por lo que de una simple operación aritmética es una realidad que la parte actora enmarco su gestión dentro del término legal, razón por la cual fue denegada la excepción perentoria planteada, decisión que comparte la alzada con el fallo proferido por el A-Quo, razón por la que la alzada no atiende el recurso de apelación a la parte demandada (el trabajador)..."..."estima esta Sala, que si bien el fuero sindical es la protección que reciben los trabajadores al momento de constituir un sindicato o cuando se desempeñan como dirigentes de una organización sindical, para el caso nuestro o mejor dicho de Honduras, se reconoce el fuero sindical bajo dos situaciones; por un lado, a los miembros de una junta directiva central de una organización sindical, y por el otro, a los trabajadores que están constituyendo un sindicato; es así que en el caso sub judice, como se aprecia de autos, el trabajador ostenta el cargo de Vicepresidente en la Junta Directiva, pero no menos cierto es, que el artículo 516 del Código de Trabajo establece que los trabajadores de la Junta Directiva de una organización sindical, desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo o ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato. El Juez actuando en juicio sumario, resolverá lo procedente..."..."observa la Sala, que en el presente caso, se impulsó el procedimiento sumario en la instancia correspondiente, y que el alcance de la decisión adoptada por parte de la Alzada, es el resultado de la revisión de los antecedentes del juicio, cuyo fin es lograr la enmienda en la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente, relativas a dar respuesta al recurso de apelación interpuesto por ambas partes; motiva la Alzada que la sentenciada del A-Quo, contiene infracciones en la fijación o valoración de los hechos probados y no probados en la demanda, estima que las pruebas no fueron apreciadas de forma congruente con los hechos expuestos, de conformidad a la sana crítica y a los principios lógicos del derecho, valorando que las pruebas documentales (las Actas levantadas) surten todos sus efectos legales a los fines del proceso, por tanto tienen plena validez, por cuanto fueron levantadas por autoridad competente (Regional Ministerio del trabajo) y no se acreditó en el proceso su parcialidad, falsedad o inexactitud conforme lo señala el artículo 31 de la Ley de Inspección del Trabajo, en ese sentido, la Alzada procede a emitir la respectiva sentencia como ha sucedido en el caso de marras..."..."en atención a los alcances de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, esta Sala observa con especial cuidado, que la decisión tomada por el Ad-Quem con respecto a los recursos planteados, quebranta la garantía al debido proceso, por cuanto se prescindió del contenido formal del artículo 715 del Código Procesal Civil, en lo que respecta al principio rector aplicable en la parte dispositiva de la sentencia, este principio manda que se revoque el fallo recurrido y no su reforma, como lo ha dejado plasmado en la sentencia, aplicación que no contempla el precitado artículo, en consecuencia, para que la sentencia surta los efectos jurídicos de ejecución, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés proceda a darle cumplimiento a lo señalado en el antedicho artículo del Código Procesal Civil, y que en lugar de reformar la sentencia definitiva proferida el 23 de enero del 2019 por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma sección judicial, aplique lo concerniente a lo que dispone la ley de conformidad a las motivaciones ya expresadas..."..."aprecia la Sala en el caso sub judice, que la sentencia emitida por la Alzada vulnera la garantía al debido, entendido éste, como lo establece el Código Procesal Civil, que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”,..."..."en atención a la prevalencia del fondo del asunto sobre la forma, en tal sentido, esta Sala es del parecer que se otorgue el recurso de amparo en el único sentido, que la Corte de Apelaciones corrija la sentencia apelada en la parte dispositiva del fallo, con las observaciones señaladas y de conformidad a los contenidos del artículo 715 del Código procesal Civil vigente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 516 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de agosto de dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, a favor del señor CARLOS ANAEL PEREZ MEJIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, departamento de Cortés, en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, que declaró no ha lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, con relación al juicio sumario para despido de un dirigente sindical, promovida por la Sociedad Mercantil AVENT DE HONDURAS S.A DE C.V, contra el señor CARLOS ANAEL PEREZ MEJIA en su condición de Vice-presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Avent de Honduras, (SITRAAVENTH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil AVENT DE HONDURAS S.A DE C.V, interponiendo demanda de juicio sumario para despido de un dirigente sindical, contra el señor CARLOS ANAEL PEREZ MEJIA en su condición de Vice-presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Avent de Honduras, (SITRAAVENTH). (Folio 01 al 04 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, en el cual FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el juicio sumario para dar por terminado el contrato individual de un miembro de la junta directiva de una Organización sindical promovido por el abogado SIGBIBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad mercantil AVENT DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ahora denominada O & M HALYARD HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 2) SIN COSTAS en virtud de que el derecho de trabajo es de carácter social. (Folios 155 y 159 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado SIGIBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, en su condición antes indicada, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, FALLA. PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada. SEGUNDO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación, contra la sentencia definitiva proferida el veintitrés de enero del dos mil diecinueve, por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en consecuencia, se REFORMA la mencionada sentencia en el siguiente sentido: Se declara CON LUGAR el juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual del trabajo de un miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical. Autorización judicial para proceder al despido, razón por la que SE AUTORIZA a la empresa O & M HALYARD HONDURAS, S.A DE C.V., para dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo con el trabajador CARLOS ANAEL PEREZ MEJIA. TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia anteriormente relacionada. (Folios 24 al 33 de la segunda pieza de antecedentes) 4) El recurrente Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de abril del año dos mil diecinueve, interponiendo acción de amparo a favor del señor CARLOS ANGEL PEREZ MEJIA, por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, violenta en perjuicio de su representada, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve. 5) Que con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que La Acción de Amparo que conoce esta Sala tiene su origen en la demanda del Juicio Sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el Contrato Individual de Trabajo de un Miembro de la Junta Directiva de una Organización Sindical, Autorización Judicial para proceder al despido por parte de la Empresa Mercantil AVENT DE HONDURAS S.A. DE C.V. contra el dirigente sindical, Carlos Anael Pérez Mejía, miembro directivo de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Avent de Honduras, Sociedad Anónima (SITRAAVENTH) en el cargo vicepresidente, demanda interpuesta ante el Juzgado de Letras Unificado del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, según expediente No.0501-2018-00758. CONSIDERANDO (3): Que, en fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, dictó sentencia definitiva de Juzgamiento en el juicio sumario antes aludido y en su parte dispositiva FALLA: 1) Declarando sin lugar el juicio sumario para dar por terminado el contrato individual de un miembro de la junta directiva de una organización sindical promovido por el abogado Sigberto Eduardo Lozano Castro, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil Avent de Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable ahora denominada O & M Halyard Honduras, Sociedad Anónima de Capital Variable de generales expresadas en el preámbulo de la sentencia; 2) Sin costas… 3) Y manda que si dentro del término…” CONSIDERANDO (4): Que la sentencia recurrida en Amparo y que conoce esta sala, es la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula de fecha 22 de marzo del 2019, en la que falla: Primero: declarando No ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada. Segundo: Declarando Ha Lugar el Recurso de Apelaciones interpuesto por la parte Actora, contra la sentencia definitiva proferida el 23 de enero del 2019, por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma Sección judicial, relacionada con la demanda supra indicada; en consecuencia se REFORMA la mencionada sentencia en el siguiente sentido: Se declara Con Lugar el juicio sumario para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la junta directiva de una organización Sindical. Autorización judicial para proceder al despido, razón por la que SE AUTORIZA a la empresa O&M Halyard Honduras, S.A. de C.V. para dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo con el trabajador Carlos Anael Pérez Mejía. Tercero: Se CONFIRMA la sentencia anteriormente relacionada en sus demás extremos. CONSIDERANDO (5): Que la parte afectada al formalizar el recurso, motiva que en sentencia de fecha 22 de marzo del 2019 la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes en el juicio sumario promovido contra el dirigen sindical Carlos Anael Pérez Mejía, se reformo la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, departamento de Cortes en el juicio sumario que inicio con la Demanda de autorización solicita por el patrono ante dicho juzgado para despedir al trabajador que represento, por gozar de fuero sindical de acuerdo al artículo 516 del Código de trabajo, habiendo declarado la Juzgadora de Primera Instancia Sin Lugar la demanda patronal, el tribunal de apelación declaro Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el patrono y autoriza el despido del trabajador, quien ostenta el cargo de vicepresidente de la Junta directiva del SITRAAVENTH desestimando las pruebas, pasando por alto presupuestos procesales claves para garantizar el debido proceso, violentando con dicha sentencia definitiva el derecho de defensa, derecho a la estabilidad laboral, el derecho al debido proceso y el derecho de libertad sindical, imputándole el patrono a dicho trabajador la causal de haber participado en un conflicto colectivo que consistió en una suspensión intempestiva de labores, llevada cabo durante los días 25 y 26 de septiembre del 2018, haber proferido insultos y amenazas contra ejecutivos de la empresa y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. CONSIDERANDO (6): Que sigue expresando el Amparista que seguido los procedimientos de ley la juzgadora de primera instancia dictó la sentencia definitiva, declarando sin lugar la demanda del patrono, pues durante todo el haz probatorio fue evidente que le patrono violentó los procedimientos internos y los presupuestos procesales, pero sobre todo no probo que el trabajador que represento haya incurrido en la pretendida causal de despido por lo siguiente:1) En el presente caso es evidente que se trata de un Conflicto Colectivo, el patrono no acredito que el Ministerio de Trabajo haya declarado previamente la ilegalidad del conflicto tal y como lo disponen los artículos 570 y 571 del Código de Trabajo violentando con ello los artículos 127, 128 numeral 15, 129 párrafo primero, 321 y 322 de la Constitución dela República, tampoco probo los extremos imputados a mi mandante; 2) la demanda patronal fue interpuesta mediante una denominación social que a la fecha de la presentación dicha demanda era inexistente, en otras palabras no existía persona jurídica alguna con esa denominación social y por lo tanto carecía de capacidad para ser parte. Violentando los artículo 59 y 60 del Código Procesal Civil como norma supletoria en relación con el artículo 858 del Código del trabajo desembocando en la violación del artículo 90 de la Constitución de la Republica; 3) No existe ningún medio de prueba que incrimine a mi mandante en relación con los hechos o causal imputada por el patrono, no existen videos, testigos ni documentos que lo incriminen, contrario a ello las pruebas existentes en dicho juico demostraron que mi mandante trato de disuadir a los huelguitas y que estos lo vilipendiaron, amenazaron tan solo por no participar en dicho movimiento. Que la Corte de Apelaciones desestimó la pruebas presentadas por mi mandante pasando por alto presupuestos procesales y situaciones de fondo procediendo a declarar Con Lugar el Recurso de Apelaciones a la Parte Contraria autorizando injusta e ilegalmente al patrono para que proceda a despedir al trabajador que represento, en una clara violación a los derechos constitucionales del derecho de defensa, derecho a la estabilidad laboral y el derecho al debido proceso y la libertad sindical, estipulados en la Constitución de la República artículos 82, 127, 128 numeral 15; 129 primer párrafo y 90 respectivamente, Convenio 87 de la OIT, 570 y 571 del Código de trabajo. Que se pronuncie la sentencia otorgando el amparo para que su representado no se vea lesionado en su derecho de defensa, al debido proceso, derecho a la estabilidad laboral y derecho a libertad sindical. CONSIDERANDO (7): Que del análisis y revisión de los antecedentes se concluye, que el punto a decidir y que la parte afectada (el trabajador) trae a esta Sala de acuerdo a los motivos planteados en el recurso, es si en la decisión de la Alzada se vulneraron derechos y garantías al Amparista, en este caso, al trabajador protegido por el fuero sindical, en el cargo de vicepresidente en la Junta Directiva del SITRAAVENT S.A. DE C.V., entre estas violaciones cita el derecho de defensa, al debido proceso, derecho a la estabilidad laboral y derecho a libertad sindical; al declarar con lugar el recurso de apelación a la parte actora o sea al Patrono, al tiempo que reforma la sentencia para establecer la justa causa para dar por terminado el contrato individual de trabajo de un miembro de la junta directiva de una organización sindical, y por otro lado, confirma la sentencia en los demás extremos. CONSIDERANDO (8): Que se observa de autos, en el caso sub judice, que las partes involucradas en el presente juicio, tanto la demandante como la demandada, acudieron en fecha 25 de febrero del 2019 a la audiencia señalada por el Ad Quem, donde cada uno hizo uso del derecho que le confiere la ley expresando los agravios contra el fallo recurrido de acuerdo a las pretensiones que ostentan las partes procesales, evidentemente acuden con las mismas armas procesales exponiendo de conformidad a los hechos probados y no probados a fin de que la Alzada valore y emita el respectivo fallo. CONSIDERANDO (9): Que se desprende de autos, que el Ad-Quem dadas las posiciones de las partes, la personalidad del recurso así como el objeto del debate se fija en determinar si el patrono como parte actora, tiene o no causa justa que lo autorice a despedir a un trabajador protegido por el fuero sindical; y si hubo o no una correcta valoración de las probanzas respecto a los defectos procesales, la prescripción, el incidente de nulidad opuestos por la parte demandada; concluyendo que la demanda fue corregida en cuanto a tener como parte actora a la sociedad mercantil O&M Halyard Honduras S.A. de C.V. todo en virtud de considerar que el trabajador tuvo participación en la suspensión intempestiva de labores que se produjo en las instalaciones de AVENT DE HONDURAS los días martes 25 y miércoles 26 de septiembre del 2018, y que de autos resulta acreditado como en efecto así ocurrió y por lo cual se originó el conflicto laboral, en razón de ello no es posible que operen las excepciones dilatorias planteadas, tampoco el incidente de nulidad absoluta que versa sobre los extremos en que se sustentan las excepciones en mención; menos aun la excepción de prescripción, pues la acción fue instaurada válidamente el 24 de octubre del 2018 y los hechos por los cuales pretende separarlo del puesto de trabajo fueron suscitados los días anteriormente mencionados al interior de la empresa, por lo que de una simple operación aritmética es una realidad que la parte actora enmarco su gestión dentro del término legal, razón por la cual fue denegada la excepción perentoria planteada, decisión que comparte la alzada con el fallo proferido por el A-Quo, razón por la que la alzada no atiende el recurso de apelación a la parte demandada (el trabajador). CONSIDERANDO (10): Que la Alzada, una vez resueltas las incidencias procesales analizó si Avent de Honduras S.A. de C.V. sustituida por O & M Halyard Honduras, S.A. de C.V., demostró durante el proceso que el señor Carlos Anael Perez Mejía, vicepresidente del SITRAAVENT participó en la suspensión intempestiva de labores y que tales acontecimientos facultaban al patrón para presentar la acción; que en efecto, el fuero sindical es una garantía que se otorga a determinados trabajadores, motivada en su condijo representativa para no ser despedidos, trasladados ni modificadas sus condiciones de trabajo sin justa causa; es pues, el derecho que se les otorga en virtud del cual el patrono no puede, durante el tiempo que indica la ley, o mientras la garantía de protección subsiste, despedir libremente al trabajador en el caso de mérito, es visto que el señor Carlos Anael Pérez Mejía ocupa dentro de la organización sindical SITRAAVENT el cargo de vicepresidente, por tanto surte a su favor la garantía del fuero sindical a que se ha hecho referencia, lógicamente no puede por prohibición expresa de la ley ser despedido sin comprobarse previamente ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo, que existe justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, tal así lo dispone la norma 516 del Código del trabajo. Que, del análisis de los hechos y pruebas aportadas al proceso, el tribunal estima que, si bien es cierto, corre a folio 152 p.p. el documento suscrito por el coordinador de la Oficina de la Mujer, dependencia de la Municipalidad de Villanueva, Cortes, en el que hace constar que los señores Carlos Anael Pérez Mejía y Carlos Magno Diaz Padilla se encontraban el día martes 25 de septiembre del 2018, pidiendo asesoría ya que ese día se estaba firmando convenio con CARITAS YORO y la Municipalidad de Villanueva, Cortes, dicho evento se realizó en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos estando presentes desde las 9:00 a.m. hasta las 12 m., tal documento es contrario al contenido del acta levantada por la autoridad administrativa competente el 26 de septiembre del 2018, en a que cosa que el Director regional del trabajo y varios inspectores hicieron acto de presencia en la zona de procesamiento industrial ZIP Villanueva el día 25 de septiembre del 2018 a las 10:30 a.m. y los trabajadores se aglomeraron a su alrededor sin darles oportunidad de identificarse y dar las explicaciones del motivo de la visita, motivo por el cual no fue posible el dialogo ni se pudo llegar a ningún arreglo con los trabajadores ya que los ánimos estaban alterados, proferían insultos con palabras soeces y no les permitan salir del plantel, asimismo que el 26 del mismo mes y año, volvieron a presentarse al Parque industrial y constataron que no había personal laborando, sumado a lo anterior corre a folios 89 al 91 pieza principal el acta de descargos en la que el trabajador Carlos Anael Pérez Mejía reconoce que “efectívamele participe y participo toda la junta directiva del SIRAAVENH como ya antes lo manifesté no s vimos e la responsabilidad de buscar salidas y oportunidades para poder ganar todos donde participamos en acta con los ánimos y la objetividad de terminar dicho conflicto sirviendo como un ente presencial del evento…” documento de cuya confrontación y análisis se concluye que existe una notoria contradicción lo cierto es que el trabajador Pérez Mejía estuvo presente en los actos que llevaron a cabo en el parque industrial ZIP Villanueva los días 25 y 26 de septiembre del 2018, en los que los trabajadores interrumpieron intempestivamente las labores en la empresa Avent de Honduras S.A. de C.V. operándose la figura de sustitución patronal a que remite el artículo 28 del Código de Trabajo, circunstancia que el día anterior o sea 24 de septiembre del mismo año ya había sido notificada a la Junta Directiva del SITRAAVENT según se aprecia en el Acta de Constatación de hechos que al efecto fue levantada por la autoridad competente, y de lo cual se manifestaron de acuerdo, prueba de ello es la firma de todas las personas que estuvieron presentes, actas que surten todos sus efectos legales a los fines del proceso, y por lo tanto tienen la plena validez al ser levantadas por autoridad competente y no se acredito en el proceso su parcialidad, falsedad o inexactitud, conforme lo señala el artículo 31 de la Ley de Inspección del Trabajo. CONSIDERANDO (11): Que la Alzada valora que la libertad sindical es un derecho amplísimo que de modo alguno puede disociarse de aquellos otros derechos que lo dotan de viabilidad, pero que debe haber un equilibrio entre los factores de producción, es decir entre los trabajadores y patronos, pues por un lado la carencia de fuente de trabajo afecta los trabajadores y, por otro, la eficiencia de la empresa radica en la continuidad de su funcionamiento, en ese sentido, es claro que el fuero sindical es un derecho consagrado a favor de las organizaciones sindicales y no de las personas a quienes ampara, siendo necesario proteger y garantizarle al sindicato la posibilidad de tener representantes que gocen de protección especial, en el presente caso tal derecho está definido, puesto que la Junta Directiva del SITRAAVENTH estuvo reunida con el Gerente General de la empresa ante las autoridades regionales de Trabajo el 24 de septiembre del 2018, en que les notificaron los cambios o modificaciones a la denominación social del patrono y que el nuevo patrono asumió todas las responsabilidad como tal, asimismo el respeto a todos los convenios, contratos individuales y colectivos suscritos entre las partes, de manera que no hay justificación alguna para que en los días siguientes, 25 y 26 de septiembre del 2018 hayan suspendido intempestivamente las labore en el centro de trabajo y que en la misma haya tenido participación el trabajador José Rafael Trochez Mejía, actual fiscal de la Junta Directiva, dadas así las cosas, el tribunal estima atendibles los argumentos de la representación procesal de la parte actora, consecuentemente procede la autorización para despedir al mencionado trabajador, Carlos Anael Pérez Mejía. CONSIDERANDO (12): Que estima esta Sala, que si bien el fuero sindical es la protección que reciben los trabajadores al momento de constituir un sindicato o cuando se desempeñan como dirigentes de una organización sindical, para el caso nuestro o mejor dicho de Honduras, se reconoce el fuero sindical bajo dos situaciones; por un lado, a los miembros de una junta directiva central de una organización sindical, y por el otro, a los trabajadores que están constituyendo un sindicato; es así que en el caso sub judice, como se aprecia de autos, el trabajador ostenta el cargo de Vicepresidente en la Junta Directiva, pero no menos cierto es, que el artículo 516 del Código de Trabajo establece que los trabajadores de la Junta Directiva de una organización sindical, desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo o ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato. El Juez actuando en juicio sumario, resolverá lo procedente. CONSIDERANDO (13): Que, visto los antecedentes, tal y como lo dispone lo dispone el artículo 516 del Código de Trabajo, observa la Sala, que en el presente caso, se impulsó el procedimiento sumario en la instancia correspondiente, y que el alcance de la decisión adoptada por parte de la Alzada, es el resultado de la revisión de los antecedentes del juicio, cuyo fin es lograr la enmienda en la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente, relativas a dar respuesta al recurso de apelación interpuesto por ambas partes; motiva la Alzada que la sentenciada del A-Quo, contiene infracciones en la fijación o valoración de los hechos probados y no probados en la demanda, estima que las pruebas no fueron apreciadas de forma congruente con los hechos expuestos, de conformidad a la sana crítica y a los principios lógicos del derecho, valorando que las pruebas documentales (las Actas levantadas) surten todos sus efectos legales a los fines del proceso, por tanto tienen plena validez, por cuanto fueron levantadas por autoridad competente (Regional Ministerio del trabajo) y no se acreditó en el proceso su parcialidad, falsedad o inexactitud conforme lo señala el artículo 31 de la Ley de Inspección del Trabajo, en ese sentido, la Alzada procede a emitir la respectiva sentencia como ha sucedido en el caso de marras.
CONSIDERANDO (14): Que en atención a los alcances de la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, esta Sala observa con especial cuidado, que la decisión tomada por el Ad-Quem con respecto a los recursos planteados, quebranta la garantía al debido proceso, por cuanto se prescindió del contenido formal del artículo 715 del Código Procesal Civil, en lo que respecta al principio rector aplicable en la parte dispositiva de la sentencia, este principio manda que se revoque el fallo recurrido y no su reforma, como lo ha dejado plasmado en la sentencia, aplicación que no contempla el precitado artículo, en consecuencia, para que la sentencia surta los efectos jurídicos de ejecución, que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés proceda a darle cumplimiento a lo señalado en el antedicho artículo del Código Procesal Civil, y que en lugar de reformar la sentencia definitiva proferida el 23 de enero del 2019 por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma sección judicial, aplique lo concerniente a lo que dispone la ley de conformidad a las motivaciones ya expresadas.
CONSIDERANDO (15):Que aprecia la Sala en el caso sub judice, que la sentencia emitida por la Alzada vulnera la garantía al debido, entendido éste, como lo establece el Código Procesal Civil, que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”, derecho fundamental que también se contempla en la Constitución de la República, en su artículo 90. CONSIDERANDO(16):Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico Constitucional, en atención a la prevalencia del fondo del asunto sobre la forma, en tal sentido, esta Sala es del parecer que se otorgue el recurso de amparo en el único sentido, que la Corte de Apelaciones corrija la sentencia apelada en la parte dispositiva del fallo, con las observaciones señaladas y de conformidad a los contenidos del artículo 715 del Código procesal Civil vigente. POR TANTO: La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 715 del Código Procesal Civil; 516 del Código de Trabajo; 3.2, 5, 8, 41, 44, 45, 47, 48, 63, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado Salvador Antonio Espinoza a favor del señor Carlos Anael Pérez Mejía contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintidós (22)de Marzo del año dos mil diecinueve (2019) como ha quedado expresado; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0325-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL