Sentencia AL-304-17 — Registro 11561
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo Sociedad Mercantil Banco del País S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones por despido directo e injustificado. Considera el recurrente que la decisión del Ad-quem, es arbitraria, ilegal e inclusive abusiva, que violenta el debido proceso, incluso el derecho de defensa y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO(12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO(13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veinte. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha siete de diciembre del año dos mil dieciséis, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones por despido directo e injustificado, promovida por el Abogado ERICO DARÍO FIGUEROA GARCÍA, en su condición de Apoderado Legal de los señores OSWELL ANTONIO BUESO RAMOS, CESAR ALEXANDER CABALLERO GOMEZ, JOSE ERASMO CRUZ, PEDRO PEREZ, DAISY NOHEMY OSORIO RIVERA, DAGOBERTO TABORA y JUAN OBDULIO VILLEDA, en contra de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA DE TRANSPORTE SULTANA EXPRESS S. DE R.L.; considera el recurrente que la decisión del Ad-quem, es arbitraria, ilegal e inclusive abusiva, que violenta el debido proceso, incluso el derecho de defensa y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once (11) de noviembre del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de Apoderado Legal de los señores OSWELL ANTONIO BUESO RAMOS, CESAR ALEXANDER CABALLERO GOMEZ, JOSE ERASMO CRUZ, PEDRO PEREZ, DAISY NOHEMY OSORIO RIVERA, DAGOBERTO TABORA y JUAN OBDULIO VILLEDA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, para el pago de prestaciones por despido directo e injustificado, vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado, y en forma proporcional decimo cuarto mes causado y en forma proporcional salarios adeudados y reajuste salarial, salarios caídos, contra la Sociedad Mercantil EMPRESA DE TRANSPORTE SULTANA EXPRESS S. DE R.L. (Folios del 24 al 27 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que seguido que fue el trámite, el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, dictó sentencia definitiva en fecha siete (7) de mayo del año dos mil doce (2012), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO, promovida por el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA, en su condición de Apoderado Legal de los señores OSWELL ANTONIO BUESO RAMOS, CESAR ALEXANDER CABALLERO GOMEZ, JOSE ERASMO CRUZ, PEDRO PEREZ, DAISY NOHEMY OSORIO RIVERA, DAGOBERTO TABORA Y JUAN OBDULIO VILLEDA, contra la Empresa de Transportes Sultana Express, S. de R. L., representada por el señor JOSE NEPTALY ZALDIVAR CHACON, en su condición de Gerente General y representante legal, todos de generales conocidas en autos.- SEGUNDO: CONDENAR A LA EMPRESA DE TRANSPORTES SULTANA EXPRESS, S. DE R. L., LA CUAL ES LA PARTE DEMANDADA AL PAGO DE LAS CANTIDADES DE:….” (Folios del 66 al 69fv de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, el Apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., presentando manifestación y peticionando se ordenara la inmediata suspensión de las actuaciones en contra del BANCO DEL PAIS S.A., en virtud de haberse admitido Recurso de Amparo con suspensión del acto reclamado; es así que el Juzgado de Letras referido dando respuesta a lo peticionado, mediante providencia de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), resolvió: (Sic) “Admítase el escrito que antecede junto con el documento que se acompaña, y tal como se estipula en la parte dispositiva de la comunicación enviada a este juzgado por la Honorable Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la cual declaran a lugar la suspensión del acto reclamado de forma provisional sobre los expedientes 107-2016 y 454-2016 mismas que tienen relación directa con las presentes diligencias, declárense suspendidas las actuaciones en contra de Banco del Pais S.A..-Artículo 58 de la Ley de Justicia Constitucional….” (Folio 144 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 4) Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal de los señores OSWELL ANTONIO BUESO RAMOS, CESAR ALEXANDER CABALLERO GOMEZ, JOSE ERASMO CRUZ, PEDRO PEREZ, DAISY NOHEMY OSORIO RIVERA, DAGOBERTO TABORA y JUAN OBDULIO VILLEDA, dictó resolución en fecha Veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: …siguiendo dicho antecedente se declara Con Lugar el Recurso de Apelación; SEGUNDO: Por lo anteriormente expuesto SE REVOCA la resolución impugnada mediante la cual el Juez A-quo suspendió el requerimiento de pago solicitado, debiendo proceder a darle cumplimiento al requerimiento de pago y SIN LUGAR A LA NULIDAD SOLICITADA, asistiéndole el derecho de solicitar la Nulidad a quien recurre; TERCERO: SIN COSTAS en ésta instancia…” (Folios del 06 al 13 de la pieza de antecedentes de Alzada) 5) Que el recurrente Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), es arbitraria, ilegal e inclusive abusiva, que violenta el debido proceso, incluso el derecho de defensa y por supuesto el principio de legalidad, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma la acción constitucional relacionada, en providencia de fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete. (Folio 44 de la pieza de Autos) 6) Que en Auto de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, esta Alto Tribunal, resolvió: (Sic) “declara con lugar la suspensión del acto reclamado, en forma provisional y bajo la responsabilidad del recurrente, por ajustarse a los preceptos que señala el Articulo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional….” (Folio 46fv de la pieza de Autos) 7) Que con fecha tres (03) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión por que SE OTORGUE la acción de amparo promovida; sostiene la Fiscal del Ministerio Publico, entre otras cuestiones que de acuerdo a lo expuesto en los acápites anteriores, que ante la falta de firmeza del fallo dictado por el Ad-Quem en la Demanda de Tercería de Preferencia, se vulnera el debido proceso, al inobservar disposiciones de orden público, requisitos y exigencias del debido proceso, que a su vez resulta ser una manifestación del principio de legalidad procesal, que se articula como un sometimiento a las normas fundamentales del Estado y con sujeción a la ley, contenida en el artículo 195 del Código Procesal Civil, el cual establece cuando se considera que una resolución es firme, así como el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que se refiere a la admisión de la acción de amparo con suspensión del acto reclamado. (Folios del 51 al 56 de la pieza de Autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Resolución dictada en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán y del Trabajo por Ministerio de Ley, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones por despido directo e injustificado, promovida por el Abogado ERICO DARÍO FIGUEROA GARCÍA, en su condición de Apoderado Legal de los señores OSWELL ANTONIO BUESO RAMOS, CESAR ALEXANDER CABALLERO GOMEZ, JOSE ERASMO CRUZ, PEDRO PEREZ, DAISY NOHEMY OSORIO RIVERA, DAGOBERTO TABORA y JUAN OBDULIO VILLEDA, en contra de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA DE TRANSPORTE SULTANA EXPRESS S. DE R.L.; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Con Haber Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y revoca la resolución dictada en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado HUGO MAURICIO MADRID AVELAR, muestra su disconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma es arbitraria, ilegal e inclusive abusiva, que violenta el debido proceso, incluso el derecho de defensa y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; el impetrante hace una relación de los hechos en cuanto a las demandas que se han presentado de Ejecución Hipotecaria y Tercería de Preferencia en contra de la Empresa de Transporte Sultana Express S. de R. L.; demandas que han sido presentadas por BANCO DEL PAIS S. A. y los empleados de la referida empresa. En relación a la demanda de Tercería de Preferencia promovida, el recurrente sostiene que de esa sentencia derivada y producida en el Juicio de Tercería de Preferencia, en la cual el Juzgado declaró el derecho preferente de los trabajadores, no constituye justo título para que el Juzgador inste el requerimiento de pago y el cobro mediante el Apremio de ese derecho, en un juicio distinto del propio juicio de Tercería de Preferencia. CONSIDERANDO(4): Que en sustento de su tesis, el impetrante sostiene que el Ad-quem mediante una resolución que infringe la ley procesal vigente y en un juicio diferente, en un tercer proceso, ordena que se requiera de pago a BANCO DEL PAIS S.A., sociedad mercantil que no es parte en ese proceso, requerimiento de pago que es improcedente, que una sentencia donde se haya declarado la presencia de un derecho, que se haga valer esa sentencia o se acredite como título en otro juicio diferente al de la Ejecución Hipotecaria, como errónea o ilegalmente lo pretende imponer la Corte de Apelaciones, con el agravante en perjuicio de un tercero que no es parte en el juico laboral. Asimismo, sostiene el recurrente que el A-quo suspendió el acto de requerimiento de pago en contra de BANCO DEL PAÍS S.A., por existir Recurso de Amparo interpuesto en la demanda de Tercería de Preferencia y que el mismo fue admitido con suspensión del acto reclamado y por analogía por tratarse de procesos relacionados el A-quo por analogía ha mandado a suspender el Requerimiento Ilegal de Pago decretado. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, pues existe un Recurso de Amparo interpuesto con suspensión del acto reclamado en la Demanda de Tercería de Preferencia y debió la Alzada confirmar la resolución dictada por el A-quo, mediante la cual declara la suspensión de las actuaciones en contra del BANCO DEL PAIS S.A., por la admisión de los recursos de Amparo en los expedientes 107-2016 y 454-2016, con suspensión del acto reclamado, los que tienen relación directa con las diligencias. CONSIDERANDO(6): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual fue del parecer que SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, en virtud de violentarse los preceptos señalados por el amparista; en cuanto a cuando se considera que una resolución es firme y a la admisión de la demanda de amparo. CONSIDERANDO(7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO(8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO(9): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, esta concluye que no se ha acreditado que se haya interpuesto recurso de amparo alguno, en contra de la resolución que se recurre en la presente causa, debiéndose proceder a darle cumplimiento al Requerimiento de pago. CONSIDERANDO(10): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO(11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO(12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO(13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: 1) DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. 2) Déjese sin valor y efecto la medida cautelar de suspensión provisional del acto reclamado, decretada por este Tribunal en auto de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0304-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.