Sentencia AL-238-18 — Registro 11208
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra resolución en incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovida por recurrente en demanda ordinaria laboral promovida por demandantes contra sociedad mercantil; en apelación se estima que cualquier responsabilidad proveniente del acuerdo suscrito, debe denuncuarse y/o alegarse ante la autoridad comptente y no en los juzgados de instancia de ésta materia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."para la Sala de lo Constitucional, la sentencia de apelaciones objeto de la presente garantía constitucional, resulta acordada en sus fundamentos motivacionales, no sólo al debido proceso en su más amplia comprensión; sino que se reconoce su ajustada compatibilidad a los derechos y garantías sociales estatuidos, inter alia, en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, los cuales se tienen como explícitos en la jurisdicción del trabajo, según lo establece su artículo 665 del Código del Trabajo. No procede, por tanto, la interpretación de parte que extrapola requerimientos adicionales de legitimación procesal, según provenientes del derecho privado, aduciendo para ello la existencia de una laguna en la legislación vigente, que admitiría la supletoriedad que concede - en su caso - el artículo 858 del Código del Trabajo..."..."considera la Sala, en tal sentido, que los fundamentos de derecho esgrimidos por la Alzada, guardan razonable proporcionalidad al problema jurídico planteado, hasta la aparición de la postulada tercería de la entidad financiera que se presenta como agraviada; la cual se manifiesta ya ante una resolución firme y consentida, expresándose inclusive por el ahora amparista, que tal controversia es conocida en otro expediente en la vía jurisdiccional civil; lo cual no obstaculizaría, desde luego, su capacidad de postulación y legitimación para acceder a la tutela judicial efectiva, como parte esencial del debido proceso; ni perjudicaría en instancia el derecho preferencial planteado, en su oportunidad procesal, por los actores del caso sub iudice; no encontrándose, en ninguna parte de la resolución denunciada, interpretación restrictiva o aplicación indebida de los preceptos constitucionales citados iura novit curia, resultando más bien una interpretación armónica de la legislación vigente, en compatibilidad a la jurisprudencia nacional establecida en sede constitucional, en desarrollo del principio pro persona[7] (también denominado pro operario en el derecho social y del trabajo)..."..."resulta claro para la Sala de lo Constitucional, que tal interpretación judicial fue efectuada por un tribunal competente, en apego los atributos que la Sala de lo Constitucional ha reconocido como propios del debido proceso, no pudiendo demostrarse en el presente recurso de amparo de qué forma éste resulta vulnerado por el fallo en mención, pues si bien declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, no le impide a la parte que se considera tercera legitimada, que se deduzcan otras acciones legales en vindicación de sus derechos..."..."se resume el parecer de la Sala de lo Constitucional, en que el fallo jurisdiccional bajo estudio no colisiona con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, pues se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente; si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario, en el incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovido en representación procesal de la persona jurídica que se presenta como agraviada, en la presente garantía constitucional de amparo. Asimismo, establece el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la denegación del amparo deja a salvo las acciones civiles y penales que en derecho procedan contra el autor del agravio y no prejuzga sobre ninguna materia..."..."bajo los argumentos ilustrados por la Sala, y según continuada jurisprudencia, resulta apropiado desenvolvimiento de los derechos y garantías constitucionales, el subordinar la aplicación irrestricta del concepto civilista de autonomía de la voluntad hacia una conceptualización normativa de las garantías sociales que norma el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; siendo que ésta última amerita la protección optima acorde a la Constitución y las leyes, a través de su congruente desarrollo jurisprudencial y dentro del concepto teleológico constitucional de armonía entre el capital y el trabajo;[9] con lo cual se verifica la complementariedad de la sentencia conocida en amparo, según pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS y objeto de la presente acción de amparo, con el ámbito constitucionalmente reconocido al debido proceso, por lo cual se estima no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; considerándose de forma concluyente que la sentencia recurrida no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el debido proceso y demás derechos de configuración legal aludidas en formalización de la acción de amparo por el recurrente; en virtud de haberse dictado con las formalidades y derechos que exige la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con relación a un incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovido por la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de Representante Judicial de los Señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESUS LEMUS SARMIENTO, MARIA ERNESTINA FUENTES ORDOÑES, ADA LETICIA CANALES CASTRO, DONALDO BENJAMIN MENDOZA LOPEZ y OTROS, contra la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT), representada por su Gerente General señor ROBERTO JOSE PREGO MONCADA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada la garantía constitucional del Debido Proceso, que señala el artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de Representante Judicial de los Señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESUS LEMUS SARMIENTO, MARIA ERNESTINA FUENTES ORDOÑES, ADA LETICIA CANALES CASTRO, DONALDO BENJAMIN MENDOZA LOPEZ y OTROS, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones laborales, por despido indirecto, preaviso, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes, decimo cuarto mes proporcional, pago de sueldo o salarios adeudados, ultra y extra petita, contra COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT). (Folios del 1 al 7 de la Pieza principal de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Martin Othon Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Legal de los trabajadores, presentando copia autenticada de Escritura Pública según Instrumento No. 986, mediante el cual, el Apoderado Legal de los trabajadores y el Abogado Leonel de Jesús Ávila, Apoderado Legal de COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT), realizaron transacción extrajudicial, Acuerdo Extra Judicial, por las promovidas Demandas Ordinarias Laborales de primera instancia. (Folios 81fv de la pieza principal de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en relación a la comparecencia indicada en el acápite que antecede, que versa sobre el Acuerdo Extra Judicial, el referido juzgado A-quo resolvió: (Sic) “Tener por bien hecho la manifestación que antecede en cuanto a lo solicitado, se tiene por bien hecho el arreglo extrajudicial celebrado entre las partes actora y demandada y siendo que dicho arreglo de manera atípica pone fin al proceso, por ende no procede la solicitud por el compareciente el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de apoderado legal de los trabajadores demandantes, a que se dicte sentencia definitiva favorable en virtud, que en dicho documento ha acreditado llegaron a un arreglo extrajudicial, entiende este tribunal que pusieron fin al proceso de acuerdo al Poder de Disposición que poseen las partes por ser el proceso laboral un proceso dispositivo, permitido por nuestra norma análoga aplicable en el 858 del Código del Trabajo y 481 del Codigo Procesal Civil, disponer incluso durante la sustanciación de la primera instancia, durante la sustanciación de recursos o en ejecución forzosa….” (Folio 81v de la pieza principal de los antecedentes de primera instancia)- 4) Que en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de Apoderado Legal de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, personándose en la citada demanda y solicitando a la vez Nulidad Absoluta de Actuaciones, a lo que el Juzgado Resolvió: (Sic) “Admítase la comparecencia que antecede junto con los documentos que acompaña los cuales se mandan agregar a los autos, habiendo acreditado el interés legitimo, téngase por personado al Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en cuanto al incidente de nulidad planteado se declara SIN LUGAR en virtud de considerar este tribunal que no ha incurrido en ningún error de procedimiento que vicien el proceso; en cuanto al arreglo extrajudicial que han llegado las partes como bien lo dice ese arreglo se hizo fuera de los tribunales y este tribunal respetando el poder de disposición de las partes que establece el articulo 481.1 del Código Procesal Civil norma aplicable a falta de disposición del Código del Trabajo el cual reza: Que las partes pueden disponer de las pretensiones interpuestas en el proceso en cualquier estado y momento del mismo, ya sea en primera instancia o durante la sustanciación del recurso o incluso en la ejecución forzosa…, tal como ha ocurrido en el presente juicio, al manifestar la parte actora que había llegado a un arreglo extrajudicial tal como lo acredito con la escritura publica que presento, siendo esta una de las formas de poner fin al juicio de manera atípica, este tribunal resolvió de conformidad a lo pedido por la parte actora tener por bien hecho el arreglo en consonancia al poder de disposición de las partes y mando a archivar las presentes diligencias en el lugar que ocupan los juicios fenecidos, resolución que se encuentra firme….”(Folios del 117 al 120fv de la Pieza principal de los antecedentes de primera instancia).- 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de Apoderado Legal del BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO en su condición de apoderado de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. (DAVIVIENDA) contra la resolución dictada en fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete (07/11/17), por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se CONFIRMA la misma.- SEGUNDO:SIN COSTAS en ésta instancia dado el carácter social de las normas laborales….” (Folios del 12 al 15fv de la Pieza de antecedentes de Alzada).- 6) Que el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., contra la Sentencia Interlocutoria de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de la garantía del Debido Proceso, que señala el artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciocho(18) de junio del año dos mil dieciocho (2018). (Folios del 1al 11 y 52 de los autos)- 7) Que en fecha trece (13) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “Se Deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista”. (Folios del 55 al 63 de los autos).- CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones por despido directo, promovida por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de Representante Judicial de los Señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESUS LEMUS SARMIENTO, MARIA ERNESTINA FUENTES ORDOÑES, ADA LETICIA CANALES CASTRO, DONALDO BENJAMIN MENDOZA LOPEZ y OTROS, contra la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT), representada por su Gerente General señor ROBERTO JOSE PREGO MONCADA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., y confirma la resolución dictada en fecha siete (7) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma violenta el debido proceso, contenido en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República; el impetrante hace una relación de los hechos en cuanto al inicio de la demanda y las actuaciones que se suscitaron, previo a su personamiento en el juicio y la interposición de la nulidad absoluta de actuaciones, promovida por su persona en representación de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., ante la aceptación de una Transacción que fue suscrita entre los trabajadores demandantes y la sociedad demandada COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT), exponiendo como argumento central el recurrente, que el acuerdo de transacción es un acuerdo simulado, en perjuicio de los derechos de su representada.- CONSIDERANDO(4): Que en sustento de su tesis, el impetrante sostiene que el Ad-quem arguye que la única limitante que tiene el Juez de Letras cuando las partes disponen de un proceso por la vía de la transacción extrajudicial es asegurarse que el citado acuerdo no restrinja o disminuya los derechos irrenunciables de los actores; no obstante a criterio del impetrante, la normativa si contiene disposiciones relacionadas a las limitaciones que tiene el poder de disposición de las partes y estas son las formalidades, derechos y garantías que la ley establece para el desarrollo del caso de autos consignadas en los Artículos 235[3], 485[4] y 486 numeral 3)[5] del Código Procesal Civil, de las cuales ha prescindido la Corte Sentenciadora a pesar de constituir imperativos procesales que no son mas que garantías de un debido proceso, relacionándolo el recurrente con el precepto 212.4 y 486.3 del Código Procesal Civil[6], aduciendo que es obligación de revisar el acuerdo de transacción, comprobando que lo convenido no implique fraude de ley.- CONSIDERANDO(5): Que asimismo el pedidor de Amparo indica que en el caso de autos es evidente que cuando ambas partes tienen la osadía y atrevimiento de disponer sobre causas y derechos cuya titularidad no poseen, nos encontramos ante un acto realizado en perjuicio de un tercero y que lo menos que se puede esperar es que aquel al que se pretende defraudar o en perjuicio de quien se actúa, sea llamado a efecto de ser escuchado; hace énfasis el impetrante en el argumento esgrimido por la autoridad recurrida en relación a que el juez solo tiene la limitante de verificar que no se restrinjan o disminuyan los derechos de los trabajadores, aduciendo que no existe como norma adjetiva y ello encuentra razón en que no solo estamos llamados a proteger los derechos de los trabajadores, sino también de cualquiera en perjuicio de quien se actúa.- CONSIDERANDO(6): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., pues se ha prescindido en la resolución emitida por el A-quo, de normas esenciales del procedimiento, que causa indefensión a BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., al aceptar un Acuerdo Transaccional sin haber escuchado a su representada, como tercero agraviado, con la aceptación de tal acuerdo y sin la correspondiente homologación por parte del A-quo.- CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta la resolución que se impugna, específicamente en lo siguiente: (Sic) “…al respecto éste iudex ad-quem estima que la colusión u acto simulado denunciado por el apelante como causa de nulidad, no se encuentra comprendido dentro de la competencia objetiva que el Código del Trabajo autoriza a los tribunales en materia laboral según lo establece en su artículo 665 al disponer que estos están instituidos para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato del trabajo, así como a ejecutar lo juzgado, según el artículo 304 de la Constitución de la República; de ahí que no es posible decretar la nulidad pretendida, pues el órgano jurisdiccional atendió la petición de parte legitimada en juicio que por el poder de disposición contenido en la normativa procesal citada y la siguiente, pueden disponer de las pretensiones interpuestas en el proceso con la única limitante de asegurarse que el citado acuerdo no restrinja o disminuya los derechos irrenunciables de los actores; de manera que el efecto lo tiene únicamente con relación a los trabajadores y al proceso laboral iniciado y con ello la finalización anticipada del mismo por haberse satisfecho las pretensiones fuera de él tal y como ocurrió en el sub judice; por lo que cualquier responsabilidad proveniente del acuerdo suscrito, debe denunciarse y/o acudirse o alegarse ante la autoridad competente y no en los Juzgados de instancia de ésta materia (se similares términos se ha pronunciado ésta Alzada en los expedientes 8203 y 8638)….”.- CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia de apelaciones objeto de la presente garantía constitucional, resulta acordada en sus fundamentos motivacionales, no sólo al debido proceso en su más amplia comprensión; sino que se reconoce su ajustada compatibilidad a los derechos y garantías sociales estatuidos, inter alia, en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, los cuales se tienen como explícitos en la jurisdicción del trabajo, según lo establece su artículo 665 del Código del Trabajo. No procede, por tanto, la interpretación de parte que extrapola requerimientos adicionales de legitimación procesal, según provenientes del derecho privado, aduciendo para ello la existencia de una laguna en la legislación vigente, que admitiría la supletoriedad que concede - en su caso - el artículo 858 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO (9): Que, considera la Sala, en tal sentido, que los fundamentos de derecho esgrimidos por la Alzada, guardan razonable proporcionalidad al problema jurídico planteado, hasta la aparición de la postulada tercería de la entidad financiera que se presenta como agraviada; la cual se manifiesta ya ante una resolución firme y consentida, expresándose inclusive por el ahora amparista, que tal controversia es conocida en otro expediente en la vía jurisdiccional civil; lo cual no obstaculizaría, desde luego, su capacidad de postulación y legitimación para acceder a la tutela judicial efectiva, como parte esencial del debido proceso; ni perjudicaría en instancia el derecho preferencial planteado, en su oportunidad procesal, por los actores del caso sub iudice; no encontrándose, en ninguna parte de la resolución denunciada, interpretación restrictiva o aplicación indebida de los preceptos constitucionales citados iura novit curia, resultando más bien una interpretación armónica de la legislación vigente, en compatibilidad a la jurisprudencia nacional establecida en sede constitucional, en desarrollo del principio pro persona[7] (también denominado pro operario en el derecho social y del trabajo).- CONSIDERANDO (10): Que, desde la fundación constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, este adopta posiciones dogmáticas que lo enmarcan en los valores y principios de cómo la sociedad se ve y se pretende perpetuar.[8] Por otra parte, que resulta pacífico en la jurisprudencia constitucional, que tales valores y principios deberán interpretarse y aplicarse de manera que den cabida a la máxima realización de los principios en la sociedad y a la máxima irradiación de los valores; sin perjuicio del referente obligado en un Estado de Derecho, como es la sujeción al principio de legalidad, el cual vincula, por igual, tanto a gobernantes como gobernados.- CONSIDERANDO (11): Que tales basas constitucionales han sido respetadas en la sentencia que se examina, pues se funda, inter alia, en el ámbito competencial que señala el artículo 665 del Código de Trabajo, el cual facultaría al Juez del Trabajo a la actuación delimitadora del derecho de acción que el Abogado recurrente estima como gravosa al debido proceso de su representada, lo cual no se compadece de otras vías procesales en que se dirime la presente controversia, según se desprende del propio escrito de formalización de amparo. En tal sentido, resulta claro para la Sala de lo Constitucional, que tal interpretación judicial fue efectuada por un tribunal competente, en apego los atributos que la Sala de lo Constitucional ha reconocido como propios del debido proceso, no pudiendo demostrarse en el presente recurso de amparo de qué forma éste resulta vulnerado por el fallo en mención, pues si bien declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, no le impide a la parte que se considera tercera legitimada, que se deduzcan otras acciones legales en vindicación de sus derechos.- CONSIDERANDO (12): Que, se resume el parecer de la Sala de lo Constitucional, en que el fallo jurisdiccional bajo estudio no colisiona con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, pues se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente; si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario, en el incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovido en representación procesal de la persona jurídica que se presenta como agraviada, en la presente garantía constitucional de amparo. Asimismo, establece el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la denegación del amparo deja a salvo las acciones civiles y penales que en derecho procedan contra el autor del agravio y no prejuzga sobre ninguna materia.- CONSIDERANDO (13): Que bajo los argumentos ilustrados por la Sala, y según continuada jurisprudencia, resulta apropiado desenvolvimiento de los derechos y garantías constitucionales, el subordinar la aplicación irrestricta del concepto civilista de autonomía de la voluntad hacia una conceptualización normativa de las garantías sociales que norma el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; siendo que ésta última amerita la protección optima acorde a la Constitución y las leyes, a través de su congruente desarrollo jurisprudencial y dentro del concepto teleológico constitucional de armonía entre el capital y el trabajo;[9] con lo cual se verifica la complementariedad de la sentencia conocida en amparo, según pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS y objeto de la presente acción de amparo, con el ámbito constitucionalmente reconocido al debido proceso, por lo cual se estima no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; considerándose de forma concluyente que la sentencia recurrida no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el debido proceso y demás derechos de configuración legal aludidas en formalización de la acción de amparo por el recurrente; en virtud de haberse dictado con las formalidades y derechos que exige la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 67, 119 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFíQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0238-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), con relación a un incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovido por la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de Representante Judicial de los Señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESUS LEMUS SARMIENTO, MARIA ERNESTINA FUENTES ORDOÑES, ADA LETICIA CANALES CASTRO, DONALDO BENJAMIN MENDOZA LOPEZ y OTROS, contra la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT), representada por su Gerente General señor ROBERTO JOSE PREGO MONCADA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada la garantía constitucional del Debido Proceso, que señala el artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de Representante Judicial de los Señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESUS LEMUS SARMIENTO, MARIA ERNESTINA FUENTES ORDOÑES, ADA LETICIA CANALES CASTRO, DONALDO BENJAMIN MENDOZA LOPEZ y OTROS, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones laborales, por despido indirecto, preaviso, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo tercer mes proporcional, decimo cuarto mes, decimo cuarto mes proporcional, pago de sueldo o salarios adeudados, ultra y extra petita, contra COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT). (Folios del 1 al 7 de la Pieza principal de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Martin Othon Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Legal de los trabajadores, presentando copia autenticada de Escritura Pública según Instrumento No. 986, mediante el cual, el Apoderado Legal de los trabajadores y el Abogado Leonel de Jesús Ávila, Apoderado Legal de COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT), realizaron transacción extrajudicial, Acuerdo Extra Judicial, por las promovidas Demandas Ordinarias Laborales de primera instancia. (Folios 81fv de la pieza principal de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en relación a la comparecencia indicada en el acápite que antecede, que versa sobre el Acuerdo Extra Judicial, el referido juzgado A-quo resolvió: (Sic) “Tener por bien hecho la manifestación que antecede en cuanto a lo solicitado, se tiene por bien hecho el arreglo extrajudicial celebrado entre las partes actora y demandada y siendo que dicho arreglo de manera atípica pone fin al proceso, por ende no procede la solicitud por el compareciente el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de apoderado legal de los trabajadores demandantes, a que se dicte sentencia definitiva favorable en virtud, que en dicho documento ha acreditado llegaron a un arreglo extrajudicial, entiende este tribunal que pusieron fin al proceso de acuerdo al Poder de Disposición que poseen las partes por ser el proceso laboral un proceso dispositivo, permitido por nuestra norma análoga aplicable en el 858 del Código del Trabajo y 481 del Codigo Procesal Civil, disponer incluso durante la sustanciación de la primera instancia, durante la sustanciación de recursos o en ejecución forzosa….” (Folio 81v de la pieza principal de los antecedentes de primera instancia)- 4) Que en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de Apoderado Legal de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, personándose en la citada demanda y solicitando a la vez Nulidad Absoluta de Actuaciones, a lo que el Juzgado Resolvió: (Sic) “Admítase la comparecencia que antecede junto con los documentos que acompaña los cuales se mandan agregar a los autos, habiendo acreditado el interés legitimo, téngase por personado al Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en cuanto al incidente de nulidad planteado se declara SIN LUGAR en virtud de considerar este tribunal que no ha incurrido en ningún error de procedimiento que vicien el proceso; en cuanto al arreglo extrajudicial que han llegado las partes como bien lo dice ese arreglo se hizo fuera de los tribunales y este tribunal respetando el poder de disposición de las partes que establece el articulo 481.1 del Código Procesal Civil norma aplicable a falta de disposición del Código del Trabajo el cual reza: Que las partes pueden disponer de las pretensiones interpuestas en el proceso en cualquier estado y momento del mismo, ya sea en primera instancia o durante la sustanciación del recurso o incluso en la ejecución forzosa…, tal como ha ocurrido en el presente juicio, al manifestar la parte actora que había llegado a un arreglo extrajudicial tal como lo acredito con la escritura publica que presento, siendo esta una de las formas de poner fin al juicio de manera atípica, este tribunal resolvió de conformidad a lo pedido por la parte actora tener por bien hecho el arreglo en consonancia al poder de disposición de las partes y mando a archivar las presentes diligencias en el lugar que ocupan los juicios fenecidos, resolución que se encuentra firme….”(Folios del 117 al 120fv de la Pieza principal de los antecedentes de primera instancia).- 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de Apoderado Legal del BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO en su condición de apoderado de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. (DAVIVIENDA) contra la resolución dictada en fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete (07/11/17), por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se CONFIRMA la misma.- SEGUNDO:SIN COSTAS en ésta instancia dado el carácter social de las normas laborales….” (Folios del 12 al 15fv de la Pieza de antecedentes de Alzada).- 6) Que el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., contra la Sentencia Interlocutoria de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de la garantía del Debido Proceso, que señala el artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciocho(18) de junio del año dos mil dieciocho (2018). (Folios del 1al 11 y 52 de los autos)- 7) Que en fecha trece (13) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión que: (SIC) “Se Deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista”. (Folios del 55 al 63 de los autos).- CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[10]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[11].”- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones por despido directo, promovida por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de Representante Judicial de los Señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESUS LEMUS SARMIENTO, MARIA ERNESTINA FUENTES ORDOÑES, ADA LETICIA CANALES CASTRO, DONALDO BENJAMIN MENDOZA LOPEZ y OTROS, contra la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT), representada por su Gerente General señor ROBERTO JOSE PREGO MONCADA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., y confirma la resolución dictada en fecha siete (7) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma violenta el debido proceso, contenido en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República; el impetrante hace una relación de los hechos en cuanto al inicio de la demanda y las actuaciones que se suscitaron, previo a su personamiento en el juicio y la interposición de la nulidad absoluta de actuaciones, promovida por su persona en representación de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., ante la aceptación de una Transacción que fue suscrita entre los trabajadores demandantes y la sociedad demandada COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CARNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (COIMPORT), exponiendo como argumento central el recurrente, que el acuerdo de transacción es un acuerdo simulado, en perjuicio de los derechos de su representada.- CONSIDERANDO(4): Que en sustento de su tesis, el impetrante sostiene que el Ad-quem arguye que la única limitante que tiene el Juez de Letras cuando las partes disponen de un proceso por la vía de la transacción extrajudicial es asegurarse que el citado acuerdo no restrinja o disminuya los derechos irrenunciables de los actores; no obstante a criterio del impetrante, la normativa si contiene disposiciones relacionadas a las limitaciones que tiene el poder de disposición de las partes y estas son las formalidades, derechos y garantías que la ley establece para el desarrollo del caso de autos consignadas en los Artículos 235[12], 485[13] y 486 numeral 3)[14] del Código Procesal Civil, de las cuales ha prescindido la Corte Sentenciadora a pesar de constituir imperativos procesales que no son mas que garantías de un debido proceso, relacionándolo el recurrente con el precepto 212.4 y 486.3 del Código Procesal Civil[15], aduciendo que es obligación de revisar el acuerdo de transacción, comprobando que lo convenido no implique fraude de ley.- CONSIDERANDO(5): Que asimismo el pedidor de Amparo indica que en el caso de autos es evidente que cuando ambas partes tienen la osadía y atrevimiento de disponer sobre causas y derechos cuya titularidad no poseen, nos encontramos ante un acto realizado en perjuicio de un tercero y que lo menos que se puede esperar es que aquel al que se pretende defraudar o en perjuicio de quien se actúa, sea llamado a efecto de ser escuchado; hace énfasis el impetrante en el argumento esgrimido por la autoridad recurrida en relación a que el juez solo tiene la limitante de verificar que no se restrinjan o disminuyan los derechos de los trabajadores, aduciendo que no existe como norma adjetiva y ello encuentra razón en que no solo estamos llamados a proteger los derechos de los trabajadores, sino también de cualquiera en perjuicio de quien se actúa.- CONSIDERANDO(6): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., pues se ha prescindido en la resolución emitida por el A-quo, de normas esenciales del procedimiento, que causa indefensión a BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., al aceptar un Acuerdo Transaccional sin haber escuchado a su representada, como tercero agraviado, con la aceptación de tal acuerdo y sin la correspondiente homologación por parte del A-quo.- CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta la resolución que se impugna, específicamente en lo siguiente: (Sic) “…al respecto éste iudex ad-quem estima que la colusión u acto simulado denunciado por el apelante como causa de nulidad, no se encuentra comprendido dentro de la competencia objetiva que el Código del Trabajo autoriza a los tribunales en materia laboral según lo establece en su artículo 665 al disponer que estos están instituidos para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato del trabajo, así como a ejecutar lo juzgado, según el artículo 304 de la Constitución de la República; de ahí que no es posible decretar la nulidad pretendida, pues el órgano jurisdiccional atendió la petición de parte legitimada en juicio que por el poder de disposición contenido en la normativa procesal citada y la siguiente, pueden disponer de las pretensiones interpuestas en el proceso con la única limitante de asegurarse que el citado acuerdo no restrinja o disminuya los derechos irrenunciables de los actores; de manera que el efecto lo tiene únicamente con relación a los trabajadores y al proceso laboral iniciado y con ello la finalización anticipada del mismo por haberse satisfecho las pretensiones fuera de él tal y como ocurrió en el sub judice; por lo que cualquier responsabilidad proveniente del acuerdo suscrito, debe denunciarse y/o acudirse o alegarse ante la autoridad competente y no en los Juzgados de instancia de ésta materia (se similares términos se ha pronunciado ésta Alzada en los expedientes 8203 y 8638)….”.- CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia de apelaciones objeto de la presente garantía constitucional, resulta acordada en sus fundamentos motivacionales, no sólo al debido proceso en su más amplia comprensión; sino que se reconoce su ajustada compatibilidad a los derechos y garantías sociales estatuidos, inter alia, en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, los cuales se tienen como explícitos en la jurisdicción del trabajo, según lo establece su artículo 665 del Código del Trabajo. No procede, por tanto, la interpretación de parte que extrapola requerimientos adicionales de legitimación procesal, según provenientes del derecho privado, aduciendo para ello la existencia de una laguna en la legislación vigente, que admitiría la supletoriedad que concede - en su caso - el artículo 858 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO (9): Que, considera la Sala, en tal sentido, que los fundamentos de derecho esgrimidos por la Alzada, guardan razonable proporcionalidad al problema jurídico planteado, hasta la aparición de la postulada tercería de la entidad financiera que se presenta como agraviada; la cual se manifiesta ya ante una resolución firme y consentida, expresándose inclusive por el ahora amparista, que tal controversia es conocida en otro expediente en la vía jurisdiccional civil; lo cual no obstaculizaría, desde luego, su capacidad de postulación y legitimación para acceder a la tutela judicial efectiva, como parte esencial del debido proceso; ni perjudicaría en instancia el derecho preferencial planteado, en su oportunidad procesal, por los actores del caso sub iudice; no encontrándose, en ninguna parte de la resolución denunciada, interpretación restrictiva o aplicación indebida de los preceptos constitucionales citados iura novit curia, resultando más bien una interpretación armónica de la legislación vigente, en compatibilidad a la jurisprudencia nacional establecida en sede constitucional, en desarrollo del principio pro persona[16] (también denominado pro operario en el derecho social y del trabajo).- CONSIDERANDO (10): Que, desde la fundación constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, este adopta posiciones dogmáticas que lo enmarcan en los valores y principios de cómo la sociedad se ve y se pretende perpetuar.[17] Por otra parte, que resulta pacífico en la jurisprudencia constitucional, que tales valores y principios deberán interpretarse y aplicarse de manera que den cabida a la máxima realización de los principios en la sociedad y a la máxima irradiación de los valores; sin perjuicio del referente obligado en un Estado de Derecho, como es la sujeción al principio de legalidad, el cual vincula, por igual, tanto a gobernantes como gobernados.- CONSIDERANDO (11): Que tales basas constitucionales han sido respetadas en la sentencia que se examina, pues se funda, inter alia, en el ámbito competencial que señala el artículo 665 del Código de Trabajo, el cual facultaría al Juez del Trabajo a la actuación delimitadora del derecho de acción que el Abogado recurrente estima como gravosa al debido proceso de su representada, lo cual no se compadece de otras vías procesales en que se dirime la presente controversia, según se desprende del propio escrito de formalización de amparo. En tal sentido, resulta claro para la Sala de lo Constitucional, que tal interpretación judicial fue efectuada por un tribunal competente, en apego los atributos que la Sala de lo Constitucional ha reconocido como propios del debido proceso, no pudiendo demostrarse en el presente recurso de amparo de qué forma éste resulta vulnerado por el fallo en mención, pues si bien declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, no le impide a la parte que se considera tercera legitimada, que se deduzcan otras acciones legales en vindicación de sus derechos.- CONSIDERANDO (12): Que, se resume el parecer de la Sala de lo Constitucional, en que el fallo jurisdiccional bajo estudio no colisiona con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, pues se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente; si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario, en el incidente de nulidad absoluta de actuaciones promovido en representación procesal de la persona jurídica que se presenta como agraviada, en la presente garantía constitucional de amparo. Asimismo, establece el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la denegación del amparo deja a salvo las acciones civiles y penales que en derecho procedan contra el autor del agravio y no prejuzga sobre ninguna materia.- CONSIDERANDO (13): Que bajo los argumentos ilustrados por la Sala, y según continuada jurisprudencia, resulta apropiado desenvolvimiento de los derechos y garantías constitucionales, el subordinar la aplicación irrestricta del concepto civilista de autonomía de la voluntad hacia una conceptualización normativa de las garantías sociales que norma el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo; siendo que ésta última amerita la protección optima acorde a la Constitución y las leyes, a través de su congruente desarrollo jurisprudencial y dentro del concepto teleológico constitucional de armonía entre el capital y el trabajo;[18] con lo cual se verifica la complementariedad de la sentencia conocida en amparo, según pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS y objeto de la presente acción de amparo, con el ámbito constitucionalmente reconocido al debido proceso, por lo cual se estima no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; considerándose de forma concluyente que la sentencia recurrida no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el debido proceso y demás derechos de configuración legal aludidas en formalización de la acción de amparo por el recurrente; en virtud de haberse dictado con las formalidades y derechos que exige la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 67, 119 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFíQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0238-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] EXENCIÓN DE LA PRUEBA. 1. Están exentos de prueba los hechos no controvertidos, sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, o que, a juicio del juez pudiera haber dolo o fraude procesal. 2. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.
[4] “ALLANAMIENTO. 1. El demandado podrá allanarse a todas las pretensiones del actor, aceptándolas, en cuyo caso el juez dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste. Cuando el juez entienda que el allanamiento es contrario a la ley, al orden publico o al interés general, o que se realiza en perjuicio de tercero, o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso…”
[5] “TRANSACCIÓN JUDICIAL. 1… 2… 3. A tal efecto, el juez examinará el contenido del acuerdo adoptado por las partes, comprobando que lo convenido no implica fraude de ley o de abuso de derecho, o se realiza en perjuicio de tercero, en cuyo caso no homologará el acuerdo…”
[6] En adelante CPC.
[7] Vid. Castañeda, Mireya. El Principio Pro Persona: Experiencias y perspectivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, 2014. Asequible en internet, en: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_Principio_Pro_Persona_experiencias_y_perspectivas_libro_descargable.shtml
[8] Vid. Méndez Garita, W. Alberto. Elementos de teoría del Derecho, teoría del Estado y Derecho Constitucional: apuntes para la discusión académica. Editorial Juricentro, San José, C.R., 2013, p. 28.
[9] Vid. Rodríguez, Olvín E. Estudios de Derecho Laboral. Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 2000, p. 126.
[10] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[11] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[12] EXENCIÓN DE LA PRUEBA. 1. Están exentos de prueba los hechos no controvertidos, sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, o que, a juicio del juez pudiera haber dolo o fraude procesal. 2. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.
[13] “ALLANAMIENTO. 1. El demandado podrá allanarse a todas las pretensiones del actor, aceptándolas, en cuyo caso el juez dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste. Cuando el juez entienda que el allanamiento es contrario a la ley, al orden publico o al interés general, o que se realiza en perjuicio de tercero, o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y mandando que el proceso continúe su curso…”
[14] “TRANSACCIÓN JUDICIAL. 1… 2… 3. A tal efecto, el juez examinará el contenido del acuerdo adoptado por las partes, comprobando que lo convenido no implica fraude de ley o de abuso de derecho, o se realiza en perjuicio de tercero, en cuyo caso no homologará el acuerdo…”
[15] En adelante CPC.
[16] Vid. Castañeda, Mireya. El Principio Pro Persona: Experiencias y perspectivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, 2014. Asequible en internet, en: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_Principio_Pro_Persona_experiencias_y_perspectivas_libro_descargable.shtml
[17] Vid. Méndez Garita, W. Alberto. Elementos de teoría del Derecho, teoría del Estado y Derecho Constitucional: apuntes para la discusión académica. Editorial Juricentro, San José, C.R., 2013, p. 28.
[18] Vid. Rodríguez, Olvín E. Estudios de Derecho Laboral. Editorial Universitaria, Tegucigalpa, 2000, p. 126.