Sentencia AL-126-20 — Registro 11212
Resumen
Sentencia otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra autos dictados por juzgado de primera instancia en demanda ordinaria laboral y demanda ejecutiva laboral promovida contra recurrente; en apelación se ordenó otorgar el grado de jurisdicción de consulta al ser adversa al Estado de Honduras, al no haber sido recurrida debiendo la autoridad recurrida retrotraer las actuaciones procesales al estado anterior a la violación en ambos procesos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estudiadas las actuaciones venidas en consulta concluye, que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020) en la que falla otorgando el Recurso de Amparo contra los autos de fecha trece (13) de septiembre del dos mil diecinueve (2019),dictados por el Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de Ley, en la demanda ordinaria laboral bajo registro número 041-2019 y demanda ejecutiva laboral con registro número 069-2019 y ordena otorgar el grado de jurisdicción de consulta ante el respectivo Tribunal del Trabajo de la sentencia definitiva de fecha trece (13) de agosto del dos mil diecinueve (2019), ordenando la retracción de las actuaciones procesales al estado anterior a la violación en ambos procesos, tanto de la demanda ordinaria laboral como la ejecutiva, mandando que se remita al Ministerio Publico copia certificada de la sentencia, a fin de que inicie de oficio investigaciones a fin de determinar la responsabilidad penal por las acciones u omisiones realizadas por la funcionaria judicial en la presente causa de demanda ordina y ejecutiva laboral; se aprecia que las acciones de la Alzada se enmarcan en un total respeto al ordenamiento jurídico establecido, la motivación fáctica y jurídica del fallo se encuentra ajustado a derecho, por cuanto los actos recurridos en amparo vulneraron derechos fundamentales al recurrente, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), al omitirse por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia, disposiciones normativas, sobre la procedencia de “consulta”, un grado de jurisdicción establecido en el artículo 747 del Código de Trabajo: “las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal de Trabajo, si no fueren apeladas. También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas al Estado (Empresa Hondureña de Telecomunicaciones) Departamento o al Municipio, (lo subrayado es nuestro) de tal forma, que al omitirse este grado de jurisdicción y que es de obligatorio cumplimiento en el procedimiento laboral, vulnera los derechos del recurrente, como es al debido proceso, y el derecho de defensa, que garantiza la Constitución como inviolable, y que fueron invocados por el recurrente en la interposición del recurso, por las razones expuestas, esta Sala de lo Constitucional es de la opinión que se confirme el fallo que otorga la Acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 747 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 787 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 763 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre de dos mil veinte. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (4) de febrero del año dos mil veinte (2020), que otorgó la acción de amparo interpuesta por la abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su condición de Apoderada Legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra el Auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda Ordinaria y Ejecutiva Laboral promovida por los abogados ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA Y NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, quienes actúan en representación de los señores ERIKA DOLORES ZÚÑIGA ZELAYA, KELVIN JOEL BERRIOS DOBLADO, MARIO ISRAEL PADILLA Y OTROS, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).- Manifestando la recurrente que el acto recurrido se han violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, compareció ante la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra el Auto de fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por considerar que el mismo es violatorio de los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–16 del antecedente) 2) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (SIC) “I.- OTORGANDO el Recurso de AMPARO interpuesto por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ contra los autos de fecha trece (13) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), dictados por el Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de Ley, en la demanda ordinaria laboral bajo registro número 041-2019 y demanda ejecutiva laboral con registro número 069-2019.-II.- ORDENA: 1.- OTORGAR el grado de jurisdicción de CONSULTA ante el respectivo Tribunal del Trabajo de la sentencia definitiva de fecha trece (13) de agosto del dos mil diecinueve (2019) por cuanto la misma es adversa al Estado de Honduras, al no haber sido recurrida, en el expediente de demanda ordinaria 041-2019; debiendo la autoridad recurrida retrotraer las actuaciones procesales al estado anterior a la violación, en ambos procesos de demanda ordinaria laboral con registro número 041-2019, y demanda ejecutiva laboral con registro número 069-2019, …”. (Folios 89–103 del antecedente) 3) Que en fecha trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente Recurso.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020), mediante la cual falló por unanimidad de votos: “FALLA: “I.- OTORGANDO el Recurso de AMPARO interpuesto por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ contra los autos de fecha trece (13) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), dictados por el Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de Ley, en la demanda ordinaria laboral bajo registro número 041-2019 y demanda ejecutiva laboral con registro número 069-2019.- II.- ORDENA: 1.- OTORGAR el grado de jurisdicción de CONSULTA ante el respectivo Tribunal del Trabajo de la sentencia definitiva de fecha trece (13) de agosto del dos mil diecinueve (2019) por cuanto la misma es adversa al Estado de Honduras, al no haber sido recurrida, en el expediente de demanda ordinaria 041-2019; debiendo la autoridad recurrida retrotraer las actuaciones procesales al estado anterior a la violación, en ambos procesos de demanda ordinaria laboral con registro número 041-2019, y demanda ejecutiva laboral con registro número 069-2019, Y MANDA: 1.- Que se remita al Ministerio Publico copia certificado de esta sentencia, a fin de que inicie de oficio las investigaciones pertinentes a fin de determinar la responsabilidad penal por las acciones u omisiones realizadas por Funcionaria Judicial en la presente causa de demanda ordinaria y ejecutiva laboral. 2.- Que la presente sentencia de amparo, se remita en trámite de consulta obligatoria, para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento del artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.” CONSIDERANDO (3): Que la recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “GARANTIAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES CON RANGO CONSTITUCIONAL VIOLADOS POR EL AUTO RECURRIDO. -PRIMER MOTIVO: Constitución de la Republica Artículo 90. Párrafo primero: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. En relación al artículo 3 del Código Procesal Civil. Motiva que el Juez A Quo transgredió el derecho al debido proceso de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), mediante auto de fecha 26 de agosto del año 2019, al declarar la firmeza de la sentencia de fecha 13 de agosto del año 2019, y extender certificación de la sentencia referida la que los demandantes usaron como título ejecutivo, interponiendo demanda ejecutiva laboral, la sentencia que no estaba firme, en virtud de que la Corte de Apelaciones del Trabajo no conoció la misma en el grado de jurisdicción de consulta, tal y como lo ordena de manera expresa el artículo 747 del Código del Trabajo, al ser la sentencia por ejecutar adversa al Estado de Honduras. Asimismo y de manera paralela a la oposición a la ejecución del título judicial, la parte recurrente interpuso una nulidad absoluta de actuaciones en el expediente contentivo de la demanda ordinaria laboral registrada bajo el expediente 041-2019, a partir de los autos de fecha 26 de julio del 2019, 13 y 26 de agosto del 2019, siendo el ultimo la resolución judicial que declaro la firmeza de la sentencia de fecha 13 de agosto del 2019, omitiendo de manera antojadiza remitir las diligencias a la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán para que conociera de la misma en el grado de jurisdicción de consulta, conforme lo ordena el artículo 747 del Código del Trabajo; extremo este que fue trasgredido por el Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Olancho, disposición legal que constituye derecho positivo vigente, por ende es de obligatorio cumplimiento y su aplicabilidad no está sujeta a la discrecionalidad del juzgador, por lo que se configura una evidente violación al debido proceso. SEGUNDO MOTIVO: De la Constitución de la República: Artículo 82. “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. El ejercicio de este derecho está íntimamente vinculado al derecho de igualdad de partes, al principio de aportación de parte y al de congruencia. Considera la recurrente que el titulo judicial que sirvió de base a la demanda ejecutiva laboral, no reúne los requisitos legales para su legitimidad, en vista que el mismo no ha adquirido el carácter de firme, ya que no se ha agotado el grado de jurisdicción de consulta; por lo tanto faculta a su representada para que recurra dicha resolución y la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la conozca, al amparo de lo que establece el artículo 787 del Código del Trabajo, mismo que instaura que las providencias que se emitan en el proceso ejecutivo laboral se NOTIFICARA por la tabla de avisos y serán APELABLES en el efecto devolutivo. A pesar de ello, el juzgador emitió el auto de fecha 13 de septiembre del 2019, con la formula CUMPLASE, dando por cerrado el proceso ejecutivo y omitiendo de manera abusiva el derecho a ser notificado de dicha resolución para los efectos recursivos subsiguientes. Expresa la recurrente que el Juzgado de Letras Seccional de Olancho, ha coartado la posibilidad de que su representada tenga libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones de la manera que lo prescribe la ley, es decir interponer los recursos que la ley faculta para que el Tribunal de alzada competente conozca de los mismos; al consignar la formula CUMPLASE, impide que las partes, y especialmente esa representación, pudiera tener conocimiento de lo que ese juzgado determino resolver en cuanto a lo peticionado. TERCER MOTIVO: Violación al derecho al debido proceso, consignado en el artículo 90 de la Constitución de la Republica que establece: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. El Juez A Quo mediante requerimiento de pago, otorga 3 días de plazo para interponer la oposición al título que se pretendía ejecutar y se hizo la observación que dicha oposición debía encasillarse dentro de las causales que establece el artículo 763 del Código Procesal Civil, por un lado, aplico de manera supletoriamente un procedimiento para oposición de títulos judiciales, no celebro la audiencia de oposición con la presencia de las partes, que señala el artículo 764 de ese cuerpo legal, ni termino con un auto motivado, resolviendo la oposición opuesta con un CUMPLASE y no permitiendo a la parte recurrente interponer recursos legales al auto que resuelve la oposición. CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, recibidas las piezas que contienen la Acción de Amparo, dicta sentencia en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020) y estipula: 1. Que la acción de amparo, es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 de la Constitución de la República en concordancia al artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir no tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. 2. Que el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia tendrá siempre en cuenta que su finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la violación. Cuando la acción de amparo se haya ejercitado por la denegación de un acto o por una omisión, la sentencia ordenará su realización, o que se ejecute el acto omitido. 3. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de la responsabilidad administrativa y penal contra el infractor. CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estudiadas las actuaciones venidas en consulta concluye, que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020) en la que falla otorgando el Recurso de Amparo contra los autos de fecha trece (13) de septiembre del dos mil diecinueve (2019),dictados por el Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de Ley, en la demanda ordinaria laboral bajo registro número 041-2019 y demanda ejecutiva laboral con registro número 069-2019 y ordena otorgar el grado de jurisdicción de consulta ante el respectivo Tribunal del Trabajo de la sentencia definitiva de fecha trece (13) de agosto del dos mil diecinueve (2019), ordenando la retracción de las actuaciones procesales al estado anterior a la violación en ambos procesos, tanto de la demanda ordinaria laboral como la ejecutiva, mandando que se remita al Ministerio Publico copia certificada de la sentencia, a fin de que inicie de oficio investigaciones a fin de determinar la responsabilidad penal por las acciones u omisiones realizadas por la funcionaria judicial en la presente causa de demanda ordina y ejecutiva laboral; se aprecia que las acciones de la Alzada se enmarcan en un total respeto al ordenamiento jurídico establecido, la motivación fáctica y jurídica del fallo se encuentra ajustado a derecho, por cuanto los actos recurridos en amparo vulneraron derechos fundamentales al recurrente, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), al omitirse por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia, disposiciones normativas, sobre la procedencia de “consulta”, un grado de jurisdicción establecido en el artículo 747 del Código de Trabajo: “las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal de Trabajo, si no fueren apeladas. También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas al Estado (Empresa Hondureña de Telecomunicaciones) Departamento o al Municipio, (lo subrayado es nuestro) de tal forma, que al omitirse este grado de jurisdicción y que es de obligatorio cumplimiento en el procedimiento laboral, vulnera los derechos del recurrente, como es al debido proceso, y el derecho de defensa, que garantiza la Constitución como inviolable, y que fueron invocados por el recurrente en la interposición del recurso, por las razones expuestas, esta Sala de lo Constitucional es de la opinión que se confirme el fallo que otorga la Acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 65, 80, 90, 303, 304, 321 de la Constitución de la República; 1, 3, 4, 7, 22, 272 del Código Procesal Civil; 747 y 858 del Código del Trabajo; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.2, 4, 5, 10.2, 41, 42, 44, 45, 47, 51, 63, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia de fecha cuatro (4) de febrero del dos mil veinte(2020), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán venida en consulta, que otorga el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Ángela Gabriela Medina Henríquez a favor de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Y MANDA: 1.- Que se proceda a la certificación del fallo de conformidad a lo establecido en la sentencia que otorga el amparo y, 2.- Que se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consecuentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Laboral Venido en Consulta bajo el número SCO-126-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL