Sentencia AC-99-19 — Registro 11756
Resumen
Resolución que resuelve Inadmitir a trámite escrito de subsanación de Oposición interpuesta por recurrente en relación a la Demanda por la Vía de Ejecución Hipotecaria, promovida contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones , que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. -CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus escasos argumentos, de los preceptos constitucionales 321 y 323 en la resolución de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho dictada por el Ad-quem.-CONSIDERANDO (9): Que en la fundamentación jurídica de la resolución que se recurre en Amparo, la Alzada en el acápite cuarto deja plasmado: (Sic) “El artículo 899 del Código Procesal Civil dispone los motivos de oposición que puede alegar de forma exclusiva el ejecutado en este tipo de ejecuciones forzosas, mismas que se dirigen a probar la extinción de la garantía o de la obligación garantizada y por otro extremo lo referente a la pluspetición en cuanto a determinar un error en la determinación de ña cantidad exigible, estas de manera concreta sobre la base del bien hipotecado en el caso de meritos, de la revisión de las diligencias iniciados por el ejecutado ante la acción desplegada en su contra, y tal como lo ha mencionado el juez aquo en su resolución, no es posible identificar algún motivo de oposición de los anteriormente reseñados, y tomando en cuenta de que se trata de los que la doctrina denomina, números clausus, la acción desarrollada por la parte ejecutada en defensa de sus intereses resulta inadecuada e imprecisa tal y como lo desarrolla la norma precitada….” -CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad que aduce el recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento a lo establecido en el Artículo 899 del Código Procesal Civil, que desarrolla en números cerrados tres causales que pueden ser invocados por la Parte Ejecutada como motivos de Oposición a la Ejecución Hipotecaria; institución jurídica que se desarrolla en el Libro sexto, Título Séptimo de la ley adjetiva, debiendo seguirse las especialidades que en ese capítulo se regulan . Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues la resolución fue emitida aplicando la ley vigente al caso en concreto, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 899 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, a favor de la señora KAYRA LIZETH CARDENAS CHINCHILLA, contra la Resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la Subsanación de la Oposición, en la Demanda por la Vía de Ejecución Hipotecaria promovida por el Abogado Ricardo Arún Galo Flores, en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA GUADALUPE LIMITADA”, contra la señora KAYRA LIZETH CARDENAS CHINCHILLA.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha siete (7) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado RICARDO ARÚN GALO FLORES, en su condición de Representante Procesal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Guadalupe Limitada”, interponiendo Demanda por la vía de ejecución hipotecaria, en contra de la señora Kayra Lizeth Cárdenas Chinchilla. (Folios del 01 al 03fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la señora Kayra Lizeth Cárdenas Chinchilla, formulando Oposición para la Demanda Vía Ejecución Hipotecaria. (Folios del 16 al 19 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que mediante resolución de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado referido resolvió: (Sic) “PRIMERO: Previo a resolver sobre la admisión de la presente oposición, que se proceda a subsanar en un plazo no mayor a tres (3) días lo siguiente: 1) Que se indique concretamente cuál es la causal de posición, fundamentando tanto fáctica como jurídicamente su motivo, ya que no se desprende claramente del escrito presentado 2) Que se ofrezcan los medios de prueba para acreditar la causal de oposición en la forma prescrita en el Código Procesal Civil; 3) Que se presente copia del escrito de subsanación para la parte ejecutante, con la advertencia que de no subsanar en el plazo establecido no se dará trámite a la presente Oposición…” (Folio 22fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).-4) Que en fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado Carlos Humberto Fuentes Portillo, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Demandada, compareció ante el Juzgado ya indicado, presentando escrito intitulado: (Sic) “SE SUBSANA OPOSICIÓN PARA LA DEMANDA VIA EJECUCION HIPOTECARIA”. (Folios 25 y 26 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-5)Que en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: (Sic) “PRIMERO: Admítase el escrito que antecede, el cual se manda agregar a sus antecedentes.- SEGUNDO: INADMITASE a trámite el escrito de subsanación de Oposición a la Ejecución Hipotecaria presentada en fecha ocho (08) de junio del dos mil dieciocho (2018) por la parte ejecutada, en virtud de que no dio cumplimiento a lo ordenado el auto de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho, en virtud que no está oponiendo ninguna de las causales contempladas específicamente para las ejecuciones Hipotecarias, por lo cual se ordena continuar con la ejecución.- TERCERO: Por medio de la Secretaria del Despacho se devuelvan los documentos que les interesen a los comparecientes…” (Folio 28fv de la pieza de antecedentes de primera instancia)-6) Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho merito; SEGUNDO: CONFIRMAR EL AUTO RECURRIDO, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018).- CON COSTAS…” (Folios del 10 al 12 de la pieza de antecedentes de Alzada). -7) Que el recurrente Abogado CARLOS HUMBERTO FUNTES PORTILLO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019), reclamando amparo a favor de la señora KAYRA LIZETH CARDENAS CHINCHILLA, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República.- Teniendo esta Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), declarando Sin Lugar la petición de suspensión del acto reclamado y ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de 48 horas a efecto de emitir el dictamen correspondiente (Folios del 1 al 4 y 43 de los autos) .-8) Que en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Agente Fiscal, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de Amparo promovida en virtud de no vislumbrarse vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente; en los argumentos expuestos la Fiscal del Despacho sostiene que de lo expuesto por el recurrente se aprecia que su reproche recae en la inadmisión de la oposición de la demanda de Ejecución Hipotecaria, la cual ha sido sustentada en que existe un acuerdo de pago, circunstancia que no constituye un motivo de oposición a la ejecución instaurada en contra de la demandada, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil en su artículo 899. (Folios del 46 al 55 de la pieza de autos).-CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Carlos Humberto Fuentes Portillo, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Demandada, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve Inadmitir a trámite el escrito de subsanación de Oposición interpuesta por el recurrente en relación a la Demanda por la Vía de Ejecución Hipotecaria, promovida por el Abogado Ricardo Arún Galo Flores, en su condición de Representante Procesal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA GUADALUPE LIMITADA”, contra la señora KAYRA LIZETH CARDENAS CHINCHILLA .-CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, argumentando únicamente que el acto que se recurre en Amparo violenta los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, por el exceso de poder y mala intención de la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, al poner expresiones que nunca ha manifestado en sus escritos, pretendiendo de tal manera justificar su pretensión de darle la razón a la parte apelada. -CONSIDERANDO (4): Que, en la relación de los hechos de la demanda promovida, el recurrente sostiene que la resolución emitida por dicha Corte, al igual que lo hace el A-quo ignora que en el hecho segundo de la subsanación de la Oposición se explicó que había un arreglo de pago y el cual eran de 30,000 lempiras mensuales, los que el ejecutante congelo, sin aplicarlos al préstamo. considera asimismo el impetrante que la Corte Segunda en la parte resolutiva condena en costas a su representada, violentando una vez más sus derechos.-CONSIDERANDO (5): Que las garantías constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 321 “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”; artículo 323 “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.”- CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” -CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[2], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. -CONSIDERANDO (8): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la violación al principio de legalidad, por la inobservancia, según sus escasos argumentos, de los preceptos constitucionales 321 y 323 en la resolución de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho dictada por el Ad-quem.-CONSIDERANDO (9): Que en la fundamentación jurídica de la resolución que se recurre en Amparo, la Alzada en el acápite cuarto deja plasmado: (Sic) “El artículo 899 del Código Procesal Civil dispone los motivos de oposición que puede alegar de forma exclusiva el ejecutado en este tipo de ejecuciones forzosas, mismas que se dirigen a probar la extinción de la garantía o de la obligación garantizada y por otro extremo lo referente a la pluspetición en cuanto a determinar un error en la determinación de ña cantidad exigible, estas de manera concreta sobre la base del bien hipotecado en el caso de meritos, de la revisión de las diligencias iniciados por el ejecutado ante la acción desplegada en su contra, y tal como lo ha mencionado el juez aquo en su resolución, no es posible identificar algún motivo de oposición de los anteriormente reseñados, y tomando en cuenta de que se trata de los que la doctrina denomina, números clausus, la acción desarrollada por la parte ejecutada en defensa de sus intereses resulta inadecuada e imprecisa tal y como lo desarrolla la norma precitada….” -CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el Principio de Legalidad que aduce el recurrente como quebrantado, entendiendo éste como el ejercicio del poder público acorde con la ley vigente y su jurisdicción; del estudio de la resolución impugnada, se observa que la misma fue dictada en fundamento a lo establecido en el Artículo 899 del Código Procesal Civil, que desarrolla en números cerrados tres causales que pueden ser invocados por la Parte Ejecutada como motivos de Oposición a la Ejecución Hipotecaria; institución jurídica que se desarrolla en el Libro sexto, Título Séptimo de la ley adjetiva, debiendo seguirse las especialidades que en ese capítulo se regulan[3]. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del principio de legalidad, transgresión que no se observa, pues la resolución fue emitida aplicando la ley vigente al caso en concreto, haciendo prevalecer con ello que el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, especialmente en aquellas cuya intervención del poder público se encuentra directamente ligado a los derechos del individuo. Reiterando esta Sala de lo Constitucional que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (11): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.-CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de las garantías constitucionales señaladas, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 200, 206, 207, 208, 887 y 899 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, a favor de la señora KAYRA LIZETH CARDENAS CHINCHILLA, contra la Resolución de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., siete de diciembre del año dos mil veinte.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la señora KAYRA LIZETH CARDENAS CHINCHILLA, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO a favor de la señora KAYRA LIZETH CARDENAS CHINCHILLA, contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), que resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación solicitado por la parte ejecutada, consecuencia de ello, confirma el auto recurrido que inadmite a trámite el escrito de subsanación de Oposición a la Ejecución Hipotecaria; en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandada, contra la resolución dictada en fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso argumentando que la señora Kayra Lizeth Cárdenas Chinchilla, realizó un contrato mercantil con la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Guadalupe Limitada, de compra venta de un inmueble y al existir un atraso en el pago de las cuotas se convino con dicha Cooperativa que el saldo adeudado se acreditaría mediante abonos que depositaria en la cuenta corriente que mantenía en dicha institución y así lo hizo consignando los valores adeudados, mismos que no fueron aplicados a la mora de la deuda motivo por el cual discrepa de la liquidación efectuada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Guadalupe Limitada, para entablar juicio y fundamentó su oposición de conformidad con el artículo 899.2 del Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.-CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[4]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[5].- CONSIDERANDO (5): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.-CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha diez de septiembre del año dos mil veinte, no se advierte reproche contra el mismo, el pedidor de recurso de reposición, en sus argumentos hace alusión a cuestiones de legalidad que fueron decididas por el A-quo y el Tribunal Ad-quem, sin hacer referencia a cuestiones de forma o de fondo en relación al fallo emitido por este Alto Tribunal, en la fecha ut supra indicada. En ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por el recurrente, las que se encuentran visibles en el considerando 10 de la sentencia en referencia.-CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha diez (10) de septiembre del presente año dos mil veinte (2020), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.- CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO FUENTES PORTILLO, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFÍQUESE.- Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2020), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de septiembre y Resolución de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0099-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.
[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.
[3] Ver Articulo 887 del Código Procesal Civil.
[4] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.
[5] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.