Sentencia AC-978-19 — Registro 12865
Resumen
Sobreseimiento de acción de amparocon relación a Demanda de Ejecución Hipotecaria Directa y Exclusiva para el pago de capital,intereses normales.-intereses moratorios seguros contra denegatoria de escrito de reposición interpuesto contra inadmisibilidad de manifestación contra resolución que rechaza escrito de personamiento, que delega poder, que interpone incidente de nulidad absoluta de actuaciones” por no acompañar poder autenticado o razonamiento del poder por parte de secretaría del Juzgado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(5): Que el Ad quem expone que la resolución que según el recurrente le ha violentado sus derechos, es la del 27 de mayo 2019, pero contra ésta no se interpuso recurso alguno en su contra, pese a estar notificado de la misma desde el dos de septiembre del dos mil diecinueve, por ende, la violación alegada se vuelve un acto consentido por el agraviado de acuerdo al artículo 46 No. 3de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Además, dice el Ad quem que se interpone la acción de amparo en una demanda de ejecución Hipotecaria, en donde a la fecha no se ha señalado audiencia de subasta, por lo que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio dado que no le ha prescrito ningún término o plazo, según el artículo 46:7 dela Ley Sobre Justicia constitucional y el artículo 900.1 del Código Procesal Civil, señalando que al revisar los antecedentes se constata que la acción de amparo tiene un ánimo dilatorio, dado que el recurrente puede personarse en el juicio y acceder a las acciones legales previstas en la ley. Por todo ello dicto sobreseimiento en la acción de amparo conocida.-CONSIDERANDO (6): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente el recurrente hace uso indebido de la acción de amparo, dado que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio pues, no le ha prescrito ningún término o plazo, existiendo por lo tanto los momentos procesales oportunos para hacer valer sus derechos, por lo que la acción de amparo interpuesta, resulta inadmisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numerales 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Apreciando esta Sala que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, garantizando la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 3 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."(5): Que el Ad quem expone que la resolución que según el recurrente le ha violentado sus derechos, es la del 27 de mayo 2019, pero contra ésta no se interpuso recurso alguno en su contra, pese a estar notificado de la misma desde el dos de septiembre del dos mil diecinueve, por ende, la violación alegada se vuelve un acto consentido por el agraviado de acuerdo al artículo 46 No. 3de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Además, dice el Ad quem que se interpone la acción de amparo en una demanda de ejecución Hipotecaria, en donde a la fecha no se ha señalado audiencia de subasta, por lo que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio dado que no le ha prescrito ningún término o plazo, según el artículo 46:7 dela Ley Sobre Justicia constitucional y el artículo 900.1 del Código Procesal Civil, señalando que al revisar los antecedentes se constata que la acción de amparo tiene un ánimo dilatorio, dado que el recurrente puede personarse en el juicio y acceder a las acciones legales previstas en la ley. Por todo ello dicto sobreseimiento en la acción de amparo conocida.-CONSIDERANDO (6): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente el recurrente hace uso indebido de la acción de amparo, dado que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio pues, no le ha prescrito ningún término o plazo, existiendo por lo tanto los momentos procesales oportunos para hacer valer sus derechos, por lo que la acción de amparo interpuesta, resulta inadmisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numerales 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Apreciando esta Sala que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, garantizando la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta2
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 9 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veinte.-VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que sobreseyó el recurso de amparo presentado por el Abogado Marco Antonio Palacios Castro a favor del señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DIRECTA Y EXCLUSIVA PARA EL PAGO DE CAPITAL.-INTERESES NORMALES.-INTERESES MORATORIOS SEGUROS.-COSTAS DEL JUICIO…”, promovida por el señor Napoleón France Barón Gálvez, en su condición de Apoderado Legal del Banco Central de Honduras (BCH), contra el señor Roy Arturo Mendieta Zuniga. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) En fecha catorce de septiembre del dos mil diecisiete, el Abogado Napoleón France Barón Gálvez, actuando en su condición de Apoderado Legal del Banco Central de Honduras (BCH), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DIRECTA Y EXCLUSIVA PARA EL PAGO DE CAPITAL. -INTERESES NORMALES. -INTERESES MORATORIOS SEGUROS. -COSTAS DEL JUICIO…”, contra el señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, para que judicialmente fuese obligado a pagar al Banco Central de Honduras (BCH), la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L.2,462,581.42), en concepto de capital adeudado, intereses moratorios, intereses acumulados y seguro contra daños hasta el siete (7) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), más los intereses pactados, costas y las cuotas del seguro que se venza durante la ejecución, hasta la total liquidación de la obligación a satisfacción del acreedor, y las respectivas costas del juicio, computando el recargo del 25% en caso de que pague en el acto del requerimiento o antes. (Folios 1-4 vuelto de la pieza del A-quo).-2) En fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, presentó ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, escrito de “…INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR E INCLUSIVE DEL REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO EN FECHA OCHO (8) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.- SE SUSPENDA EL CURSO DEL PROCESO PRINCIPAL POR SER LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE AL EFECTO ABSOLUTAMENTE NECESARIA DE DERECHO PARA DECIDIR SOBRE LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO POR SUS TRÁMITES ORDINARIOS, NULIDAD QUE DEBE DECRETARSE EN VIRTUD DE QUE EL ACTO JUDICIAL CUYA NULIDAD SE PIDE FUE DICTADO PRESCINDIENDO DE NORMAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO PRODUCIENDO INDEFENSIÓN.” (Folios 40-42 del expediente del A-quo) .-3) En fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, rechazó de plano el escrito de nulidad del que se ha hecho mención en el numeral que antecede, en virtud de que no presentó el cotejo del poder realizado por la Secretaria General del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, ni certificado de autenticidad del Colegio de Abogados de Honduras en el que se autentique el poder. (Folio 43 del expediente del A-quo).-4) En fecha doce de junio del dos mil diecinueve, la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, de generales conocidas, presentó ante el Juzgado antes citado, el escrito de “Manifestación”, no estando conforme con el auto resolutivo referido en el numeral que antecede, argumentando la peticionaria que, el A-quo al emitir dicho auto, le violenta a su representado el derecho de defensa. (Folios 44-45 del expediente del A-quo) .-5) El Juzgado en mención, en fecha diecisiete de junio del dos mil diecinueve, rechazó el escrito de “Manifestación”, del que se ha hecho referencia en el numeral que precede, en virtud de que no es parte en el expediente de mérito, observado que aún no ha constatado poder original, copia debidamente autenticada por Notario o cotejada ante la Secretaria General del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, para acreditar que le han otorgado poder y así poder personarse en el presente juicio. (folio 46 del expediente del A-quo).-6) El Abogado Marcos Antonio Palacios Castro, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, interpuso ante el Juzgado de Letras precitado, recurso de reposición en contra del auto que se ha relacionado en el numeral que antecede. (Folios 47-49 del expediente del A-quo) .-7) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, rechazó de plano el escrito del recurso de reposición que ha sido relacionado en el numeral que precede, por no ser parte en el proceso. (Folio 50 del expediente del A-quo) .-8) En fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, compareció el Abogado Marcos A. Palacios Castro, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, argumentando el recurrente que la resolución citada en el numeral que precede, le vulnera a su representado, las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folio 1-3 del expediente del Ad-quem) .-9)Que, seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones antes mencionada, en fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por mayoría de votos, dictó sentencia en donde falló: 1) Por recibido el oficio N°71-JLCFM-J20 procedente del Juzgado de Letras Civil de este departamento, junto con el expediente número 0801-2017-05644-CPEH, en virtud del auto dictado por esta Corte en fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 2) Se SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por el Abogado MARCOS ANTONIO PALACIOS CASTRO, actuando en su condición de representante procesal del señor ROY ARTURO MENDIETA ZUNIGA, contra la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. (Folios 23-24 vuelto del expediente del Ad-quem).-10) Que en fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. -CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL del departamento de FRANCISCO MORAZAN, en relación a la Demanda de ejecución Hipotecaria promovida por el Banco Central de Honduras, contra el señor ROY ARTURO MENDIETA ZUNIGA .-CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, en su Acápite Fundamentos de Derecho, numeral segundo manifiesta que el acto impugnado es el auto dictado por el Juez de Letras de esta Sección judicial en fecha cinco de septiembre de 2019, que rechaza de plano el recurso de reposición interpuesto por el hoy recurrente, contra el auto de fecha 17 de junio del 2019, resolución que rechazó un escrito de manifestación presentado por la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado contra el auto de fecha 27 de mayo del 2019, a través de éste último se rechaza el escrito de personamiento, se delega poder, se interpone incidente de nulidad absoluta de actuaciones” por no acompañar poder autenticado o razonamiento del poder por parte de la secretaría del Juzgado. Del estudio de los antecedentes El Ad quem, señala que, si bien, se interpone el recurso de amparo contra la resolución de fecha 5 de septiembre del 2019, los derechos que invoca como quebrantados, lo son a través de la vinculación directa a lo resuelto, en el auto de fecha 27 de mayo del 2019, que para el recurrente es la resolución que ha quebrantado su derecho a la defensa y al debido proceso.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem expone que la resolución que según el recurrente le ha violentado sus derechos, es la del 27 de mayo 2019, pero contra ésta no se interpuso recurso alguno en su contra, pese a estar notificado de la misma desde el dos de septiembre del dos mil diecinueve, por ende, la violación alegada se vuelve un acto consentido por el agraviado de acuerdo al artículo 46 No. 3de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Además, dice el Ad quem que se interpone la acción de amparo en una demanda de ejecución Hipotecaria, en donde a la fecha no se ha señalado audiencia de subasta, por lo que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio dado que no le ha prescrito ningún término o plazo, según el artículo 46:7 dela Ley Sobre Justicia constitucional y el artículo 900.1 del Código Procesal Civil, señalando que al revisar los antecedentes se constata que la acción de amparo tiene un ánimo dilatorio, dado que el recurrente puede personarse en el juicio y acceder a las acciones legales previstas en la ley. Por todo ello dicto sobreseimiento en la acción de amparo conocida.-CONSIDERANDO (6): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente el recurrente hace uso indebido de la acción de amparo, dado que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio pues, no le ha prescrito ningún término o plazo, existiendo por lo tanto los momentos procesales oportunos para hacer valer sus derechos, por lo que la acción de amparo interpuesta, resulta inadmisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numerales 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Apreciando esta Sala que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, garantizando la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numerales 1 y 3, 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, por la Corte primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, venida en consulta, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO PALACIOS CASTRO a favor del señor ROY ARTURO MENDIETA ZUNIGA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa municipio del distrito central a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este tribunal bajo el número 0978-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero de dos mil veinte.-VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que sobreseyó el recurso de amparo presentado por el Abogado Marco Antonio Palacios Castro a favor del señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DIRECTA Y EXCLUSIVA PARA EL PAGO DE CAPITAL.-INTERESES NORMALES.-INTERESES MORATORIOS SEGUROS.-COSTAS DEL JUICIO…”, promovida por el señor Napoleón France Barón Gálvez, en su condición de Apoderado Legal del Banco Central de Honduras (BCH), contra el señor Roy Arturo Mendieta Zuniga. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) En fecha catorce de septiembre del dos mil diecisiete, el Abogado Napoleón France Barón Gálvez, actuando en su condición de Apoderado Legal del Banco Central de Honduras (BCH), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA DIRECTA Y EXCLUSIVA PARA EL PAGO DE CAPITAL. -INTERESES NORMALES. -INTERESES MORATORIOS SEGUROS. -COSTAS DEL JUICIO…”, contra el señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, para que judicialmente fuese obligado a pagar al Banco Central de Honduras (BCH), la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L.2,462,581.42), en concepto de capital adeudado, intereses moratorios, intereses acumulados y seguro contra daños hasta el siete (7) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), más los intereses pactados, costas y las cuotas del seguro que se venza durante la ejecución, hasta la total liquidación de la obligación a satisfacción del acreedor, y las respectivas costas del juicio, computando el recargo del 25% en caso de que pague en el acto del requerimiento o antes. (Folios 1-4 vuelto de la pieza del A-quo).-2) En fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, presentó ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, escrito de “…INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR E INCLUSIVE DEL REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO EN FECHA OCHO (8) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.- SE SUSPENDA EL CURSO DEL PROCESO PRINCIPAL POR SER LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE AL EFECTO ABSOLUTAMENTE NECESARIA DE DERECHO PARA DECIDIR SOBRE LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO POR SUS TRÁMITES ORDINARIOS, NULIDAD QUE DEBE DECRETARSE EN VIRTUD DE QUE EL ACTO JUDICIAL CUYA NULIDAD SE PIDE FUE DICTADO PRESCINDIENDO DE NORMAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO PRODUCIENDO INDEFENSIÓN.” (Folios 40-42 del expediente del A-quo) .-3) En fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, rechazó de plano el escrito de nulidad del que se ha hecho mención en el numeral que antecede, en virtud de que no presentó el cotejo del poder realizado por la Secretaria General del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, ni certificado de autenticidad del Colegio de Abogados de Honduras en el que se autentique el poder. (Folio 43 del expediente del A-quo).-4) En fecha doce de junio del dos mil diecinueve, la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, de generales conocidas, presentó ante el Juzgado antes citado, el escrito de “Manifestación”, no estando conforme con el auto resolutivo referido en el numeral que antecede, argumentando la peticionaria que, el A-quo al emitir dicho auto, le violenta a su representado el derecho de defensa. (Folios 44-45 del expediente del A-quo) .-5) El Juzgado en mención, en fecha diecisiete de junio del dos mil diecinueve, rechazó el escrito de “Manifestación”, del que se ha hecho referencia en el numeral que precede, en virtud de que no es parte en el expediente de mérito, observado que aún no ha constatado poder original, copia debidamente autenticada por Notario o cotejada ante la Secretaria General del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, para acreditar que le han otorgado poder y así poder personarse en el presente juicio. (folio 46 del expediente del A-quo).-6) El Abogado Marcos Antonio Palacios Castro, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, interpuso ante el Juzgado de Letras precitado, recurso de reposición en contra del auto que se ha relacionado en el numeral que antecede. (Folios 47-49 del expediente del A-quo) .-7) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, rechazó de plano el escrito del recurso de reposición que ha sido relacionado en el numeral que precede, por no ser parte en el proceso. (Folio 50 del expediente del A-quo) .-8) En fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, compareció el Abogado Marcos A. Palacios Castro, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Roy Arturo Mendieta Zuniga, argumentando el recurrente que la resolución citada en el numeral que precede, le vulnera a su representado, las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folio 1-3 del expediente del Ad-quem) .-9)Que, seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones antes mencionada, en fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por mayoría de votos, dictó sentencia en donde falló: 1) Por recibido el oficio N°71-JLCFM-J20 procedente del Juzgado de Letras Civil de este departamento, junto con el expediente número 0801-2017-05644-CPEH, en virtud del auto dictado por esta Corte en fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. 2) Se SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por el Abogado MARCOS ANTONIO PALACIOS CASTRO, actuando en su condición de representante procesal del señor ROY ARTURO MENDIETA ZUNIGA, contra la resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. (Folios 23-24 vuelto del expediente del Ad-quem).-10) Que en fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. -CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL del departamento de FRANCISCO MORAZAN, en relación a la Demanda de ejecución Hipotecaria promovida por el Banco Central de Honduras, contra el señor ROY ARTURO MENDIETA ZUNIGA .-CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, en su Acápite Fundamentos de Derecho, numeral segundo manifiesta que el acto impugnado es el auto dictado por el Juez de Letras de esta Sección judicial en fecha cinco de septiembre de 2019, que rechaza de plano el recurso de reposición interpuesto por el hoy recurrente, contra el auto de fecha 17 de junio del 2019, resolución que rechazó un escrito de manifestación presentado por la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado contra el auto de fecha 27 de mayo del 2019, a través de éste último se rechaza el escrito de personamiento, se delega poder, se interpone incidente de nulidad absoluta de actuaciones” por no acompañar poder autenticado o razonamiento del poder por parte de la secretaría del Juzgado. Del estudio de los antecedentes El Ad quem, señala que, si bien, se interpone el recurso de amparo contra la resolución de fecha 5 de septiembre del 2019, los derechos que invoca como quebrantados, lo son a través de la vinculación directa a lo resuelto, en el auto de fecha 27 de mayo del 2019, que para el recurrente es la resolución que ha quebrantado su derecho a la defensa y al debido proceso.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem expone que la resolución que según el recurrente le ha violentado sus derechos, es la del 27 de mayo 2019, pero contra ésta no se interpuso recurso alguno en su contra, pese a estar notificado de la misma desde el dos de septiembre del dos mil diecinueve, por ende, la violación alegada se vuelve un acto consentido por el agraviado de acuerdo al artículo 46 No. 3de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Además, dice el Ad quem que se interpone la acción de amparo en una demanda de ejecución Hipotecaria, en donde a la fecha no se ha señalado audiencia de subasta, por lo que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio dado que no le ha prescrito ningún término o plazo, según el artículo 46:7 dela Ley Sobre Justicia constitucional y el artículo 900.1 del Código Procesal Civil, señalando que al revisar los antecedentes se constata que la acción de amparo tiene un ánimo dilatorio, dado que el recurrente puede personarse en el juicio y acceder a las acciones legales previstas en la ley. Por todo ello dicto sobreseimiento en la acción de amparo conocida.-CONSIDERANDO (6): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente el recurrente hace uso indebido de la acción de amparo, dado que el recurrente tiene expeditas acciones legales en el mismo juicio pues, no le ha prescrito ningún término o plazo, existiendo por lo tanto los momentos procesales oportunos para hacer valer sus derechos, por lo que la acción de amparo interpuesta, resulta inadmisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 numerales 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Apreciando esta Sala que el fallo dictado por el Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, garantizando la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numerales 1 y 3, 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, por la Corte primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, venida en consulta, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO PALACIOS CASTRO a favor del señor ROY ARTURO MENDIETA ZUNIGA. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la ciudad de Tegucigalpa municipio del distrito central a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la sentencia de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020) recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este tribunal bajo el número 0978-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL