Sentencia AC-967-18 — Registro 11399
Resumen
Resolución impugnada que decretó nulidad de actuaciones en relación a Demanda promovida por recurrente vía proceso Ordinario para el pago de cantidad de dinero que habiendo sido admitida y al no haber cumplido con lo requisitos de la sentencia y la falta de motivación de la misma fue declarada la nulidad absoluta de ésta
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación a la Constitución de la República como lo señala el recurrente. Este alto tribunal al examinar las presentes diligencias estima que no procede conceder la garantía de amparo en virtud de los siguientes elementos: 1.-Esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-2.- La Sala ya ha establecido su parecer en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[4], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[5] -3.- Del examen de los antecedentes no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso, por cuanto la instrucción del juicio se ha realizado por el Órgano Jurisdiccional del Estado competente por cuestión de materia y territorio, con las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; enmarcándose la decisión del Tribunal A-quem dentro del ordenamiento jurídico, con lo cual, a contrariu sensu de lo afirmado por el recurrente, se han respetado y se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable.-4.- Que analizados los autos, en especial lo que se refiere a la sentencia recurrida, no se percibe tampoco la violación al derecho de defensa, pues el recurrente desde su personamiento en las diligencias y durante la substanciación del proceso, ha comparecido y tenido libre acceso a los Tribunales, constando del trámite que sus peticiones han sido resueltas de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley, por lo que este Tribunal estima que no existe fundamento para alegar la violación al principio establecido en el artículo 82 de nuestra carta magna.-Asimismo, la motivación lógica utilizada en el fallo recurrido, responde a las características de la coherencia, ello porque la motivación se ha constituido bajo un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, pues es congruente porque sus afirmaciones, deducciones y conclusiones guardan relación y concordancia. Por otra parte el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos no corresponde ser conocidos por la justicia constitucional, estando su conocimiento y resolución destinados a la justicia ordinaria. Como ya lo ha sostenido en forma reiterada esta Sala, la intervención de los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuna cuando en el procedimiento para su decisión se hayan conculcado los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales.-5.- La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos del garantista arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de que luego de efectuar un examen in extenso de los antecedentes de mérito, no advierte que con el fallo recurrido se hayan quebrantado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República; a contrario sensu, en su sentencia, la autoridad recurrida ha tutelado en forma efectiva, tanto la garantía genérica del debido proceso, como la vigencia de los principios que rigen el proceso civil, enmarcado a las exigencias y formalidades que la ley prescribe.-Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PUBLICITAS S.A DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la Demanda promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PUBLICITAS S.A DE C.V, vía proceso Ordinario para el pago de cantidad de dinero contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA AEROLINEAS SOSA S.A DE C.V.-Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil quince (2015), compareció ante Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, actuando en su condición de Apoderada legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PUBLICITAS S.A DE C.V., interponiendo demanda vía proceso Ordinario para el pago de cantidad de dinero contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA AEROLINEAS SOSA S.A DE C.V.- (Folios uno (01) al cinco (05) de la pieza de Juzgado).-2) Que en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual “RESOLVIO: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la demanda presentada por la Vía de Proceso Ordinario para el pago de una cantidad de dinero, el día catorce de diciembre de dos mil quince, por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, representante procesal de la sociedad mercantil denominada PUBLICITAS S.A DE C.V Representada por el señor CARLOS HUMBERTO CARBAJAL, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, contra la empresa sociedad mercantil AEROLÍNEAS SOSA S.A DE C.V, Representada por el señor JUAN ANTONIO SOSA BUENDIA, mayor de edad, casado hondureño, piloto de aviación , del domicilio de la ciudad de la Ceiba departamento de Atlántida y en tránsito por esta Ciudad. SEGUNDO: SE CONDENA a la Sociedad Mercantil AEROLINEAS SOSA S.A DE C.V a pagar a la empresa PUBLICITAS S.A DE C.V la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS SESENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRAS (L 686,683.62) cantidad que adeuda por concepto de arrendamiento de espacios publicitarios en los cuatro aeropuertos de honduras QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS DE LEMPIRAS (508,516.28) en concepto de intereses haciendo un total de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENMTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L. 1,195,199.90) más los intereses que se generen hasta la ejecución de la Sentencia. La cantidad reclamada en la presente demanda se desglosa así:
N°
Facturas
Fechas
Capital
Intereses
15/02/2014
L. 40,706.23
L. 40,467.42
15/03/2014
52,711.29
49,945.70
15/04/2014
52,878.77
47,640.25
15/05/2014
53,006.54
45,285.25
15/06/2014
53,167.95
42,945.53
15/06/2014
53,430.56
40,667.78
15/08/2014
53,474.33
38,209.19
01/08/2014
21,875.86
16,350.45
01/09/2014
21998.20
15,718.45
15/09/2014
53,773.38
65,917.03
01/10/2014
22,138.55
14,787.08
15/10/2014
54,116.45
33,624.35
01/11/2014
22,202.92
13,795.41
15/11/2014
54,273.81
31,192.97
01/12/2014
22,334.16
12,836.19
15/12/2014
54,594.62
28,833.24
TOTAL
L.686.683.62
L.508,516.28
TERCERO: Por el principio del vencimiento se imponen costas a la parte demandada. - (Folios 218 al 223 de la pieza del Juzgado).-3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Con lugar el Recurso de Apelación.- SEGUNDO: Decretar Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la Sentencia de fecha 19 de abril de 2018, para que la A quo vuelva a decidir sobre el fondo del asunto.- TERCERO: Sin Costas…” .- (Folios 34 al 41 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) Que la recurrente Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, compareció ante este Tribunal, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PUBLICITAS S.A DE C.V, contra sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. -5) Que en fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que se DENIEGUE, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 30, Y 41 de la Constitución de la República. (Pagina 30 al 41 de la pieza de amparo).-ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.-CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República. La censora, abogada Antonieta Vásquez Gonzales al formalizar la garantía constitucional de amparo estima que la resolución impugnada, vulnera derechos constitucionales, argumentando lo que a continuación se expone. -La recurrente señala que resulta evidente, que la resolución recurrida, es lesiva a los derechos y garantías del debido proceso, ya que la amparista expresa en la interposición de la presente acción de amparo, la violación de las garantías constitucionales consagradas en los artículos: 80, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Se observa que la amparista centra su alegato para la interposición de la presente acción de amparo en lo siguiente:Que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, al dictar la sentencia de fecha 10 de octubre del 2018, no tomó en cuenta ni consideró las 16 facturas al crédito, mucho menos la prueba testifical que fueron contestes en sus interrogatorios y que la parte recurrente no demostró durante el juicio que haya realizado el pago a favor de la Sociedad PUBLICITAS.- Y que violentó el Derecho de Defensa en el sentido que no reconoció la declaración de la prueba testifical propuesta, al haber sido contestes en el interrogatorio realizado por la parte demandante y demandada en el momento de la evacuación de dicho medio de prueba.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos dispuso en su sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho declarar con lugar la apelación interpuesta y decretar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la sentencia de fecha 19 de abril de 2018. -En su resolución, el ad quem explica:“CUARTO: Efectivamente al revisar la sentencia recurrida, este Tribunal desconoce las razones fácticas y jurídicas de la juzgadora para fallar el asunto sometido a la esfera de sus atribuciones, pues la transcripción de medios probatorios evacuados y de normas legales, no se consideran una verdadera motivación dado que no hay una vinculación suficiente entre las mismas.- Además, de la manera en que están redactados los hechos probados, no puede concluirse que estos en realidad son una verdadera calificación de los hechos controvertidos, dicho en otras palabras al redactarse los hechos probados, la juzgadora debe establecer cuáles son los hechos admitidos como reales o ciertos. Es decir, que a todas luces el fallo recurrido, debe a las partes una sentencia que reflejen un análisis del asunto sometido a debate, la juzgadora al redactar su sentencia, lo hará bajo los criterios de motivación, exhaustividad y congruencia necesarios, que permitan conocer las razones y fundamentos aplicables para tomar una decisión, el no hacerlo pone en detrimento el derecho de las partes a obtener respuesta a sus pretensiones.” -CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. El agente de tribunales, abogada Yulibeth Garay Hernandez, al emitir su dictamen fue de la opinión porque se deniegue la garantía de amparo de mérito. -Para la fiscal, al contrastar los alegatos expuestos por la recurrente con la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de octubre del 2018, observa que el Ad-Quem en el uso de la facultad revisora relacionado a la denuncia en la instancia de los vicios procesales, que le otorga el artículo 701 del Código Procesal Civil, procedió a decretar la Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir inclusive de la sentencia definitiva de fecha 19 de abril del 2018, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, señalando en el apartado de la motivación las razones fáctico-jurídicas, por las cuales declara dicha nulidad de actuaciones, al efectuarse únicamente una relación de las diligencias procesales con las normas legales aplicables al presente caso, sin realizar una debida motivación, por lo que considera que la sentencia definitiva dictada por el A-quo, en fecha 19 de abril del 2018, no cumplió con los requisitos legales establecidos en la ley, por lo que procede su nulidad a afecto de fortalecer el principio de doble instancia y salvaguardar los derechos y garantías de las partes en el proceso.- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de violación a la Constitución de la República como lo señala el recurrente. Este alto tribunal al examinar las presentes diligencias estima que no procede conceder la garantía de amparo en virtud de los siguientes elementos: 1.-Esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-2.- La Sala ya ha establecido su parecer en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[4], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[5] -3.- Del examen de los antecedentes no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso, por cuanto la instrucción del juicio se ha realizado por el Órgano Jurisdiccional del Estado competente por cuestión de materia y territorio, con las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; enmarcándose la decisión del Tribunal A-quem dentro del ordenamiento jurídico, con lo cual, a contrariu sensu de lo afirmado por el recurrente, se han respetado y se han hecho efectivas las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige y dentro del marco legal aplicable.-4.- Que analizados los autos, en especial lo que se refiere a la sentencia recurrida, no se percibe tampoco la violación al derecho de defensa, pues el recurrente desde su personamiento en las diligencias y durante la substanciación del proceso, ha comparecido y tenido libre acceso a los Tribunales, constando del trámite que sus peticiones han sido resueltas de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley, por lo que este Tribunal estima que no existe fundamento para alegar la violación al principio establecido en el artículo 82 de nuestra carta magna.-Asimismo, la motivación lógica utilizada en el fallo recurrido, responde a las características de la coherencia, ello porque la motivación se ha constituido bajo un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, pues es congruente porque sus afirmaciones, deducciones y conclusiones guardan relación y concordancia. Por otra parte el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos no corresponde ser conocidos por la justicia constitucional, estando su conocimiento y resolución destinados a la justicia ordinaria. Como ya lo ha sostenido en forma reiterada esta Sala, la intervención de los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuna cuando en el procedimiento para su decisión se hayan conculcado los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales.-5.- La Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos del garantista arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, en virtud de que luego de efectuar un examen in extenso de los antecedentes de mérito, no advierte que con el fallo recurrido se hayan quebrantado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República; a contrario sensu, en su sentencia, la autoridad recurrida ha tutelado en forma efectiva, tanto la garantía genérica del debido proceso, como la vigencia de los principios que rigen el proceso civil, enmarcado a las exigencias y formalidades que la ley prescribe.-Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANTONIETA VASQUEZ GONZALES, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PUBLICITAS S.A DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado VICTOR GUILLERMO PERELLO PARANKY, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la Demanda promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PUBLICITAS S.A DE C.V, vía proceso Ordinario para el pago de cantidad de dinero contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA AEROLINEAS SOSA S.A DE C.V.-. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0967-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[5] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA