Sentencia AC-958-19 — Registro 11917
Resumen
sentencia en consulta que sobresee acción de amparo con relación a demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."12): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO (13): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto el Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero de dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, que sobresee el recurso presentado por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida por el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) contra el señor JOSE ORLANDO REYES REYES y LUDIS ACOSTA BANEGAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la Republica.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, promovida por el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, mediante la cual falló sobreseyendo el recurso de amparo de mérito, interpuesto por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 130 al 132 de la pieza de antecedentes).-3) Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso presentado por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida por el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) contra el señor JOSE ORLANDO REYES REYES y LUDIS ACOSTA BANEGAS.-CONSIDERANDO (6): Que, de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia, así como lo que busca es dilatar el proceso.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación (sic) “CUARTO: Este Tribunal considera que las alegaciones del recurrente no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso y de defensa, por cuanto el Juzgado de Primera Instancia a todas las cuestiones planteadas les ha dado el trámite que manda la Ley, constando además de autos, que los ejecutados fueron requeridos de pago y notificados de la convocatoria de audiencia de subasta a través de los Receptores (Ministros de Fe), quienes plasmaron en las actas correspondientes la comunicación que les hicieron a los ejecutados de las resoluciones ordenadas por el Juez, con lo que está acreditado que la Señora Acosta Banegas tenía conocimiento de la ejecución forzosa que se le había promovido en contra del Señor Jose Orlando Reyes y en contra de ella. Por otro lado, es preciso señalar que los ejecutados tienen expedita la vía para hacer valer mediante juicio ordinario, cualquier derecho que estimen le asiste a causa de la ejecución conforme lo dispone el artículo 798.4 del Código Procesal Civil, por lo tanto, es improcedente otorgar el presente amparo, siendo evidente que lo que el recurrente busca es dilatar el proceso. El sustento jurídico de la inadmisibilidad de este recurso se encuentra plasmado en la Ley sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1 y 9.”-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, la recurrente ha limitado sus argumentaciones a cuestiones de mera legalidad y dilatar el proceso, y si bien es cierto lleva a cabo la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, los argumentos de la amparista resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas. En tal virtud, al haber sobreseído el amparo, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones, normas y principios que rigen el proceso, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, ciñéndose a aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO (9): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (10): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º y 9º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y cuando la acción tiene por objeto la dilación del proceso.-CONSIDERANDO (11): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO (13): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto el Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones Civil de de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, que sobresee el recurso presentado por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida por el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) contra el señor JOSE ORLANDO REYES REYES y LUDIS ACOSTA BANEGASY MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de enero del año dos mil (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0958-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero de dos mil veinte.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, que sobresee el recurso presentado por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida por el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) contra el señor JOSE ORLANDO REYES REYES y LUDIS ACOSTA BANEGAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la Republica.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, promovida por el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA).- 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, mediante la cual falló sobreseyendo el recurso de amparo de mérito, interpuesto por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 130 al 132 de la pieza de antecedentes).-3) Que en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, en base al en artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, que sobreseyó el recurso presentado por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida por el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) contra el señor JOSE ORLANDO REYES REYES y LUDIS ACOSTA BANEGAS.-CONSIDERANDO (6): Que, de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia, así como lo que busca es dilatar el proceso.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación (sic) “CUARTO: Este Tribunal considera que las alegaciones del recurrente no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso y de defensa, por cuanto el Juzgado de Primera Instancia a todas las cuestiones planteadas les ha dado el trámite que manda la Ley, constando además de autos, que los ejecutados fueron requeridos de pago y notificados de la convocatoria de audiencia de subasta a través de los Receptores (Ministros de Fe), quienes plasmaron en las actas correspondientes la comunicación que les hicieron a los ejecutados de las resoluciones ordenadas por el Juez, con lo que está acreditado que la Señora Acosta Banegas tenía conocimiento de la ejecución forzosa que se le había promovido en contra del Señor Jose Orlando Reyes y en contra de ella. Por otro lado, es preciso señalar que los ejecutados tienen expedita la vía para hacer valer mediante juicio ordinario, cualquier derecho que estimen le asiste a causa de la ejecución conforme lo dispone el artículo 798.4 del Código Procesal Civil, por lo tanto, es improcedente otorgar el presente amparo, siendo evidente que lo que el recurrente busca es dilatar el proceso. El sustento jurídico de la inadmisibilidad de este recurso se encuentra plasmado en la Ley sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1 y 9.”-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, la recurrente ha limitado sus argumentaciones a cuestiones de mera legalidad y dilatar el proceso, y si bien es cierto lleva a cabo la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, los argumentos de la amparista resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas. En tal virtud, al haber sobreseído el amparo, la referida Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones, normas y principios que rigen el proceso, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, ciñéndose a aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce.-CONSIDERANDO (9): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (10): Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º y 9º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y cuando la acción tiene por objeto la dilación del proceso.-CONSIDERANDO (11): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO (13): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto el Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones Civil de de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, que sobresee el recurso presentado por la señora LUDIS BELINDA ACOSTA BANEGAS, a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial, promovida por el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) contra el señor JOSE ORLANDO REYES REYES y LUDIS ACOSTA BANEGASY MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de enero del año dos mil (2020) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0958-2019.-Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX,
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL