Sentencia AC-934-18 — Registro 11398
Resumen
Recurso de apelación que anulo sentencia que declaró con lugar demanda de tercería prelación o preferencia considerando que no debió A-quo considerar acuerdo extrajudicial celebrado entre recurrente y tercerista como prueba;demandante pretende hacer prevalecer la prelación del crédito de los trabajadores sobre el bien inmueble objeto de la ejecución y que se les pague a ellos con preferencia antes que el acreedor hipotecario (Banco Davivienda). La institución financiera demandada-ejecutante cuestiona el título en que ampara su pretensión el tercerista (escritos de demanda y mandamiento de embargo) y manifiesta que estos documentos no pueden ser un título más privilegiado que la escritura donde se constituyó la primera hipoteca a favor de DAVIVIENDA
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del debido Proceso..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
"(11): Que se debe recordar que el apoderado legal de Banco DAVIVIENDA HONDURAS S.A., en fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, peticionó la nulidad absoluta de la resolución de esa misma fecha, mediante la cual el Juez tuvo por bien hecho el acuerdo extrajudicial supra, impugnando esa decisión vía recurso de apelación, mismo que fue declarado SIN LUGAR, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Cortés, quedando firme el mismo. Que, siguiendo con el hilo conductor de los antecedentes, el A-quo emitió resolución en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, (ver folio 112 en adelante), mediante la cual resolvió estimar la demanda de Tercería o Prelación de Pago Preferente, condenando al Banco DAVIVIENDA HONDURAS S.A., al pago de la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS; (L.7,561,016.51). Esta resolución, fue anulada mediante sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula Cortes; consecuentemente, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, dictó sentencia en obediencia a lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, DESESTIMANDO la demanda de Tercería de Prelación o pago preferente, por no considerar el arreglo extrajudicial como un principio de prueba y además por estimar que lo presente en un momento procesal extemporáneo y no junto con la demanda como lo ordena el artículo 832 numeral 1. Contra esta resolución tanto el apoderado de los trabajadores, así como el apoderado judicial de COIMPORT, interpusieron recurso de apelación, habiendo sido declarado SIN LUGAR y confirmó la sentencia apelada, en base a los argumentos jurídicos apuntados en el considerando No. 6. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional, manifiesta que la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, recurrida en amparo constituye una clara vulneración al debido proceso y al derecho de defensa de los trabajadores, el desconocer el derecho preferente de éstos. Que se debe recordar que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad. Asimismo, la motivación jurídica, es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. CONSIDERANDO (13): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del debido Proceso. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que de la decisión tomada en jurisdicción civil, dependerá el hacer justicia o no a más de treinta trabajadores que en un arreglo extrajudicial, el patrono, a través de su apoderado legal reconoció el despido injusto y el pago de las prestaciones laborales y sociales, por lo que se hace hincapié en la aplicación de las leyes civiles y además de: 1.- El espíritu general de la legislación laboral y 2.- a la equidad natural, entendiendo por esta última, lo que dice el diccionario de la Real Academia Española define el término EQUIDAD en su tercera acepción como: “Justicia natural, por oposición a la Letra de la ley positiva”, atribución que manda el numeral dos del artículo 183 de la Constitución de la República y el numeral dos del artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, a esta Sala de lo Constitucional como intérprete último de las leyes. CONSIDERANDO (15): Que no se debe desconocer en el presente juicio civil, el acuerdo extrajudicial tantas veces mencionado, en el cual COIMPORT, se compromete a pagar a los trabajadores mal despedidos, la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS; (L.7,561,016.51). No reconocer el hecho de que un Juez competente haya tenido por bien hecho el acuerdo extrajudicial, en el cual se logra justicia para más de treinta trabajadores, porque este reconocimiento no se hizo en un formato de sentencia, y el artículo 2257 No.3 del Código Civil, hay que establecer que goza de preferencia los créditos que sin privilegio consten 1) escritura pública y 2) por sentencia firme, si hubiera sido objeto de litigio. En el presente caso, la Corte de Apelaciones hizo caso omiso a que, en efecto, hubo litigio judicial, el cual acabó mediante un arreglo extrajudicial, tenido por bien hecho por un Juez competente, acuerdo que consta en escritura pública y en la cual están plasmados cada uno de los compromisos a cumplir. Este auto en el cual se tiene por bien hecho dicho acuerdo extrajudicial, es la determinación de un Juez de la República, que, si bien no guardó el formato, no significa que exista una decisión técnico-jurídica, que homologa el acuerdo llevado a cabo entre dos partes, y en el cual se hace justicia a más de treinta trabajadores mal despedidos. Decantarse por la forma, es decir, argumentar que no hay una sentencia como lo exige el 2257 del Código Civil, que constituya un principio de prueba del derecho alegado, como lo manda el numeral uno del 832 del Código Procesal Civil, y por este razonamiento, dejar sin el pago de prestaciones laborales a más de treinta trabajadores, es olvidar que el pueblo les dio potestad de impartir justicia, es para eso que fueron nombrados. Por lo que no amparar a los recurrentes sería tanto como decretar que estamos en una Corte Suprema de Legalidad y no de Justicia. Se manifiesta que es patente la vulneración al derecho de defensa de los recurrentes trabajadores, vulnerándose el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República por lo cual el amparo se otorga. Ahora, el amparo se otorga parcialmente, en ese sentido, esta Sala determina que la decisión tomada por la alzada, relativa a la condena por la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS; (L.7, 561,016.51) en contra del Banco Davivienda Honduras S.A., no vulnera el debido proceso así como ningún otro derecho fundamental, ya que es una respuesta ultrapetita concedida en inobservancia a lo dispuesto en el numeral dos del artículo 832 del Código Procesal Penal, por lo que la respuesta del Ad-quem al declarar sin lugar el recurso con relación a esta decisión en específico, en efecto esta dictado conforme al numeral dos del mencionado artículo 832 numeral dos de la ley adjetiva civil, por lo que el derecho a declarar consiste en que efectivamente existe el privilegio de prelación y pago preferente a cada uno de los trabajadores que representa el abogado Martín Othón Morales Cervantes, estableciendo que esto ocupan el primer lugar en prioridad de satisfacción del crédito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado Leonel de Jesús Ávila a favor de la sociedad mercantil denominada “Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L.” (COIMPORT) así: a) Que la Corte de Apelaciones, en ejecución de esta sentencia, dicte sentencia en la cual se establezca la existencia del privilegio de pago preferente a cada uno de los trabajadores representados por el abogado Martín Othón Morales Cervantes, ordenando que a éstos, les será satisfecho en primer lugar el pago de los créditos debidos; y b) DENIEGA el recurso de amparo interpuesto con relación a la condena por la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIEISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS; (L.7,561,016.51) en contra del Banco Davivienda Honduras S.A., confirmando lo resuelto por el Ad-quem referente a este punto en concreto"
Legislación citada
- Código Civil, art. 2257 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Leonel de Jesús Ávila a favor de la sociedad mercantil denominada “Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L.” (COIMPORT), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la demanda vía proceso abreviado de tercería de preferencia, promovida por el Abogado Martín Othón Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Judicial de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina De Jesús Lemus Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez, Ada Leticia Canales Castro, Donaldo Benjamín Mendoza López, Marvin Herrera Gonzales, Santos Tomás Sánchez Amador, Matilde Cristina Ochoa Posadas, María Antonia Aguilar, Fanny Ninoska Sánchez Corrales, Elbyn Márquez Arias, Claudia María Matute, Orvin Javier Flores, Dolando Vicente Méndez, Gabriel Antonio Zelaya Espinal, Dixia Giselle Velásquez Alvarado, Gennie Lorena Katan Gómez, Guillermo Moreno, Roger Dario Domínguez Dubón, Pedro Navarrete, Carlos Alvarado Hernández, Jeremías Perdomo Reyes, Bernabé Varela Zamora, Carlos Alfredo Lagos Flores, Jorge Alberto Fúnez Castellanos, Janou Alejandra Ayala Ramírez, Nery Alexi Hernández Padilla, Denis Misal Ramírez Muñoz, Santos Enrique Castro Ardón, Walter Enrique Contreras Martínez, Juan Francisco Ortíz Castro, Marlon Josué Gómez Rodríguez, José Francisco Záldivar Rodríguez, Yunior Ovando Romero Hernández, Roger Omar Zelaya López, Oscar Manuel Hernández Trochez, Nusly Jacqueline Barahona, Mario Enrique Andrade Castillo, Bianka Ninette Matute Bolian, Anibal Humberto Rivera Meráz, Miguel Eduardo Brizuela Castro, Luis Ismael Padilla Hernández, Luisa Filomena Flores Aguilar, Cristian Josué Bautista Záldivar, Eulalia Bautista Záldivar, José Salvador Gonzáles, Josué Damiel Briones Deldic, Dalin Yovanis Sánchez Reyes, Elvis Yamil Cruz Arteaga, Nahun Orlando Reyes García, Darlin Melgar Cortés, Favio Neptaly Rosa Ventura, José Miguel Carbajal Martínez, Nusly Jacqueline Barahona, Bessy Jackeline García Murillo Y José De La Cruz Rodas, en la demanda de ejecución hipotecaria promovida por el Banco DAVIVIENDA HONDURAS S.A, como ejecutante contra la sociedad mercantil denominada Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados S. de R.L. Asimismo, se tiene como recurrente por adhesión en la presente acción, al Abogado Martín Othón Morales Cervantes, quien actúa a favor de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez y otros[1]. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tuvo por admitida la demanda por la vía del procedimiento abreviado de tercería de preferencia, promovida por el Abogado Martín Othón Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Judicial de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Lemus Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez y otros, en la demanda de ejecución hipotecaria promovida por el Banco Davivienda Honduras S.A., en contra de la sociedad mercantil Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT), a través de su representante legal, el Abogado Leonel de Jesús Ávila. (Folio 1-3vuelto/47 vuelto de la pieza del A-quo) 2) En fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: Primero: que debo ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de tercería de prelación o pago preferente mediante proceso abreviado interpuesta por el abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES en su condición de apoderado judicial de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Lemus Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez y Otros, contra la sociedad mercantil denominada Banco Davivienda Honduras, S.A., como ejecutante. Segundo: Se condena a la sociedad mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., ejecutante al pago preferente de la cantidad de Siete Millones Quinientos Sesenta y Un Mil, Dieciséis Lempiras con Cincuenta y Un Centavos (L.7,561.016.51) a favor de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Lemus Sarmiento, Maria Ernestina Fuentes Ordoñez y otros. Tercero: Se condena en las COSTAS causadas en esta instancia a la sociedad mercantil BANCO DAVIVIENDA, S.A., como ejecutante. Cuarto: Si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno contra este fallo, quede firme el mismo. Este fallo es recurrible en apelación que debe interponerse ante este Juzgado, con su respectiva expresión de agravios dentro de los diez días siguientes al de la notificación. (Folios 112-114 vuelto de la pieza del A-quo)3) La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia relacionada en el numeral que precede, por parte de la Abogada Mary Ela Martínez Medina, en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil denominada Banco Davivienda Honduras S.A., en fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, resolvió: PRIMERO: Anular la sentencia definitiva de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en la demanda por la vía del procedimiento abreviado de Tercería de Prelación o Pago, interpuesta por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de apoderado judicial de los señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESUS LEMUS SARMIENTO, MARIA ERNESTINA FUENTES ORDOÑEZ Y OTROS, contra la sociedad mercantil denominada BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., como ejecutante, debiendo la Juez de Primera Instancia dictarla con los requisitos de forma y fondo que manda la normativa procesal vigente. SEGUNDO: SIN COSTAS. (Folios 168-171 de la pieza del A-quo) 4)En fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, falló: Primero: DESESTIMAR la demanda de Tercería de Preferencia o Pago Preferente mediante proceso abreviado, interpuesta por el abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES en su condición de apoderado judicial de los señores: MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESÚS LEMUS SARMIENTO, MARÍA ERNESTINA FUENTES ORDOÑEZ, ADA LETICIA CANALES CASTRO, DONALDO BENJAMÍN MENDOZA LÓPEZ, MARVIN HERRERA GONZALES, SANTOS TOMÁS SÁNCHEZ AMADOR, MATILDE CRISTINA OCHOA POSADAS, MARÍA ANTONIA AGUILAR, FANNY NINOSKA SÁNCHEZ CORRALES, ELBYN MÁRQUEZ ARIAS, CLAUDIA MARÍA MATUTE, ORVIN JAVIER FLORES, DOLANDO VICENTE MÉNDEZ, GABRIEL ANTONIO ZELAYA ESPINAL, DIXIA GISELLE VELÁSQUEZ ALVARADO, GENNIE LORENA KATAN GÓMEZ, GUILLERMO MORENO, ROGER DARIO DOMÍNGUEZ DUBÓN, PEDRO NAVARRETE, CARLOS ALVARADO HERNÁNDEZ, JEREMÍAS PERDOMO REYES, BERNABÉ VARELA ZAMORA, CARLOS ALFREDO LAGOS FLORES, JORGE ALBERTO FÚNEZ CASTELLANOS, JANOU ALEJANDRA AYALA RAMÍREZ, NERY ALEXI HERNÁNDEZ PADILLA, DENIS MISAL RAMÍREZ MUÑOZ, SANTOS ENRIQUE CASTRO ARDÓN, WALTER ENRIQUE CONTRERAS MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO ORTÍZ CASTRO, MARLON JOSUÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ FRANCISCO ZÁLDIVAR RODRÍGUEZ, YUNIOR OVANDO ROMERO HERNÁNDEZ, ROGER OMAR ZELAYA LÓPEZ, OSCAR MANUEL HERNÁNDEZ TROCHEZ, NUSLY JACQUELINE BARAHONA, MARIO ENRIQUE ANDRADE CASTILLO, BIANKA NINETTE MATUTE BOLIAN, ANIBAL HUMBERTO RIVERA MERÁZ, MIGUEL EDUARDO BRIZUELA CASTRO, LUIS ISMAEL PADILLA HERNÁNDEZ, LUISA FILOMENA FLORES AGUILAR, CRISTIAN JOSUÉ BAUTISTA ZÁLDIVAR, EULALIA BAUTISTA ZÁLDIVAR, JOSÉ SALVADOR GONZÁLES, JOSUÉ DAMIEL BRIONES DELDIC, DALIN YOVANIS SÁNCHEZ REYES, ELVIS YAMIL CRUZ ARTEAGA, NAHUN ORLANDO REYES GARCÍA, DARLIN MELGAR CORTÉS, FAVIO NEPTALY ROSA VENTURA, JOSÉ MIGUEL CARBAJAL MARTÍNEZ, NUSLY JACQUELINE BARAHONA, BESSY JACKELINE GARCÍA MURILLO Y JOSÉ DE LA CRUZ RODAS, contra la sociedad mercantil denominada BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., como ejecutante. Segundo: Con costas. Tercero: La presente resolución es susceptible de recurso de apelación el que deberá interponerse ante este Tribunal, dentro del plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la notificación a las partes… (Folios 173-177 de la pieza del A-quo) 5) La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Leonel de Jesús Ávila, en su condición antes referida, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos resolvió: “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veintiocho de mayo del dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula; 2) CONFIRMAR la sentencia apelada.-3)CON COSTAS.”. (Folios 12-13 vuelto de la pieza del Ad-quem) 6) En fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado Leonel de Jesús Ávila, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil “Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L.”, contra la resolución que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República. 7) En fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante esta Sala, el Abogado Martin Othón Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Legal de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez y otros, presentando escrito de adhesión a la acción de amparo presentada por el Abogado Leonel de Jesús Ávila. (Folio 23 vuelto del recurso) 8) En fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, vista la petición de adhesión a la acción de amparo de mérito, presentada por el Abogado Martín Othón Morales Cervantes, al recurso de amparo interpuesto por el Abogado Leonel de Jesús Ávila, esta Sala dispuso: 1°TENER COMO RECURRENTES POR ADHESIÓN EN LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO a los señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESÚS SARMIENTO, MARÍA ERNESTINA FUENTES ORDOÑEZ Y OTROS, representados en el presente asunto por el Abogado MARTÍN OTHON MORALES CERVANTES. (Folios 25-26 del recurso) 9) Esta Sala tuvo por formalizados en tiempo y forma a los recurrentes en el amparo de mérito, en fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, asimismo, al haberse solicitado la suspensión del acto reclamado y la apertura a pruebas, por ambos recurrentes, ofreciendo en sus escritos las pruebas que se van a aportar para demostrar la violación alegada, en tal sentido, dispuso en virtud de indicar los recurrentes que los medios de prueba ofrecidos constan agregados a los antecedentes del recurso de mérito, toda vez que en el pronunciamiento de la controversia constitucional en la emisión de la sentencia respectiva, conlleva el estudio de éstos, en consecuencia, se declaró sin lugar la apertura a pruebas solicitada por las razones antes expuestas; en cuanto a la solicitud de suspensión del acto reclamado, se le ordenó a los recurrentes estarse a lo dispuesto por este Tribunal en el auto de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve (f-14), ordenando a la Secretaría de este Tribunal dar vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 40 de la pieza de amparo) 10) Que en fecha siete de enero de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Yulibeth Garay Hernández, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: …De la lectura de los presentes autos, se observa que en fecha 17 de septiembre del 2018, la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, FALLÓ: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, contra la resolución dictada en fecha 28 de mayo del 2018, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.-2)CONFIRMAR la sentencia apelada.- Lo cual provoca la interposición de la presente acción de amparo. De la textualidad del artículo 832.1 del Código Procesal Civil, se aprecia que es requisito acompañar a la demanda de Tercería de Preferencia, el principio de prueba del derecho alegado, por lo cual la intervención del tercero, en la demanda de ejecución, tiene que estar amparada en el derecho que le corresponde a ser satisfecho su pago de manera preferente, por lo cual al señalar dicho precepto legal (artículo 832.1 del Código Procesal Civil), como requisito que a la demanda de Tercería de Preferencia, se acompañará el principio de prueba del derecho alegado, significa que al momento de interposición de la misma, tiene la parte que alega la tercería de preferencia tener un derecho ya reconocido, que no constituyendo principio de prueba tal y como lo advierte la Alzada, las diligencias que hace referencia el recurrente (demandas presentadas y embargos ordenados), ya que la tercería de preferencia debe estar fundamentada en un derecho de pago preferente reconocido legalmente con relación al acreedor ejecutante, lo que implica la existencia previo a la demanda de tercería de preferencia un derecho ya existente y reconocido, que debe ser acompañado a la misma, siendo que el proceso tal y como lo establece el artículo 832.2 “se limitará a decidir sobre la existencia del privilegio y el orden de satisfacción de los distintos créditos, sin prejuzgar otras acciones que pudieran ejercitarse”. Asimismo, se observa que el Ad-quem, ha establecido en la resolución recurrida la motivación razonada de su decisión, por lo que confirma lo resuelto por el Juzgado, fundamentándose en la norma procesal civil aplicable; por lo cual consecuentemente no cabe bajo estos preceptos vulneración a garantías constitucionales. IV.-OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o Restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que como antecedente se debe mencionar en el presente caso: Que el abogado Martin Otho Morales Cervantes, en su condición de representante judicial de varios trabajadores, interpuso ante Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, una demanda ordinaria laboral para que se pague a sus representados prestaciones laborales por despido indirecto, preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, y vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes y décimo cuarto mes proporcional, pago de sueldo y salarios adeudados entre otros.- Siguiendo el procedimiento de ley, el A-quo ordenó el embargo preventivo sobre el bien inmueble identificado bajo la matricula número 499652 Asiento número UNO, del Sistema Unificado de Registros, (SURE). Asegura el demandante-tercerista que dichas medidas precautorias decretadas en jurisdicción laboral se encuentran inscritas bajo los Asientos Números 10, 11, y 12 de la Matricula citada. Consta a folio 75 al 79 de la primera pieza, que dichas acciones laborales finalizaron de forma atípica, es decir mediante un acuerdo extrajudicial, entre el Abogado Martín Othón Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Judicial de los trabajadores y la sociedad mercantil Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT), mandando el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, a archivar las acciones, como juicios fenecidos.- CONSIDERANDO (3): Que la acción de amparo civil que se conoce, tiene su génesis en el Expediente No. 0501-201703050 contentivo de la demanda de tercería de prelación de pago preferente, que por la vía del procedimiento abreviado, y en fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, ha promovido el Abogado Martín Othón Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Judicial de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Lemus Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez y otros, contra Banco Davivienda Honduras S.A. y la sociedad mercantil Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT); en la demanda de ejecución hipotecaria promovida por el Banco Davivienda Honduras S.A., en contra de la sociedad mercantil Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT), en adelante (COIMPORT), a través de su representante legal, el Abogado Leonel de Jesús Ávila. (Ver folio 1-3vuelto/47 vuelto de la pieza del A-quo), demandando el derecho preferente del pago de prestaciones laborales que (COIMPORT) debe a los trabajadores que representa. CONSIDERANDO (4): Que el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, estimó la demanda de tercería de prelación o pago preferente que mediante proceso abreviado interpuso el abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES en su condición antes dicha contra la sociedad mercantil denominada Banco Davivienda Honduras, S.A., como ejecutante. Y acto seguido CONDENÓ a la sociedad mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., ejecutante al pago preferente de la cantidad de Siete Millones Quinientos Sesenta y Un Mil, Dieciséis Lempiras con Cincuenta y Un Centavos (L.7,561.016.51) a favor de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Lemus Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez y demás trabajadores. Tercero: Se condena en las COSTAS causadas en esta instancia a la sociedad mercantil BANCO DAVIVIENDA, S.A., como ejecutante. (Ver folios 112-114p.p.)ONSIDERANDO (5): Que no conforme con la resolución antes referida, la Abogada Mary Ela Martínez Medina, en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil denominada Banco Davivienda Honduras S.A., impugnó vía recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, instancia que en fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, resolvió: PRIMERO: Anular la sentencia definitiva de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en la demanda por la vía del procedimiento abreviado de Tercería de Prelación o Pago, interpuesta por el Abogado MARTIN OTHON MORALES CERVANTES, en su condición de apoderado judicial de los señores MARIBEL ROSALES LUNA, NECTALINA DE JESUS LEMUS SARMIENTO, MARIA ERNESTINA FUENTES ORDOÑEZ Y OTROS, contra la sociedad mercantil denominada BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A., como ejecutante, debiendo la Juez de Primera Instancia dictarla con los requisitos de forma y fondo que manda la normativa procesal vigente. SEGUNDO: SIN COSTAS. En consecuencia, a la anterior decisión el A-quo en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, falló: DESESTIMAR la demanda de Tercería de Preferencia o Pago Preferente mediante proceso abreviado. CONSIDERANDO (6): Que el acto contra el cual se reclamó en Apelación es la resolución dictada por el A-quo en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, resolviendo el Tribunal de Alzada, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho en cuya motivación fáctica de la sentencia, dice: “MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA PRIMERO: La tercería de preferencia, es la reclamación que en un pleito, ya en trámite, interpone quien se estima con derecho a ser reintegrado su crédito con preferencia al acreedor ejecutante o con prelación crediticia general o especial en cualquier juicio. Requiere pues de dos circunstancias: a) que exista una demanda de page previa por parte de persona distinta al tercero que aún no se haya decidido, o al menos no se haya ejecutado, y b) el establecimiento o declaración simultanea o previa de la obligación para con el tercero, y tiene como finalidad, que con el producto de la realización de los bienes embargados se pague con preferencia, al tercerista. La resolución del juez en esta clase de juicios, es estimar procedente o no la existencia del derecho preferencial y el orden en que debe pagarse en su caso. SEGUNDO: En el juicio que nos ocupa, de la lectura del escrito de demanda, así como de la audiencia correspondiente, se observa, que la parte demandante pretende hacer prevalecer la prelación del crédito de los trabajadores sobre el bien inmueble objeto de la ejecución y que se les pague a ellos con preferencia antes que el acreedor hipotecario (Banco Davivienda). La institución financiera demandada-ejecutante cuestiona el título en que ampara su pretensión el tercerista (escritos de demanda y mandamiento de embargo) y manifiesta que estos documentos no pueden ser un título más privilegiado que la escritura donde se constituyó la primera hipoteca a favor de DAVIVIENDA. Por su parte la empresa demandada-ejecutada COIMPORT rechaza los hechos venidos a este caso por parte del tercerista por considera que el demandante tercerista deviene obligado a probar el título acreditativo del derecho preferente que aduce. La A quo, desestima la demanda de tercería de preferencia, basada en que el tercerista no acompañó a la demanda el principio probatorio que le faculte para reclamar el derecho preferente y que extemporáneamente se presentó documento denominado Transacción Extrajudicial que no fue admitido como documento nuevo en el juicio y el demandante tercerista no probo con la respectiva sentencia el derecho preferente alegado.-Los apelantes en sus agravios manifiestan que fue presentado el principio de prueba que se requiere y que este principio de prueba fue rebasado con la transacción judicial a que llegaron tanto el ejecutado y tercerista, lo cual consta en el oficio librado por el juzgado del trabajo, donde consta que las demandas se tuvieron por fenecidas y archivadas. TERCERO: Si nos remitimos a la procedencia de la acción de tercería (Art. 831 Código Procesal Civil) observamos, que la intervención de un tercero en la ejecución debe fundarse en su derecho a ser pagado preferentemente, lo cual lógicamente indica que al momento de entablarse dicha acción debe existir un derecho ya reconocido, lo cual tiene relación con lo estipulado en el artículo 832.1 del mismo cuerpo legal, respecto a los requisitos de la demanda de tercería , “con la demanda se acompañara un principio de prueba es decir un principio de prueba del derecho preferente ya reconocido. Sería improcedente jurídicamente hablando decir que se tiene reconocido un derecho con demandas presentadas y embargos presentados, documentos a los cuales el tercerista y ejecutado, denominan principio de prueba, cuando la ley es categórica al establecer que la tercería debe ser fundada en un derecho a pago preferente contendiéndose con el derecho reconocido mediante sentencia, pretender el reconocimiento del derecho preferente posterior a la interposición de la tercería, conlleva a una distorsión de la figura de tercería, entraríamos a lo se conoce como fraude de ley. Es de importancia tener en cuenta que la tercería de preferencia precede en el derecho a ser pagado con preferencia al acreedor ejecutante, según lo define el Código Procesal Civil, en cuyas disposiciones establece específicamente en su artículo 832.2 que el proceso se limitara a decidir sobre la existencia del privilegio y el orden de satisfacción de los distintos créditos. El tercerista la acción que reclamo lo realizo en base a un derecho inexistente (no fue admitido por el juzgado hecho nuevo de transacción, el informe del juzgado laboral sobre el archivo de diligencias por la transacción entre el ejecutado y tercerista se trata de un hecho posterior a la presentación de la demanda) y al hablar de preferencia conforme el articulo 2257 No.3 del Código Civil, hay que establecer que goza de preferencia los créditos que sin privilegio consten 1) escritura pública y por sentencia firme, si hubiera sido objeto de litigio. CUARTO: No existiendo infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo se confirma la sentencia dictada. RESUELVE: En consecuencia, esta Corte De Apelaciones Civil De San Pedro Sula, Cortes. Por unanimidad votos, RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veintiocho de mayo del dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula; 2) CONFIRMAR la sentencia apelada.3) CON COSTAS.Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.” CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que se ha quebrantado el derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional que preceptúa “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (8): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En ese sentido, manifiesta que, aun y cuando se trate de una jurisdicción civil, un Juez conoce el derecho, y esta Sala señala que el razonamiento plasmado en la sentencia recurrida, carece de la lógica jurídica y la congruencia con el derecho a aplicar, haciendo referencia en específico a lo transcrito que se lee: “…Sería improcedente jurídicamente hablando decir que se tiene reconocido un derecho con demandas presentadas y embargos presentados, documentos a los cuales el tercerista y ejecutado, denominan principio de prueba, cuando la ley es categórica al establecer que la tercería debe ser fundada en un derecho a pago preferente contendiéndose con el derecho reconocido mediante sentencia, pretender el reconocimiento del derecho preferente posterior a la interposición de la tercería, conlleva a una distorsión de la figura de tercería, entraríamos a lo se conoce como fraude de ley. Es de importancia tener en cuenta que la tercería de preferencia precede en el derecho a ser pagado con preferencia al acreedor ejecutante, según lo define el Código Procesal Civil, en cuyas disposiciones establece específicamente en su artículo 832.2 que el proceso se limitara a decidir sobre la existencia del privilegio y el orden de satisfacción de los distintos créditos. El tercerista la acción que reclamo lo realizo en base a un derecho inexistente (no fue admitido por el juzgado hecho nuevo de transacción, el informe del juzgado laboral sobre el archivo de diligencias por la transacción entre el ejecutado y tercerista se trata de un hecho posterior a la presentación de la demanda) y al hablar de preferencia conforme el articulo 2257 No.3 del Código Civil, hay que establecer que goza de preferencia los créditos que sin privilegio consten 1) escritura pública y 2) por sentencia firme, si hubiera sido objeto de litigio. CUARTO: No existiendo infracción en la aplicación o interpretación del derecho en la decisión de fondo se confirma la sentencia dictada.” CONSIDERANDO (9): Que lo transcrito anteriormente es la parte toral de la sentencia y es ese razonamiento el que se aparta del debido proceso, de la tutela judicial verdaderamente efectiva, otorgando un plus de valoración a la forma sobre el fondo, en un procedimiento en donde Convenios Internacionales, la Constitución y las leyes mandan a decantarse por el derecho preferencial del trabajador, aun y cuando, como se dijo se trate de un Juez civil, quien está obligado a aplicar los principios del derecho del trabajo cuando los perjudicados con determinada decisión son trabajadores despedidos injustamente. En el presente juicio, es obligado aplicar la máxima “Venire ad factum” “céntrese en los hechos “iure novit curia” “Que el Juez conoce el derecho”, y para ello no se podrá atribuir a la ley otro sentido en que resulte explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador, manda el artículo 17 del Código Civil, y sigue en el artículo 20 de la misma norma, la obligatoriedad de que en aquellos casos en que no pudiesen aplicarse la máxima del artículo 17, por ejemplo, se interpretarán los pasajes obscuros o contradicciones del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. La Sala de lo Constitucional hará una congruente aplicación de la legislación en materia civil aplicable al caso otorgando el derecho a quien le corresponde. CONSIDERANDO (10): Que consta a folio 103 de la primera pieza, la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual se resuelve la demanda de Tercería o Prelación de Pago Preferente, interpuesta por el Abogado Martín Othón Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Judicial de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Lemus Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez y otros, en la demanda de ejecución hipotecaria promovida por el Banco Davivienda Honduras S.A., en contra de la sociedad mercantil Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT), a través de su representante legal, el Abogado Leonel de Jesús Ávila; en la cual, el A-quo, si bien observó que con la presentación de la demanda, no se acompañó un principio de prueba del derecho alegado, decidió no rechazar la misma, al escuchar el planteamiento sobre unas resoluciones judiciales existentes en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, recaídas en varias demandas laborales interpuestas por varios trabajadores contra la sociedad mercantil Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT), para el pago de sus prestaciones sociales y derechos laborales. Así las cosas, esta Sala observa y manifiesta que el A-quo Civil, en procura de una justicia judicial efectiva, puso por encima de la rigurosidad procesal civilista, los principios generales del derecho laboral, nacidos en defensa del trabajador, como el “Principio Protectorio” y en latin, “in dubio pro operario” que impide los abusos de la parte “fuerte” o superior, representada por el empleador sobre el trabajador, principio que se concreta en tres fórmulas: 1.- Si las circunstancias son dudosas, la resolución judicial debe beneficiar al empleado; 2.- La de la norma más favorable, que consiste en aplicar cuando haya más de una norma jurídica que regule el asunto, la que sea más propicia al trabajador; y 3.- La de la condición más beneficiosa, que importa permitir pactar en los contratos mejores condiciones laborales que las que la ley contempla, pero no más perjudiciales. En consecuencia, el A-quo, solicitó a la jurisdicción del trabajo informara al respecto (ver folios del 75 al 100 de la primera pieza), folios en los cuales consta que el Abogado Martín Othón Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Judicial de los señores Maribel Rosales Luna, Nectalina de Jesús Lemus Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez y otros y la sociedad mercantil Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT), a través de su representante legal, el Abogado Leonel de Jesús Ávila, firmaron un acuerdo de transacción extrajudicial, presentándolo ante el Juez del Trabajo que conocía de las causas, señalando dicho A-quo, en resolución de fecha uno de noviembre de dos mil diecisiete, que “tuvo por hecho el arreglo extrajudicial celebrado por la parte actora y demandada y siendo que dicho arreglo de manera atípica pone fin al proceso, en consecuencia procede mandar archivar los expedientes en el lugar que ocupan los juicios fenecidos, mandó a agregar a los autos los documentos presentados y que acreditan la transacción celebrada entre las partes”. Posterior a esta resolución, el apoderado judicial de los trabajadores, presentó escrito de Homologación, aún y cuando el Juez, en un formato de auto ya había HOMOLOGADO el acuerdo extra judicial, debiendo hacerlo en formato de sentencia. El A-quo rechazó la solicitud de Homologación del acuerdo extrajudicial supra mencionado, por haber fenecido las demandas, vulnerando con esta respuesta el derecho de defensa y debido proceso, pues correspondía señalar que en su condición de Juez competente para conocer las demandas laborales en cuestión, éstas habían sido ya homologadas al manifestar su decisión de “…tener por hecho el arreglo extrajudicial celebrado por la parte actora y demandada” máxime si tuvo en sus manos el Testimonio de Escritura Pública No. 986, de Transacción Extrajudicial, otorgada por el Abogado Leonel de Jesús Ávila, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L. (COIMPORT) y el Abogado Martín Othón Morales Cervantes, en su condición de Apoderado Judicial de los trabajadores, en el cual se manifiesta la voluntad de las partes y el acuerdo de la cantidad a pagar a los trabajadores, en los conceptos ya apuntados, al efectuarse el embargo de los bienes de la sociedad demandada. Siendo los trabajadores: Maribel Rosales Luna, Nectalina De Jesús Lemus Sarmiento, María Ernestina Fuentes Ordoñez, Ada Leticia Canales Castro, Donaldo Benjamín Mendoza López, Marvin Herrera Gonzales, Santos Tomás Sánchez Amador, Matilde Cristina Ochoa Posadas, María Antonia Aguilar, Fanny Ninoska Sánchez Corrales, Elbyn Márquez Arias, Claudia María Matute, Orvin Javier Flores, Dolando Vicente Méndez, Gabriel Antonio Zelaya Espinal, Dixia Giselle Velásquez Alvarado, Gennie Lorena Katan Gómez, Guillermo Moreno, Roger Dario Domínguez Dubón, Pedro Navarrete, Carlos Alvarado Hernández, Jeremías Perdomo Reyes, Bernabé Varela Zamora, Carlos Alfredo Lagos Flores, Jorge Alberto Fúnez Castellanos, Janou Alejandra Ayala Ramírez, Nery Alexi Hernández Padilla, Denis Misal Ramírez Muñoz, Santos Enrique Castro Ardón, Walter Enrique Contreras Martínez, Juan Francisco Ortíz Castro, Marlon Josué Gómez Rodríguez, José Francisco Záldivar Rodríguez, Yunior Ovando Romero Hernández, Roger Omar Zelaya López, Oscar Manuel Hernández Trochez, Nusly Jacqueline Barahona, Mario Enrique Andrade Castillo, Bianka Ninette Matute Bolian, Anibal Humberto Rivera Meráz, Miguel Eduardo Brizuela Castro, Luis Ismael Padilla Hernández, Luisa Filomena Flores Aguilar, Cristian Josué Bautista Záldivar, Eulalia Bautista Záldivar, José Salvador Gonzáles, Josué Damiel Briones Deldic, Dalin Yovanis Sánchez Reyes, Elvis Yamil Cruz Arteaga, Nahun Orlando Reyes García, Darlin Melgar Cortés, Favio Neptaly Rosa Ventura, José Miguel Carbajal Martínez, Nusly Jacqueline Barahona, Bessy Jackeline García Murillo Y José De La Cruz Rodas. CONSIDERANDO (11): Que se debe recordar que el apoderado legal de Banco DAVIVIENDA HONDURAS S.A., en fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, peticionó la nulidad absoluta de la resolución de esa misma fecha, mediante la cual el Juez tuvo por bien hecho el acuerdo extrajudicial supra, impugnando esa decisión vía recurso de apelación, mismo que fue declarado SIN LUGAR, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Cortés, quedando firme el mismo. Que, siguiendo con el hilo conductor de los antecedentes, el A-quo emitió resolución en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, (ver folio 112 en adelante), mediante la cual resolvió estimar la demanda de Tercería o Prelación de Pago Preferente, condenando al Banco DAVIVIENDA HONDURAS S.A., al pago de la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS; (L.7,561,016.51). Esta resolución, fue anulada mediante sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil dieciocho dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula Cortes; consecuentemente, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, dictó sentencia en obediencia a lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, DESESTIMANDO la demanda de Tercería de Prelación o pago preferente, por no considerar el arreglo extrajudicial como un principio de prueba y además por estimar que lo presente en un momento procesal extemporáneo y no junto con la demanda como lo ordena el artículo 832 numeral 1. Contra esta resolución tanto el apoderado de los trabajadores, así como el apoderado judicial de COIMPORT, interpusieron recurso de apelación, habiendo sido declarado SIN LUGAR y confirmó la sentencia apelada, en base a los argumentos jurídicos apuntados en el considerando No. 6. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional, manifiesta que la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, recurrida en amparo constituye una clara vulneración al debido proceso y al derecho de defensa de los trabajadores, el desconocer el derecho preferente de éstos. Que se debe recordar que la motivación de la sentencia en sentido estricto se desglosa en motivación fáctica, esto es argumentación de las razones que avalan la reconstrucción que el Tribunal hace de lo sucedido expresando las pruebas en que se funda y las razones de su persuasividad. Asimismo, la motivación jurídica, es la explicación del razonamiento sobre el que se construye el tratamiento jurídico del caso, o si se prefiere de la subsunción típica del hecho enjuiciado. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. CONSIDERANDO (13): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas la aplicación de las reglas de la sana crítica y la motivación clara y precisa de la sentencia forman parte del debido Proceso. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional manifiesta que de la decisión tomada en jurisdicción civil, dependerá el hacer justicia o no a más de treinta trabajadores que en un arreglo extrajudicial, el patrono, a través de su apoderado legal reconoció el despido injusto y el pago de las prestaciones laborales y sociales, por lo que se hace hincapié en la aplicación de las leyes civiles y además de: 1.- El espíritu general de la legislación laboral y 2.- a la equidad natural, entendiendo por esta última, lo que dice el diccionario de la Real Academia Española define el término EQUIDAD en su tercera acepción como: “Justicia natural, por oposición a la Letra de la ley positiva”, atribución que manda el numeral dos del artículo 183 de la Constitución de la República y el numeral dos del artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, a esta Sala de lo Constitucional como intérprete último de las leyes. CONSIDERANDO (15): Que no se debe desconocer en el presente juicio civil, el acuerdo extrajudicial tantas veces mencionado, en el cual COIMPORT, se compromete a pagar a los trabajadores mal despedidos, la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS; (L.7,561,016.51). No reconocer el hecho de que un Juez competente haya tenido por bien hecho el acuerdo extrajudicial, en el cual se logra justicia para más de treinta trabajadores, porque este reconocimiento no se hizo en un formato de sentencia, y el artículo 2257 No.3 del Código Civil, hay que establecer que goza de preferencia los créditos que sin privilegio consten 1) escritura pública y 2) por sentencia firme, si hubiera sido objeto de litigio. En el presente caso, la Corte de Apelaciones hizo caso omiso a que, en efecto, hubo litigio judicial, el cual acabó mediante un arreglo extrajudicial, tenido por bien hecho por un Juez competente, acuerdo que consta en escritura pública y en la cual están plasmados cada uno de los compromisos a cumplir. Este auto en el cual se tiene por bien hecho dicho acuerdo extrajudicial, es la determinación de un Juez de la República, que, si bien no guardó el formato, no significa que exista una decisión técnico-jurídica, que homologa el acuerdo llevado a cabo entre dos partes, y en el cual se hace justicia a más de treinta trabajadores mal despedidos. Decantarse por la forma, es decir, argumentar que no hay una sentencia como lo exige el 2257 del Código Civil, que constituya un principio de prueba del derecho alegado, como lo manda el numeral uno del 832 del Código Procesal Civil, y por este razonamiento, dejar sin el pago de prestaciones laborales a más de treinta trabajadores, es olvidar que el pueblo les dio potestad de impartir justicia, es para eso que fueron nombrados. Por lo que no amparar a los recurrentes sería tanto como decretar que estamos en una Corte Suprema de Legalidad y no de Justicia. Se manifiesta que es patente la vulneración al derecho de defensa de los recurrentes trabajadores, vulnerándose el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República por lo cual el amparo se otorga. Ahora, el amparo se otorga parcialmente, en ese sentido, esta Sala determina que la decisión tomada por la alzada, relativa a la condena por la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS; (L.7, 561,016.51) en contra del Banco Davivienda Honduras S.A., no vulnera el debido proceso así como ningún otro derecho fundamental, ya que es una respuesta ultrapetita concedida en inobservancia a lo dispuesto en el numeral dos del artículo 832 del Código Procesal Penal, por lo que la respuesta del Ad-quem al declarar sin lugar el recurso con relación a esta decisión en específico, en efecto esta dictado conforme al numeral dos del mencionado artículo 832 numeral dos de la ley adjetiva civil, por lo que el derecho a declarar consiste en que efectivamente existe el privilegio de prelación y pago preferente a cada uno de los trabajadores que representa el abogado Martín Othón Morales Cervantes, estableciendo que esto ocupan el primer lugar en prioridad de satisfacción del crédito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado Leonel de Jesús Ávila a favor de la sociedad mercantil denominada “Comercializadora e Importadora de Frutas, Cárnicos y Alimentos Congelados, S. de R.L.” (COIMPORT) así: a) Que la Corte de Apelaciones, en ejecución de esta sentencia, dicte sentencia en la cual se establezca la existencia del privilegio de pago preferente a cada uno de los trabajadores representados por el abogado Martín Othón Morales Cervantes, ordenando que a éstos, les será satisfecho en primer lugar el pago de los créditos debidos; y b) DENIEGA el recurso de amparo interpuesto con relación a la condena por la cantidad de SIETE MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIEISEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS; (L.7,561,016.51) en contra del Banco Davivienda Honduras S.A., confirmando lo resuelto por el Ad-quem referente a este punto en concreto. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE Firmas y sello. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil veinte, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0934-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONA
[1] Ver folios 25-26 del presente recurso