Sentencia AC-889-19 — Registro 11808
Resumen
Sentencia resolvió recurso de apelación contra fallo que declaró sin lugar demanda ordinaria reivindicatoria de dominio, declaró la nulidad de la inscripción de las mejoras inscritas y ordenó la cancelación de dichas inscripciones en el Instituto de la Propiedad; en apelación se declaró nulidad de actuaciones a partir e inclusive de la audiencia preliminar de dicha demanda y que se vuelva a celebrar dicho acto procesal conforme al debido proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La presente garantía constitucional de amparo se funda en la violación de los derechos de debido proceso y propiedad…La Sala de lo Constitucional rechaza de entrada la violación que se invoca al derecho de propiedad en virtud de que el garantista no explica en qué forma podría el acto impugnado afectar ese derecho de su poderdante. Lo aseverado por la amparista no es de recibo en virtud de no haber observado su obligación o carga procesal de argumentar, acreditar y convencer de la existencia y manifestación de una afectación real al derecho de propiedad causada por la resolución de la corte de apelaciones. Con relación al derecho del debido proceso, la Sala de lo Constitucional se pronuncia de acuerdo con el argumento general del tribunal de alzada, en cuanto dispone que conforme al artículo 701 del Código Procesal Civil debe en principio pronunciarse únicamente sobre el thema decidendi propuesto por las partes en los agravios y la oposición que se formula en su contra, siendo esta la característica esencial del efecto devolutivo de los recursos como la apelación y la casación..."..." De igual manera este alto tribunal de justicia acoge la excepción a esta regla, que ocurre cuando deba pronunciarse respecto de defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. No obstante, también aprecia correcto lo aseverado por la censora que pide amparo en cuanto señala el artículo 214 del Código Procesal Civil que, en el mismo sentido de lo expresado por la corte, señala que al juzgador de alzada se le veda la facultad de dictar nulidades que no sean alegadas a menos que sean de los presupuestos procesales que deba revisar de oficio. En resumen, para la Sala de lo Constitucional, resulta claro que el thema decidendi lo imponen las partes recurrentes con los motivos o agravios que alegan y las oposiciones de las partes recurridas;..."en este caso concreto el asunto a dirimir es si es posible que la corte de apelaciones pueda cumplir con su función de revisar lo resuelto por el juez de primera instancia de acuerdo con lo impugnado en el escrito de apelación y la oposición a dichos agravios. Debe aclararse que lo óptimo es que el tribunal de alzada pueda acceder a lo acontecido en la audiencia de primera instancia mediante los soportes electrónicos de audio y/o video; sin embargo, de no ser posible esto, será suficiente el acta que levante el secretario o el receptor en su caso, si esta fuere lo suficientemente confiable para ser un testimonio más o menos fiel de lo acaecido durante la audiencia y especialmente si brinda la información necesaria para dar una respuesta en segunda instancia que cumpla con el derecho de dar a las partes una tutela judicial realmente efectiva. Al contrastar lo consignado en el acta de la audiencia preliminar con los agravios de la apelación, este alto tribunal de justicia es del parecer que estos pueden ser resueltos por la corte de apelaciones denunciada en amparo, debido a que el acta de la audiencia preliminar contiene la información necesaria para dar respuesta al objeto de la apelación, asimismo se encuentran de apoyo los escritos de demanda y reconvención y sus respectivas contestaciones, más los medios de pruebas periciales y documentales que brindan información suficiente al litigio de marras. En fin, para este alto tribunal de justicia es de recibo el motivo de amparo presentado por la amparista por violación del derecho debido por vía de tutela judicial efectiva, pero no por el derecho de propiedad....la Sala de lo Constitucional, no sigue a la corte de apelaciones cuando arguye que el extravío de la grabación constituye una vulneración al derecho de defensa de los intervinientes en el proceso, en virtud de que no hubo de parte de estos ninguna manifestación que conduzca a esta conclusión. De hecho, existe evidencia que el recurrente en apelación no hizo mención alguna al respecto, como tampoco la parte recurrida. Con relación a que la falta de grabación es un obstáculo a la función revisora del tribunal de alzada, cabe mencionar que dicha corte no detalla que elementos le resultaron necesarios de obtener para dictar su resolución y que no se encuentran en el acta, salvo el del objeto del debate, el cual a criterio de la Sala puede ser conocido con la información que se encuentra en el acta y en las diligencias. La dificultad que expone la corte de apelaciones para ejercitar su labor revisora, a la sazón porque el juez a quo no expresó de viva voz el objeto del debate, es un vicio que se pudo sanear con la información que se encuentra en el acta de la audiencia y demás diligencias que componen el proceso, por lo que la nulidad declarada en su resolución es un exceso de formalidad, totalmente innecesario en el presente caso; por otro lado, hasta ahora ha perjudicado más a las partes la falta de pronunciamiento o decisión del tribunal ad quem, que el extravío de la grabación. En virtud de todo lo expuesto corresponde amparar a la señora Marina Estela Alvarado por habérsele violentado el derecho de debido proceso por vía de acceso a la tutela judicial efectiva, siendo procedente para su restitución ordenar a la corte de apelaciones que ejercite su función revisora dictando la sentencia de fondo que corresponda y así resolver el recurso de apelación..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 152 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 710 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada Kelly Sthefania Osorio Moncada, a favor de la señora Marina Estela Alvarado, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO. PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO, promovida por la señora María Verónica Gonzáles Bonilla, contra la señora Marina Estela Alvarado. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, la señora María Verónica Gonzáles Bonilla, interponiendo “DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO. PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO…”, contra la señora Marina Estela Alvarado. (Folios 1-2 del tomo I de la pieza del iudex a quo). 2. En fecha diez de junio de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, la señora Marina Estela Alvarado, contestando la demanda promovida en su contra, asimismo interponiendo demanda por reconvención para que se declare la NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS INSCRITAS EN EL ASIENTO NÚMERO 4 DE LA MATRICULA 795599, LA CANCELACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO INMUEBLE Y MERCANTIL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en contra de la señora María Verónica Gonzáles Bonilla. (Folios 48-54 del tomo I de la pieza del iudex a quo). 3. En fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva recayendo el siguiente fallo: “PRIMERO DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria de REIVINDICATORIA DE DOMINIO VÍA PROCESO ORDINARIO interpuesta por la señora MARÍA VERÓNICA GONZÁLES BONILLA (demandante reconvenida) en contra de la señora MARINA ESTELA ALVARADO (demandada reconviniente) en el presente proceso. SEGUNDO: SE DECLARA CON LUGAR la pretensión VÍA RECONVENCIÓN Y PROCESO ORDINARIO promovida por la Abogada KELLY STHEFANIA OSORIO MONCADA en representación de la parte demandada reconviniente, señora MARINA ESTELA ALVARADO. TERCERO: SE DECLARA la Nulidad de la Inscripción de las mejoras inscritas en el asiento 04 de la matricula 795599, por consiguiente, se ordena la cancelación de dicha inscripción en el Instituto de la Propiedad del departamento de Francisco Morazán. CUARTO: SIN LUGAR EL PAGO DE LUCRO CESANTE y DAÑO EMERGENTE reclamados por la parte demandada reconviniente en contra del demandante reconvenido, señora MARÍA VERÓNICA GONZÁLES BONILLA, en vista de no haberse probado. (Folios 283-290 del tomo II de la pieza del iudex a quo). 4. La Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada Zoila Gicela Gonzáles, en contra de la sentencia relacionada en el numeral que precede, dictó por unanimidad de votos la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, en la que recayó el siguiente fallo: “PRIMERO: Declarando NULIDAD DE ACTUACIONES a partir e inclusive de la audiencia preliminar de fecha doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016), y actuaciones posteriores. SEGUNDO: Devolviendo las actuaciones para que el a quo, vuelva a celebrar dicho acto procesal conforme al principio del debido proceso. TERCERO: SIN COSTAS.” (Folios 48-57 de la pieza del ad quem). 6. En fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante este alto tribunal de justicia, la abogada Kelly Sthefania Osorio Moncada, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la señora Marina Estela Alvarado, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. 7. Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, asimismo ordenó dar la vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 42 de la pieza de amparo). 8. En fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la fiscal del Ministerio Público, abogada Yulibeth Garay Hernández, quien fue del parecer porque se otorgue el presente amparo, por existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la amparista. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los derechos de debido proceso y propiedad, contenidos por su orden en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. La garantista al formalizar el amparo de mérito estimó la violación de los derechos de debido proceso y propiedad, contenidos en los artículo 90, 103 y 106 de la Constitución de la Republica, porque la corte de apelaciones decidió anular todas las actuaciones desde la audiencia preliminar celebrada el doce de abril de dos mil dieciséis, debido a que se extravió la grabación, estimando dicha corte encontrarse facultada para ello por lo que dispone el artículo 701 del Código Procesal Civil. Señala la garantista que la corte de apelaciones se fundamentó en que se había violentado el debido proceso, cuando lo que ocurrió en realidad fue el incumplimiento del personal del juzgado de conservar las grabaciones y de la corte de revisar y cerciorarse que el CD contuviera la grabación de la audiencia al momento de recibir el expediente remitido. La censora señala que dio cuenta a la entonces inspectoría de tribunales de lo acontecido y que acompaña copia de la investigación que dicho ente realizó. Para la amparista la sentencia contra la que pide amparo niega a su poderdante el derecho que tiene a la tutela judicial efectiva o sea la obtención de una sentencia fundada en derecho y la efectividad de la sentencia dictada en primera instancia. Alega que el artículo 701[4] invocado por la corte, se encuentra limitado por el artículo 214.3[5], ambos del Código Procesal Civil. Para la garantista no debió dictarse una decisión judicial que perjudica a su poderdante basándose y haciendo suyas lo expresado por la misma corte de apelaciones, quien en su fundamento de derecho séptimo dispuso: “Los errores de los órganos jurisdiccionales no deben producir efectos negativos en la esfera jurídica de los intervinientes en el proceso.” Por otra parte, señala la amparista que la falta de grabación se suple con el acta de la audiencia de la cual el secretario da fe de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal Civil[6], sin embargo, dice la amparista, la corte se negó a reconocer el carácter subsidiario del acta en el fundamento cuarto de la sentencia, señalando que dicha acta no es detallada y no permite conocer lo acontecido. Esta última aseveración de la corte es rechazada por la amparista, señalando que carece de veracidad y objetividad, por cuanto es apreciable en dicha acta que la juez dirigió la audiencia observando lo que dispone el artículo 441 del Código Procesal Civil[7]. La censora manifiesta que el acta es amplia y detallada porque describe bien lo acontecido durante la audiencia, rechazando por tanto que la misma es sucinta. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen del dictamen emitido por el agente del Ministerio Público. El Ministerio Público por medio de la fiscal Yulibeth Garay Hernández, rindió su dictamen, concluyendo que procede otorgar la garantía constitucional de amparo de mérito. A continuación, se resumen los fundamentos en que apoya su opinión. La fiscal menciona que con la simple lectura de la audiencia preliminar celebrada en fecha doce de abril de dos mil dieciséis, el juez de primera instancia cedió la palabra a cada una de las partes para que fijaran sus pretensiones en relación con el objeto y los términos del debate. Luego la fiscal señala que el juez a quo resolvió fijando la pretensión de la parte demandante de conformidad al escrito de la demanda ordinaria de reivindicación de dominio de una habitación adherida al inmueble del litigio; y que de igual manera fijó como pretensión de la parte demandada, la desestimación de la acción de reivindicación antes mencionada. Para la fiscal entonces, quedaron también consecuentemente fijados los términos del debate, tanto para la demanda como para la reconvención. En virtud de ello para la fiscal, el tribunal de alzada contaba con las actuaciones procesales necesarias para realizar la función revisora que caracteriza al recurso de apelación, y por ende debía pronunciarse sobre el fondo del asunto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 715 numeral 2) del Código Procesal Civil. La falta de pronunciamiento sobre el fondo del asunto debe en su opinión producir el otorgamiento de amparo, por existir vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la amparista. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos expuestos por la autoridad denunciada en la resolución que se ha impugnado por vía de amparo. La Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán decidió por unanimidad de votos declarar la nulidad de actuaciones a partir e inclusive de la audiencia preliminar de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, y actuaciones posteriores. En consecuencia, ordena al iudex a quo que vuelva a celebrar dicho acto procesal conforme al principio del debido proceso. La decisión del tribunal de alzada se fundamentó en que el artículo 701 del Código Procesal Civil establece que aunque el recurso de apelación se encuentre circunscrito a los puntos y cuestiones planteadas por el recurrente, delimitando el ámbito objetivo de la segunda instancia, el juzgador podrá entrar a conocer y resolver defectos procesales apreciables de oficio aun cuando no hayan sido denunciados por las partes. Seguidamente la corte de apelaciones cita el artículo 152 del Código Procesal Civil el cual consagra el principio de oralidad. Manifiesta dicho tribunal de alzada que en virtud de dicha norma las actuaciones producidas durante las audiencias deberán ser registradas por medios electrónicos que permitan su grabación. Menciona además el derecho que tienen las partes de solicitar copia de estos registros originales. También la obligación del secretario de consignar con extensión y detalle aquellos hechos y actos que tengan trascendencia procesal, dando al menos fe del número y clase de procedimiento, lugar y fecha de su celebración, tiempo de duración, asistentes del acto, peticiones y propuestas de las partes; asimismo en caso de proposición de pruebas la declaración y pertinencia y orden de práctica de las mismas, por último las resoluciones que adopte el juez y cualquier otra circunstancia o incidencia. A lo expuesto, la corte de apelaciones agrega lo fundamental que resulta esto para las partes a efecto de articular su derecho de defensa ante el tribunal de segunda instancia. Por lo que considera que el extravío de la grabación constituye una vulneración al derecho de defensa de las partes; además de ser un obstáculo a la función revisora del tribunal de alzada, en caso de que no permita un nuevo examen de las actuaciones realizadas en primera instancia. La corte de apelaciones refiere en resumen que en este caso de autos se extravió la grabación de la audiencia preliminar de fecha doce de abril de dos mil dieciséis y el acta donde consta ésta no permite la reconstrucción de acuerdo con lo que dispone el artículo 152 del Código Procesal Civil, en virtud de que dicha es sucinta y no permite conocer lo acontecido durante la audiencia. La corte asegura que en dicha acta no se encuentra dispuesto en forma clara la fijación del objeto de debate, labor que corresponde al juez expresar de viva voz en la audiencia, y que no puede sustituirse con solo cederle la palabra a cada parte para que fijen la pretensión y la oposición (aunque la corte reconoce que esto es lo único que consta en el acta). El tribunal agrega en su sentencia que en sus decisiones ha reiterado la necesidad de fijar el objeto del debate, para así saber que medios de prueba deben ser admitidos, asimismo que es lo que debe resolverse en la sentencia. Finalmente apunta que con lo contenido en el acta se hace imposible determinar el objeto del debate en el presente proceso; y que, en virtud de que es materialmente reconstruir ese elemento en virtud de haberse extraviado la grabación de la audiencia, es que procede anular el proceso a partir de la audiencia preliminar. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento de los derechos de debido proceso y propiedad, contenidos por su orden en los artículos 90, 103 y 106 de la República. La presente garantía constitucional de amparo se funda en la violación de los derechos de debido proceso y propiedad, contenidos por su orden en los artículos 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional rechaza de entrada la violación que se invoca al derecho de propiedad en virtud de que el garantista no explica en qué forma podría el acto impugnado afectar ese derecho de su poderdante. Lo aseverado por la amparista no es de recibo en virtud de no haber observado su obligación o carga procesal de argumentar, acreditar y convencer de la existencia y manifestación de una afectación real al derecho de propiedad causada por la resolución de la corte de apelaciones. Con relación al derecho del debido proceso, la Sala de lo Constitucional se pronuncia de acuerdo con el argumento general del tribunal de alzada, en cuanto dispone que conforme al artículo 701 del Código Procesal Civil debe en principio pronunciarse únicamente sobre el thema decidendi propuesto por las partes en los agravios y la oposición que se formula en su contra, siendo esta la característica esencial del efecto devolutivo de los recursos como la apelación y la casación. Dicha característica se resuelve en el aforismo latino, tantum devolutum quantum apellatum. De igual manera este alto tribunal de justicia acoge la excepción a esta regla, que ocurre cuando deba pronunciarse respecto de defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. No obstante, también aprecia correcto lo aseverado por la censora que pide amparo en cuanto señala el artículo 214 del Código Procesal Civil que, en el mismo sentido de lo expresado por la corte, señala que al juzgador de alzada se le veda la facultad de dictar nulidades que no sean alegadas a menos que sean de los presupuestos procesales que deba revisar de oficio. En resumen, para la Sala de lo Constitucional, resulta claro que el thema decidendi lo imponen las partes recurrentes con los motivos o agravios que alegan y las oposiciones de las partes recurridas; como también, la ley cuando obliga al juzgador el conocimiento de oficio de ciertos casos o existan vicios insubsanables que alteran el debido proceso. Ahora bien, en este caso concreto el asunto a dirimir es si es posible que la corte de apelaciones pueda cumplir con su función de revisar lo resuelto por el juez de primera instancia de acuerdo con lo impugnado en el escrito de apelación y la oposición a dichos agravios. Debe aclararse que lo óptimo es que el tribunal de alzada pueda acceder a lo acontecido en la audiencia de primera instancia mediante los soportes electrónicos de audio y/o video; sin embargo, de no ser posible esto, será suficiente el acta que levante el secretario o el receptor en su caso, si esta fuere lo suficientemente confiable para ser un testimonio más o menos fiel de lo acaecido durante la audiencia y especialmente si brinda la información necesaria para dar una respuesta en segunda instancia que cumpla con el derecho de dar a las partes una tutela judicial realmente efectiva. Al contrastar lo consignado en el acta de la audiencia preliminar con los agravios de la apelación, este alto tribunal de justicia es del parecer que estos pueden ser resueltos por la corte de apelaciones denunciada en amparo, debido a que el acta de la audiencia preliminar contiene la información necesaria para dar respuesta al objeto de la apelación, asimismo se encuentran de apoyo los escritos de demanda y reconvención y sus respectivas contestaciones, más los medios de pruebas periciales y documentales que brindan información suficiente al litigio de marras. En fin, para este alto tribunal de justicia es de recibo el motivo de amparo presentado por la amparista por violación del derecho debido por vía de tutela judicial efectiva, pero no por el derecho de propiedad. En suma a lo anterior, la Sala de lo Constitucional, no sigue a la corte de apelaciones cuando arguye que el extravío de la grabación constituye una vulneración al derecho de defensa de los intervinientes en el proceso, en virtud de que no hubo de parte de estos ninguna manifestación que conduzca a esta conclusión. De hecho, existe evidencia que el recurrente en apelación no hizo mención alguna al respecto, como tampoco la parte recurrida. Con relación a que la falta de grabación es un obstáculo a la función revisora del tribunal de alzada, cabe mencionar que dicha corte no detalla que elementos le resultaron necesarios de obtener para dictar su resolución y que no se encuentran en el acta, salvo el del objeto del debate, el cual a criterio de la Sala puede ser conocido con la información que se encuentra en el acta y en las diligencias. La dificultad que expone la corte de apelaciones para ejercitar su labor revisora, a la sazón porque el juez a quo no expresó de viva voz el objeto del debate, es un vicio que se pudo sanear con la información que se encuentra en el acta de la audiencia y demás diligencias que componen el proceso, por lo que la nulidad declarada en su resolución es un exceso de formalidad, totalmente innecesario en el presente caso; por otro lado, hasta ahora ha perjudicado más a las partes la falta de pronunciamiento o decisión del tribunal ad quem, que el extravío de la grabación. En virtud de todo lo expuesto corresponde amparar a la señora Marina Estela Alvarado por habérsele violentado el derecho de debido proceso por vía de acceso a la tutela judicial efectiva, siendo procedente para su restitución ordenar a la corte de apelaciones que ejercite su función revisora dictando la sentencia de fondo que corresponda y así resolver el recurso de apelación. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 82, 90, 94, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4 No. 5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO PARCIALMENTE la garantía constitucional de amparo por violación del derecho al debido proceso, por vía de acceso a la tutela judicial efectiva, interpuesta por la abogada Kelly Sthefania Osorio Moncada, a favor de la señora Marina Estela Alvarado, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, para efecto de restituir el derecho al debido proceso por vía de la tutela judicial efectiva, este alto tribunal de justicia ordena: Que la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, proceda a dictar sentencia pronunciándose sobre los agravios y su respectiva oposición que constituyen el thema decidendi de la apelación interpuesta en contra de la sentencia de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho por el por el honorable JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. SE DENIEGA la garantía de amparo por el derecho de propiedad. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-889-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid. Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Vid. Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Vid. Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Vid. “Artículo 701. EFECTO DEVOLUTIVO. ÁMBITO DEL RECURSO. 1. El tribunal que resuelva los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. 2. Respetando los límites anteriores podrá resolver el recurso invocando las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso, aunque no coincidan con los señalados por los recurrentes en sus escritos. 3. No obstante lo anterior, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.”
[5] Vid. “Artículo 214. MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL… 3) En ningún caso podrá el tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva, funcional o territorial cuando ésta venga fijada imperativamente o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal.”
[6] Vid. “Artículo 151. FE PÚBLICA JUDICIAL. 1. El secretario ostenta la fe pública judicial, mediante la que deja constancia oficial en el expediente de la realización de las actuaciones procesales, por sí o mediante el registro correspondiente, de cuyo funcionamiento será responsable, de la recepción de escritos con los documentos y recibos que los acompañen, así como de la producción de hechos con trascendencia procesal. 2. El secretario expedirá copias certificadas y testimonios de las actuaciones no secretas ni reservadas a los interesados…”
[7] Vid. “Artículo 447. CONTENIDO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR. La audiencia preliminar servirá, por este orden, para intentar la conciliación de las partes evitando la continuación innecesaria del proceso; para permitir el saneamiento de los defectos procesales denunciados en la contestación a la demanda o a la reconvención; para fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate; y para proponer y admitir la prueba de que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria.”