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Sentencia AC-878-19 — Registro 11916

Resumen

Resolución en consulta que denegó acción de amparo con relación a denegatoria de certificación de aprobación de remate y adjudicación de bien inmueble en la Demanda de Ejecución Forzosa de Garantía Hipotecaria, Tribunal Ad quem expone que en el presente caso se tiene la presencia de una inscripción registral también posterior a la inscripción del ejecutante, que proviene por orden de órgano jurisdiccional(Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal)y que Ad-quo no es el Órgano Jurisdiccional Competente, para proceder a la cancelación de dicho asiento registral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En definitiva, la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de referencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes.- CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de Alzada expone que en el presente caso se tiene la presencia de una inscripción registral también posterior a la inscripción del ejecutante, que proviene por orden de órgano jurisdiccional que, en aplicación a las normas legales, al igual que la procesal, también ostentan una jerarquía normativa considerada secundaria (Ley sobre Privación Definitiva del dominio de Bienes de origen Ilícito. Artículo 81) y en la cual pareciera existir una antinomia legal referente a que ambas regulan situaciones similares, pero con efecto diferente. Señalando que para resolver la concurrencia de normas con efectos de antinomia de segundo grado es imperativa para decidir el asunto acudir a los principios generales del derecho, en el presente caso el principio de especialidad normativa, mediante el cual lo especifico prevalece sobre lo genérico, es decir la ley especial prevalece sobre la ley general, refiriéndose al artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que establece de forma contundente la preeminencia sobre cualquier otra ley que le contrarié o se le oponga, a tal grado que ya advierte que en caso de ocurrir un conflicto de leyes, como es el presente caso, se aplicará e interpretará sobre la ley o norma con la cual entra en controversia. En consecuencia, Denegó la Acción de Amparo interpuesta.- CONSIDERANDO: (7) Que, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso. El pronunciamiento del Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia Venida en CONSULTA."

Legislación citada

  • Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 81 (Jerarquía Ordinaria)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

..."En definitiva, la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de referencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes.- CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de Alzada expone que en el presente caso se tiene la presencia de una inscripción registral también posterior a la inscripción del ejecutante, que proviene por orden de órgano jurisdiccional que, en aplicación a las normas legales, al igual que la procesal, también ostentan una jerarquía normativa considerada secundaria (Ley sobre Privación Definitiva del dominio de Bienes de origen Ilícito. Artículo 81) y en la cual pareciera existir una antinomia legal referente a que ambas regulan situaciones similares, pero con efecto diferente. Señalando que para resolver la concurrencia de normas con efectos de antinomia de segundo grado es imperativa para decidir el asunto acudir a los principios generales del derecho, en el presente caso el principio de especialidad normativa, mediante el cual lo especifico prevalece sobre lo genérico, es decir la ley especial prevalece sobre la ley general, refiriéndose al artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que establece de forma contundente la preeminencia sobre cualquier otra ley que le contrarié o se le oponga, a tal grado que ya advierte que en caso de ocurrir un conflicto de leyes, como es el presente caso, se aplicará e interpretará sobre la ley o norma con la cual entra en controversia. En consecuencia, Denegó la Acción de Amparo interpuesta.- CONSIDERANDO: (7) Que, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso. El pronunciamiento del Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia Venida en CONSULTA."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 81 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que denegó la acción de amparo interpuesta por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra el Auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de una Garantía Hipotecaria, promovida por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra la sociedad mercantil CONSULTORIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. Y OTROS. - Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 61, 70, 82, 90, 103, 105 y 106 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., interponiendo tras su subsanación, Demanda de Ejecución Forzosa de una Garantía Hipotecaria, en contra de la sociedad mercantil CONSULTORIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A., como deudora principal, y los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA, JUAN JOSÉ VILLEDA MEJÍA Y YENITH ELIZABETH VALLEJO, como avales y fiadores solidarios, solicitando a los demandados, a pagar o consignar lo adeudado, junto con sus intereses y costas; haciéndoles la advertencia de que, si no lo hacen, se procederá a la ejecución de la garantía hipotecaria, para hacer efectivo el pago de dicha obligación. (Folios 1–73 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó un Auto Resolutivo en fecha veintidós (22) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “Como lo solicita el compareciente, ABOGADO YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, en su condición de representante procesal del BANCO DE LOS TRABAJADORES, como parte ejecutante, que la Secretaria del Despacho proceda a librar nueva Certificación de la audiencia de subasta de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) con las inserciones solicitadas, quien comparece en su condición de representante procesal del BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. así como tener como adjudicado del bien inmueble subastado por la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L. 4,837,450.12); y atento Mandamiento con las inserciones del escrito al DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE MERCANTIL DE FRANCISCO MORAZÁN a fin de que proceda a realizar la cancelación de todos los gravámenes que pesan sobre el bien inmueble inscrito bajo Matrícula No. 414755 Asiento No. 3, Constitución de Hipoteca a favor del BANCO CONTINENTAL S.A., inscrita bajo Matricula No. 414755 Asiento No. 4, Anotación Judicial inscrita bajo Matrícula No. 414755 Asiento No. 5, todos del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán.-”. (Folio 202 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que actuando de oficio, el referido Juzgado, dictó un Auto en fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual modificó el auto relacionado anteriormente, en el que se Dispuso: (SIC) “… de que el bien inmueble se adjudicó al BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. DE C.V., quien a su vez actúa como Representante Legal del BANCO CONTINENTAL S.A. DE C.V., asimismo en cuanto a cancelar el gravamen que pesa sobre el bien inmueble registrado bajo Matricula numero 414755 específicamente el asiento número 6, SIN LUGAR en virtud de que dicha Anotación fue realizada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal no el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por lo tanto este Juzgado no es el Órgano Jurisdiccional Competente, para proceder a la cancelación de dicho asiento.-” (Folio 203 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 4) Que el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, compareció ante Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra el Auto de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos, dispuestos en los artículos 61, 70, 82, 90, 103, 105 y 106 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “UNICO: DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO promovida por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, en su condición de Apoderado legal del BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra la resolución impugnada.-” (Folios 89–93 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 6) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente recurso)- CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en consulta la Sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, a favor del BANCO DE LOS TRABAJADORES, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la misma Sección judicial, en fecha diez (10)de mayo el año dos mil diecinueve (2019), con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de una Garantía Hipotecaria, promovida por la Sociedad Mercantil Banco de los Trabajadores contra la Sociedad Mercantil CONSULTORÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A., Y OTROS.- CONSIDERANDO: (4) Que la sentencia venida en consulta contiene una relación clara y precisa de los hechos que motivaron la controversia, en el párrafo de los Fundamentos de Derecho, numeral Cuarto, en relación a la certificación de cargas y gravámenes referida por el recurrente, invocando el artículo 855 del Código Procesal Civil, en el sentido que a través de la misma se tiene conocimiento indudable de los derechos y cargas que afectan al inmueble sobre el que se ha iniciado la ejecución, a fin de conocer el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se sigue la ejecución a los efectos de determinar la valoración del bien para la subasta, proporcionando a los posibles licitadores una información completa sobre las condiciones de adquisición y, en concreto, sobre la existencia de cargas anteriores que no desaparecerán con la adquisición; y también identificar e individualizar a los titulares de derechos y cargas inscritos o anotados con posterioridad a la del acreedor ejecutante, los cuales quedarán extinguidos por la realización del bien, (artículo 851.2 y 962 del CPC), a los efectos de comunicarle la pendencia del proceso de ejecución para que puedan intervenir en él a los efectos legalmente previstos. (artículo 858.2 CPC).- CONSIDERANDO: (5) Que el Tribunal de Alzada señala que la expedición de la certificación antes indicada, no opera de forma aislada en cuanto a los efectos jurídicos que la misma irradia, sino también da lugar a la inscripción de nota marginal en la hoja registral a efecto de publicidad por parte del encargado del Registro (artículo 855.2 del Código Procesal Civil), con el propósito de que cualquier interesado tenga conocimiento que en esa matricula perteneciente al inmueble referido se sigue un proceso de ejecución, y, si su intención es la inscripción de una carga o de un gravamen, puede personarse a la sede del Tribunal donde se ventila el asunto que motivó la expedición de la certificación y la correspondiente inscripción a fin de hacer uso de los derechos que la ley le confiere. Agregando en el Numeral Sexto que el contenido de la certificación tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior como ser una inscripción de embargo extendida a favor de otro potencial ejecutante no modifica dicha situación. En definitiva, la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de referencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes.- CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de Alzada expone que en el presente caso se tiene la presencia de una inscripción registral también posterior a la inscripción del ejecutante, que proviene por orden de órgano jurisdiccional que, en aplicación a las normas legales, al igual que la procesal, también ostentan una jerarquía normativa considerada secundaria (Ley sobre Privación Definitiva del dominio de Bienes de origen Ilícito. Artículo 81) y en la cual pareciera existir una antinomia legal referente a que ambas regulan situaciones similares, pero con efecto diferente. Señalando que para resolver la concurrencia de normas con efectos de antinomia de segundo grado es imperativa para decidir el asunto acudir a los principios generales del derecho, en el presente caso el principio de especialidad normativa, mediante el cual lo especifico prevalece sobre lo genérico, es decir la ley especial prevalece sobre la ley general, refiriéndose al artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que establece de forma contundente la preeminencia sobre cualquier otra ley que le contrarié o se le oponga, a tal grado que ya advierte que en caso de ocurrir un conflicto de leyes, como es el presente caso, se aplicará e interpretará sobre la ley o norma con la cual entra en controversia. En consecuencia, Denegó la Acción de Amparo interpuesta.- CONSIDERANDO: (7) Que, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso. El pronunciamiento del Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia Venida en CONSULTA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y Definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada en fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, a favor de la Sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0878-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de febrero de dos mil veinte.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), que denegó la acción de amparo interpuesta por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra el Auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de una Garantía Hipotecaria, promovida por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra la sociedad mercantil CONSULTORIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. Y OTROS. - Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado, en perjuicio de su representada, los derechos constitucionales contenidos en los artículos 61, 70, 82, 90, 103, 105 y 106 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., interponiendo tras su subsanación, Demanda de Ejecución Forzosa de una Garantía Hipotecaria, en contra de la sociedad mercantil CONSULTORIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A., como deudora principal, y los señores WALDINA LIZZETTE SALGADO PÉREZ, FRANCISCO ARTURO MEJÍA, JUAN JOSÉ VILLEDA MEJÍA Y YENITH ELIZABETH VALLEJO, como avales y fiadores solidarios, solicitando a los demandados, a pagar o consignar lo adeudado, junto con sus intereses y costas; haciéndoles la advertencia de que, si no lo hacen, se procederá a la ejecución de la garantía hipotecaria, para hacer efectivo el pago de dicha obligación. (Folios 1–73 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó un Auto Resolutivo en fecha veintidós (22) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Resolvió: (SIC) “Como lo solicita el compareciente, ABOGADO YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, en su condición de representante procesal del BANCO DE LOS TRABAJADORES, como parte ejecutante, que la Secretaria del Despacho proceda a librar nueva Certificación de la audiencia de subasta de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) con las inserciones solicitadas, quien comparece en su condición de representante procesal del BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. así como tener como adjudicado del bien inmueble subastado por la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L. 4,837,450.12); y atento Mandamiento con las inserciones del escrito al DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE MERCANTIL DE FRANCISCO MORAZÁN a fin de que proceda a realizar la cancelación de todos los gravámenes que pesan sobre el bien inmueble inscrito bajo Matrícula No. 414755 Asiento No. 3, Constitución de Hipoteca a favor del BANCO CONTINENTAL S.A., inscrita bajo Matricula No. 414755 Asiento No. 4, Anotación Judicial inscrita bajo Matrícula No. 414755 Asiento No. 5, todos del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán.-”. (Folio 202 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que actuando de oficio, el referido Juzgado, dictó un Auto en fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual modificó el auto relacionado anteriormente, en el que se Dispuso: (SIC) “… de que el bien inmueble se adjudicó al BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. DE C.V., quien a su vez actúa como Representante Legal del BANCO CONTINENTAL S.A. DE C.V., asimismo en cuanto a cancelar el gravamen que pesa sobre el bien inmueble registrado bajo Matricula numero 414755 específicamente el asiento número 6, SIN LUGAR en virtud de que dicha Anotación fue realizada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal no el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por lo tanto este Juzgado no es el Órgano Jurisdiccional Competente, para proceder a la cancelación de dicho asiento.-” (Folio 203 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 4) Que el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, compareció ante Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra el Auto de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos, dispuestos en los artículos 61, 70, 82, 90, 103, 105 y 106 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5) Que seguido el trámite de ley, que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó Sentencia en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual Falló: (SIC) “UNICO: DENEGANDO LA ACCIÓN DE AMPARO promovida por el abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, en su condición de Apoderado legal del BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A., contra la resolución impugnada.-” (Folios 89–93 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 6) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 1 del presente recurso)- CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en consulta la Sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, a favor del BANCO DE LOS TRABAJADORES, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la misma Sección judicial, en fecha diez (10)de mayo el año dos mil diecinueve (2019), con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de una Garantía Hipotecaria, promovida por la Sociedad Mercantil Banco de los Trabajadores contra la Sociedad Mercantil CONSULTORÍA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A., Y OTROS.- CONSIDERANDO: (4) Que la sentencia venida en consulta contiene una relación clara y precisa de los hechos que motivaron la controversia, en el párrafo de los Fundamentos de Derecho, numeral Cuarto, en relación a la certificación de cargas y gravámenes referida por el recurrente, invocando el artículo 855 del Código Procesal Civil, en el sentido que a través de la misma se tiene conocimiento indudable de los derechos y cargas que afectan al inmueble sobre el que se ha iniciado la ejecución, a fin de conocer el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se sigue la ejecución a los efectos de determinar la valoración del bien para la subasta, proporcionando a los posibles licitadores una información completa sobre las condiciones de adquisición y, en concreto, sobre la existencia de cargas anteriores que no desaparecerán con la adquisición; y también identificar e individualizar a los titulares de derechos y cargas inscritos o anotados con posterioridad a la del acreedor ejecutante, los cuales quedarán extinguidos por la realización del bien, (artículo 851.2 y 962 del CPC), a los efectos de comunicarle la pendencia del proceso de ejecución para que puedan intervenir en él a los efectos legalmente previstos. (artículo 858.2 CPC).- CONSIDERANDO: (5) Que el Tribunal de Alzada señala que la expedición de la certificación antes indicada, no opera de forma aislada en cuanto a los efectos jurídicos que la misma irradia, sino también da lugar a la inscripción de nota marginal en la hoja registral a efecto de publicidad por parte del encargado del Registro (artículo 855.2 del Código Procesal Civil), con el propósito de que cualquier interesado tenga conocimiento que en esa matricula perteneciente al inmueble referido se sigue un proceso de ejecución, y, si su intención es la inscripción de una carga o de un gravamen, puede personarse a la sede del Tribunal donde se ventila el asunto que motivó la expedición de la certificación y la correspondiente inscripción a fin de hacer uso de los derechos que la ley le confiere. Agregando en el Numeral Sexto que el contenido de la certificación tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior como ser una inscripción de embargo extendida a favor de otro potencial ejecutante no modifica dicha situación. En definitiva, la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de referencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes.- CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de Alzada expone que en el presente caso se tiene la presencia de una inscripción registral también posterior a la inscripción del ejecutante, que proviene por orden de órgano jurisdiccional que, en aplicación a las normas legales, al igual que la procesal, también ostentan una jerarquía normativa considerada secundaria (Ley sobre Privación Definitiva del dominio de Bienes de origen Ilícito. Artículo 81) y en la cual pareciera existir una antinomia legal referente a que ambas regulan situaciones similares, pero con efecto diferente. Señalando que para resolver la concurrencia de normas con efectos de antinomia de segundo grado es imperativa para decidir el asunto acudir a los principios generales del derecho, en el presente caso el principio de especialidad normativa, mediante el cual lo especifico prevalece sobre lo genérico, es decir la ley especial prevalece sobre la ley general, refiriéndose al artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que establece de forma contundente la preeminencia sobre cualquier otra ley que le contrarié o se le oponga, a tal grado que ya advierte que en caso de ocurrir un conflicto de leyes, como es el presente caso, se aplicará e interpretará sobre la ley o norma con la cual entra en controversia. En consecuencia, Denegó la Acción de Amparo interpuesta.- CONSIDERANDO: (7) Que, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala observa que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso. El pronunciamiento del Ad quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo su objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la Sentencia Venida en CONSULTA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y Definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada en fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ, a favor de la Sociedad mercantil BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0878-2019.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional