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Sentencia AC-875-19 — Registro 11543

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resolvió un recurso de queja interpuesto contra el auto de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Departamento de La Ceiba, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los Artículos60, 82, 90 y 94de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Los argumentos del recurrente no son atendibles cunado las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, a favor de la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de queja interpuesto contra el auto de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Departamento de La Ceiba, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS, contra la sociedad mercantil MAFRE SEGUROS HONDURAS S.A., a través de su representante legal el señor GERARDO ANTONIO CORRALES. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los Artículos60, 82, 90 y 94de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”,la sociedad mercantil MAFRE SEGUROS HONDURAS S.A., a través de su representante legal el señor GERARDO ANTONIO CORRALES, para que sea condenado al pago de DOSCIENTOS MIL DOLARES EXACTOS ($ 200,000.00), los cuales son equivalentes a CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS (L.4,830,840.00), más un incremento del veinticinco por ciento (25%) como cantidad provisional, para cubrir el pago de los intereses por vencer que se devenguen durante la ejecución y las costas de este proceso…(Folio 1-4de la pieza del A-quo) 2)En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada MAPFRE SEGURO HONDURAS S.A., presentando escrito de oposición a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial incoada por la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS.(Folios 35-41 de la pieza del A-quo) 3) En fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Este despacho luego de la prueba presentada y evacuada ESTIMA los motivos de oposición planteados de nulidad del mandamiento por no cumplir el titulo ejecutivo los requisitos legales exigidos, pacto o promesa de no pedir que conste documentalmente, planteados ante este órgano jurisdiccional por el Abogado Aldo F. Cosenza Bungener en su condición de representante legal de la sociedad mercantil MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. SEGUNDO: Al estimar la oposición se declara sin lugar el procedimiento desde el auto de admisión de esta demanda de ejecución de titulo extrajudicial y se ordena una vez firme el mismo, que se devuelvan los documentos originales. TERCERO: Condenar al pago de las costas a la parte que le fueron desestimadas sus pretensiones. EN CONSECUENCIA ESTE TRIBUNAL ORDENA: UNICO: Que a través del funcionario judicial respectivo se realice la notificación del presente fallo a las partes en la forma que prevé la ley, de igual manera se les haga saber que la presente sentencia es susceptible de recurso de apelación el cual deberá interponerse ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella y que si dentro del término de ley no se interpone el mismo quede firme la misma. (Folios 73-77 de la pieza del A-quo) 4) En fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, compareció el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, presentando escrito de preclusión de plazo para interponer el recurso de apelación. (Folio 79 de la pieza del A-quo) 5)En fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, informó: Que el plazo de diez(10) días concedidos al Abogado Jorge Luis Ramos Navarro, en su condición de apoderado legal de la parte actora, para que apelara a la sentencia de fecha seis (6) de noviembre del año 2018 comenzó a correr el día martes 20 de noviembre del año 2018, y precluyó el día lunes tres (3) de diciembre del mismo año. (Se encuentra entre los folios 79 y 80 de la pieza del A-quo) 6) En fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolvió: …SEGUNDO: habiéndose notificado el apoderado procesal demandante el 19 de noviembre del dos mil dieciocho, corre el plazo desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre del 2018, por tanto, se declara precluido el plazo y queda firme la resolución dictada el 6 de noviembre del 2018. (Folios 73 al 77) (Folio 80 de la pieza del A-quo) 7)En fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, presentando solicitud de tasación de costas por un monto de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.922, 282.50). (Folio 81-82 de la pieza del A-quo) 8)En fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS, presentando solicitud de nulidad de actuaciones desde la resolución que pone fin de forma irregular al proceso incluidas las costas… (Folios 89-91 de la pieza del A-quo) 9) En fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, PRIMERO: En vista de lo anterior y habiendo concluido el proceso con la sentencia proferida el seis (6) de noviembre del 2018, sin que en el tiempo que ordena la ley se haya planteado el recurso de apelación por parte de la ahora solicitante, se declara sin lugar por improcedente la pretensión para que decrete la nulidad absoluta de actuaciones, quedando a salvo el derecho de la demandante para promover el proceso declarativo que corresponde. SEGUNDO: Téngase como apoderada procesal de la señora Marylue Amparo Smith Blakes a la Abogada Mercedes Sosa Vasquez con las facultades a ella expresamente conferidas y el domicilio señalado para efecto de comunicación directa del tribunal. (Folio 92 vuelto de la pieza del A-quo) 10) En fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, presentando escrito de reposición contra el auto de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, que se ha dejado relacionado en el numeral que antecede. (Folios 93-95 de la pieza del A-quo) 11) En fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado ALDO F. COSENZA BUNGENER, presentando escrito de oposición al recurso de reposición formulado por la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ. (Folios 98-100 de la pieza del A-quo) 12)En fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolvió: PRIMERO: Este despacho luego de revisado el libelo que contiene el recurso de reposición interpuesto por la apoderada legal ejecutante, y la contestación al mismo, considera que no se ha ocasionado agravio, no hay infracción en la resolución impugnada, pues esta solo puede ser procesal. No hay que confundir el significado de interpretación errónea y que debido a esa interpretación de lugar a una infracción procesal, es decir, a una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento. La togada refiere entre otros a que en el incidente de nulidad existe una interpretación errónea del articulo 796 del CPC, cuando el mismo articulo no deja lugar a duda, ni a una interpretación errónea, y ordena que contra la sentencia que resuelve la oposición podrá interponerse el recurso de apelación, según ordena el articulo antes citado del CPC y el numeral 4) de este mismo articulo manifiesta que si se estimara la oposición, el juez declara sin lugar el procedimiento… condenando en costas al demandante. SEGUNDO: El Código Civil en su artículo 17 manifiesta que no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos. TERCERO: Por todo lo antes indicado y por no reunir requisitos de pertenencia y sin que se haya causado agravios declara sin lugar el recurso de reposición impetrado, contra la resolución de fecha cinco de febrero del 2019. El auto que resuelve el recurso de reposición es irrecurrible. CUARTO: Es de aclarar que el derecho a la tutela efectiva, como derecho fundamental de los ciudadanos, no significa en ningún momento que el juez deba de acceder favorable a toda petición que se le formule, se trata que el ciudadano reciba una respuesta afirmativa o negativa a su petición conforme al ordenamiento jurídico. (Folios 101-102 de la pieza del A-quo) 13) En fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, presentando recurso de apelación contra el auto de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve. (Folios 104-110 de la pieza del A-quo) 14) En fecha diez de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolvió: PRIMERO: Que el recurso de apelación podrá interponerse de las sentencias, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras, el auto del cinco de febrero del año en curso, no es un auto que dé termino al proceso, en este se dio respuesta a la improcedente pretensión para que se declare la nulidad absoluta, también es este se hizo del conocimiento de la parte demandante de que quedaba a salvo el derecho de la demandante para promover el proceso declarativo que correspondía. Para la interposición de este recurso se establece un plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella. (15 de febrero del 2019). SEGUNDO: Al no cumplir con lo preceptuado en el articulo 707 del CPC este despacho declara inadmite a trámite el recurso de apelación interpuesto. (Folio 111 de la pieza del A-quo) 15)En fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, se compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, presentando recurso de reposición en contra del auto de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, relacionado en el numeral que antecede. (Folios 114-116 de la pieza del A-quo) 16)En fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolvió :PRIMERO: Este despacho luego de revisado el libelo que contiene el recurso de reposición interpuesto por la apoderada legal ejecutante y sin que el auto de fecha 10 de abril del 2019 sea recurrible. SEGUNDO: Declárese sin lugar el recurso de reposición del auto de fecha 10 de abril del 2019, pues contra el auto que no permite sustanciar el recurso de apelación o casación podrá interponerse el recurso de queja. (Folio 117 vuelto de la pieza del A-quo) 17) En fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, interponiendo recurso de queja contra del auto de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, el cual se ha dejado relacionado en el numeral 14 del preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-4 de la pieza del Ad-quem) 18)La Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, conociendo de recurso de queja interpuesto por la Abogada Mercedes Sosa Vásquez, en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, resolvió: 1.-Rechazar y declarar INADMISIBLEA TRÁMITE el Recurso de Queja interpuesto por la Abogada Mercedes Sosa Vásquez contra la resolución de fecha cinco de febrero del año dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. 2.-Con Costas. 3.-…. (Folios 64-65 vuelto de la pieza del Ad-quem) 19) En fecha once de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante esta Sala, la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS, contra la resolución que se ha sido referida en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria delos derechos consagrados en los Artículos60, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. 20)Esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el escrito presentado por la recurrente en el amparo de mérito, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, asimismo, se ordenó dar la vista de los antecedentes al Fiscal, por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 53de la pieza de amparo)21) Que en fecha diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de su apreciación de los hechos controvertidos, lo siguiente:…Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que resolvió rechazar y declarar inadmisible a trámite el recurso de queja planteado por la representante procesal de la parte demandante, bajo la consideración fundamental que el recurso de queja se interpuso contra la resolución de fecha cinco (5) de febrero del año 2019, mediante el cual se declaró sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la señora Marylue Amparo Smith Blakes, el cual resultaba extemporáneo, porque los incidentes de nulidad solo tienen cabida antes que exista un auto o resolución que le ponga fin al proceso, y sobre todo improcedente, porque contra las sentencias que resuelvan la oposición a la ejecución de un titulo extrajudicial solamente tiene cabida el recurso de apelación, el cual no se interpuso en el presente caso, adquiriendo firmeza la sentencia relacionada. Sobre el particular, esta representación fiscal valora que el recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 730 del Código Procesal Civil, es un recurso devolutivo pero de carácter instrumental, que tiene por objeto el reexamen del auto que deniega la interposición del recurso de apelación o del recurso de casación, ya que permite que el recurrente en apelación pueda acudir directamente al órgano que ha dejado de conocer del recurso, para que éste compruebe si la decisión del inferior es correcta. En tal sentido, y siendo que la cuestión debatida está relacionada con la inadmisibilidad del recurso de queja planteado, de la simple lectura del escrito de interposición del recurso de queja se aprecia, que el auto recurrido es el de fecha cinco (5) de febrero del año 2019 (F.92), y en todo su planteamiento va dirigido a atacar la resolución que declaró sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones planteado, por lo que siendo ésta la pretensión recursiva alegada por la recurrente, es en base a dichas pretensiones que se pronunció el tribunal de alzada, fundamentando su decisión con lo dispuesto en el articulo 797 del Código Procesal Civil, en cuanto establece que contra la sentencia que resuelva la oposición podrá interponerse el recurso de apelación, que al no haber sido interpuesto en el caso subjudice, causó la firmeza de la sentencia cuya nulidad pretendía. De lo expuesto, es que se estime que el recurso de queja planteado no es procedente, en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa procesal civil, ya que su pretensión no era el reexamen del auto que denegó la interposición del recurso de apelación, sino otro distinto. En este orden de ideas, el Ministerio Público observa tanto de los antecedentes, como de la actividad recursiva y el acceso concedido por la autoridad recurrida a la parte recurrente, que pese habérsele declarado sin lugar los recurso interpuestos, la amparista ha obtenido una respuesta motivada de los mismos, con las formalidades y fundamentos previstos en la normativa aplicable, con lo que queda evidenciado que las decisiones adoptada por las autoridades de instancia, han sido emitidas en efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello la efectiva tutela de los derechos de las partes, y por ende, que los derechos invocados como infringido por el amparista no han sido quebrantados por la entidad recurrida, ya que el Tribunal de Alzada ha motivado su sentencia de manera coherente y razonada en derecho. IV.OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE la presente acción de amparo, por NO existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de queja interpuesto contra el auto de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Departamento de La Ceiba, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS, contra la sociedad mercantil MAFRE SEGUROS HONDURAS S.A., a través de su representante legal el señor GERARDO ANTONIO CORRALES. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se han violentado en perjuicio de su representada los Artículos 60, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República; al considerar que se configura infracción al debido proceso, toda vez que, la Corte de Apelaciones de la Ciudad de La ceiba, Departamento de Atlántida aunque en su primer fundamento de derecho, reconoce el principio de tutela judicial efectiva y derecho de defensa a través de los recursos, incidentes y excepciones, manifestando el respeto al debido proceso y legalidad, contradictoriamente son esos los principios que quebranta al avalar lo dispuesto por el Juzgado de Letras de esa misma Ciudad, siendo derecho de mi representada el hacer uso de los recursos que le confiere la ley para ser escuchada en el procedimiento incidental de nulidad y exigir la tutela judicial como base de las garantías de las partes que deben ser resguardadas por el órgano jurisdiccional, quien debe impartir justicia en posición de imparcialidad y al momento de dictar la sentencia, esta debe realizarse respetando los derechos de las partes y aplicando los principios establecidos en la ley, sin distinción alguna. La tutela judicial exige la estricta observancia a las garantías constitucionales, así como a principios y prácticas del Derecho Internacional contenidos en tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país; mismos que deben informar un debido proceso, procurando no solamente el respeto de las mismas, sino más allá de esto, promoviendo a través de su articulado el fortalecimiento y promoción efectiva de Derechos fundamentales, como sin duda lo son los de petición, defensa, igualdad, así como la garantía a una obligada imparcialidad judicial. Lo que motiva la solicitud de Amparo es procurar la protección de los derechos y adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional, en este caso por la vulneración de garantías constitucionales en la resolución de la Corte de Apelaciones de la Ceiba en el Recurso de Queja que ratifica lo dispuesto por el Juzgado de Letras en cuanto a la inadmisión del Recurso de Apelación que afecta el derecho de mi representada a un legal y debido proceso, porque aunque se declara sin valor ni efecto la demanda, se le condena en costas a la demandante y le da trámite al procedimiento de las mismas aunque esta no tenía abogado que la representará en ese entonces, esto según lo dispuesto en el artículo 86 numeral 5 del Código Procesal civil. CONSIDERANDO CINCO (5):Que en fecha diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público (MP) a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “queda evidenciado que las decisiones adoptada por las autoridades de instancia, han sido emitidas en efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello la efectiva tutela de los derechos de las partes, y por ende, que los derechos invocados como infringido por el amparista no han sido quebrantados por la entidad recurrida, ya que el Tribunal de Alzada ha motivado su sentencia de manera coherente y razonada en derecho. IV.OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que se DENIEGUE la presente acción de amparo, por NO existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista.” ONSIDERANDO SEIS (6):Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en su sentencia de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, concluye que la sentencia que resuelve la oposición interpuesta por la parte ejecutada y que data de fecha seis de noviembre del año dos mil dieciocho, fue notificada al apoderado legal de la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES o MARY LUE AMPARO BLACKS, en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, por lo cual este tenía diez días hábiles a partir de esa fecha para interponer el recurso de apelación, pero no lo hizo y le precluyo su plazo el tres de diciembre de ese mismo año, adquiriendo firmeza la sentencia relacionada. El incidente de nulidad interpuesto por la parte ejecutada y que le fue desestimado de plano por la Juez A-quo mediante de auto de fecha cinco de febrero del año dos mil diecinueve, al momento que fue interpuesto resulta extemporáneo y sobre todo improcedente, extemporáneo porque los incidentes de nulidad solo tienen cabida antes de que exista un auto o sentencia que le ponga fin al proceso según articulo 214 numeral 2 del Código Procesal Civil e improcedente porque contra la sentencia que resuelve la oposición de ejecución de Titulo Extrajudicial solamente tiene cabida el recurso de Apelación conforme lo manda el Artículo 797 del Código Procesal Civil. Partiendo de lo anterior las demás pretensiones de la Abogada Mercedes Sosa Vásquez (reposición, apelación y queja)son improcedentes desde todo punto de vista legal pues el hecho de que ella no haya sido la apoderada legal de la ejecutada cuando se dictó la sentencia de fecha seis de noviembre del año dos mil dieciocho, no es causa para interrumpir el plazo que tenía la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES o MARY LUE AMPARO BLACKS como parte ejecutada para hacer uso del recurso de apelación. La buena fe también es un principio que rige en materia Civil por lo tanto se vuelve imperativo que los profesionales del derecho que representen procesalmente a las partes adecuen su conducta a la veracidad, probidad, lealtad y buena fe procesal debiendo el Órgano Jurisdiccional hacer uso de su poder para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o a los principios del proceso, rechazando cualquier solicitud petición o acto que implique una dilación manifiesta o impertinente de litigio, suerte tiene la recurrente que la A-quo no haya hecho uso de la facultad que le impone el Articulo 1 72 numeral 5 en relación con el articulo 215 numeral 5 del Código Procesal Civil de sancionarla pecuniariamente por cuanto resulta más que evidente que los incidentes y recursos impetrados en primera instancia se salen del margen de la buena fe procesal y si no se le sanciona en esta instancia es por respeto al principio A LA PROHIBICION A LA REFORMA PEYORATIVA, (no se puede empeorar la situación del recurrente). CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11):Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12):Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aun, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14):Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) …; 3) …; 4) …; 5) …; 6) …; 7) …; 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es rechazar y declarar inadmisible a trámite el Recurso de Queja Interpuesto por la Abogada Mercedes Sosa Vásquez, conta la resolución de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre de dos mil veinte. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, a favor de la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, que falla DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de queja interpuesto contra el auto de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Departamento de La Ceiba, con relación a la “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL…”, promovida por la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS, contra la sociedad mercantil MAFRE SEGUROS HONDURAS S.A., a través de su representante legal el señor GERARDO ANTONIO CORRALES. CONSIDERANDO: Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, actuando en su condición antes referida, en fecha once de octubre de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal reclamando amparo a favor de la señora MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES también conocida como MARYLUE AMPARO SMITH BLAKES DE FRANCIS, o MARY LUE AMPARO BLACKS. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que la recurrente, Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, insiste en su argumento sobre la existencia de motivos de nulidad que afectan derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO: Que las pretensiones expuestas por la recurrente, en el recurso de reposición no son de recibo ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal, que corre agregado en autos se establece que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa y debido proceso del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Los argumentos del recurrente no son atendibles cunado las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. Pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO: Que tomando en cuenta lo apuntado, el hecho de que este alto Tribunal de Justicia admita o rechace el argumento del recurrente, en cuanto a la nulidad solicitada es ajeno al objeto del amparo. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 914 del Código Procesal Civil; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada MERCEDES SOSA VÁSQUEZ,, por las razones que se dejan ya señaladas y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia y resolución de fechas veintiuno de octubre y siete de diciembre de dos mil veinte, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-875-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL