Sentencia AC-87-19 — Registro 11925
Resumen
Resolución que declaró sin lugar tercería preferencial alegada por impetrante sobre crédito hipotecario en representación de institución descentralizada con el objeto de que sea pagado preferentemente a su representada respecto a acreedor ejecutante, del producto de remate del bien embargado,siendo declarado sin lugar, según Juzgador por ser impetrante una Sociedad mercantil,no obstante la Sala considera que actúa en representación de los intereses de la ENEE. en cumplimiento a contrato de fideicomiso y que Ad quem dejo de analizar dicha condición en que comparece recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."10) Que, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS, S.A., DE C.V., actúa en representación y Fideicomisario de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) como Fideicomitente, cuyo giro mercantil y objetivo público social es “mejorar la eficiencia de las actividades operativas y comerciales que realiza la ENEE en el área de Distribución, la Reducción de las Pérdidas Técnicas de Distribución y las Pérdidas No Técnicas de Distribución, la Mediación, Facturación, y Cobro de la energía vendida por el Sistema de Distribución, la Atención de los Usuarios, la Operación y Mantenimiento del Sistema de Distribución. En ese orden de ideas, no existe duda que la EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S.A., DE C.V, actúa en representación de los Intereses de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA, no en nombre propio, por otra parte, por la firma del contrato de Alianza Público - Privada para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ésta no pierde su condición de ente descentralizado, que prestó y presta un servicio público.- CONSIDERANDO: (11) Que el Código Tributario en su artículo 127 dispone que “El Estado tendrá acción Ejecutiva y Preferente para el cobro de los créditos por concepto de tributos, señalados en el artículo 3 del mismo código, entre ellos, la Tasa, que el artículo 5 del referido código define como “La suma de dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados percibe por la prestación efectiva de un Servicio público a una persona determinada, natural o jurídica cuyo monto debe corresponder al costo o mantenimiento del servicio”. Siendo, que existe un contrato de constitución de alianza Público-Privada y el Contrato de Fideicomiso decretado con No. 118-2013 “Para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa de Energía Honduras, S.A., de C.,V., en cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante dicho contrato actúa en representación de los intereses de la ENEE. Siendo así, esta Sala aprecia que existe una interpretación errónea por parte del Ad Quem, quien lejos de enmendar el error del A quo, lo confirma, al dejar de analizar la condición en que comparece la ahora recurrente, condición esta que no hace desaparecer el carácter de ente descentralizado que mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).- CONSIDERANDO (12) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto ”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia .- CONSIDERANDO: (13) Que el Principio de Legalidad inherente al debido proceso, demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado . Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso .- CONSIDERANDO: (14) Que el Ministerio Público en uso de sus facultades luego del estudio minucioso y análisis jurídico de la acción de amparo planteada emite su opinión en la que destaca: (SIC) “Que la acción de tercería de preferencia presentada por la Empresa de Energía Eléctrica es en representación de los intereses de la ENEE, quien le delegó la facultad de realizar los cobros adeudados a la misma, en ese sentido el crédito cuya preferencia se reclama es por un servicio prestado por el Estado mismo, razón por lo cual no compartimos el criterio esbozado por el Ad Quem al restringir el derecho preferente a favor del Estado y a la vez restarle los efectos del contrato de fideicomiso aprobado mediante Decreto número 118-2013, suscrito por el Estado de Honduras en menoscabo de la garantía de contratación que la Constitución reconoce. Por todo ello el Ministerio Público a través de su representante la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, es de la Opinión porque SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida, en virtud de vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista.- CONSIDERANDO:(15) Que, del análisis de los antecedentes, las alegaciones del impetrante y su fundamento jurídico, se encuentra que efectivamente no se ha seguido el debido proceso, al inobservar el procedimiento establecido en la ley de acuerdo a las exigencias, requisitos y formalidades previamente establecidos en la misma, apreciando falta de análisis exhaustivo del reclamo del impetrante, en cuanto al Contrato de Alianza Público – Privado, la condición de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras, S.A., de C. V., quien actúa en representación de la primera. Se ha estimado la exposición del Tribunal de alzada, tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto. Por lo que, esta Sala, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a derecho a otorgar el recurso de amparo planteado"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Tributario, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Tributario, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Tributario, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró que dicha sociedad mercantil es una sociedad anónima y no un ente descentralizado, por lo cual no tiene prelación a ser pagado mediante tercería preferencial ante un crédito hipotecario; lo anterior en virtud de que el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, declaró sin lugar una tercería preferencial alegada sobre un crédito hipotecario, promovido contra la empresa ZIP BUFFALO, por deuda que mantiene por consumo de energía eléctrica, con la EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V. (EEH), la cual ha sido suministrada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), y contra la empresa HDH LLC, como ejecutante del crédito hipotecario, en contra de ZIP BUFFALO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales en perjuicio de su representado contemplados en los artículos 82, 90, 260, 268, 331, 332 y 361 de la Constitución de la Republica.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al Abogados GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la SOCIEDAD EMPRESA ENERGIA HONDURAS, solicitando la tercería de preferencia que presento con el objeto de que se apagado preferentemente a su representada respecto al acreedor ejecutante, del producto de remate del bien embargado.- (Folio 1-22 de la pieza de A-Quo).- 2) Que seguido del trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló: (SIC) “1) DECLARAR NO HA LUGAR la excepción Material de Pago opuesta por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S. A. DE C.V., (ZIP BUFALO), como parte demandada (deudora principal) en la presente demanda de tercería de preferencia promovida por el abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V. 2) DESESTIMAR la demanda de Tercería de preferencia, promovida por el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A DE C.V. contra la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO) como parte demandada (Ejecutado o deudora principal), y contra la sociedad mercantil denominada HDH LLC, para el pago preferente de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 1,364,653.96) en concepto de saldo vencido a la fecha por servicio de energía prestado, más intereses y costas del juicio. 3) SE CONDENA a la sociedad mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V. a través de su representante legal, el señor MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ, como parte demandante-tercerista, al pago de las costas causadas en la presente demanda.- Se resuelve en esta fecha en virtud de la excesiva carga procesal que impera momentáneamente en el Tribuna, asimismo, por tener carga asignada que asignar del Juez número 4 que fue cancelado y por tener otras sentencias que dictar con anterioridad a la presente.” (Folios 167-171 de la pieza de A-Quo).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, en la condición de Apoderado Judicial de la EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A DE C.V., la corte de Apelaciones de lo Civil de la sección Judicial de San Pedro sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC) “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, 2) CONFIRMAR la sentencia apelada.- 3) CON COSTAS.-“ (Folios 8-9 de la Pieza del Ad-Quem).- 4) Que el Abogado GEOVANNY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V., (EEH), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 82,90, 260, 268, 331, 332, y 361 de la Constitución de la Republica ; teniendo la sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que el escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019) (Folios 01-14 y 31 del presente recurso).- 5) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Publico atreves de su fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida, en virtud de vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista.” (Folio 34-37 y 39 del presente recurso).- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, quien declaró que la Sociedad Mercantil EMPRESA ENERGIA HONDURAS, S.,A., DE C.V., (EEH), es una Sociedad Anónima y no un ente Descentralizado, por lo cual no tiene prelación a ser pagado mediante tercería preferencial ante un crédito hipotecario, resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró Sin Lugar una Tercería Preferencial alegada sobre un crédito hipotecario promovida contra la empresa ZIPP BUFFALO como ejecutada y HDHLLC como co-ejecutante.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en el escrito de Acción de amparo, en el párrafo de la relación de hechos expone que se trata de una demanda de tercería preferencial de un juicio hipotecario que su representada interpuso en contra del ejecutado deudor ZIPP BUFALO como ejecutada y HDHLLC como co-ejecutante, para que a su representada le fuera pagada CON PREFERENCIA la deuda por servicio público de energía eléctrica suministrada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉTRICA (ENEE), ahora EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S. A., DE C.V., (EEH), el primero actuando como fideicomitente del contrato de Fideicomiso celebrado y suscrito con su representada por medio de constitución de Alianza Público Privada, y este último como fideicomisario por el plazo que dure el contrato. Adquiriendo mediante dicho contrato mi representada todos los derechos y obligaciones de la Empresa Estatal, representando los intereses del Estado, actuando por delegación de un órgano estatal en concesión del contrato de alianza público - privado.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente manifiesta que el A quo declaró sin lugar la demanda de tercería preferencial, basándose que no existe tal privilegio para la energía eléctrica de ser pagado preferentemente, en virtud de que existía otros tipos de energía eléctrica suministradora en el país, como la eólica, solar etc., y de dichos privilegiados debían de venir imperativamente de la ley, normativa jurídica erróneamente interpretada por el A quo, ya que la distribución de energía que su representada suministra es energía eléctrica proveniente de una entidad del Estado, siendo la (ENEE), por ende se vuelve un servicio público obligatorio desde el momento en que el abonado adquiere dicha obligación. Señala que el Código Tributario le da al Estado ese privilegio de tener preferencia a ser cancelado su patrimonio en su artículo 127 “El Estado tendrá acción ejecutiva y preferente para el cobro de los créditos por concepto de Tributos”, siendo una de las clasificaciones de los Tributos LA TASA, la cual señala el artículo 3 del mismo cuerpo legal enmarcando el significado de TASA en el artículo 5 de la misma ley: “Tasa es la suma de dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados, percibe por la prestación efectiva de un servicio público, a una persona determinada sea natural o jurídica cuyo monto debe corresponde al costo o mantenimiento del servicio.- CONSIDERANDO: (6) Que el impetrante señala mediante el contrato de constitución de Alianza Público-Privada y el contrato de fideicomiso decretado con No. 118-2013, “PARA LA RECUPERACIÓN DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y FLUJO FINANCIERO”. La ENEE cede todos los derechos y obligaciones como fideicomitente a su representada (EEH) como fideicomisario por el plazo convenido de (7) siete años y seis (6) meses, obteniendo en este lapso dicho privilegio ya que mí representada representa los intereses del Estado mediante la ENEE. Y Habiendo sido declarada sin lugar la demanda interpuesta se interpuso el recurso de apelación que fue desestimado por considerar que la representada del recurrente, no es un entre descentralizado sino una sociedad anónima, posición jurídica de la corte ut supra que infringe la integridad del Orden Público al violentar una disposición de esta envergadura y conocimiento público, ya que si bien es cierto su representada es una sociedad anónima, contrario sensu es la entidad encargada como fideicomisario de representar los interés del Estado, a través de la ENEE.- CONSIDERANDO (7) Que el Tribunal de alzada dictó sentencia en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, exponiendo en el párrafo que corresponde a la Motivación Fáctica Jurídica, Primero: La tercería de preferencia, es la reclamación que en un pelito, ya en trámite, interpone quien se estima con derecho a ser reintegrado su crédito con preferencia al acreedor ejecutante o con prelación crediticia general o especial, en cualquier juicio requiere a) que exista una demanda de pago previa por parte de persona distinta al tercero que aún no se haya decidido al menos no se haya ejecutado; b) el establecimiento o declaración simultánea o previa de la obligación para con el tercero y tiene como finalidad que con el producto de la realización de los bienes embargados se pague con preferencia al tercerista. En el numeral Segundo dice el Ad quem que en el presente juicio se pretende hacer valer la prelación del crédito a favor de la Empresa Honduras, S.A., de C.V., por deuda en el suministro de energía que tiene la sociedad mercantil ZIP BUFALO, basando su demanda en el Código Tributario que establece que los créditos a favor del Estado serán cancelados en forma preferencial. En la parte conducente del numeral tercero el Ad Quem expone que “al pretender ubicar la deuda, por pago de energía dentro del concepto de tasa, resulta un problema en el caso que nos ocupa, del concepto mismo de tasa, se desprende que es el dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados percibe por la prestación efectiva de un servicio público… - Claramente el concepto se refiere al Estado o alguno de sus organismos descentralizados. La Constitución de la República en su artículo 260, dice que las instituciones descentralizadas, van encaminadas a la satisfacción de necesidades colectivas de servicio público sin fines de lucro”. Señala, además que no se puede ubicar el reclamo del tercerista dentro del concepto de tasa, porque no se puede considerar a la empresa demandante tercerista como un ente Descentralizado porque es una Sociedad Anónima, alegando además que dicho pago preferente no está estipulado en ninguna ley especial. Por todo ello declaró sin lugar el Recurso de apelación.- CONSIDERANDO (8) Que la controversia se centra en tres puntos a saber: 1.- La parte recurrente reclama que el crédito que se adeuda es a favor del Estado, en consecuencia, debe ser cancelado de forma preferencial de acuerdo con el código Tributario. 2.- Que la deuda se pretende ubicar bajo el concepto de tasa, lo que el Ad quem considera erróneo, porque del mismo concepto de Tasa se desprende, que es el dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados percibe por la prestación efectiva de un servicio público…. 3.-Constitucionalmente las instituciones descentralizadas están encaminadas a satisfacer necesidades colectivas de servicio público sin fines de lucro, por lo que; no puede aplicarse el concepto de tasa y esto es porque la empresa demandante no es un ente descentralizado sino una sociedad anónima.- CONSIDERANDO (9) Que consta en autos el contrato de Alianza Público- Privada para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la ejecución del componente de distribución y flujo financiero. El objeto del contrato “lo constituye la prestación de los servicios, con el propósito de mejorar la eficiencia de las actividades operativas y comerciales que lleva a cabo la ENEE en el área de Distribución, la Reducción de las Pérdidas Técnicas de Distribución y las Pérdidas NO Técnicas de Distribución, hasta llegar a los niveles establecidos en el anexo 6 del contrato: “Reducción mínima anual de Pérdidas”, todo ello conforme lo establecido en el Contrato, el Pliego de Condiciones y la Propuesta Técnica presentada en el Concurso por el Postor Adjudicado, la medición facturación y cobro de la energía vendida por el sistema de Distribución, la atención a los Usuarios, la Operación y el Mantenimiento del sistema de Distribución en los términos y condiciones que se establecen en el pliego de condiciones y este Contrato”. En la cláusula octava se establecen las obligaciones de Coalianza, la ENEE y el Fiduciario.- CONSIDERANDO: (10) Que, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS, S.A., DE C.V., actúa en representación y Fideicomisario de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) como Fideicomitente, cuyo giro mercantil y objetivo público social es “mejorar la eficiencia de las actividades operativas y comerciales que realiza la ENEE en el área de Distribución, la Reducción de las Pérdidas Técnicas de Distribución y las Pérdidas No Técnicas de Distribución, la Mediación, Facturación, y Cobro de la energía vendida por el Sistema de Distribución, la Atención de los Usuarios, la Operación y Mantenimiento del Sistema de Distribución. En ese orden de ideas, no existe duda que la EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S.A., DE C.V, actúa en representación de los Intereses de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA, no en nombre propio, por otra parte, por la firma del contrato de Alianza Público - Privada para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ésta no pierde su condición de ente descentralizado, que prestó y presta un servicio público.- CONSIDERANDO: (11) Que el Código Tributario en su artículo 127 dispone que “El Estado tendrá acción Ejecutiva y Preferente para el cobro de los créditos por concepto de tributos, señalados en el artículo 3 del mismo código, entre ellos, la Tasa, que el artículo 5 del referido código define como “La suma de dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados percibe por la prestación efectiva de un Servicio público a una persona determinada, natural o jurídica cuyo monto debe corresponder al costo o mantenimiento del servicio”. Siendo, que existe un contrato de constitución de alianza Público-Privada y el Contrato de Fideicomiso decretado con No. 118-2013 “Para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa de Energía Honduras, S.A., de C.,V., en cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante dicho contrato actúa en representación de los intereses de la ENEE. Siendo así, esta Sala aprecia que existe una interpretación errónea por parte del Ad Quem, quien lejos de enmendar el error del A quo, lo confirma, al dejar de analizar la condición en que comparece la ahora recurrente, condición esta que no hace desaparecer el carácter de ente descentralizado que mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).- CONSIDERANDO (12) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2].- CONSIDERANDO: (13) Que el Principio de Legalidad inherente al debido proceso, demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[3]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[4].- CONSIDERANDO: (14) Que el Ministerio Público en uso de sus facultades luego del estudio minucioso y análisis jurídico de la acción de amparo planteada emite su opinión en la que destaca: (SIC) “Que la acción de tercería de preferencia presentada por la Empresa de Energía Eléctrica es en representación de los intereses de la ENEE, quien le delegó la facultad de realizar los cobros adeudados a la misma, en ese sentido el crédito cuya preferencia se reclama es por un servicio prestado por el Estado mismo, razón por lo cual no compartimos el criterio esbozado por el Ad Quem al restringir el derecho preferente a favor del Estado y a la vez restarle los efectos del contrato de fideicomiso aprobado mediante Decreto número 118-2013, suscrito por el Estado de Honduras en menoscabo de la garantía de contratación que la Constitución reconoce. Por todo ello el Ministerio Público a través de su representante la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, es de la Opinión porque SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida, en virtud de vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista.- CONSIDERANDO:(15) Que, del análisis de los antecedentes, las alegaciones del impetrante y su fundamento jurídico, se encuentra que efectivamente no se ha seguido el debido proceso, al inobservar el procedimiento establecido en la ley de acuerdo a las exigencias, requisitos y formalidades previamente establecidos en la misma, apreciando falta de análisis exhaustivo del reclamo del impetrante, en cuanto al Contrato de Alianza Público – Privado, la condición de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras, S.A., de C. V., quien actúa en representación de la primera. Se ha estimado la exposición del Tribunal de alzada, tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto. Por lo que, esta Sala, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a derecho a otorgar el recurso de amparo planteado.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado GEOVANNY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, a favor de la Sociedad Mercantil EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S.A., DE C.V., contra la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0087-2019.
Y a solicitud del abogado GEOVANNY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0087-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que declaró que dicha sociedad mercantil es una sociedad anónima y no un ente descentralizado, por lo cual no tiene prelación a ser pagado mediante tercería preferencial ante un crédito hipotecario; lo anterior en virtud de que el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, declaró sin lugar una tercería preferencial alegada sobre un crédito hipotecario, promovido contra la empresa ZIP BUFFALO, por deuda que mantiene por consumo de energía eléctrica, con la EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V. (EEH), la cual ha sido suministrada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), y contra la empresa HDH LLC, como ejecutante del crédito hipotecario, en contra de ZIP BUFFALO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales en perjuicio de su representado contemplados en los artículos 82, 90, 260, 268, 331, 332 y 361 de la Constitución de la Republica.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al Abogados GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la SOCIEDAD EMPRESA ENERGIA HONDURAS, solicitando la tercería de preferencia que presento con el objeto de que se apagado preferentemente a su representada respecto al acreedor ejecutante, del producto de remate del bien embargado.- (Folio 1-22 de la pieza de A-Quo).- 2) Que seguido del trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló: (SIC) “1) DECLARAR NO HA LUGAR la excepción Material de Pago opuesta por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S. A. DE C.V., (ZIP BUFALO), como parte demandada (deudora principal) en la presente demanda de tercería de preferencia promovida por el abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V. 2) DESESTIMAR la demanda de Tercería de preferencia, promovida por el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A DE C.V. contra la sociedad mercantil denominada PARQUE INDUSTRIAL BUFALO S.A DE C.V. (ZIP BUFALO) como parte demandada (Ejecutado o deudora principal), y contra la sociedad mercantil denominada HDH LLC, para el pago preferente de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 1,364,653.96) en concepto de saldo vencido a la fecha por servicio de energía prestado, más intereses y costas del juicio. 3) SE CONDENA a la sociedad mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V. a través de su representante legal, el señor MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ, como parte demandante-tercerista, al pago de las costas causadas en la presente demanda.- Se resuelve en esta fecha en virtud de la excesiva carga procesal que impera momentáneamente en el Tribuna, asimismo, por tener carga asignada que asignar del Juez número 4 que fue cancelado y por tener otras sentencias que dictar con anterioridad a la presente.” (Folios 167-171 de la pieza de A-Quo).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, en la condición de Apoderado Judicial de la EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A DE C.V., la corte de Apelaciones de lo Civil de la sección Judicial de San Pedro sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia de fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (SIC) “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, 2) CONFIRMAR la sentencia apelada.- 3) CON COSTAS.-“ (Folios 8-9 de la Pieza del Ad-Quem).- 4) Que el Abogado GEOVANNY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A. DE C.V., (EEH), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que las mismas son violatorias de lo dispuesto en los artículos 82,90, 260, 268, 331, 332, y 361 de la Constitución de la Republica ; teniendo la sala por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que el escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019) (Folios 01-14 y 31 del presente recurso).- 5) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Publico atreves de su fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida, en virtud de vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista.” (Folio 34-37 y 39 del presente recurso).- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, quien declaró que la Sociedad Mercantil EMPRESA ENERGIA HONDURAS, S.,A., DE C.V., (EEH), es una Sociedad Anónima y no un ente Descentralizado, por lo cual no tiene prelación a ser pagado mediante tercería preferencial ante un crédito hipotecario, resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró Sin Lugar una Tercería Preferencial alegada sobre un crédito hipotecario promovida contra la empresa ZIPP BUFFALO como ejecutada y HDHLLC como co-ejecutante.- CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en el escrito de Acción de amparo, en el párrafo de la relación de hechos expone que se trata de una demanda de tercería preferencial de un juicio hipotecario que su representada interpuso en contra del ejecutado deudor ZIPP BUFALO como ejecutada y HDHLLC como co-ejecutante, para que a su representada le fuera pagada CON PREFERENCIA la deuda por servicio público de energía eléctrica suministrada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉTRICA (ENEE), ahora EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S. A., DE C.V., (EEH), el primero actuando como fideicomitente del contrato de Fideicomiso celebrado y suscrito con su representada por medio de constitución de Alianza Público Privada, y este último como fideicomisario por el plazo que dure el contrato. Adquiriendo mediante dicho contrato mi representada todos los derechos y obligaciones de la Empresa Estatal, representando los intereses del Estado, actuando por delegación de un órgano estatal en concesión del contrato de alianza público - privado.- CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente manifiesta que el A quo declaró sin lugar la demanda de tercería preferencial, basándose que no existe tal privilegio para la energía eléctrica de ser pagado preferentemente, en virtud de que existía otros tipos de energía eléctrica suministradora en el país, como la eólica, solar etc., y de dichos privilegiados debían de venir imperativamente de la ley, normativa jurídica erróneamente interpretada por el A quo, ya que la distribución de energía que su representada suministra es energía eléctrica proveniente de una entidad del Estado, siendo la (ENEE), por ende se vuelve un servicio público obligatorio desde el momento en que el abonado adquiere dicha obligación. Señala que el Código Tributario le da al Estado ese privilegio de tener preferencia a ser cancelado su patrimonio en su artículo 127 “El Estado tendrá acción ejecutiva y preferente para el cobro de los créditos por concepto de Tributos”, siendo una de las clasificaciones de los Tributos LA TASA, la cual señala el artículo 3 del mismo cuerpo legal enmarcando el significado de TASA en el artículo 5 de la misma ley: “Tasa es la suma de dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados, percibe por la prestación efectiva de un servicio público, a una persona determinada sea natural o jurídica cuyo monto debe corresponde al costo o mantenimiento del servicio.- CONSIDERANDO: (6) Que el impetrante señala mediante el contrato de constitución de Alianza Público-Privada y el contrato de fideicomiso decretado con No. 118-2013, “PARA LA RECUPERACIÓN DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y FLUJO FINANCIERO”. La ENEE cede todos los derechos y obligaciones como fideicomitente a su representada (EEH) como fideicomisario por el plazo convenido de (7) siete años y seis (6) meses, obteniendo en este lapso dicho privilegio ya que mí representada representa los intereses del Estado mediante la ENEE. Y Habiendo sido declarada sin lugar la demanda interpuesta se interpuso el recurso de apelación que fue desestimado por considerar que la representada del recurrente, no es un entre descentralizado sino una sociedad anónima, posición jurídica de la corte ut supra que infringe la integridad del Orden Público al violentar una disposición de esta envergadura y conocimiento público, ya que si bien es cierto su representada es una sociedad anónima, contrario sensu es la entidad encargada como fideicomisario de representar los interés del Estado, a través de la ENEE.- CONSIDERANDO (7) Que el Tribunal de alzada dictó sentencia en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, exponiendo en el párrafo que corresponde a la Motivación Fáctica Jurídica, Primero: La tercería de preferencia, es la reclamación que en un pelito, ya en trámite, interpone quien se estima con derecho a ser reintegrado su crédito con preferencia al acreedor ejecutante o con prelación crediticia general o especial, en cualquier juicio requiere a) que exista una demanda de pago previa por parte de persona distinta al tercero que aún no se haya decidido al menos no se haya ejecutado; b) el establecimiento o declaración simultánea o previa de la obligación para con el tercero y tiene como finalidad que con el producto de la realización de los bienes embargados se pague con preferencia al tercerista. En el numeral Segundo dice el Ad quem que en el presente juicio se pretende hacer valer la prelación del crédito a favor de la Empresa Honduras, S.A., de C.V., por deuda en el suministro de energía que tiene la sociedad mercantil ZIP BUFALO, basando su demanda en el Código Tributario que establece que los créditos a favor del Estado serán cancelados en forma preferencial. En la parte conducente del numeral tercero el Ad Quem expone que “al pretender ubicar la deuda, por pago de energía dentro del concepto de tasa, resulta un problema en el caso que nos ocupa, del concepto mismo de tasa, se desprende que es el dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados percibe por la prestación efectiva de un servicio público… - Claramente el concepto se refiere al Estado o alguno de sus organismos descentralizados. La Constitución de la República en su artículo 260, dice que las instituciones descentralizadas, van encaminadas a la satisfacción de necesidades colectivas de servicio público sin fines de lucro”. Señala, además que no se puede ubicar el reclamo del tercerista dentro del concepto de tasa, porque no se puede considerar a la empresa demandante tercerista como un ente Descentralizado porque es una Sociedad Anónima, alegando además que dicho pago preferente no está estipulado en ninguna ley especial. Por todo ello declaró sin lugar el Recurso de apelación.- CONSIDERANDO (8) Que la controversia se centra en tres puntos a saber: 1.- La parte recurrente reclama que el crédito que se adeuda es a favor del Estado, en consecuencia, debe ser cancelado de forma preferencial de acuerdo con el código Tributario. 2.- Que la deuda se pretende ubicar bajo el concepto de tasa, lo que el Ad quem considera erróneo, porque del mismo concepto de Tasa se desprende, que es el dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados percibe por la prestación efectiva de un servicio público…. 3.-Constitucionalmente las instituciones descentralizadas están encaminadas a satisfacer necesidades colectivas de servicio público sin fines de lucro, por lo que; no puede aplicarse el concepto de tasa y esto es porque la empresa demandante no es un ente descentralizado sino una sociedad anónima.- CONSIDERANDO (9) Que consta en autos el contrato de Alianza Público- Privada para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la ejecución del componente de distribución y flujo financiero. El objeto del contrato “lo constituye la prestación de los servicios, con el propósito de mejorar la eficiencia de las actividades operativas y comerciales que lleva a cabo la ENEE en el área de Distribución, la Reducción de las Pérdidas Técnicas de Distribución y las Pérdidas NO Técnicas de Distribución, hasta llegar a los niveles establecidos en el anexo 6 del contrato: “Reducción mínima anual de Pérdidas”, todo ello conforme lo establecido en el Contrato, el Pliego de Condiciones y la Propuesta Técnica presentada en el Concurso por el Postor Adjudicado, la medición facturación y cobro de la energía vendida por el sistema de Distribución, la atención a los Usuarios, la Operación y el Mantenimiento del sistema de Distribución en los términos y condiciones que se establecen en el pliego de condiciones y este Contrato”. En la cláusula octava se establecen las obligaciones de Coalianza, la ENEE y el Fiduciario.- CONSIDERANDO: (10) Que, del estudio de los antecedentes esta Sala aprecia que la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA ENERGIA HONDURAS, S.A., DE C.V., actúa en representación y Fideicomisario de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) como Fideicomitente, cuyo giro mercantil y objetivo público social es “mejorar la eficiencia de las actividades operativas y comerciales que realiza la ENEE en el área de Distribución, la Reducción de las Pérdidas Técnicas de Distribución y las Pérdidas No Técnicas de Distribución, la Mediación, Facturación, y Cobro de la energía vendida por el Sistema de Distribución, la Atención de los Usuarios, la Operación y Mantenimiento del Sistema de Distribución. En ese orden de ideas, no existe duda que la EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S.A., DE C.V, actúa en representación de los Intereses de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA, no en nombre propio, por otra parte, por la firma del contrato de Alianza Público - Privada para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ésta no pierde su condición de ente descentralizado, que prestó y presta un servicio público.- CONSIDERANDO: (11) Que el Código Tributario en su artículo 127 dispone que “El Estado tendrá acción Ejecutiva y Preferente para el cobro de los créditos por concepto de tributos, señalados en el artículo 3 del mismo código, entre ellos, la Tasa, que el artículo 5 del referido código define como “La suma de dinero que el Estado o alguno de sus organismos descentralizados percibe por la prestación efectiva de un Servicio público a una persona determinada, natural o jurídica cuyo monto debe corresponder al costo o mantenimiento del servicio”. Siendo, que existe un contrato de constitución de alianza Público-Privada y el Contrato de Fideicomiso decretado con No. 118-2013 “Para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa de Energía Honduras, S.A., de C.,V., en cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante dicho contrato actúa en representación de los intereses de la ENEE. Siendo así, esta Sala aprecia que existe una interpretación errónea por parte del Ad Quem, quien lejos de enmendar el error del A quo, lo confirma, al dejar de analizar la condición en que comparece la ahora recurrente, condición esta que no hace desaparecer el carácter de ente descentralizado que mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).- CONSIDERANDO (12) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[5]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[6].- CONSIDERANDO: (13) Que el Principio de Legalidad inherente al debido proceso, demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[7]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia materia y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[8].- CONSIDERANDO: (14) Que el Ministerio Público en uso de sus facultades luego del estudio minucioso y análisis jurídico de la acción de amparo planteada emite su opinión en la que destaca: (SIC) “Que la acción de tercería de preferencia presentada por la Empresa de Energía Eléctrica es en representación de los intereses de la ENEE, quien le delegó la facultad de realizar los cobros adeudados a la misma, en ese sentido el crédito cuya preferencia se reclama es por un servicio prestado por el Estado mismo, razón por lo cual no compartimos el criterio esbozado por el Ad Quem al restringir el derecho preferente a favor del Estado y a la vez restarle los efectos del contrato de fideicomiso aprobado mediante Decreto número 118-2013, suscrito por el Estado de Honduras en menoscabo de la garantía de contratación que la Constitución reconoce. Por todo ello el Ministerio Público a través de su representante la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, es de la Opinión porque SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida, en virtud de vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista.- CONSIDERANDO:(15) Que, del análisis de los antecedentes, las alegaciones del impetrante y su fundamento jurídico, se encuentra que efectivamente no se ha seguido el debido proceso, al inobservar el procedimiento establecido en la ley de acuerdo a las exigencias, requisitos y formalidades previamente establecidos en la misma, apreciando falta de análisis exhaustivo del reclamo del impetrante, en cuanto al Contrato de Alianza Público – Privado, la condición de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras, S.A., de C. V., quien actúa en representación de la primera. Se ha estimado la exposición del Tribunal de alzada, tanto en su motivación como fundamentos de derecho, apreciados en su conjunto. Por lo que, esta Sala, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a derecho a otorgar el recurso de amparo planteado.- POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado GEOVANNY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, a favor de la Sociedad Mercantil EMPRESA ENERGÍA HONDURAS, S.A., DE C.V., contra la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0087-2019.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constituciol
[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Víctor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[3] Rodríguez Cesia Víctor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[4] Idem Pág.1305
[5]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Víctor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[6] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[7] Rodríguez Cesia Víctor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.
[8] Idem Pág.1305