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Sentencia AC-859-18 — Registro 11396

Resumen

Resolución que declaro inadmisible recurso de apelación de hecho interpuesto contra resolución que resuelve sin lugar solicitud de citación a efecto de formular oposición con relación a Demanda Ejecutiva de Dar promovida contra impetrante en su condición de aval solidario

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(11): Que, dando respuesta a los argumentos expuestos por el impetrante, es importante en este punto establecer que el Artículo 217 del Código de Procedimientos Civiles indica que, si el Tribunal inferior denegare un recurso de apelación que ha debido concederse, la parte agraviada podrá recurrir al superior respectivo, dentro del plazo que concede el artículo 214, contado desde la notificación de la negativa, para que declare admisible dicho recurso. En ese orden de ideas observa esta Sala, que el impetrante compareció ante el Tribunal de Alzada en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, interponiendo Recurso de Apelación de Hecho, contra la resolución de fecha trece de marzo del mismo año, emitida por el A-quo que le negó la admisión del Recurso de Apelación. En la interposición del Recurso de Apelación de Hecho, el impetrante invoca como agravio único la infracción del Artículo 1222 del Código de Procedimientos Civiles. Al respecto es menester referir que el impetrante invoca en forma incorrecta el artículo 1222 relacionado, ello porque la sustanciación de los recursos judiciales en materia civil, se encuentran desarrollados en los artículos del 197 al 222 del Código de Procedimientos Civiles y el precepto invocado por el impetrante hace alusión a la sustanciación de los recursos en el Juicio Criminal, que se encuentra desarrollado en la Segunda Parte de la referida normativa procesal, específicamente lo relativo a los Procedimientos en Materia Criminal. Por ende, no resulta aplicable tal precepto a la resolución de los recursos que son promovidos contra resoluciones emitidas en procesos de índole civil.- CONSIDERANDO (12): Que en relación a la interpretación restrictiva que la Alzada realiza del precepto 469 del Código de Procedimientos Civiles, el impetrante en sus argumentos expone que consta en el expediente embargos y fianzas rendidas por la parte ejecutada, lo que habilita a todos los que la integran a que se les cite para que presenten oposición; al respecto y después del estudio minucioso del expediente, este Alto Tribunal advierte todas las incidencias que se han presentado en el proceso desde el momento de la interposición de la demanda en el año dos mil cuatro. Incidencias que han alargado el proceso, por la interposición reiterativa de recursos de reposición, apelación y Amparo. Es así que como bien lo indica la Alzada no existen embargos decretados sobre bienes de las partes demandadas; ello es así porque habiendo rendido Fianza Judicial por valor de seis millones de lempiras el señor Carlos Roberto Chávez Serrano, el A-quo mediante resolución de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil seis (2006), ordenó dejar sin valor y efecto el embargo practicado en fecha dos de abril del año dos mil cuatro –Folio 226 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia-. Fianza que fue declarada nula por sentencia emitida en fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán –Folios 324 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia-. Por ello que no existen bienes embargados a las partes ejecutadas, ni fianza a efecto de garantizar las resultas del caso sub júdice como alega el impetrante.- CONSIDERANDO (13): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivada, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió para declarar Sin Lugar el recurso de apelación de hecho interpuesto por uno de los demandados y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia carente de la motivación debida y congruente, que se exige en las resoluciones judiciales, como lo indica el recurrente; respetando con ello los derechos que aduce el amparista vulnerados, pues se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca el impetrante como vulnerados.- CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en el artículo 469 y 1222 del Código de Procedimientos Civiles, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva en el deber de los jueces de motivar las resoluciones que dictaren en forma congruente.- CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 469 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, a favor del señor ANTONIO JOSÉ CHÁVEZ AGUILAR, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declaró INADMISIBLE el recurso de Apelación de Hecho interpuesto por la parte demandada, contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la Demanda Ejecutiva de Dar, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), en contra del señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Constructora SATO, S. DE R.L. DE C.V., y en su condición de Aval Solidario, y contra el señor ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR, en su condición de Aval Solidario. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han infringido, en perjuicio de su representado, los derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, y los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de marzo de dos mil cuatro (2004), compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSÉ RAFAEL RIVERA FERRARI, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), interponiendo Demanda Ejecutiva de Dar, en contra del señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Constructora SATO, S. DE R.L. DE C.V., y en su condición de Aval Solidario, y contra el señor ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR, en su condición de Aval Solidario, solicitando que se mande a requerir a los demandado, para que paguen o consignen ante dicho Tribunal la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 4,520,213.48), más los intereses y costas del juicio, y de no hacerlo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir el monto de dicha obligación. (Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que seguido el trámite, en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, actuando en su condición de Representante Procesal del señor CARLOS ROBERTO CHÁVEZ SERRANO como representante legal de la CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. DE C.V., y en su condición personal como Aval Solidario y del señor ANTONIO JOSÉ CHÁVEZ AGUILAR, como Aval Solidario, solicitando se practique citación a efectos de formular oposición al señor Antonio José Chávez Aguilar; mediante resolución de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), el referido juzgado resolvió: (Sic) “Admítase el escrito que antecede, el cual se manda agregar a sus antecedentes, en cuanto a los solicitado por el peticionario sin lugar por improcedente que el compareciente se esté a lo ordenado en el auto de fecha quince de junio del año dos mil siete que obra a Folio (309)….” (Folios del 521 al 524 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que no estando conforme con lo resuelto por el A-quo, el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, interpuso en el acto de la notificación los recursos de reposición y subsidiariamente el de apelación, en fecha seis (6) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por lo que dando respuesta a los recursos interpuestos el A-quo mediante resolución de fecha trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) resolvió: “VISTA: LA Notificación del Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, de fecha seis de marzo del año dos mil dieciocho, Sin Lugar los recursos interpuestos contra dicho auto, en virtud de que dicho auto está dictado conforme a derecho y por tratarse de un auto de mero trámite….” (Folio 524 vuelto y 528 frente de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 4) Que conociendo del recurso de Apelación de Hecho interpuesto en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, por el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó su Resolución en fecha catorce (14) de junio del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Téngase por recibida la comunicación debidamente cumplimentada, junto con el expediente número 0801-2007-04661-CE, procedente del Juzgado de Letras Civil de este Departamento, la que se manda agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de Apelación de Hecho presentado por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, contra el Auto de fecha trece (13) de marzo del dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Que se notifique este fallo a las partes y en su oportunidad se devuelvan las presentes diligencias al Juzgado de su procedencia con Certificación de estilo para su debido cumplimiento…” (Folio 20 de la pieza de antecedentes de Alzada)- 5) Que el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor señor ANTONIO JOSÉ CHÁVEZ AGUILAR, contra la Resolución de fecha catorce (14) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma infringe, en perjuicio de su representado, los derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, y los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 1 al 7 y 31 de los autos)- 6) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer por que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, en virtud de no constar violación alguna a los derechos constitucionales alegados por el demandante, de acuerdo a las motivaciones que preceden.” Estima la Fiscal del Despacho que del examen de las diligencias de mérito se constata que la sentencia reclamada en amparo no resulta violatoria a los derechos de defensa y del debido proceso invocados por el amparista, por cuanto de la motivación de la resolución se desprende que la misma se encuentra fundamentada en las disposiciones legales contenidas en los artículos 218, 219 y 469 del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto señalan que en la tramitación de los Recursos de Apelación de Hecho, el Tribunal superior pedirá al inferior un informe sobre el asunto en que hubiere recaído la negativa, y en vista de él, resolverá si es o no admisible del recurso. De tal forma, que el Tribunal de Alzada al conocer concretamente del asunto, con relación a los agravios expresados por la parte demandada-apelante, devenía en la obligación de motivar su resolución pronunciándose sobre las pretensiones que fueron alegadas por el recurrente y sometidas a su conocimiento. (Folios del 34 al 41 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, que declara Inadmisible el Recurso de Apelación de Hecho interpuesto por el Abogado Nicolás J. García Pineda, en su condición de Apoderado Legal del señor Antonio José Chávez Aguilar, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, que declara Sin Lugar los recursos interpuestos por el Abogado Nicolás J. García Pineda, contra la resolución de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciocho, que resuelve sin lugar la solicitud de citación a efecto de formular oposición a su representado el señor Antonio José Chávez Aguilar.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su discrepancia con la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo infringe los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanaos. El impetrante invoca jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional e indica que, en razón de ello, vincula como infringido el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, elevada a nivel constitucional a través del artículo 82 de la Constitución de la República, disposición que, conforme a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional garantiza, entre otros, el derecho inviolable a la defensa y a la obtención de una respuesta judicial motivada y fundada en derecho congruente.- CONSIDERANDO (4): Que, en la exposición de sus alegatos, el recurrente sostiene que se priva del derecho a que un órgano jurisdiccional superior revise las actuaciones del inferior, desamparando al señor Antonio José Chávez Aguilar, contra el acto que viola su derecho a ser oído dentro del proceso ejecutivo del cual es parte, al no tratarse la resolución de un asunto de mero trámite, habida cuenta de que se relaciona directamente con el ejercicio del derecho de defensa. Argumenta que la resolución censurada se limitó a fundamentar que, por el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles, al no constar el embargo del señor Antonio José Chávez Aguilar, no es procedente citarlo a efectos de que presente oposición. Al constatar los agravios contenidos en el recurso de apelación de hecho, cuya única finalidad es la admisibilidad del recurso de apelación, y lo resuelto por el iudex ad quem en el recurso de apelación de hecho, se aprecia que la resolución carece de congruencia, toda vez que la alzada no se pronunció respecto de las razones jurídicas que conducen a la inadmisión del recurso de apelación –es decir, si la resolución impugnada es susceptible de apelación-, entrando a resolver exclusivamente lo que en el fondo constituyo los recursos de reposición y apelación interpuestos en el acto de la notificación por la parte ejecutada, en fecha 6 de marzo de 2018. La incongruencia en la motivación de la resolución cuyo amparo se impetra, se configura como una violación al derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso, en tanto en cuanto arbitrariamente la Corte de Apelaciones no ofrece las razones por las que el recurso de apelación deviene inadmisible, no permitiendo a las partes conocer la ratio decidendi de la resolución respecto a la denegatoria del recurso de apelación, provocando indefensión.- CONSIDERANDO (5): Que, continuando con sus alegaciones, el amparista aduce que el remedio legislativo ante la indebida inadmisión del recurso de apelación bajo el imperio del Código de Procedimientos Civiles, es el recurso de apelación de hecho, mediante el que la alzada puede conocer y decidir si la apelación fue debida o indebidamente inadmitida. La norma causada de infringida en el recurso de apelación fue el artículo 1222 del Código de Procedimientos Civiles; el precepto autoriza con claridad meridiana la procedencia del recurso de apelación, salvo que se trate de providencias de mero trámite. En la resolución impugnada en reposición y subsidiaria apelación, señaló la juzgadora que la inadmisión del recurso obedece a que el mismo constituye un asunto de mero trámite.- CONSIDERANDO (6): Que, en relación al derecho a ser oído, el impetrante invoca el Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice que la Corte IDH ha manifestado que el derecho a ser oído no solo exige que la persona sea oída por un Juez o Tribunal, sino que pueda participar ampliamente del proceso. Es por esto mismo, que la aplicación e interpretación restrictiva del artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles infringe flagrantemente la garantía de ser escuchado, lo cual va íntimamente vinculado al derecho al debido proceso, consagrado en nuestro artículo 8 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esto se desprende que no existe razonamiento lógico que restrinja la pasibilidad al señor Antonio José Chávez Aguilar de poder formular oposición a la ejecución que está sujeto. La errónea interpretación de la disposición in comento se aprecia adicionalmente, habida cuenta de que consta en el expediente embargos y fianzas rendidas por la parte ejecutada, lo que habilita a todos los que la integran a que se les cite para que presenten oposición. Dicho de otro modo, desde el momento en que cualquiera de las personas que constituye la parte ejecutada es embargada, se habilita a todas las personas que constituyen dicha posición a ser citadas para oposición. Ello, por cuanto la inobservancia de dicha regla practica podría conducir a 2 o más sentencias contradictorias proferidas en la misma demanda ejecutiva. Es decir, hecho el embargo, este aprovecha a todos los que conforman la parte ejecutada, con independencia de su posición para ser citados y de esta forma ejercer adecuadamente el derecho de defensa a través de su oposición.- CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. así mismo el recurrente invoca como vulnerados los artículos 8.1[2] y 25[3] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (8): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la resolución impugnada, de lo dispuesto en el artículo 1222 del Código de Procedimientos Civiles que determina: “Contra las providencias de mero trámite sólo se dará el recurso de reposición, el cual se propondrá en el acto de la notificación o en la siguiente audiencia. Contra las demás providencias habrá también el recurso de apelación, que se interpondrá al mismo tiempo que el de reposición con calidad de subsidiario.”; asimismo la interpretación restrictiva de lo establecido en el Artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles que textualmente preceptúa: “Hecho el embargo, cuando sea conocido el domicilio del deudor, se le citará personalmente para que pueda oponerse a la ejecución; y cuando no lo sea o se ignore su paradero, se estará a lo dispuesto en el Artículo 1, de este Código.”.- CONSIDERANDO (9): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, debe ser de obligatorio cumplimiento por los Jueces civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cual ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[4].- CONSIDERANDO (10): Que la resolución emitida por el Ad-quem resuelve declarar inadmisible el recurso de Apelación de Hecho promovida por el impetrante, en la consideración de los argumentos siguientes: (Sic) “CONSIDERANDO. Que en fecha seis (6) de Octubre del dos mil seis (2006), tal como consta de folio número doscientos diecinueve frente a folio número doscientos veintiuno frente (F.219 fte.- F.221 Fte.) la parte Ejecutada Constructora SATO, S DE R.L. DE C.V., procedió a presentar fianza, para poder liberar los bienes embargados, procediendo el Juzgado a aceptar la fianza mediante auto de fecha seis de Octubre del dos mil seis (2006), desembargando dichos bienes. CONSIDERANDO: Que mediante Sentencia de fecha veinticinco (25) de Junio del año dos mil doce (2012), la Corte Segunda de apelaciones de lo civil del Departamento de Francisco Morazán, ordena declarar sin lugar la fianza recibida. CONSIDERANDO: Que del estudio de las diligencias se ha podido constatar que no existe embargo a los bienes de las partes Ejecutadas Sociedad Constructora SATO, S. DE R.L. DE C.V., deudor principal y al Señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO y el Señor ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR, como avales solidarios. CONSIDERANDO: Que según el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles, se le citará personalmente al ejecutado para que pueda oponerse a la ejecución, y tal como se establece en el acápite anterior no existe embargo alguno por lo tanto no procede la citación para oponerse.”- CONSIDERANDO (11): Que, dando respuesta a los argumentos expuestos por el impetrante, es importante en este punto establecer que el Artículo 217 del Código de Procedimientos Civiles indica que, si el Tribunal inferior denegare un recurso de apelación que ha debido concederse, la parte agraviada podrá recurrir al superior respectivo, dentro del plazo que concede el artículo 214, contado desde la notificación de la negativa, para que declare admisible dicho recurso. En ese orden de ideas observa esta Sala, que el impetrante compareció ante el Tribunal de Alzada en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, interponiendo Recurso de Apelación de Hecho, contra la resolución de fecha trece de marzo del mismo año, emitida por el A-quo que le negó la admisión del Recurso de Apelación. En la interposición del Recurso de Apelación de Hecho, el impetrante invoca como agravio único la infracción del Artículo 1222 del Código de Procedimientos Civiles. Al respecto es menester referir que el impetrante invoca en forma incorrecta el artículo 1222 relacionado, ello porque la sustanciación de los recursos judiciales en materia civil, se encuentran desarrollados en los artículos del 197 al 222 del Código de Procedimientos Civiles y el precepto invocado por el impetrante hace alusión a la sustanciación de los recursos en el Juicio Criminal, que se encuentra desarrollado en la Segunda Parte de la referida normativa procesal, específicamente lo relativo a los Procedimientos en Materia Criminal. Por ende, no resulta aplicable tal precepto a la resolución de los recursos que son promovidos contra resoluciones emitidas en procesos de índole civil.- CONSIDERANDO (12): Que en relación a la interpretación restrictiva que la Alzada realiza del precepto 469 del Código de Procedimientos Civiles, el impetrante en sus argumentos expone que consta en el expediente embargos y fianzas rendidas por la parte ejecutada, lo que habilita a todos los que la integran a que se les cite para que presenten oposición; al respecto y después del estudio minucioso del expediente, este Alto Tribunal advierte todas las incidencias que se han presentado en el proceso desde el momento de la interposición de la demanda en el año dos mil cuatro. Incidencias que han alargado el proceso, por la interposición reiterativa de recursos de reposición, apelación y Amparo. Es así que como bien lo indica la Alzada no existen embargos decretados sobre bienes de las partes demandadas; ello es así porque habiendo rendido Fianza Judicial por valor de seis millones de lempiras el señor Carlos Roberto Chávez Serrano, el A-quo mediante resolución de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil seis (2006), ordenó dejar sin valor y efecto el embargo practicado en fecha dos de abril del año dos mil cuatro –Folio 226 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia-. Fianza que fue declarada nula por sentencia emitida en fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán –Folios 324 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia-. Por ello que no existen bienes embargados a las partes ejecutadas, ni fianza a efecto de garantizar las resultas del caso sub júdice como alega el impetrante.- CONSIDERANDO (13): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivada, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió para declarar Sin Lugar el recurso de apelación de hecho interpuesto por uno de los demandados y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia carente de la motivación debida y congruente, que se exige en las resoluciones judiciales, como lo indica el recurrente; respetando con ello los derechos que aduce el amparista vulnerados, pues se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca el impetrante como vulnerados.- CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en el artículo 469 y 1222 del Código de Procedimientos Civiles, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva en el deber de los jueces de motivar las resoluciones que dictaren en forma congruente.- CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 200, 202, 217, 218, 219 y 469 del Código de procedimientos Comunes; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, a favor del señor ANTONIO JOSÉ CHÁVEZ AGUILAR, contra la sentencia de fecha CATORCE (14) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0859-2018.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, a favor del señor ANTONIO JOSÉ CHÁVEZ AGUILAR, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declaró INADMISIBLE el recurso de Apelación de Hecho interpuesto por la parte demandada, contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; con relación a la Demanda Ejecutiva de Dar, promovida por la Sociedad Mercantil BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), en contra del señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Constructora SATO, S. DE R.L. DE C.V., y en su condición de Aval Solidario, y contra el señor ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR, en su condición de Aval Solidario. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han infringido, en perjuicio de su representado, los derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, y los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de marzo de dos mil cuatro (2004), compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSÉ RAFAEL RIVERA FERRARI, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO MERCANTIL, S.A. (BAMER), interponiendo Demanda Ejecutiva de Dar, en contra del señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Constructora SATO, S. DE R.L. DE C.V., y en su condición de Aval Solidario, y contra el señor ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR, en su condición de Aval Solidario, solicitando que se mande a requerir a los demandado, para que paguen o consignen ante dicho Tribunal la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 4,520,213.48), más los intereses y costas del juicio, y de no hacerlo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir el monto de dicha obligación. (Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que seguido el trámite, en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, actuando en su condición de Representante Procesal del señor CARLOS ROBERTO CHÁVEZ SERRANO como representante legal de la CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. DE C.V., y en su condición personal como Aval Solidario y del señor ANTONIO JOSÉ CHÁVEZ AGUILAR, como Aval Solidario, solicitando se practique citación a efectos de formular oposición al señor Antonio José Chávez Aguilar; mediante resolución de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), el referido juzgado resolvió: (Sic) “Admítase el escrito que antecede, el cual se manda agregar a sus antecedentes, en cuanto a los solicitado por el peticionario sin lugar por improcedente que el compareciente se esté a lo ordenado en el auto de fecha quince de junio del año dos mil siete que obra a Folio (309)….” (Folios del 521 al 524 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que no estando conforme con lo resuelto por el A-quo, el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, interpuso en el acto de la notificación los recursos de reposición y subsidiariamente el de apelación, en fecha seis (6) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por lo que dando respuesta a los recursos interpuestos el A-quo mediante resolución de fecha trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) resolvió: “VISTA: LA Notificación del Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, de fecha seis de marzo del año dos mil dieciocho, Sin Lugar los recursos interpuestos contra dicho auto, en virtud de que dicho auto está dictado conforme a derecho y por tratarse de un auto de mero trámite….” (Folio 524 vuelto y 528 frente de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 4) Que conociendo del recurso de Apelación de Hecho interpuesto en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, por el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó su Resolución en fecha catorce (14) de junio del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Téngase por recibida la comunicación debidamente cumplimentada, junto con el expediente número 0801-2007-04661-CE, procedente del Juzgado de Letras Civil de este Departamento, la que se manda agregar a sus antecedentes. SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de Apelación de Hecho presentado por el Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, contra el Auto de fecha trece (13) de marzo del dos mil dieciocho (2018), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Que se notifique este fallo a las partes y en su oportunidad se devuelvan las presentes diligencias al Juzgado de su procedencia con Certificación de estilo para su debido cumplimiento…” (Folio 20 de la pieza de antecedentes de Alzada)- 5) Que el abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor señor ANTONIO JOSÉ CHÁVEZ AGUILAR, contra la Resolución de fecha catorce (14) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma infringe, en perjuicio de su representado, los derechos de defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, y los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 1 al 7 y 31 de los autos)- 6) Que en fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer por que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, en virtud de no constar violación alguna a los derechos constitucionales alegados por el demandante, de acuerdo a las motivaciones que preceden.” Estima la Fiscal del Despacho que del examen de las diligencias de mérito se constata que la sentencia reclamada en amparo no resulta violatoria a los derechos de defensa y del debido proceso invocados por el amparista, por cuanto de la motivación de la resolución se desprende que la misma se encuentra fundamentada en las disposiciones legales contenidas en los artículos 218, 219 y 469 del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto señalan que en la tramitación de los Recursos de Apelación de Hecho, el Tribunal superior pedirá al inferior un informe sobre el asunto en que hubiere recaído la negativa, y en vista de él, resolverá si es o no admisible del recurso. De tal forma, que el Tribunal de Alzada al conocer concretamente del asunto, con relación a los agravios expresados por la parte demandada-apelante, devenía en la obligación de motivar su resolución pronunciándose sobre las pretensiones que fueron alegadas por el recurrente y sometidas a su conocimiento. (Folios del 34 al 41 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[5]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la Resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, que declara Inadmisible el Recurso de Apelación de Hecho interpuesto por el Abogado Nicolás J. García Pineda, en su condición de Apoderado Legal del señor Antonio José Chávez Aguilar, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, que declara Sin Lugar los recursos interpuestos por el Abogado Nicolás J. García Pineda, contra la resolución de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciocho, que resuelve sin lugar la solicitud de citación a efecto de formular oposición a su representado el señor Antonio José Chávez Aguilar.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su discrepancia con la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo infringe los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanaos. El impetrante invoca jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional e indica que, en razón de ello, vincula como infringido el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, elevada a nivel constitucional a través del artículo 82 de la Constitución de la República, disposición que, conforme a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional garantiza, entre otros, el derecho inviolable a la defensa y a la obtención de una respuesta judicial motivada y fundada en derecho congruente.- CONSIDERANDO (4): Que, en la exposición de sus alegatos, el recurrente sostiene que se priva del derecho a que un órgano jurisdiccional superior revise las actuaciones del inferior, desamparando al señor Antonio José Chávez Aguilar, contra el acto que viola su derecho a ser oído dentro del proceso ejecutivo del cual es parte, al no tratarse la resolución de un asunto de mero trámite, habida cuenta de que se relaciona directamente con el ejercicio del derecho de defensa. Argumenta que la resolución censurada se limitó a fundamentar que, por el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles, al no constar el embargo del señor Antonio José Chávez Aguilar, no es procedente citarlo a efectos de que presente oposición. Al constatar los agravios contenidos en el recurso de apelación de hecho, cuya única finalidad es la admisibilidad del recurso de apelación, y lo resuelto por el iudex ad quem en el recurso de apelación de hecho, se aprecia que la resolución carece de congruencia, toda vez que la alzada no se pronunció respecto de las razones jurídicas que conducen a la inadmisión del recurso de apelación –es decir, si la resolución impugnada es susceptible de apelación-, entrando a resolver exclusivamente lo que en el fondo constituyo los recursos de reposición y apelación interpuestos en el acto de la notificación por la parte ejecutada, en fecha 6 de marzo de 2018. La incongruencia en la motivación de la resolución cuyo amparo se impetra, se configura como una violación al derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y debido proceso, en tanto en cuanto arbitrariamente la Corte de Apelaciones no ofrece las razones por las que el recurso de apelación deviene inadmisible, no permitiendo a las partes conocer la ratio decidendi de la resolución respecto a la denegatoria del recurso de apelación, provocando indefensión.- CONSIDERANDO (5): Que, continuando con sus alegaciones, el amparista aduce que el remedio legislativo ante la indebida inadmisión del recurso de apelación bajo el imperio del Código de Procedimientos Civiles, es el recurso de apelación de hecho, mediante el que la alzada puede conocer y decidir si la apelación fue debida o indebidamente inadmitida. La norma causada de infringida en el recurso de apelación fue el artículo 1222 del Código de Procedimientos Civiles; el precepto autoriza con claridad meridiana la procedencia del recurso de apelación, salvo que se trate de providencias de mero trámite. En la resolución impugnada en reposición y subsidiaria apelación, señaló la juzgadora que la inadmisión del recurso obedece a que el mismo constituye un asunto de mero trámite.- CONSIDERANDO (6): Que, en relación al derecho a ser oído, el impetrante invoca el Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dice que la Corte IDH ha manifestado que el derecho a ser oído no solo exige que la persona sea oída por un Juez o Tribunal, sino que pueda participar ampliamente del proceso. Es por esto mismo, que la aplicación e interpretación restrictiva del artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles infringe flagrantemente la garantía de ser escuchado, lo cual va íntimamente vinculado al derecho al debido proceso, consagrado en nuestro artículo 8 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esto se desprende que no existe razonamiento lógico que restrinja la pasibilidad al señor Antonio José Chávez Aguilar de poder formular oposición a la ejecución que está sujeto. La errónea interpretación de la disposición in comento se aprecia adicionalmente, habida cuenta de que consta en el expediente embargos y fianzas rendidas por la parte ejecutada, lo que habilita a todos los que la integran a que se les cite para que presenten oposición. Dicho de otro modo, desde el momento en que cualquiera de las personas que constituye la parte ejecutada es embargada, se habilita a todas las personas que constituyen dicha posición a ser citadas para oposición. Ello, por cuanto la inobservancia de dicha regla practica podría conducir a 2 o más sentencias contradictorias proferidas en la misma demanda ejecutiva. Es decir, hecho el embargo, este aprovecha a todos los que conforman la parte ejecutada, con independencia de su posición para ser citados y de esta forma ejercer adecuadamente el derecho de defensa a través de su oposición.- CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. así mismo el recurrente invoca como vulnerados los artículos 8.1[6] y 25[7] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (8): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la resolución impugnada, de lo dispuesto en el artículo 1222 del Código de Procedimientos Civiles que determina: “Contra las providencias de mero trámite sólo se dará el recurso de reposición, el cual se propondrá en el acto de la notificación o en la siguiente audiencia. Contra las demás providencias habrá también el recurso de apelación, que se interpondrá al mismo tiempo que el de reposición con calidad de subsidiario.”; asimismo la interpretación restrictiva de lo establecido en el Artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles que textualmente preceptúa: “Hecho el embargo, cuando sea conocido el domicilio del deudor, se le citará personalmente para que pueda oponerse a la ejecución; y cuando no lo sea o se ignore su paradero, se estará a lo dispuesto en el Artículo 1, de este Código.”.- CONSIDERANDO (9): Que la motivación de las resoluciones, entre otros, debe ser de obligatorio cumplimiento por los Jueces civiles, es necesaria para dar cuenta comprensible de las razones que tenga el juez para justificar su decisión. La satisfacción procesal actúa sobre determinados hechos, de manera que la resolución del caso concreto ha de responder no sólo con la selección y aplicación de la correspondiente norma del ordenamiento jurídico, sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o la resistencia. Diego de Diez sostiene que la suficiencia de la motivación no se identifica mediante criterios cuantitativos, sino cualitativos. El autor señala que nada indica que la motivación deba tener una mayor o menor extensión; basta con que sea “suficiente” y ello es plenamente compatible con una motivación “sucinta”, es decir “breve” aunque “compendiosa”; para ejemplificar sus ideas; el autor señala un extracto de la sentencia del Tribunal Constitucional Español la STC 100/1987 que dice: “4. (…) El deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del juez o tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, sino que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cual ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada; criterio de razonabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de logarse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente.”[8].- CONSIDERANDO (10): Que la resolución emitida por el Ad-quem resuelve declarar inadmisible el recurso de Apelación de Hecho promovida por el impetrante, en la consideración de los argumentos siguientes: (Sic) “CONSIDERANDO. Que en fecha seis (6) de Octubre del dos mil seis (2006), tal como consta de folio número doscientos diecinueve frente a folio número doscientos veintiuno frente (F.219 fte.- F.221 Fte.) la parte Ejecutada Constructora SATO, S DE R.L. DE C.V., procedió a presentar fianza, para poder liberar los bienes embargados, procediendo el Juzgado a aceptar la fianza mediante auto de fecha seis de Octubre del dos mil seis (2006), desembargando dichos bienes. CONSIDERANDO: Que mediante Sentencia de fecha veinticinco (25) de Junio del año dos mil doce (2012), la Corte Segunda de apelaciones de lo civil del Departamento de Francisco Morazán, ordena declarar sin lugar la fianza recibida. CONSIDERANDO: Que del estudio de las diligencias se ha podido constatar que no existe embargo a los bienes de las partes Ejecutadas Sociedad Constructora SATO, S. DE R.L. DE C.V., deudor principal y al Señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO y el Señor ANTONIO JOSE CHAVEZ AGUILAR, como avales solidarios. CONSIDERANDO: Que según el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles, se le citará personalmente al ejecutado para que pueda oponerse a la ejecución, y tal como se establece en el acápite anterior no existe embargo alguno por lo tanto no procede la citación para oponerse.”- CONSIDERANDO (11): Que, dando respuesta a los argumentos expuestos por el impetrante, es importante en este punto establecer que el Artículo 217 del Código de Procedimientos Civiles indica que, si el Tribunal inferior denegare un recurso de apelación que ha debido concederse, la parte agraviada podrá recurrir al superior respectivo, dentro del plazo que concede el artículo 214, contado desde la notificación de la negativa, para que declare admisible dicho recurso. En ese orden de ideas observa esta Sala, que el impetrante compareció ante el Tribunal de Alzada en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, interponiendo Recurso de Apelación de Hecho, contra la resolución de fecha trece de marzo del mismo año, emitida por el A-quo que le negó la admisión del Recurso de Apelación. En la interposición del Recurso de Apelación de Hecho, el impetrante invoca como agravio único la infracción del Artículo 1222 del Código de Procedimientos Civiles. Al respecto es menester referir que el impetrante invoca en forma incorrecta el artículo 1222 relacionado, ello porque la sustanciación de los recursos judiciales en materia civil, se encuentran desarrollados en los artículos del 197 al 222 del Código de Procedimientos Civiles y el precepto invocado por el impetrante hace alusión a la sustanciación de los recursos en el Juicio Criminal, que se encuentra desarrollado en la Segunda Parte de la referida normativa procesal, específicamente lo relativo a los Procedimientos en Materia Criminal. Por ende, no resulta aplicable tal precepto a la resolución de los recursos que son promovidos contra resoluciones emitidas en procesos de índole civil.- CONSIDERANDO (12): Que en relación a la interpretación restrictiva que la Alzada realiza del precepto 469 del Código de Procedimientos Civiles, el impetrante en sus argumentos expone que consta en el expediente embargos y fianzas rendidas por la parte ejecutada, lo que habilita a todos los que la integran a que se les cite para que presenten oposición; al respecto y después del estudio minucioso del expediente, este Alto Tribunal advierte todas las incidencias que se han presentado en el proceso desde el momento de la interposición de la demanda en el año dos mil cuatro. Incidencias que han alargado el proceso, por la interposición reiterativa de recursos de reposición, apelación y Amparo. Es así que como bien lo indica la Alzada no existen embargos decretados sobre bienes de las partes demandadas; ello es así porque habiendo rendido Fianza Judicial por valor de seis millones de lempiras el señor Carlos Roberto Chávez Serrano, el A-quo mediante resolución de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil seis (2006), ordenó dejar sin valor y efecto el embargo practicado en fecha dos de abril del año dos mil cuatro –Folio 226 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia-. Fianza que fue declarada nula por sentencia emitida en fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán –Folios 324 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia-. Por ello que no existen bienes embargados a las partes ejecutadas, ni fianza a efecto de garantizar las resultas del caso sub júdice como alega el impetrante.- CONSIDERANDO (13): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, esta Sala de lo Constitucional advierte que el Tribunal de Alzada actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivada, estableciendo el tribunal requerido, el razonamiento de los hechos y el fundamento de derecho que le sirvió para declarar Sin Lugar el recurso de apelación de hecho interpuesto por uno de los demandados y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte el impetrante en Amparo, lo que se aleja de ser una sentencia carente de la motivación debida y congruente, que se exige en las resoluciones judiciales, como lo indica el recurrente; respetando con ello los derechos que aduce el amparista vulnerados, pues se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley procesal civil, que invoca el impetrante como vulnerados.- CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en el artículo 469 y 1222 del Código de Procedimientos Civiles, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva en el deber de los jueces de motivar las resoluciones que dictaren en forma congruente.- CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) y congruente con las pretensiones de las partes, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 200, 202, 217, 218, 219 y 469 del Código de procedimientos Comunes; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, a favor del señor ANTONIO JOSÉ CHÁVEZ AGUILAR, contra la sentencia de fecha CATORCE (14) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0859-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[2] Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter.

[3] Artículo 25. Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales….

[4] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.

[5] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.

[6] Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter.

[7] Artículo 25. Protección judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales….

[8] De Diego Diez, L. Alfredo. El derecho a la tutela judicial efectiva. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 5 de febrero de 2014. Pág. 90.