Sentencia AC-851-19 — Registro 12335
Resumen
Sentencia declaró nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la contestación de la demanda de inquilinato por expiración de contrato, pago de rentas y servicios públicos en mora, desahucio, desocupación del inmueble o lanzamiento promovida por recurrente y otro contra demandada; el juzgado de primera instancia declaró sin lugar dicha demanda y absolvió a la parte demandada a pagar a recurrente en su condición personal y a sociedad mercantil ; nulidad declarada mediante sentencia por el tribunal de alzada se encuentra arreglada a derecho, porque aunque la conducción del debate en la audiencia, no haya sido discutida en la apelación, no era posible que el tribunal de alzada pudiera tomar una decisión de fondo adecuada con el material de la audiencia. En virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de mérito, habida cuenta que la nulidad de actuaciones declarada por la corte de apelaciones asegura el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Para verificar los alegatos de la parte que demanda amparo, la Sala de lo Constitucional constata que en el acta de audiencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve se dejó constancia de la aceptación al numeral sexto de los hechos de la demanda, el cual literalmente expresa: “SEXTO: DESAHUCIO O LANZAMIENTO. Es un hecho que el arrendamiento ha expirado por convención contractual y por mora gravosa por lo que el desahucio o lanzamiento resulta ser procedente.” Asimismo, este alto tribunal de justicia analiza la grabación de audio que se acompaña en las diligencias, constatando que en un principio la intención de la parte demandada fue abstenerse de contestar el numeral sexto de los hechos, a lo que la juez le exigió que debía pronunciar su aceptación o rechazo al hecho. Fue de esta manera que la representación procesal de la parte demandada en forma lacónica se limitó a expresar que ese hecho lo aceptaba. Para la Sala es importante la técnica con que se juzgan los hechos. Debe tomarse en cuenta cada uno de ellos y el conjunto también. De manera que en este caso si se toma nada más en cuenta la parte de la contestación de la demanda en que se acepta el hecho sexto, se tendría una perspectiva sesgada de la situación y por tanto errónea del quaestio facti o cuestión fáctica. En el audio aludido es claro que la parte demandada se opone a las pretensiones de la parte demandante, verbigracia: rechaza el haber actuado con evasivas ante los requerimientos de pago, cuestiona el contrato por su falta de directrices en la forma de pago, solicita nulidad del contrato, cuestiona la cláusula de pago en dólares, denuncia la omisión de entregar recibos, cuestiona la falta de relación de la cuenta bancaria presentada como prueba, etc. Por lo que afirmar que por haber aceptado el numeral sexto de la demanda se allana a todo es desconocer todos los demás elementos de oposición en forma arbitraria. Es claro que para entender bien los argumentos y posición de la parte demandada se requería que la juez actuante fuera más contundente para exigir una mejor explicación de la parte demandada en los alcances de la oposición. En toda la audiencia no se llega a saber si la parte demandada niega la deuda o no,[5] a menos que se tome como único referente la aceptación del numeral sexto aludido, lo cual como ya se dijo sería un yerro en la apreciación de todo el conjunto de la contestación y de la audiencia en sí. En virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia estima que el motivo que sustenta la presente garantía de amparo no es correcto, porque se funda en confiar toda la decisión del juicio a una forma errónea de apreciar lo acontecido en la audiencia, misma que fue mal conducida por la juez a quo. En correlación a ello, para este tribunal de justicia la nulidad declarada mediante sentencia por el tribunal de alzada se encuentra arreglada a derecho, porque aunque la conducción del debate en la audiencia, no haya sido discutida en la apelación, no era posible que el tribunal de alzada pudiera tomar una decisión de fondo adecuada con el material de la audiencia. En virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de mérito, habida cuenta que la nulidad de actuaciones declarada por la corte de apelaciones asegura el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva...."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 10 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintiuno de octubre de dos mil veinte. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Juan Ricardo Freinje Kongehl, a favor de la señora Nancy Renee Rivera Ferrera, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, con relación a la “…DEMANDA EN MATERIA DE INQUILINATO EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO, EXPIRACIÓN DE CONTRATO, PAGO DE RENTAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MORA, DESAHUCIO, DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE O LANZAMIENTO…” promovida por el abogado Juan Ricardo Freije Kongehl, en su condición de apoderado judicial de la señora Nancy Renee Rivera Ferrera y de la sociedad mercantil denominada “Casa Rivera y Compañía, S. de R.L.”, contra la señora Elba Patricia Sosa Casco. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, el abogado Juan Ricardo Freije Kongehl, en su condición de apoderado procesal de la señora Nancy Renee Rivera Ferrera, promoviendo “…DEMANDA EN MATERIA DE INQUILINATO EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO, EXPIRACIÓN DE CONTRATO, PAGO DE RENTAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MORA, DESAHUCIO, DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE O LANZAMIENTO…”, contra la señora Elba Patricia Sosa Casco. (Folios 1-7 de la pieza del iudex a quo). 2. En fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia pública de juicio abreviado con la comparecencia de ambas partes. (Folios 71-73 de la pieza del iudex a quo). 3. En fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, falló: “PRIMERO (1): DECLARAR SIN LUGAR la demanda EN MATERIA DE INQUILINATO EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO, EXPIRACIÓN DE CONTRATO, PAGO DE RENTAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN MORA, DESAHUCIO, DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE O LANZAMIENTO. Presentada en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Promovida por el abogado JUAN RICARDO FREIJE KONGEHL, actuando en su condición de representante procesal de la señora NANCY RENEE RIVERA FERRERA en su condición personal y de la sociedad mercantil denominada “CASA RIVERA Y COMPAÑÍA, S. DE R.L.” como parte demandante en contra de la señora ELBA PATRICIA SOSA CASCO como parte demandada. SEGUNDO (2): ABSUELVE la señora ELBA PATRICIA SOSA CASCO como parte demandada a pagar a la señora NANCY RENEE RIVERA FERRERA en su condición personal y la sociedad mercantil denominada “CASA RIVERA Y COMPAÑÍA, S. de R.L.”, la cantidad del periodo comprendido del año dos mil quince (2015) al año dos mil dieciocho (2018), la suma solicitada en la demanda de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L. 547,181.80) en concepto de rentas vencidas y la suma de QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA DÓLARES AMERICANOS ($15,530.00) en concepto de recargos por mora, a un valor diario de diez (10) dólares, así como el pago de servicios públicos solicitados. TERCERO (3): Contra esta resolución cabe el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde el día siguiente a la notificación de aquella. Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno, quede firme el presente fallo. SIN COSTAS. NOTIFÍQUESE.” (Folios 75-82 de la pieza del iudex a quo). 4. La Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Ricardo Freije Kongehl en su condición antes referida, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, dictó sentencia en fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, fallando por mayoría de votos así: “1) Declarando nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la audiencia celebrada el 28 de febrero de 2019, luego de la contestación de la demanda. 2) Que la señora juez, al recibo del expediente convoque audiencia, ordenándole a la parte demandada que haga las aclaraciones a la contestación de la demanda, dadas las contradicciones que contiene su contestación y posteriormente de ser el caso, continúe la audiencia fijando el objeto del debate de una manera completa y precisa. 3) Sin costas al apelante en segunda instancia…” (Folios 39-44 vuelto de la pieza del iudex ad quem). 5. En fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, compareció ante este alto tribunal de justicia, el abogado Juan Ricardo Freije Kongehl, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la señora Nancy Renee Rivera Ferrera, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. 6. En fecha veinte de enero de dos mil veinte, esta Sala tuvo por formalizado el amparo de mérito en tiempo y forma por el abogado Juan Ricardo Freije Kongehl, ordenando dar la vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 31 de la pieza de amparo). 7. En fecha siete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por evacuada la vista concedida a la fiscal del Ministerio Público, abogada Sussy G. Coello García, quien fue del parecer porque SE OTORGUE la presente garantía constitucional de amparo, por haberse vulnerado el derecho constitucional invocado. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. El garantista al formalizar el amparo de mérito señala que la resolución judicial del quince de agosto de dos mil diecinueve dictada en segunda instancia decreta una nulidad absoluta de actuaciones sin percatarse de un reconocimiento expreso y aceptado de un hecho esencial que se contiene en la demanda, y que por sí sola es base suficiente para declarar con lugar la resolución que fue apelada. Explica el censor que en el numeral sexto de la demanda, la parte actora señaló que es un hecho que el contrato de arrendamiento ha expirado y que además existe mora gravosa, procediendo entonces el desahucio y lanzamiento. Por su parte la demandada aceptó dicho hecho en la audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; consta que al momento de contestar el numeral sexto de la demanda la parte demandada expresó simple y llanamente que acepta ese hecho. El censor reclama que ese hecho era el fundamental de la demanda y que los juzgadores de primera y segunda instancia no se percataron de este detalle que ponía fin a la contienda. De manera que no atender la aceptación del mencionado hecho constituye una violación al principio iura novit curiae que faculta a los jueces a resolver los litigios aplicando normas distintas a las invocadas por las partes, respetando siempre los hechos alegados y la causa de pedir. La violación cometida por los juzgadores de primera y segunda instancia atenta contra el derecho al debido proceso contenida en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen del dictamen emitido por el agente del Ministerio Público. El Ministerio Público por medio de la fiscal Susy G. Coello, rindió su dictamen, concluyendo que procede otorgar la garantía constitucional de amparo de mérito. A continuación, se resumen los fundamentos en que apoya su opinión. La fiscal menciona que comparte el mismo criterio de los magistrados Danery Antonio Medal y Milton Rubén Sandoval, en su voto particular de fecha quince de agosto del año 2019. Al igual que ellos estima que el fallo impugnado contraviene el principio dispositivo que establece el Código Procesal Civil, según el cual se asigna a las partes y no al juez, la iniciativa del proceso, así mismo el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso; de tal manera que, es la parte que ejercita su derecho de acción, quien determina con su pretensión el objeto del proceso; en cambio la parte que se opone, es quien fija con su resistencia el objeto del debate, por lo que, es a las partes a quienes se les atribuye la carga de pedir, precisar, alegar y probar los hechos y argumentar en derecho. En el caso de mérito, resulta evidente que el fallo impugnado no es congruente con lo pedido por el actor y lo opuesto por el demandado. Tal como se explica en el voto particular, el objeto del proceso es la expiración del contrato por convención contractual y por mora gravosa, y por ende, el desahucio o lanzamiento pretendido por la parte demandante; este hecho fue aceptado en totalidad al momento de dar respuesta a la demanda. Consecuentemente la decisión de fondo del juez no resulta congruente con lo pedido por el actor y aceptado por la parte demandada, violentando con ello la tutela judicial efectiva en virtud de que ambas partes no obtuvieron de parte del juez a quo una resolución judicial fundada razonadamente en derecho. Luego la fiscal cita a la Sala de lo Constitucional, quien ha dispuesto que la garantía del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de manera que éstas puedan promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; asimismo se incluyen dentro de este derecho, entre otros el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, lo cual, es un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial, por lo que cualquier sentencia que no contenga la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo, produce una vulneración al debido proceso, tal como acontece en el caso de autos, dando lugar a que el amparo interpuesto sea otorgado, en los términos del voto particular antes relacionado. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de los argumentos expuestos por la autoridad denunciada en la resolución que se ha impugnado por vía de amparo; asimismo del voto particular de los magistrados en disenso con la mayoría. La Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán decidió por mayoría de votos en virtud de disentir los magistrados Danery Antonio Medal Raudales y Milton Rubén Sandoval[4], declarar la nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive de la audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, luego de la contestación de la demanda. Posteriormente ordena a la señora juez que convoque a una audiencia para que la parte demandada aclare las contradicciones expresadas al momento de contestar la demanda; asimismo que se continúe con la audiencia si fuere procedente, fijando el objeto del debate de una manera completa y precisa. Finalmente exime al apelante del pago de costas en segunda instancia. La decisión del tribunal de alzada se fundamenta en que la decisión de la apelación dictada por el juzgador ad quem, debe recaer únicamente sobre los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes; asimismo que se encuentra vinculada a los motivos alegados por el recurrente, y en su caso por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. En virtud de lo anterior, la corte de apelaciones manifiesta que como regla general los escritos de interposición, adhesión, oposición o impugnación de los recursos devolutivos (apelación y casación, deberán contener la fundamentación de lo pedido, con determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido e identificando el vicio o error que lo causa. Al igual que la identificación precisa del pronunciamiento o la parte de este que se impugna. Todo esto de conformidad con el principio dispositivo o de justicia rogada contenido en el artículo 10.2 del Código Procesal Civil, extensible a los recursos de acuerdo con el artículo 701 del mismo código. La corte de apelaciones indica que en el presente caso la parte demandada al dar respuesta a la demanda entablada en su contra rechaza los primeros cinco hechos y acepta el sexto, pero que al revisar dicho tribunal se da cuenta de que la juez no ha ejercido un verdadero control de la audiencia, agregando literalmente lo siguiente: “… pues el mismo es todo un resumen de la pretensión de la demandante y ante lo contradictorio que resulta esa aceptación de un hecho que resulta esencial al destino del proceso, con el agravante que dicha aceptación contradice la negación que ha hecho la parte demandada al resto de hechos que reclama el demandante.” Para la corte entonces la juez debió hacer un mejor control del proceso exigiéndole a la parte demandada que aclarara este punto que contiene su alegato inicial. La corte agrega que nota un descontrol a la exigencia de dirección del juzgador, de allí continúa expresando: “… pues ésta se limita a señalar que fija como términos del debate todos los hechos de la demanda excepto el hecho sexto, fijación que además de ser contraria a lo establecido en la ley (en cuanto a, que los términos del debate deben fijarse en la forma más completa y precisa, es decir no limitarse a señalar vagamente que la fijación de los hechos del debate son los hechos alegados en la demanda), de hacerlo de la manera correcta la juzgadora habría caído en cuenta en la contradicción del alegato inicial de la demandada y habría exigido la aclaración y concreción oportuna, razones que justifican adoptar la decisión por parte de este tribunal de acceder al principio constitucional de trascendencia de la nulidad, como un mecanismo para la salvaguarda del debido proceso.” La corte de apelaciones señala que, si bien se acoge a lo dispuesto por el artículo 701 del Código Procesal Civil, atiende su obligación de conocer y resolver los defectos procesales que deben ser apreciados de oficio, aunque no hayan sido denunciados por el recurrente. Finalmente, al pronunciarse con relación a la imposición del pago de costas, la corte es del criterio que no corresponde dicho pago cuando los errores que causan la decisión judicial no son atribuibles a las partes sino a los órganos jurisdiccionales, tal como sucede en el caso de mérito. Los magistrados Danery Antonio Medal Raudales y Milton Rubén Sandoval al emitir su voto particular señalan que lo normal es que la parte demandada se oponga a todas o una parte de las pretensiones de la parte actora, en cuyo caso el proceso continuará en formal normal, desarrollándose de acuerdo con lo que dispone la ley procesal. De igual manera, continúan expresando los magistrados, que la parte demandada podrá aceptar como ciertos determinados hechos, los cuales quedan dispensados de ser acreditados en el juicio. Puede ocurrir, expresan los magistrados, que el demandado acepta uno de los hechos de la demanda que resulta ser esencial en el destino del proceso, o sea la aceptación del hecho que contiene precisamente el sustento fáctico o causa petendi de la pretensión del demandante, lo que ocurrió en el presente caso, en el que la parte demandada acepta la pretensión de la expiración del contrato de arrendamiento por la mora en el pago del arriendo, elemento que fue recogido en el numeral sexto de los hechos de la demanda. En virtud de ello los magistrados son del parecer que procedía la condena de la parte demandada al no haber más pretensiones que discutir, luego de haberse aceptado la pretensión principal. Los magistrados entonces son del criterio que procede anular el proceso a partir del momento en que la parte demandada finaliza de contestar la demanda aceptando el numeral sexto que contiene la expiración del contrato por mora en el pago de las rentas. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del debido proceso legal en su vertiente de tutela judicial efectiva, contenidos en los artículos 90 y 94 de la Constitución de la República. La presente garantía constitucional de amparo se funda en la violación del debido proceso legal contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y se menciona además el derecho a la tutela judicial efectiva. Para verificar los alegatos de la parte que demanda amparo, la Sala de lo Constitucional constata que en el acta de audiencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve se dejó constancia de la aceptación al numeral sexto de los hechos de la demanda, el cual literalmente expresa: “SEXTO: DESAHUCIO O LANZAMIENTO. Es un hecho que el arrendamiento ha expirado por convención contractual y por mora gravosa por lo que el desahucio o lanzamiento resulta ser procedente.” Asimismo, este alto tribunal de justicia analiza la grabación de audio que se acompaña en las diligencias, constatando que en un principio la intención de la parte demandada fue abstenerse de contestar el numeral sexto de los hechos, a lo que la juez le exigió que debía pronunciar su aceptación o rechazo al hecho. Fue de esta manera que la representación procesal de la parte demandada en forma lacónica se limitó a expresar que ese hecho lo aceptaba. Para la Sala es importante la técnica con que se juzgan los hechos. Debe tomarse en cuenta cada uno de ellos y el conjunto también. De manera que en este caso si se toma nada más en cuenta la parte de la contestación de la demanda en que se acepta el hecho sexto, se tendría una perspectiva sesgada de la situación y por tanto errónea del quaestio facti o cuestión fáctica. En el audio aludido es claro que la parte demandada se opone a las pretensiones de la parte demandante, verbigracia: rechaza el haber actuado con evasivas ante los requerimientos de pago, cuestiona el contrato por su falta de directrices en la forma de pago, solicita nulidad del contrato, cuestiona la cláusula de pago en dólares, denuncia la omisión de entregar recibos, cuestiona la falta de relación de la cuenta bancaria presentada como prueba, etc. Por lo que afirmar que por haber aceptado el numeral sexto de la demanda se allana a todo es desconocer todos los demás elementos de oposición en forma arbitraria. Es claro que para entender bien los argumentos y posición de la parte demandada se requería que la juez actuante fuera más contundente para exigir una mejor explicación de la parte demandada en los alcances de la oposición. En toda la audiencia no se llega a saber si la parte demandada niega la deuda o no,[5] a menos que se tome como único referente la aceptación del numeral sexto aludido, lo cual como ya se dijo sería un yerro en la apreciación de todo el conjunto de la contestación y de la audiencia en sí. En virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia estima que el motivo que sustenta la presente garantía de amparo no es correcto, porque se funda en confiar toda la decisión del juicio a una forma errónea de apreciar lo acontecido en la audiencia, misma que fue mal conducida por la juez a quo. En correlación a ello, para este tribunal de justicia la nulidad declarada mediante sentencia por el tribunal de alzada se encuentra arreglada a derecho, porque aunque la conducción del debate en la audiencia, no haya sido discutida en la apelación, no era posible que el tribunal de alzada pudiera tomar una decisión de fondo adecuada con el material de la audiencia. En virtud de lo cual procede denegar la garantía constitucional de mérito, habida cuenta que la nulidad de actuaciones declarada por la corte de apelaciones asegura el cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 82, 90, 94, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4 No. 5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Juan Ricardo Freinje Kongehl, a favor de la señora Nancy Renee Rivera Ferrera, contra la sentencia de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió por mayoría de votos el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMAS Y SELLO. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, doce de enero de dos mil veintiuno. Este alto tribunal de justicia declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de octubre del presente año, mediante la cual se denegó la garantía de amparo interpuesta contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. La presente decisión judicial se hace bajo la motivación siguiente: CONSIDERANDO UNO (1): Que el abogado Juan Ricardo Freije Kongehl, interpuso recurso de reposición en fecha veinticinco de noviembre del presente año, fundamentándose básicamente en lo siguiente: 1. Estima que no está de acuerdo con la decisión de la Sala, y por el contrario, estima correcto lo expresado por la agente de tribunales del Ministerio Público, quien se pronunció señalando que no existe resolución apegada a las pretensiones de la parte actora, así como en los votos particulares proferidos por los honorables magistrados Medal y Sandoval de la corte de apelaciones. Al respecto quien pide reposición, estima que: “no se puede brindar la oportunidad a una parte procesal que admite clara y expresamente la aceptación de un hecho.” 2. Además, estima que anular el proceso desde la audiencia en que se produjo la resolución impugnada para que se vuelva a realizar ésta, es en su opinión una violación al principio de economía procesal. Asimismo, estima que es una disminución a las garantías y derechos de sus representados, contraviniendo lo dispuesto en el literal f del artículo 424 del Código Procesal Civil, ya que los hechos que fundan la petición estaban expresados en forma precisa, en orden y suficientemente claros. Cita además el numeral 2 del artículo 434 del mismo código, debido a que la parte demandada de forma clara expresó su admisión o negación de los hechos aducidos por la parte demandante. 3. Seguidamente, el recurrente se pronuncia con relación a la falta de contundencia de la juez a quo, advertida por la Sala de lo Constitucional en su resolución. El que pide reposición estima que la respuesta que dio la parte demandada sobre si había o no deuda fue evasiva y por tanto debe aceptarse como una aceptación tácita. 4. Finalmente, el recurrente cita el artículo 208 del Código Procesal Civil, que dice: “Artículo 208. CONGRUENCIA.
- Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” Luego, expresa que, de acuerdo con este artículo citado: “… todas las sentencias que en este caso se han dictado han carecido de congruencia, pues la A QUO no se remite a los puntos en controversia de los cuales ese numeral seis del escrito de la demanda que afirmaba existir mora gravosa y por ende procedía el desahucio, que LACÓNICAMENTE ja representante procesal de la demanda de forma CLARA Y PRECISA contestó de forma afirmativa y sin titubeo que lo aceptaba, la AD QUEM se propuso otorgar una segunda oportunidad a pesar de que la parte demanda[da] no hizo valer su posición cuando el momento oportuno le pasó y esta honorable Sala esta centrando su análisis en que la juez a quo falló en su deber de conducir de manera adecuada el proceso pero desconociendo la pretensión del impetrante en qu se garantice el sagrado derecho consignado en el artículo 90 de la Constitución de la República.” CONSIDERANDO DOS (2): Al examinar los argumentos esgrimidos en reposición, este alto tribunal de justicia observa que de todo lo expresado por el recurrente en su escrito, no ataca el argumento central de la sentencia dictada en fecha veintiuno de octubre del año en curso; y, por tanto, no cambia el parecer o decisión de este alto de tribunal de justicia. La sentencia dictada el veintiuno de octubre en mención, tiene como eje central de toda su fundamentación, la necesidad de que el juez aprecie y constate no sólo cada hecho en forma aislada, sino también el conjunto de ellos. El recurrente en reposición insiste en que se tome únicamente y en forma aislada un punto de hecho de la contestación de la demanda; sin embargo, la posición de este alto tribunal de justicia fue dejar claro que esto da como resultado una perspectiva sesgada de la situación; y es más, ahondando aún más sobre este punto, la Sala en su sentencia determinó que el juez no podía hacer de lado y obviar como si no hubieren existido, todos los elementos de oposición y rechazo a las pretensiones de la parte demandante. Otro argumento derivado del anterior y que no fue abordado por el recurrente en reposición, fue la imposibilidad de que el tribunal de alzada pudiera tomar una decisión adecuada de fondo con el material de la audiencia. Con todo lo anterior es suficiente para que este alto tribunal de justicia desestime el recurso de reposición, en virtud de que lo expresado por el recurrente no contradice en lo fundamental, las razones que se tuvieron para denegar la garantía de amparo. No obstante, este alto tribunal de justicia pasa a dar respuesta a los argumentos que fundan la reposición. Primeramente, las posiciones: Del peticionario en amparo, de los magistrados que votaron en disidencia y de la fiscalía ya fueron descartadas por esta Sala de lo Constitucional con argumentos que se mantienen al ser analizadas todas nuevamente. En todo caso, el recurrente en cuanto a este punto no aporta nada que haga cambiar el resultado anterior. Con relación al principio de economía procesal versus la necesidad de retrotraer las actuaciones para obtener los elementos que son indispensables para un buen juzgamiento, no existe duda de que esta Sala se decanta por un juzgamiento adecuado; sin embargo, es indispensable aclarar la enorme importancia de que los juzgadores tomen conciencia de la necesidad de dar pronta y cabal respuesta a los usuarios de justicia. La tutela judicial efectiva exige que las etapas del proceso se agoten una a una con rapidez, ya lo decía el procesalista Eduardo Juan Couture, “En el proceso el tiempo no es oro es justicia”; sin embargo, esto no significa que el proceso deba transitar por cada una de las etapas sin que exista una verdadera oportunidad de las partes de hacerse oír de forma tal que el juzgador obtenga todos los elementos que son necesarios para dictar una sentencia que sea lo más cercana a la verdad o realidad fáctica. En virtud de lo expuesto este motivo de reposición no es de recibo. En cuanto a lo relacionado por el recurrente sobre la brevedad y concisión de la respuesta de la parte demandada, cabe mencionar que, en este punto el juzgador de segunda instancia estimó de necesidad insoslayable el ahondamiento en detalles, que le permitiera así proveer un juzgamiento más acertado y efectivo, siendo precisamente la razón que le condujo a la anulación de la sentencia de primera instancia. Al respecto, es importante que se entienda que este alto tribunal no ha cuestionado en su fallo la congruencia, como ha entendido el recurrente, sino más bien la exhaustividad, contenida en el artículo 206.3 del Código Procesal Civil, según el cual el juzgador tiene la obligación de dar respuesta a todos los puntos que han sido objeto del litigio, lo cual no sólo implica abordar cada uno de estos puntos, sino también el poder hacerlo con hondura de conocimiento. En otras palabras, la exhaustividad no sólo exige un abordamiento por extensión de los puntos de litigio, sino que también de profundidad en cada uno de ellos. Por lo que, la Sala al reexaminar el presente asunto en virtud del recurso de reposición, decide denegar la reposición de mérito, reafirmando su posición de mantener la denegatoria de la garantía de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 80, 303 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 46 No.6 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada por este alto tribunal de justicia. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución se cumpla con lo ordenado en la parte dispositiva de la sentencia. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero de dos mil veintiuno, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte y de la resolución de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-851-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] El tribunal estuvo integrado además por los magistrados Reina María López Cruz Peralta, Zoe Celeste Vásquez Ordóñez y Carlos Alberto Izaguirre Bustillo.
[5] Permite que la respuesta de la demandada se divague con digresiones sobre la forma de pago y la existencia de dos cuentas pendientes de pago, pero nunca da respuesta sobre si debe o no y porque cantidad, etcétera.