Sentencia AC-843-18 — Registro 11317
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ejecutiva de pago. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que, no obstante lo anterior, es jurisprudencia consolidada de esta Sala, que en el conocimiento de la acción constitucional de Amparo, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre cuestiones de mera legalidad; ni pronunciarse sobre aquellas acciones de amparo que se interpongan fuera del plazo legal de dos (2) meses, contados desde la fecha de última notificación del agraviado, o de la que fecha en que éste tuvo conocimiento de la acción u omisión lesiva a sus derechos constitucionales. -CONSIDERANDO (7): Que, así las cosas, sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que fue promovida ante esta Sala, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho; mientras que la resolución reclamada, siempre según antecedentes, fue notificada en fecha siete de mayo de dos mil dieciocho; resolviéndose el recurso de reposición presentado contra la misma, solicitando se reconsidere notificación defectuosa del fallo, en fecha seis de agosto de dos mil dieciocho. Cabe mencionar que la notificación de esta última resolución, adversa a la reposición planteada por la parte que aquí comparece como amparista, fue de carácter personal; obrando fe pública que se efectuó en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho. Por todo lo cual, interpuesta la acción de amparo con extemporaneidad al plazo legal de dos meses desde la fecha de última notificación al agraviado, carece de objeto pronunciarse en el fondo sobre la alegada vulneración al debido proceso y demás derechos fundamentales invocados en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en vista a la precitada causal de inadmisibilidad; por lo cual debe procederse a dictar el sobreseimiento de la presente acción constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de enero de dos mil veinte.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Miguel Rafael Milla Pavón a favor de la sociedad mercantil “Laboratorios Bago S.A.” contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ejecutiva de pago interpuesta por el Abogado José Ramón Paz en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil “Laboratorios Bago S.A.”, contra la entonces Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) a través de su representante legal la señora Blanca Lizeth Rivera de Paz por ser dicha empresa, aval solidario de la sociedad mercantil “Farmaquimica Omega S.A. de C.V.”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, compareció ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado José Ramón Paz en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil “Laboratorios Bago S.A.”, contra la entonces Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) a través de su representante legal la señora Blanca Lizeth Rivera de Paz, para que fuera condenada a pagar la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS ($. 326,899.79). (Folio 1-3 vuelto del expediente del A-quo).-2) En fecha veintisiete de junio de dos mil tres, ante el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil antes mencionado, se presentó el Abogado Sergio Zavala Leiva, interponiendo “OPOSICIÓN A LA IMPROCEDENTE EJECUCIÓN. -SE ALEGAN EXCEPCIONES…” (Folios 134-167 del expediente del A-quo).-3) En fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva, en donde falló: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR las Excepciones siguientes: 1) NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES; 2) INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN; 3) SUSPENSIÓN DE PAGOS; 4) FALSEDAD DE TITULO EJECUTIVO O DEL ACTO QUE LE HUBIERE DADO FUERZA DE TAL Y 5) FALTA DE PERSONALIDAD DEL DEUDOR, interpuesto por el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y POR ENDE REPRESENTANTE DEL ESTADO DE HONDURAS.-SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR, la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el Abogado JOSÉ RAMÓN PAZ, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil LABORATORIOS BAGO, S.A, contra la CORPORACIÓN NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI).-TERCERO: CONDENA a la CORPORACIÓN NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI) a pagar a su ejecutante o Representante Legal la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 326,899.79), más intereses y costas del presente juicio. CUARTO: CON COSTAS. (Folios 530-538 del expediente del A-quo).-4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Abraham Alvarenga Urbina actuando en su condición de Procurador General de la República contra la sentencia relacionado en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos falló: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, por ende de la CORPORACIÓN NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI), contra la sentencia de fecha cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016).-SEGUNDO: REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.-TERCERO: Declarando CON LUGAR la Excepción de FALSEDAD DE TITULO EJECUTIVO O DEL ACTO QUE LE HUBIERE DADO FUERZA DE TAL, opuesta por el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y POR ENDE REPRESENTANTE DEL ESTADO DE HONDURAS.-CUARTO: Declarando SIN LUGAR la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado JOSÉ RAMÓN PAZ, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil LABORATORIOS BAGO, S.A., como endosatario en procuración, en acción cambiaria directa, contra la CORPORACIÓN NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI).-QUINTO: Se absuelve a la parte demandada de la acción deducida.-SEXTO: SIN COSTAS en ambas instancias. (Folios 50-86 del expediente del Ad-quem).-5) En fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante este Tribunal, el Abogado Miguel Rafael Milla Pavón, en su condición antes citada, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil “Laboratorios Bago S.A.”, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República. Asimismo, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma al recurrente en el amparo de mérito, en fecha dos de abril de dos mil diecinueve, ordenando a la Secretaría de este Tribunal dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas, para la emisión del dictamen correspondiente. (Folio 1-3/22 de la pieza de amparo).-6) Que en fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: …Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que en el escrito de interposición de la acción se desprende que el amparista acude a esta instancia aduciendo que con la resolución emitida por el Ad-quem se le ha violentado a su representada las garantías contenidas en los artículos 82, 90, 94 y 96 de la Constitución de la República. Aduce el impetrante, que el Ad-quem ha producido estas vulneraciones al no valorar lo dispuesto en el artículo 531 del Código de Comercio que indica la validez de la institución del Aval, al indicar “El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado y su obligación es válida aun cuando la obligación garantizada se anula por cualquier causa, salvo que la ineficiencia provenga de nulidad formal del documento”, por cuanto de acuerdo al texto de su fallo discurre sobre una falsa teoría de falsedad de los documentos o títulos valores en tanto estos deben tenerse únicamente no como lo que son, sino meros documentos de garantía, entrañando en una contradicción insalvable, por cuanto la institución del aval persigue precisamente esa finalidad de garantía a la que alude el Ad-quem y asimismo denuncia la nulidad de la notificación del fallo emitido por el Tribunal de Alzada en virtud de ser notificado este a un correo electrónico no designado en autos realizándose supuestamente dicha notificación a su correo personal y señala además que tampoco se indicó en dicho fallo el recurso que correspondía interponer contra el fallo de mérito. Del examen de las diligencias se aprecia que el impetrante centra su reproche en la valoración realizada por el Ad-quem a las letras de cambio que sustentan la demanda ejecutiva de pago instaurada contra la sociedad demandada CONADI como aval de FARMAQUIMICA OMEGA S.A. DE C.V.; siendo que el Ad-quem señala que dichas letras de cambio solo son susceptibles de ejecución en caso que el librado FARMAQUIMICA OMEGA S.A. DE C.V., hubiese incumplido con las obligaciones a que se comprometió en el contrato firmado el 30 de marzo de 1979, para cuyo efecto es imperativo que exista una declaración de un órgano jurisdiccional mediante un proceso ordinario que establezca que en efecto hubo un incumplimiento por parte del librado, para que el beneficiario de las mismas pudiera ejercitar la demanda ejecutiva haciendo valer dichas letras de cambio, ya sea en contra del librado o de su aval. Del análisis del fallo impetrado esta Representación Fiscal encuentra que los títulos valores (letras de cambio) de los cuales se ha pretendido su ejecución por parte del demandante, surgieron de obligaciones contraídas entre las sociedades mercantiles LABORATORIOS BAGO S.A. Y FARMAQUIMICA OMEGA S.A. DE C.V., constituyéndose como aval de ésta la CORPORACIÓN NACIONAL DE INVERSIONES (CONADI), mediante suscripción de letras de cambio a fin de garantizar obligaciones derivadas de una contratación, de la cual se originaron obligaciones reciprocas que debían de ser cumplidas por ambas sociedades, es decir, dichos títulos fueron otorgados en garantía del pago o incumplimiento de la obligación económica generada a favor de LABORATORIOS BAGO S.A. de la República de Argentina, de lo cual desprende que ambas empresas asumen compromisos contractuales y es de esta forma que surgen estos títulos valores como ser las letras de cambio en comento, por lo que necesariamente debía ser cumplida tal contratación para que dichos títulos valores pudiesen constituirse en títulos de crédito exigibles y poder así legitimar la pretensión del cobro de los valores consignados en dichas letras de cambio, ya que estas son causa del negocio subyacente que es el contrato, el cual exige su cumplimiento tanto para una y otra empresa, en tal virtud ese cumplimiento por parte del ejecutante debe haberse acreditado en autos previo a pretender la ejecución de las relacionadas letras de cambio.…, la suscrita considera que el A-quo inobservó lo dispuesto en el articulo 197 numeral 2) del Código Procesal Civil, el cual establece que las resoluciones deberán indicar a las partes si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en éste último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir; requisitos éstos que no se observan del contenido de dicha resolución, vulnerando así el derecho al debido proceso invocado por el amparista. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos, la resolución emitida por el Ad-quem ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso, en cuanto a indicar los recursos que caben contra la resolución que se pretende impugnar. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE PARCIALMENTE la presente acción de amparo, por vislumbrase vulnerada la garantía constitucional del debido proceso, en los términos expuesto en el presento libelo.-CONSIDERANDO (1): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional, y en concordancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución; interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (2): Que acorde el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Asimismo, el artículo 43 de la Ley en referencia establece, en cuanto a la amplitud de la acción de amparo, que ésta podrá interponerse aun cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito.-CONSIDERANDO (3): Que, en el escrito de formalización del recurso a favor de la sociedad mercantil “Laboratorios Bago S.A.”, manifiesta el recurrente, Abogado Miguel Rafael Milla Pavón que estima que la resolución de apelaciones que ha efectuado revocatoria a la sentencia definitiva por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ejecutiva de pago interpuesta por el Abogado José Ramón Paz en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil “Laboratorios Bago S.A.”, contra la entonces Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), en su condición de aval solidario de la sociedad mercantil “Farmaquimica Omega S.A. de C.V.” vulnera los derechos constitucionales contenidos en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República, inter alia; la cual no se encuentra fundada en derecho, en vista rechazar la aplicación de lo preceptuado en el artículo 531 del Código de Comercio, que prescribe la validez y solidaridad del avalista, y de la propia institución del aval, bajo cualquier circunstancia; fundamento capital de la sentencia de primera instancia, que ha resultado desconocida en sede de apelaciones; la cual incurre, para lograr su refutación, en una falsa teoría de falsedad de los documentos o títulos valores que los reduce únicamente a meros documentos de garantía. Considera el garantista, que tal razonamiento entra en una contradicción insalvable, por cuanto la institución del aval persigue, precisamente, esa finalidad de garantía a la que alude el Ad Quem, en tergiversación de los conceptos y normas de ley aplicables al caso.-CONSIDERANDO (4): Que, finalmente, el recurrente ha aducido que la resolución del Ad Quem no se encuentra dictada conforme al derecho al debido proceso, por incurrir en nulidad de notificación del fallo, en vista que este fue notificado a un correo electrónico no designado en autos, tal y como está señalado en su escrito de comparecencia. Por otra parte, tampoco se indicó que recurso correspondía interponer contra el fallo de mérito, habida cuenta la viabilidad de la interposición del presente recurso de amparo. Antes bien el Ad-Quem rechazó el recurso de reposición aduciendo que no era procedente para este tipo de juicios, en plena contradicción con lo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por todo lo cual, solicita que, agotado que sea el proceso, se dicte sentencia definitiva otorgando el amparo solicitado.-CONSIDERANDO (5): Que analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por el recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional reconoce la vinculación a lo establecido en el párrafo primero del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; precepto por el cual se garantiza a toda persona la tutela de sus derechos constitucionales mediante un recurso ágil y efectivo; lo que ha tenido desarrollo normativo en nuestro país a través de la garantía de Amparo.-
CONSIDERANDO (6): Que, no obstante lo anterior, es jurisprudencia consolidada de esta Sala, que en el conocimiento de la acción constitucional de Amparo, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre cuestiones de mera legalidad;[1] ni pronunciarse sobre aquellas acciones de amparo que se interpongan fuera del plazo legal de dos (2) meses, contados desde la fecha de última notificación del agraviado, o de la que fecha en que éste tuvo conocimiento de la acción u omisión lesiva a sus derechos constitucionales.[2]-CONSIDERANDO (7): Que, así las cosas, sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que fue promovida ante esta Sala, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho; mientras que la resolución reclamada, siempre según antecedentes, fue notificada en fecha siete de mayo de dos mil dieciocho;[3] resolviéndose el recurso de reposición presentado contra la misma, solicitando se reconsidere notificación defectuosa del fallo, en fecha seis de agosto de dos mil dieciocho.[4] Cabe mencionar que la notificación de esta última resolución, adversa a la reposición planteada por la parte que aquí comparece como amparista, fue de carácter personal; obrando fe pública que se efectuó en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho.[5] Por todo lo cual, interpuesta la acción de amparo con extemporaneidad al plazo legal de dos meses desde la fecha de última notificación al agraviado, carece de objeto pronunciarse en el fondo sobre la alegada vulneración al debido proceso y demás derechos fundamentales invocados en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en vista a la precitada causal de inadmisibilidad; por lo cual debe procederse a dictar el sobreseimiento de la presente acción constitucional.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 15, 18, 59, 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 94, 96, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 4), 48 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0843-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
[2] Ver el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
[3] Ver folio ciento uno frente de la pieza de apelaciones.
[4] Ver folio ciento siete de la pieza de apelaciones.
[5] Ver folio ciento ocho frente de la pieza de apelaciones.